Escribe: Marcelo Maceira

En Córdoba ya nadie duda de que Schiaretti, en conjunto con la UCR y Cambiemos, preparan un duro ajuste. El objetivo es ganar tiempo y darle aire a las exiguas arcas provinciales, decaídas luego de dos años de recesión y baja de la recaudación, a lo que viene a sumarse el actual frenazo económico.

El Ministro de finanzas, Osvaldo Giordano, actuó de agorero poniendo en duda que la provincia pudiera pagar el 100% de los salarios y jubilaciones, además de informar la creación de un bono para cancelar deuda con proveedores y abrir la puerta a posibles recortes a trabajadores activos y pasivos.

El impacto entre los trabajadores estatales fue tal, que hasta el traidor de José Pihén, líder de la CGT y legislador oficialista, tuvo que salir a criticar al Ministro. 

Jugada preparada

Este era el marco reinante cuando el gobernador Schiaretti notificó su decisión de recortar su salario un 45% durante cuatro meses. Luego hizo lo propio el vicegobernador Manuel Calvo quien además, como presidente de la Legislatura, redactó un decreto en el que reducía también las dietas de legisladores y altos cargos de la Unicameral. Algo que en palabras del propio Ministro de Finanzas no sería más que un “gesto simbólico”, ya que sólo permitiría ahorrar 21 de los 14.000 millones de pesos necesarios para pagar a trabajadores activos y pasivos.

Una maniobra clara. Simular un sacrificio frente a la sociedad y con la autoridad que brinda el ejemplo, intentar avanzar sobre la parte del león: los salarios y jubilaciones de decenas de miles de estatales.

Así lo alertamos en la reunión de Labor Parlamentaria donde el gobierno presionó para que la totalidad de los bloques legislativos apoyen su decreto. Algo que finalmente sucedió, con la sola excepción de nuestra legisladora Luciana, que se negó a firmarlo y llamó a los presentes a aprovechar la oportunidad para avanzar en serio, acompañando su proyecto antiprivilegios.

Un debate con PO

Que los presentes no acordaran con rebajarse sus dietas -para siempre y no por sólo cuatro meses- al nivel de una directora de escuela; de llevar sus hijos a la escuela pública y atenderse en el hospital público; de abrirse a la posibilidad de ser revocados o de tener que volver a trabajar fuera de la función pública luego de dos mandatos; no nos sorprendió. Lamentablemente, sí nos sorprendió que la compañera legisladora del Partido Obrero informara que apoyaría el decreto del gobierno, como finalmente hizo y quedó plasmado en el Boletín Oficial.

Como ya lo expresamos en un artículo anterior, opinamos que PO cometió un importante error al diluirse y apoyar al gobierno en esta medida populista, que lejos de atacar los privilegios políticos, sólo busca fortalecerse para aplicar un profundo ajuste. Quedar apoyando esta política, nunca debería ser una opción para una fuerza de izquierda, menos en momentos de crisis, cuando las y los revolucionarios debemos mantenernos más firmes y consecuentes que nunca, desnudando maniobras como estas, para mostrar que hay otra salida, alternativa, socialista.

Metiéndose en este debate, Altamira ahora critica en un artículo el accionar de PO. Pero no podemos olvidar que, en diciembre de 2001, cuando fue legislador de CABA, presentó un proyecto donde proponía la conformación de una Asamblea Constituyente que reemplazara a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y que mientras se pusiera en marcha, al poder lo ejerciera un gobierno provisional de todos los bloques legislativos. Es decir, en medio de la crisis que había esos años, la salida que propuso fue la de cogobernar con los bloques políticos de los partidos burgueses. Altamira, como se ve, ha cometido errores de aún mayor profundidad en el mismo terreno parlamentario que ahora critica. 

El PTS comete un error similar

Luego de la publicación del decreto schiarettista, rubricado por la Legisladora del PO, los compañeros del PTS publicaron un artículo donde se referían al mismo como una “maniobra demagógica e insuficiente, cargada de hipocresía” que buscaba “consenso social para avanzar en recortes a trabajadores” y “congraciarse con el electorado macrista de la provincia”. Hasta ahí, compartimos.

Sin embargo, ocho días después, en el Concejo Deliberante de la ciudad capital, a pesar de haber presentado una nota crítica, su concejala firmó junto a los presidentes del resto de los bloques, un acuerdo de similares características al que pocos días antes ellos mismos habían descripto como parte de un plan de ajuste.

