Ripoll agregó: “Desde bien temprano, con mis compañeras de Juntas y a la Izquierda estamos haciendo el aguante a esta lucha feminista histórica. Hoy la movilización va a ser multitudinaria, no sólo en Capital sino en todo el país. Si en Diputados escuchan lo que ya votó la calle, el logro de la media sanción nos fortalecerá para ir por el Senado.”

Pero más que las palabras, lo que valen son los hechos. El lunes 28 de mayo, día mundial de lucha por la salud de la mujer, desde Juntas y a la Izquierda y el MST participamos en los pañuelazos que se llevaron adelante en todo el país.

La marea feminista verde sigue creciendo y se hará sentir otra vez el lunes 4J en las marchas por Ni Una Menos, y sobre todo el miércoles 13 de junio, día de la votación en el Congreso del proyecto de aborto legal. ¡Adelante, compañeras!

Ni Plebiscito de la MUD, Ni ANC de Maduro

¡Ningún apoyo a las cúpulas!

2014 fue el punto de partida en que el gobierno comenzó un rumbo entrega de soberanía y la consolidación de negocios con el capital financiero internacional. La «Ley de regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria» para la creación de zonas económicas especiales, es el ejemplo más concreto. Para viabilizar dicho ajuste económico, que ha implicado el sacrificio de importación de alimentos y medicinas para pagar miles de millones de dólares de deuda externa el gobierno fue afianzando progresivamente un claro avance autoritario, antidemocrático y de violación de la constitución.

Desde abril de 2017 se ha desatado un nivel conflictividad social y política importante, que a más de tres meses de protestas con casi 100 personas asesinadas, se empiezan a desarrollar fenómenos de violencia que pueden conducir a un lamentable escenario de guerra y mayor derramamiento de sangre. La violencia, incentivada y asimilada por las cúpulas del PSUV y la MUD, ha desatado la irracionalidad y fanatismo en sectores sociales, y ha actuado como un gran muro de contención para encubrir los problemas estructurales de la crisis y el debate de las medidas de urgencia necesarias para hacerle frente a la misma.

La iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente (A.N.C), realizada por el presidente Maduro el 1 de Mayo, intensificó el malestar y los niveles de confrontación física, al representar la posible concreción de un poder supra-estatal con poderes plenipotenciarios y la desaparición de la Constitución del 99´. Más allá de los deseos que puedan tener algunas candidaturas honestas de hacer propuestas para debatir, la A.N.C sería el espacio en que las camarillas burocráticas del gobierno-PSUV debatirían un nuevo régimen que eliminaría los derechos políticos y democráticos universales y mecanismos de entrega de la soberanía.

Casi dos meses después la Mesa de Unidad Democrática (MUD) lanza una propuesta de «Plebiscito», ahora denominada «Consulta Popular», como una acción «participativa» que le hará frente a la propuesta del ejecutivo y trazara un supuesto camino por el «rescate de la democracia».

¿Qué se esconde detrás del Plebiscito?

Bajo la misma lógica mafiosa y confrontativa de la política de cúpulas, el Plebiscito pasa a ser la contrapropuesta a la A.N.C por parte del otro polo que busca intervenir en esa disputa por las divisas que ingresan a PDVSA. Dicha iniciativa pretende legitimar un nuevo poder factico en el país, que le permita a la dirigencia de derecha ser parte de esa disputa: sea mediante la violencia armada en la calle o en un posible pacto y/o gobierno de transición, escenarios en los cuales el pueblo estaría excluido de participar protagónicamente en cualquier decisión. Esto se puede evidenciar en el cuerpo de preguntas del plebiscito y el objetivo que cumple cada una:

