Escribe: Pablo Vasco y Mariana Chiacchio, CADHU-MST

Un paro de 24 horas del Ferrocarril Sarmiento el 16 de febrero, a iniciativa de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria por las condiciones de salud y de trabajo ante el Covid-19, desató un coro histérico de críticas. Contra el legítimo reclamo de los ferroviarios no sólo saltaron la empresa Trenes Argentinos y la traidora burocracia sindical de la UF que lidera Sergio Sasia, sino también varios «periodistas» de grandes medios.

·En lugar de informar sobre las auténticas razones del paro y las distintas posturas al respecto, estos charlatanes a sueldo que pululan en noticieros de radios, teles y diarios exageraron los inconvenientes por el paro y atacaron la protesta. Algunos de ellos directamente salieron en modo de campaña gorila y a la vez macartista, es decir contra los trabajadores y la izquierda.

·Al igual que las patronales privadas de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de la empresa ferroviaria estatal, Martín Marinucci, apoyó poner fin al aislamiento para contactos estrechos por coronavirus, refutó el paro y amenazó con sanciones: «Se trata de una decisión arbitraria e irresponsable que perjudica a miles de personas. Aplicaremos las medidas disciplinarias que caben en este caso».

·La burocracia sindical de Sasia, junto a impulsar el carnereo del paro, envió notas a la empresa y a Transporte. Dijo que «no se dispuso realizar medida de fuerza alguna para el día 16», que «cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la UF es una facultad exclusiva del secretariado nacional, en un todo de conformidad con las normas estatutarias», y que «este paro es una medida política».

Todo paro es político, toda marcha es política

Dado el lógico desprestigio del que goza en general la casta política en nuestro país, con el adjetivo política o político el gobierno, los empresarios, los burócratas sindicales y los plumíferos a su servicio pretenden descalificar cualquier medida social de lucha. Toda movilización popular independiente de los poderes de turno puede ser acusada y demonizada como política y hasta penalizada por la justicia como si fuera un delito.
Pues bien: no existe ninguna medida de fuerza obrera o popular cuyas causas no estén, en forma más o menos directa, vinculadas a determinada norma o decisión política de las patronales y/o los gobernantes de turno. Y como los responsables de esas políticas antiobreras y antipopulares suelen no responder o responden mal ante los reclamos sociales que generan, y así obligan a la gente a visibilizarlos y a «molestar» con un corte de calle o ruta, en vez de resolver esas demandas buscan desautorizarlas y las acusan de políticas. Hay que desenmascarar esa hipocresía.

Política es precisamente la desastrosa decisión del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de acordar con el FMI el pago de una deuda externa monumental y trucha por donde se la mire.

El Fondo, siempre anti-derechos

Haber reconocido como válida la totalidad de la estafa financiera cometida por Mauricio Macri y sus amigos fugadores de capitales tiene consecuencias concretas muy negativas para el pueblo trabajador. Y no son sólo en materia económica o ambiental, sino que también anticipan un incremento represivo.

En marzo de 1976, el Fondo financió a la dictadura militar argentina a sabiendas de que ésta cometía delitos de lesa humanidad. Los milicos elevaron la deuda externa argentina de 7.000 palos verdes al inicio de su gobierno a más de 45.000 palos verdes al caer, en diciembre de 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio cometido. Ahora, el ajuste para pagarle a esos usureros también recorta derechos humanos básicos (comida y ayuda social, educación y salud públicas, políticas de género), derechos ambientales (por el extractivismo de «crecer para pagar») y derechos democráticos.

Como todo ajuste, éste tampoco pasa sin represión. Por eso el acuerdo con el Fondo implica un rumbo autoritario para imponerlo. Es decir, más operativos represivos o de saturación policial ante protestas, multas a organizaciones que participan en marchas, proyectos de ley para impedirlas e incluso ataques fascistas a locales de izquierda o a manifestaciones, alentados por los discursos anti-piquetes.

La protesta social, un derecho elemental

La ocupación del espacio público para presionar a los representantes políticos es parte constitutiva de nuestro mito fundacional como Estado-nación. «¡El pueblo quiere saber de qué se trata!» se gritaba en 1810 durante la Revolución de Mayo para exigir la anulación de la junta virreinal opuesta a la decisión independentista del cabildo abierto del 22 de mayo.

Los derechos a la vida, la salud y la educación; a la igualdad y la dignidad; al trabajo y el salario dignos o a vivir en un medioambiente sano, entre otros, están consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes y demás normativa. Pero enseguida surge la contradicción, ya que entre la letra escrita y la realidad siempre hay una distancia. La causa de esas desigualdades está en el carácter de clase del Estado argentino, capitalista dependiente.

El goce de esos derechos, entonces, no se garantiza para muchos sectores desventajados. Ante esta situación por acción u omisión del Estado y sus instituciones, y para lograr respuesta a sus reclamos, surgen distintas formas de protesta social. Las carencias de los sectores más postergados o en conflicto con el poder encuentran en la reunión y la manifestación pública su principal vía de expresión frente al gobierno.

Por caso, el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país el derecho a la protesta: a peticionar a las autoridades, entre otros derechos. El artículo 14 bis reconoce los derechos sociales -dando especial protección al trabajo- y el derecho de huelga(1). A la vez, el derecho a la protesta es reconocido por numerosos tratados y convenciones internacionales que firmó el Estado argentino y aprobó el Congreso, que por ende tienen rango constitucional(2).