Lamentablemente, terminaron cediendo a la misma presión que PO. Y es un debate político importante, porque algo similar ya había sucedido el año pasado en el Congreso, cuando votaron a favor de la muy insuficiente Ley de Emergencia Alimentaria, impulsada por el Frente de Todos y el macrismo con la cual los partidos del régimen, querían lavarse la cara ante la sociedad. En esa ocasión, en una de sus declaraciones el compañero Nicolás Del Caño explicaba su apoyo diciendo que: “Por supuesto que, como cualquier paliativo, lo acompañamos”. Algo muy equivocado, ya que la mayoría de las veces los pocos proyectos de ley girados a las cámaras por los partidos patronales con “paliativos”, suelen estar puestos al servicio de sus propios planes de ajuste -como el recorte de salarios impulsado por Schiaretti- y no del bienestar general de la clase obrera.

El planteo de acompañar siempre todo paliativo por el simple hecho de serlo, es equivocado y puede incidir en terminar adaptándose a las reglas de juego de los parlamentos, lo cual nunca puede ser nuestra política. La tarea de las y los socialistas en los recintos tiene que estar siempre muy alejada de brindar cobertura por izquierda a proyectos oficialistas, tiene que orientarse por desnudar estas maniobras, presentadas en apariencia como progresivas, pero que de fondo sólo buscan fortalecer a los gobiernos para avanzar en sus planes. Y así como muchas veces nuestros diputados de izquierda enfrentan y denuncian las políticas de los gobiernos, en esta oportunidad creemos que PO y PTS no lo hicieron y cometieron similares errores políticos. 

El ajuste ya llegó

Las alertas que hicimos sobre la maniobra del gobierno, lamentablemente y a pocos días de publicado el decreto, ya están concretándose. Mientras escribimos este artículo, los medios informan la decisión de Schiaretti de reducir en un 10% las jubilaciones más altas de los trabajadores de EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica), de los trabajadores municipales y bancarios, entre otros sectores. Con esta primera medida emerge la verdadera esencia de los decretos y la correcta posición de no acompañarlos.

Fortalecer una izquierda consecuente y socialista 

Para los y las revolucionarias, dar estos debates a fondo y llegar a la mejor síntesis potencia nuestra actuación y nos permite dar una salida alternativa frente a la profunda crisis del sistema. Justamente en momentos como este, cuando el régimen busca generar consenso y legitimidad para actuar como un solo puño contra las mayorías, es cuando la izquierda debe estar más unida y con la firme convicción de enfrentar en todos los escenarios a los representantes de este sistema injusto e inhumano que está mostrando su peor rostro.

Por esto, desde el MST insistimos en la importancia de que el FIT Unidad actúe unitariamente en todos los terrenos de la lucha política y de clases. Incluyendo la acción del FIT-U sobre la Legislatura, donde hemos propuesto conformar un interbloque común y aún esperamos la respuesta de los demás partidos de nuestro frente. Reiteramos esta necesidad de unidad ante cada hecho político y cada lucha, porque la tarea más importante que tenemos por delante es la de colocar a la izquierda revolucionaria como alternativa de poder en un contexto de profunda crisis capitalista en el mundo entero.

]]> https://mst.org.ar/2018/08/29/luz-fuerza-de-cordoba-lucha-epec-estatal/ Wed, 29 Aug 2018 15:41:30 +0000 https://mst.org.ar/?p=15138 La lucha en defensa de EPEC, una empresa pública emblemática, nos compromete a todos.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) surgió en 1953 de la fusión de dos organismos provinciales: la Dirección General de Energía y el Servicio Público de Electricidad. Tres años antes y a fuerza de lucha, los trabajadores habían logrado su primer convenio colectivo de trabajo. La fuerza de esa conquista les permitió derrotar el plan oficial de empresa mixta e imponer una EPEC estatal e integrada. Desde entonces y respetando ese “mandato original”, los trabajadores de la empresa, con Luz y Fuerza a la cabeza, han desbaratado varios intentos de privatización, tercerización y ataques al convenio colectivo.

El ejemplo de Tosco y los lucifuercistas

La figura de Agustín Tosco está íntimamente ligada a un modelo sindical opuesto al que hoy representan las cúpulas de la CGT y de la mayoría de los sindicatos burocráticos. Fue un emergente de la vanguardia obrera que durante la segunda mitad del siglo XX puso contra las cuerdas a los antepasados de la actual burocracia sindical.
Junto al movimiento estudiantil, el SMATA y otros gremios, Tosco y sus compañeros de Luz y Fuerza encabezaron el Cordobazo, sufrieron años de cárcel, persecuciones, clandestinidad y desaparecidos. Pero también lograron conquistas históricas para la clase obrera, que hasta hoy y pese al esfuerzo de numerosos gobiernos, no lograron desmontar. Este ejemplo alimenta a los que hoy luchamos por un modelo sindical democrático y combativo, y permite que se sigan ganando luchas, incluso cuando se presentan complicadas, como la pelea actual contra la privatización de EPEC, que impulsa Schiaretti con el apoyo de Macri.