• 1.¿Rechaza y desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? Sin duda alguna esta pretende ser el gancho para atraer sectores del pueblo a participar. El masivo repudio popular a la constituyente y el hecho de que se está pasando por encima del poder originario para imponer una nueva constitución, motiva a que la ciudadanía busque cualquier mecanismo para expresar su rechazo y desencanto a la constituyente.
• 2.¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? Se apuesta a concretar una división en la FANB y consolidar un sector militar que apoye las iniciativas de la MUD (mayoría en la A.N). Para esta dirigencia, defender la Constitución es concretar la desobediencia civil, y ahora militar, respaldándose en el art. 350 de la CRBV. Buscan apoyo de la Fuerza Armada para cualquier acción y/o maniobra que lleven a cabo.
• 3.¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional? Sumada a la segunda, esta es la interrogante que sintetiza la política de fondo de la MUD. La renovación ilegítima de Poderes Públicos y la estructuración de un mal llamado «gobierno de unidad nacional», se traduce en la instalación de un doble poder que de alguna u otra forma apuesta a jugársela en cualquier terreno, aun cuando deban morir miles personas. Esta iniciativa política tiene un claro carácter destituyente.

Ya no es un problema de las preguntas y si estas deberían cambiarse. La verdadera intención de las cúpulas de la MUD ha quedado develada. La A.N.C y la «Consulta Popular» son las propuestas concretas para desconocer y desechar La constitución del 99 que hoy es aceptada por todo el pueblo. Llamamos a los ciudadanos que honestamente creen que esta es una salida democráctica a reflexionar sobre las consecuencias que traería esta «consulta» y no participar.

Actualmente estamos ante una disputa entre un sector empresarial que se consolidó en los últimos años mediante un patrón mafioso de acumulación y parte de un sector empresarial que ha sido desplazado en los últimos 17 años. Ninguno pretende ceder. Ambos apuestan al control total y pleno de la renta. Es por ello que dependiendo del transcurrir de los hechos políticos esta confrontación puede deparar en una confrontación civil y militar y/o en un acuerdo de cúpulas en las que algunos de esos sectores empresariales se vean desplazados y se apueste a consolidar un nuevo régimen de acumulación mafioso de renta.

Los atajos que conducen al vacío

El escenario de incertidumbre, inestabilidad, caos, conflictividad y sobretodo de restricción de derechos sociales y de ausencia de alternativas claras, genera las condiciones para que cualquier maniobra política pintada de «democrática» aparente ser una salida progresiva, como es el caso del «Plebiscito» o «Consulta Popular» convocada por la MUD. La postura de algunos sectores que provienen del Chavismo lo demuestra, y ratificamos que esta es una postura equivocada. No debemos confundirnos. La Consulta Popular no es una táctica de unidad de acción de distintos sectores en defensa de una lucha política de interés nacional, como lo podría ser la derogatoria del decreto del Arco Minero, ni contempla una lucha reivindicativa. La Consulta del 16-J es una iniciativa política de una dirigencia con intereses contrarios a la de los venezolanos que padecemos la crisis, y que de llegar al gobierno aplicaría un paquete de ajuste económico similar al que viene ejecutando el gobierno actual.

Participar o reconocer esa iniciativa como una herramienta democrática, es una ilusión política que conduce al precipicio y a barnizar de democrática a una dirección reaccionaria. Más allá de las intenciones que puedan tener estos sectores provenientes de la izquierda, concretamente se contribuiría al escenario polarizador que busca aniquilar la gran diversidad de voces en el país, entre ellas las del chavismo crítico, y, principalmente, esconder los problemas económicos de fondo relacionados al colapso del rentismo petrolero y al manejo mafioso de la renta.

La MUD desecha la constitución, no la defiende

Con la sistemática violación de derechos constitucionales, la represión estatal y la instalación de un estado de excepción permanente, como hemos explicado en documentos anteriores, la mesa de la unidad democrática ha logrado instalar en la opinión pública, de manera demagógica y superficial, que el principal y único conflicto es la contradicción democracia-dictadura. Mediante una lectura polarizada y maniquea esta cúpula coloca al gobierno como la dictadura clásica, y que todo lo que se oponga al mismo contempla la «democracia».