EPEC, la última joya

El bipartidismo cordobés nunca abandonó el plan de privatizar EPEC. Los trabajadores derrotaron innumerables ataques que apuntaban a la entrega total o parcial de la empresa. Con un fuerte apoyo social, se lograron derrotar los planes de la UCR en el 92, 93, 96 y 98; y del PJ en el 99 y el 2001.
Los sucesivos gobiernos transformaron la empresa en su “caja chica” y en un verdadero nido de corrupción. Pero el robo no siempre fue ordenado, así lo demostró el asesinato del senador radical Regino Maders en el 91, semanas después de acusar a miembros de su propio gobierno de graves delitos en la empresa.
Al no poder vencer la resistencia social a la privatización, hace años el gobierno comenzó un proceso de vaciamiento, combinado con la suba indiscriminada de las tarifas. Desde 2010 a 2017, aunque el precio mayorista del kilovatio estuvo congelado, EPEC descargó -con la complicidad del Ente Regulador de Servicios Públicos- un tarifazo del 727%, cuando la inflación en el mismo período fue de 320%. Hoy, con un servicio malo y caro, Schiaretti con el aval de Macri y Triaca vuelve a la carga para destruir el convenio y avanzar en la privatización.

Postales del vaciamiento

Los medios oficiales multiplican la campaña anti obrera del gobierno, según la cual la responsabilidad del déficit de $ 1.100 millones sería de los altos salarios y las históricas conquistas obreras. Proponen reformar el convenio colectivo y el marco regulatorio de la empresa para recortar derechos laborales y profundizar los tarifazos, intentando que los trabajadores y el pueblo paguemos los costos de este saqueo.
El déficit es responsabilidad del gobierno y el verdadero “Lavajato cordobés” que significaron las obras en la central de Pilar. Con De Vido, el PJ cordobés, Electroingeniería y Siemens involucrados, era claro que perdería EPEC. Y así fue. La central costó U$S 800 millones más que el precio de mercado y EPEC quedó endeudada en dólares por 565 millones a una tasa usuraria del 12,5% anual. Por lo tanto, la deuda y el déficit ahora crecen al ritmo del dólar.
La campaña contra los trabajadores tambalea cuando se conocen casos como el de Verónica Gribaudo, la funcionaria de EPEC y ex legisladora del PJ, que recibió de la empresa $ 750.000 en concepto de traslados para dos años y vive a sólo 40 kilómetros de su oficina.

EPEC se defiende en la calle

El ejemplo de Tosco y la propia tradición de Luz y Fuerza contrastan con el tibio accionar de la actual conducción del sindicato, encabezado por Gabriel Suárez, que frente al mayor ataque de los últimos años sólo se limitó a presentar denuncias judiciales contra el gobierno. La conducción de la CGT le suma a su inmovilidad habitual un enfrentamiento burocrático con la conducción de Luz y Fuerza, lo que aumenta el aislamiento de los trabajadores en lucha.
La responsabilidad y el desafío de ganar este conflicto queda, hoy más que nunca, en manos del conjunto de los trabajadores de la empresa y particularmente en el sector combativo del cuerpo de delegados, que viene difundiendo el conflicto e impulsando el debate sobre la actual situación y las posibles soluciones.

Por una empresa bajo control de sus trabajadores y usuarios

Para ganar es fundamental exigirle a Suárez y a la actual conducción que se pongan a la cabeza del conflicto, extender las asambleas y las medidas de lucha, convocando a la sociedad a rodear de solidaridad a las y los trabajadores de EPEC. Hay que profundizar el plan de lucha desde las bases y arrancarle un paro provincial a la CGT, para hacer realidad la histórica consigna: EPEC no se toca.
Lo que queda claro es que la empresa nunca será sostenible si la dirigen gobiernos que sólo buscan hundirla y privatizarla. Los ingresos de la empresa sólo en 2018 serán de $62.700 millones y los salarios apenas llegan al 13% de ese monto. Evidentemente el problema no son los trabajadores, por eso es tan grande la campaña de mentiras. Es necesario poner la empresa bajo control de los trabajadores y usuarios, para auditar las cuentas de la empresa y llegar a la verdad sobre las responsabilidades políticas del déficit, avanzando en elaborar un plan de gestión sustentable, partiendo de privilegiar un servicio de calidad, accesible y el respeto de las condiciones laborales de sus trabajadores. La defensa de una EPEC pública e integrada es una tarea de toda la sociedad.

Marcelo Maceira

Voces del conflicto

Entrevistamos a César, Giuliano, Javier y Edgard, delegados y activistas de Luz y Fuerza. Compartimos algunos extractos de la charla.
“Rompimos barreras y nos acercamos a la universidad, a otros gremios y organizaciones y a los centros vecinales. Eso motiva a las bases y a la oposición y genera un plan de lucha activo.” César.
“Arrancamos mal, pero el conflicto se ha motorizado desde abajo, de parte de las bases, con todo un nuevo activismo que hay, más la oposición que jugó un rol, todo ha hecho que el conflicto haya salido para afuera y hemos roto el aislamiento que traíamos.” Javier.
“La sociedad nos mira diferente a otros momentos, por la campaña de los medios sobre nosotros, que nos pone como privilegiados ante todo el resto de la clase trabajadora. Te marcan como a un enemigo de la sociedad y por eso no nos acompañan. Pero ahora hay un cambio porque el marco regulatorio no nos afecta sólo a nosotros sino a toda la sociedad.” César.
“Las asambleas universitarias que apoyan nuestra lucha son un reflejo del trabajo que se viene haciendo. La conducción lo que viene haciendo es una cuestión más diplomática, más superficial, poco combativa.” César.
“La CGT brilló por su ausencia, no sabemos nada, para ellos no pasa nada, como que viven en otro lado.” Edgard.
“La salida nuestra es buscar la unidad con todos los sectores. Ése es el centro nuestro: tratar de confluir en una pelea en común en contra del plan económico del gobierno nacional, provincial, contra las políticas del Fondo Monetario. Ésa es la salida para nosotros.” Edgard.

El abrazo de Baldassi (Pro) y Llaryora (PJ) en la tapa del diario La Voz, grafica el acuerdo Macri / Schiaretti, basado en una plataforma de ajuste. También la intención de restarle intensidad a las PASO, para que no se transformen en un canal de expresión del rechazo que cosecha el ajuste.
Se confirma que el discurso de la grieta es falso, que más allá de colores y siglas, Schiaretti, Macri y Alicia Kirchner son las puntas de lanza del partido del ajuste.
La bronca contra el plan que defienden a coro, se extiende por los barrios, lugares de trabajo y estudio. Se empieza a expresar el pase de factura de un amplio sector social en la falta de apoyo y a pesar de las volteretas de las encuestadoras, todavía ninguna consigue dibujar un escenario de polarización creíble.

La oportunidad de fortalecer un proyecto distinto

Décadas de bipartidismo lograron que Córdoba bata récords en pobreza, machismo, destrucción de la naturaleza y marginación de la juventud.
Para avanzar, los gobiernos debieron convencer a miles y miles de que lo injusto era algo natural y difícil de cambiar. Pero la experiencia acumulada en todos estos años y la profundidad del ajuste, generan nuevas condiciones que se expresan con fuerza en la campaña. La bronca se vuelve debate y búsqueda de algo distinto, abriendo una oportunidad para construir espacios que impulsan salidas de fondo, como las que planteamos el MST e Izquierda al Frente.

30 Días / 30 Propuestas

A diferencia de las campañas vaciadas de política de los partidos tradicionales,  en los primeros días de campaña las propuestas del MST e Izquierda al Frente se han hecho oir. Hemos decidido plantear una propuesta por día para que quede claro que no sólo denunciamos lo que está mal, sino que tenemos propuestas para resolverlo. Son propuestas necesarias y por lo tanto posibles. También decimos de dónde sacar los fondos necesarios para llevarlas a cabo, proponemos suspender los pagos de la deuda, poner fuertes impuestos a las corporaciones y eliminar los subsidios a la iglesia católica. Propuestas que, junto con la jornada de 6 horas con $25.000, interpelan cotidianamente a miles que muestran su apoyo en las mesas de difusión callejera.