Ciertamente, la contradicción está presente y no es menor. Los rasgos claramente totalitarios del gobierno y la pérdida de derechos democráticos señalan un rumbo autoritario. Pero cabe la pregunta: Si la democracia republicana está en riesgo ¿Cómo se defiende la democracia? He aquí el asunto. Desde nuestra perspectiva, la única manera de defender la democracia es defendiendo la constitución, y la MUD es una coalición de partidos cuya dirigencia se ha encargado de desechar y entregar la lucha en defensa de la CRBV. Además, de su pasado neoliberal, golpista y conservador, vale hacer una revisión rápida de sus acciones en el último año y medio para corroborar esta afirmación:

• a. Capitulación en las luchas: Desde su llegada a la Asamblea Nacional (A.N) la MUD ha capitulado ante acciones arbitrarias del gobierno. Denuncian los abusos discursivamente pero nunca emplearon acciones coherentes para evitar las arbitrariedades y a las pocas semanas dejaron el tema a un lado como si nada hubiese ocurrido. La entrega del referéndum revocatorio y la indiferencia en la realización de las elecciones regionales en el plazo constitucional, son pruebas de ello. A esto se suma el desconocimiento de los diputados de Amazonas por parte del TSJ, en el que se desconoce la voluntad de los ciudadanos de dicha región. Hoy las elecciones de Amazonas es una exigencia que ha quedado en el olvido.

• b. Doble Discurso: el ejemplo más claro es el del Arco Minero del Orinoco. La bancada de la MUD en la Asamblea Nacional rechazó unánimemente en junio de 2016 el decretó 2248. Posteriormente, en mayo de 2017 se hizo pública una carta de Julio Borges, actual presidente de la A.N y cabecilla de la coalición, dirigida a los organizadores del «Latin America Down Under» en Australia que contaba con la participación del ministro de Minería Ecológica. En dicho escrito Borges expresaba que los acuerdos firmados con el actual gobierno no tenían validez, pero que una vez «se restablezca la democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo«

• c. Propuestas Inconstitucionales o sin sustento: el juicio político al presidente de la república, el cuestionamiento de su nacionalidad o el acuse de abandono de cargo han sido algunas de las acciones que la bancada opositora han intentado llevar adelante. Propuestas completamente desubicadas y alejadas de las necesidades más sentidas de la población.

• d. Desecho de iniciativas en el marco constitucional: aunque abundan los casos de este tipo, las acciones contra la A.N.C son las más claras. Ante dicha medida del ejecutivo la propuesta de la MUD es una «consulta» de carácter insurreccional. Simultáneamente desde la «Plataforma en defensa de la Constitución» se han tomado iniciativas concretas en el marco constitucional: 1) la adhesión a una demanda de nulidad de las bases comiciales de la A.N.C, admitida en el TSJ; 2) la solicitud de Referéndum Abrogatorio de dichas bases comiciales ante el CNE. Sumadas a estas, algunos sectores independientes de las cúpulas han propuesto que el mismo 30-J se realice la consulta previa. Estas son acciones que pueden orientar una lucha democrática clara y que incluya a todos los sectores sociales, independientemente de la diversidad ideológica, pero evidentemente la mesa de unidad democrática prefiere optar por otros caminos.

Medidas Urgentes para detener el desastre

Por todas las razones antes expuestas desde Marea socialista estamos convencidos que la única manera de defender la democracia y evitar un derramamiento de sangre mayor es VOLVER A LA CONSTITUCIÓN DEL 99´. Por ello reiteramos las siguientes medidas de urgencia:

En lo Político:

– Suspensión del plebiscito propuesto por la MUD

– Suspensión de la A.N.C propuesta desde la presidencia de la República.

– Cumplimiento estricto de las elecciones regionales

– Cronograma público de las elecciones presidenciales con lapsos bien delimitados

– Inscripción libre de todas las organizaciones políticas que opten por participar en comicios electorales.

En lo Económico:

– Prioridad del uso de divisas para importación de alimentos y medicinas, por encima de cualquier otro compromiso.

– Suspensión del Pago de deuda externa durante un lapso determinado. Auditoria publica y ciudadana a dicha deuda para determinar su legitimidad y legalidad.

– Repatriación de capitales venezolanos en el exterior. Nuestras investigaciones certifican que se han fugado más de 500.000 millones de dólares ($). Voceros del gobierno y de la MUD han certificado que se han fugado más 300.000 millones ($).

– Cambiar la distribución en el presupuesto nacional. En 2017 se destina más del 17% del presupuesto para el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz superando ampliamente a aquel destinado al Ministerio de Salud, sector que actualmente atraviesa una grave crisis.

El primer texto, es la declaración oficial de Marea Socialista del día de hoy, solicitando la convocatoria inmediata a elecciones para que el pueblo decida. Y el segundo un artículo de Gonzalo Gómez Freire, dirigente histórico de la izquierda venezolana y cofundador de la reconocida web aporrea.org.

Con estas dos publicaciones, contribuimos a la difusión de las posiciones de la izquierda anticapitalista venezolana. Aporte que profundizaremos mañana, con un nuevo trabajo, esta vez de nuestro partido sobre el tema.

Declaración

La responsabilidad histórica del CNE: Restituir de manera urgente y sin proscripciones el cronograma electoral

Caracas 22 de Abril – Marea Socialista

Deslegitimado, manipulado  y bastardeado por un poder subalterno cómo son los tribunales penales regionales y por otro de igual jerarquía, el ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral enfrenta hoy una responsabilidad histórica. La Sra. Tibisay Lucena y el resto de las rectoras se enfrentan a su última oportunidad para rectificar su gravísima violación a la Constitución. Deben tomar de manera urgente la decisión de restablecer el cronograma electoral y darle así una salida democrática a la actual crisis política, antes de que el crescendo de violencia de un paso sin retorno hacia un enfrentamiento fratricida, todavía más generalizado.

Veinte muertes han sucedido en manifestaciones desde el 19 de abril hasta el día en que se redacta esta declaración. La grave limitación y desconocimiento de derechos políticos de la ciudadanía es la causa principal responsable por estas muertes.

La desproporcionada y en algunos casos brutal represión del gobierno contra las protestas,[1]que en su mayoría son pacíficas y desarmadas, la intervención de grupos minoritarios reaccionarios y violentos de lado[2] y lado (MUD – PSUV), requiere de manera urgente soluciones políticas, democráticas, constitucionales. Las acciones de estos grupos violentos, financiados por sectores de ambas cúpulas, apuestan un desenlace violento de la crisis.

El CNE como Poder Electoral, no puede seguir guardando un ominoso y cómplice silencio. Debe pronunciarse de manera clara y categórica de la única forma que puede abrirle un cauce político al impasse de violencia, que es reinstaurando el cronograma electoral. Esto es urgente. La demora solamente hará que esta solución sea extemporánea.

Por tanto, se requiere ponerle fechas ciertas e improrrogables tanto a las elecciones regionales como a las presidenciales.

Pero la solución electoral es insuficiente y no resolvería la crisis, si no se reconoce que todos los Partidos tienen Derecho a participar de esos procesos hoy suspendidos. Los ya existentes, y los que fueron proscritos como Marea Socialista y otros. Por eso a la reinstauración del cronograma corresponde también un reglamento electoral transitorio que facilite la participación de todos los partidos y agrupaciones políticas que expresen su voluntad de participar.

Esto debe complementarse con una reforma de la Ley Electoral que democratice el sistema electoral viciado que solo permite la participación de grandes maquinarias. Esta responsabilidad del CNE no quita la necesidad de una instancia Ad Hoc, integrada por personalidades incuestionables que supervise u organice según sea el caso, la organización de ese cronograma.

Al mismo tiempo se requiere acompañar estos anuncios de la apertura de Otro Diálogo, amplio e inclusivo, que no se limite a las cúpulas partidarias de la oposición y el gobierno y que tome en cuenta, fundamentalmente a ese pueblo elector que es el Soberano, con toda su diversidad.

Advertimos a las rectoras del CNE que si las ciudadanas Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio no revisan su actuación. No usan su mayoría automática, y no impulsan la reinstalación del cronograma electoral, sin ningún tipo de proscripciones, ni retaliaciones, sus nombres pasaran a la historias manchado por la responsabilidad de no haber contribuido a detener el derramamiento de sangre.

[1] Como las acontecidas en el Valle y otras zonas populares de Caracas el pasado 20 de Abril.

[2] Sin dejar de señalar que es mucho más grave en el caso de que los actúan amparados por el poder del Estado.