No son utopías, son derechos

Mientras los gobiernos cierran filas para imponer el ajuste, el FIT de Liliana Olivero que rechazó la unidad, hoy ubica el ataque a Izquierda al Frente, en el centro de su campaña. Esto muestra crudamente la necesidad de renovar la izquierda. En sus prácticas, su programa, su cultura y lógicamente también en sus dirigentes. Ese es el desafío que nos hemos propuesto, demostrar que se puede construir con una lógica política distinta, alejada del sectarismo y la autoproclamación en las que se cocinan a fuego lento las expresiones de la vieja izquierda.
No sufrir la precarización, trabajar 6 horas con un salario acorde al costo de vida, frenar el desmonte y la contaminación y lograr libertad e igualdad laboral para todas las mujeres, no son utopías, son derechos. ¡Y vamos por ellos!

Marcelo Maceira

“La usina de Pilar es la mejor inversión que podríamos haber hecho los cordobeses”. Con esta cínica frase, el ex gobernador Schiaretti intentó hace 4 años, tapar el obsceno negociado que su gobierno, el de Cristina Kirchner y Electroingeniería consumaron durante la construcción de la usina de Pilar. Pero resultó ser la usina más cara – y corrupta – del mundo.
Los U$S 210 millones originales, que servirían para repotenciar la vieja usina de Pilar, rápidamente y con la colaboración de Julio De Vido, se transformaron en U$S 778 millones. El Ministro de Planificación propuso construir una nueva usina y para que todos pudieran embolsar las bondades de los sobreprecios de la obra pública, contrataron a un viejo amigo en común: Electroingeniería.
A la hora de resolver quién pagaría los gastos, fueron poco originales: terminaron cargándole a cada factura de electricidad un monto de entre $120 y $250 anuales. De esta forma EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica) cobra actualmente a los cordobeses la electricidad a un precio que duplica a la de Edenor, por ejemplo.
Al finalizar la obra, la estafa era evidente. La construcción de la usina arrojó un costo final que duplica los precios internacionales e incluso supera en un 70% a las construidas por la misma empresa en Timbués (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires).

Profundizando el vaciamiento

La resistencia de trabajadores y usuarios, logró derrotar en 2001 el intento de privatización de EPEC que impulsó De la Sota. Desde ese momento el gobierno profundizó el desguace y vaciamiento de la empresa, llegando al punto de tomar un crédito en dólares por 565 millones a 12,5% anual para construir la central de Pilar. Debido a la escalada del dólar se generó un crecimiento exponencial del monto de la deuda, garantizando 4 años de balances negativos y la virtual quiebra de la empresa.
Todas las denuncias e investigaciones realizadas, como la de Javier y Lázaro Llorens, en relación a esta grosera estafa contra el pueblo y los trabajadores de Córdoba han sido oportunamente ignoradas por los funcionarios judiciales, adictos a los intereses del poder político provincial.

Monos con navajas a cargo de una usina

El marco de corrupción y vaciamiento es el telón de fondo de esta nueva tragedia que se cobró otra vida e hirió a 3 personas más.
Desde que se inauguró la central en 2010 han sido innumerables los hechos de negligencia y corrupción. La irresponsabilidad de los encargados de la usina generó la muerte de un operario en otra explosión y actualmente están siendo investigados por robo de combustible, que sólo durante 2013 ascendió a $17.500.000. La peligrosidad de estos funcionarios ha traspasado las puertas de la central y ha llegado a las poblaciones que viven en las márgenes del Río Segundo, afectándolos con los numerosos derrames de miles de litros de gasoil a su cauce.
A raíz de diversas fallas, la usina estuvo cerrada 8 de los últimos 12 meses y tras sólo 120 días de actividad una nueva tragedia cuestiona la viabilidad de un proyecto que desde el principio estuvo puesto al servicio del enriquecimiento de funcionarios, empresarios y jueces y no de resolver las necesidades de los miles de cordobeses que aún no cuentan con servicio de electricidad ni de gas natural.

Cárcel a los responsables de la tragedia

Los cruces de tinte electoral entre De la Sota y Cristina, viejos socios de este ruinoso negocio, confirman que no tienen nada para ofrecer ante esta crítica situación a la que nos han arrastrado.
La única manera de poner un freno al carnaval de corrupción e irresponsabilidad que se ha adueñado de la central de Pilar y evitar una nueva tragedia, es conformando una comisión investigadora independiente que llegue hasta el fondo de las responsabilidades políticas y técnicas. Es indispensable avanzar en la derogación de la ley -recientemente aprobada- que exime a los funcionarios y al Estado de responsabilidad en este tipo de tragedias y lograr que los responsables no sólo vayan presos, sino que respondan con sus bienes personales.

Marcelo Maceira