¿Violencia trágica y manipulación de cúpulas o… el Otro Diálogo del pueblo venezolano?

Gonzalo Gómez Freire – Dirigente de Marea Socialista 

La sociedad venezolana y el pueblo trabajador están atrapados entre dos cúpulas irracionales y ambiciosas. Ambas violan la Constitución.

El gobierno perdió la confianza y tiene muy molesto al pueblo por descargar la crisis sobre sus espaldas, por privilegiar a los corruptos responsables del desfalco y fuga de capitales, por aplicar un paquete antipopular y una contrarreforma que liquida conquistas de la revolución.

Del otro lado, la MUD, desde la derecha clásica, le disputa el control político y el manejo de los negocios. Busca terminar de sepultar la experiencia revolucionaria y los logros de la etapa de Chávez. La MUD utilizó el triunfo en la Asamblea Nacional para desconocer al presidente electo Nicolás Maduro (con el subterfugio del «abandono de cargo») y desató las reacciones autoritarias del gobierno. Ahora está en una escalada violenta para conseguir desplazar al gobierno por las malas, o para ubicarse mejor en una salida negociada. Pero esta vez, a diferencia del 11 de Abril de 2002, le arrebató las banderas democráticas al gobierno «bolivariano».

El gobierno, en lugar de garantizar y ampliar las conquistas sociales, soberanistas y democráticas de la revolución, se ha convertido en mampara política de una nueva casta usurpadora del poder que el pueblo le dió. Echó al basurero las propuestas de Chávez para un nuevo ciclo de la revolución, se atrinchera en el aparato del Estado burgués para mantener «como sea» sus privilegios (capitalistas), descarga sobre el pueblo la crisis provocada por el capital y la burocracia, y apela a métodos anticonstitucionales, no democráticos, en lugar de abrir paso a una verdadera participación y consulta a la ciudadanía. Con una democracia simulada y un autoritarismo cada vez más evidente, margina al propio sujeto social de la revolución bolivariana, a la clase trabajadora y a los sectores populares. El pueblo es dejado por fuera de la toma real de decisiones.

La MUD representa la versión neoliberal del capitalismo, a veces con camuflaje camaleónico «democrático» y otras en actitud abiertamente golpista y pro-intervencionista.

Pero el gobierno de la «Nomenklatura» del PSUV, con un alto componente militarizado, esconde una agenda antisocialista y antidemocrática, tras un superficial lenguaje de apariencia «socialista» y pantalla antiimperialista. Tras el telón de su teatro, negocia y entrega recursos del país y soberanía.

La lista ya es enorme y está dejando pálida a la llamada «Apertura Petrolera» cuarto-republicana: el Arco Minero del Orinoco (AMO), la prioridad del pago de Deuda ilícita por encima de las necesidades de la población, la preparación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como espacios territoriales con régimen neoliberal, las nuevas Empresas Mixtas con transnacionales y potencias mundiales (las viejas y las emergentes), la práctica de operaciones financieras lesivas a la República mediante canjes de bonos y con Fondos Buitres, el escándalo del donativo de la estatal venezolana CITGO a Donald Trump…

Esta es otra forma de «intervencionismo» en versión soterrada. No es una «intervención» con tropas extranjeras; es el gobierno de la era post-Chávez, quien dilapida su herencia política e invita a la rapiña; el que ofrece y comparte el botín, como una vía para consolidar y salvar a la burocracia corrupta y a la neo-burguesía asociada (incluyendo a sectores de la oligarquía tradicional), en sus nuevas formas de acumulación de capital y captura de renta.

La MUD no confronta estas políticas -ni puede hacerlo- al menos no de manera consecuente, aunque haga alguna que otra denuncia oportunista. Unas veces asume poses «democráticas» y otras juega al caos. Y, por si no le quedara otra, propicia y aliña escenarios de posible injerencia extranjera directa. Pero no presenta una fórmula distinta a la descarga de la crisis sobre la clase trabajadora y sobre los que menos tienen. Ya sabemos en qué consisten las fórmulas neoliberales y qué resultados han dado sobre las condiciones de vida de los pueblos del mundo.

De manera que el intervencionismo no está sólo en las amenazas de la OEA o del Comando Sur de los EE.UU. Ya está aquí, de la mano de quienes, desde el poder político, entregan hoy la revolución y liquidan la soberanía conquistada, aunque lo revistan con el lenguaje y los símbolos del bolivarianismo, como táctica para ejercer su hegemonía sobre el pueblo nostálgico de los tiempos de Chávez.

Debemos rechazar toda forma de injerencia y de sometimiento de nuestra soberanía, pero ésta no puede ser entendida como el «derecho» de un gobierno a hacer lo que le de la gana con su pueblo. Es ese pueblo el verdadero dueño de la soberanía y por consiguiente debe ser tenido en cuenta, mediante todos los mecanismos de consulta y paticipación constitucional, así como mediante el sufragio.

El gobierno y el PSUV abandonaron la vía democrática, contra el ejemplo de Chávez, al negar el Referendo Revocatorio constitucional, postergar elecciones, establecer reglamentos electorales proscriptores de partidos menores, pretender concentrar poderes en el presidente con aval del TSJ y mantener un estado de excepción prorrogado. El gobierno opta por la imposición y no por la rectificación necesaria para la recuperación del apoyo popular, que le permita medirse en cualquier consulta. Por eso retrasa los procesos electorales.

La MUD trata de capitalizar un legítimo descontento y responde añadiendo a las protestas los ingredientes de una espiral de violencia y vandalismo. Mientras, el gobierno, se apoya fundamentalmente en la represión.

Así que estamos ante una situación muy compleja y confusa, en la que ambos, el Gobierno (la derechización del chavismo) y la MUD (la derecha clásica), juegan al «garrote y la zanahoria»; se propinan golpes mutuamente y a la vez negocian nuestro futuro y destino a espaldas de los intereses del pueblo.

La MUD y gobierno ocultan sus verdaderos programas, no le dicen realmente a la gente cómo están gobernando o quieren gobernar. El gobierno pareciera estar aplicando el «Paquete de la MUD» en vez del ofrecido Programa de la Patria y la MUD ha venido bejando que el gobierno le haga el trabajo y le allane el camino, sin tener que pagar ella misma el costo de ese desgaste que ha causado estragos al chavismo. Pero ahora ya quiere apurar la toma del control de los asuntos.

La protesta pacífica, el sufragio y el respeto del voto son derechos legítimos, reforzados en la Constitución Bolivariana. Pero, tanto la represión, como la violencia con que responden las cúpulas, con agendas al servicio del caos, son absolutamente condenables.

El gobierno debe ofrecer alternativas de vuelta al cauce democrático, electoral y constitucional, a la participación democrática y protagónica real del pueblo (no el show de tarimas y medios en que la han convertido). Y la MUD también debe atenerse a ese marco constitucional, en lugar de inventar atajos. Pero las cúpulas no pueden hacerse dueñas de la voluntad de la ciudadanía. El diálogo, si se limita a conversaciones en las altas esferas, a negociaciones oscuras entre los aparatos, no es un diálogo de la sociedad,no es un diálogo con el pueblo. Para ello, éste debe incluir la diversidad de expresiones sociales y políticas.

Para no seguir siendo objeto de estas manipulaciones de cúpulas, el pueblo debe retomar su participación y lucha autónoma. Es la única manera de recuperar lo mejor de la revolución bolivariana y a la vez enmendar y superar los peores errores de su dirección extraviada, tomando en cuenta al conjunto de los venezolanos.

Esto requiere de la recomposición democrática de los movimientos sociales, no cooptada, no clientelar, no burocratizada ni mediatizada por cúpulas, no capturada tampoco por los enemigos de clase. Y requiere la construcción de una nueva referencia política alternativa del pueblo trabajador, de la gente honesta que vive de su trabajo y no de la corrupción, la delincuencia o la explotación del trabajo ajeno.

 Algunas Propuestas Urgentes Frente a la Crisis Política, Social y Económica:

1) Respecto a la cuestión democrática:

1. A) Iniciar una ruta democrática constitucional para dirimir los conflictos del país.

Cese de la represión y de la violencia vandálica, respeto del derecho a manifestación pacífica.

Supresión del Estado de Excepción.

Liberación de aquellos detenidos que no estén implicados en verdaderos crímenes ni atentados graves a servicios públicos. Castigo de los responsables con estricto apego al ordenamiento legal y juicios justos dentro del debido proceso.

Eliminación total de las sentencias anticonstitucionales del TSJ.

Establecer un cronograma electoral para resolver situación de la AN con elección inmediata de diputados sustitutos para el Edo. Amazonas, convocar las elecciones regionales (de alcaldes y gobernadores) y poner fecha a la elección presidencial.

Facilitación de la participación electoral, en lugar de obstaculizarla; sin imponer el restrictivo y proscriptor Reglamento Electoral que impide en la práctica la vida política electoral a las organizaciones que no pertenecen a los grandes aparatos polarizados (como se esta viendo en el caso de partidos menores del GPP y con Marea Socialista).

1. B) Instalar Otro Diálogo, no exclusivo ni sólo de las cúpulas, sino inclusivo del pueblo, abierto y público, con acceso a todos los medios de comunicación. Medios públicos y privados, así como la comunicación popular, deben ser reales espacios para exponer y escuchar planteamientos, críticas y propuestas del pueblo y no sólo de la polaridad Gobierno-MUD. Esto requeriría un rescate de lo que alguna vez fue nuestro Proceso Popular Constituyente de discusión y participación en la toma de decisiones. No nos confundamos, no se trata de una nueva Asamblea Constituyente ni de una nueva Constitución, sino de la aplicación cabal delArt. 70 de la CRBV, en el uso de los «medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía, en lo político…». Para ésto, se podría promover un espacio de concurrencia de organizaciones y movimientos, sociales y culturales, gremiales y de la clase trabajadora, de las comunidades… corrientes políticas diversas, personas destacadas por sus conocimientos y obras… Es muy importante la expresión de esa gran franja que se viene configurando con los llamados Ni-Ni, procedentes en gran medida de un chavismo defraudado que no tiene vocería. La cúpulas ignoran y marginan a este sector por el que temen ser desplazadas.

Pero cuidemos que no sea un espacio secuestrado por las cúpulas y las burocracias y que no sea un teatro para el show de la democracia simulada. No se trata de otro «Congreso de la Patria», manipulado por el gobierno y el PSUV. La MUD ni siquiera se ocupa de estas apariencias, decide su cúpula sin mediaciones.

No dejemos que se adueñen de las calles grupos armados de uno u otro signo y se impongan sobre la ciudadanía. Empecemos pues, a reunirnos los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo con el pueblo, la clase trabajadora con sus iguales, para obligar a una solución pronta a esta situación trágica. Que los poderes se ejerzan en función de todas y todos nosotros, que primen las grandes mayorías sobre los estamentos y sus intereses. Si no «mandan» en favor del pueblo; entonces, que se vayan, en favor de la paz, el bienestar colectivo y de la recomposición del país.

Sin esto no podremos recuperar y reorientar, como pueblo, el impulso y propósitos del proceso revolucionario que iniciamos desde el 27 de febrero de 1989, que nos abrió el camino del sueño libertario y redentor por el que transitamos en vida de Chávez. Sólo hay esperanza con nuestro propio involucramiento y co-responsabilidad.

 2) Respecto a las condiciones de vida del pueblo y la crisis económica:

Aumento urgente del salario tomando en cuenta Art. 91 CRBV (mínimo al nivel de la canasta básica).

Suspensión temporal de pago de Deuda (sospechosa de Ilícita) mientras se realiza Auditoría Pública y Ciudadana, para destinar los recursos al abastecimiento de alimentos y medicinas, en lugar de restringir importaciones de esos bienes como hace el gobierno.

Anulación del Decreto depredador del Arco Minero del Orinoco.

Acelerada investigación del Desfalco y Fuga de Capitales y de hechos de corrupción (Auditoría Ciudadana), con medidas nacionales e internacionales para la recuperación de divisas y destinarlas a la superación de la crisis.