Pero no todas las personas acceden a esos derechos. Si la pobreza y la exclusión crecen, si los salarios y jubilaciones caen ante la inflación, si no hay acceso al empleo y la vivienda o ante el aumento de la violencia machista, es inevitable el conflicto social. Desde ya, los grupos vulnerables son los más expuestos al poder punitivo del Estado. La represión del Poder Ejecutivo, las leyes represivas del Poder Legislativo y la criminalización del Poder Judicial a quienes luchan son los principales mecanismos estatales para limitar y violar el derecho a la protesta.

El argumento más frecuente para justificar la represión estatal es que hay un conflicto o colisión de derechos. Sobre todo pasa ante medidas de lucha como los piquetes, como bien lo explica el jurista Roberto Gargarella. Allí entran en conflicto derechos como los de expresarse, organizarse, reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades, con los de transitar y comerciar libremente o preservar la propiedad privada(3). Desde ya, no cabe neutralidad: las demandas sociales son prioritarias.

La criminalización nuestra de cada día

Las figuras que más utiliza la justicia contra protestas sociales son entorpecimiento del tránsito (art. 194 del Código Penal), coacción (art. 172) y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, como rebelión, resistencia a la autoridad, sedición y motines (art. 229 y siguientes). Tales sentencias omiten que del derecho a peticionar a las autoridades surgen los demás derechos y que además todos los derechos siempre se conquistaron con lucha social.

Si el Estado punitiviza ese derecho elemental, se corre serio peligro de perder el resto de los derechos fundamentales. Los reclamos por salario, empleo, salud, comida, vivienda, género, ambiente y otros no podrían canalizarse como expresión colectiva mediante la manifestación en el espacio público. Y si se obstruye el derecho a defenderlos, hay riesgo de perderlos.

En cuanto a las libertades sindicales, desde 1989 la OIT le exige al Estado argentino adecuar su régimen sindical al Convenio 87 e incorporar y respetar todos los derechos que éste establece. Es que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales favorece a la burocracia y la injerencia estatal en la vida sindical, mientras que las patronales y el propio Estado como empleador cometen violaciones al derecho de huelga, sanción a delegades y activistas vía despidos arbitrarios, resistencia a su reinstalación en caso de fallos favorables, violación de fueros sindicales, trabas a la inscripción de nuevos sindicatos y a la actividad gremial en los lugares de trabajo, prebendas estatales a la burocracia sindical, negativa a las paritarias o imposición de limitaciones, amenazas de quite de personería gremial ante medidas de fuerza y otros atropellos.

Defender los derechos democráticos

El 15 de febrero, en Campo Viera, la policía de Misiones reprimió duramente una protesta de movimientos sociales y detuvo a seis compañeres. El 16, la policía porteña y la Federal reprimieron con gases y palos una marcha piquetera en la 9 de Julio, causando varios heridos. El 21, la policía tucumana desalojó de la Plaza Independencia a enfermeras que reclamaban por sobrecarga laboral y bajos salarios. Y todo así, a veces incluso con las patotas sindicales como represión tercerizada contra las luchas y el activismo opositor.
Contra los ataques fachos, hay que reforzar la autodefensa. Y obviamente, resistir cada represión policial. Pero también es clave dar la pelea, sin tregua, frente a todo intento o discurso que busque cercenar las libertades democráticas. Porque, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el mismo que anunció el cierre de los planes sociales, acaba de declarar que «sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle»4. ¡Copiado del macrismo! ¿Por qué mejor no encuentra el gobierno «otro método» para dar respuestas reales a los reclamos populares?

No, señor. No volteamos a la dictadura militar ni hicimos el Argentinazo de 2001 para que ahora nos vengan a coartar libertades y derechos a gusto del FMI y su ajuste. No lo hacen porque estén fuertes sino por debilidad, ya que crece la bronca popular contra ellos. Hay que defender cada paro por aumento salarial o contra despidos, cada marcha ambiental o de género, cada corte de ruta de desocupados, cada protesta vecinal por cortes de luz o de vendedores ambulantes por trabajo, cada recuperación de tierras por familias sin vivienda o comunidades originarias. Luchar es un derecho, no un delito.

1 También reconoce el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagos; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial; estabilidad de los representantes gremiales; seguridad social y vivienda digna.
2 El derecho de reunión lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5, inc. ix), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 15). El derecho de huelga y la libertad sindical los protegen el Convenio Nº 87 y el Nº 98 de la OIT, también con rango constitucional.
3 Gargarella, R.: El derecho a la protesta, el primer derecho. Buenos Aires, 2005. Ed. Ad Hoc, pág.41.
4 Clarín, 19/2/22.

Escriben: Mariana Chiacchio y Nicolás Quiroz, abogades del CADHU-MST

Elena Inés Highton de Nolasco fue la primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en democracia, en 2004, recomendada por el propio Alberto Fernández al entonces presidente Néstor Kirchner. Al cumplir 75 años la jueza presentó un amparo para seguir en el cargo, pasando por sobre la letra de la Constitución Nacional. Días atrás comunicó que dejará su cargo el 1º de noviembre.

Entre otros fallos en contra del pueblo trabajador, Highton votó a favor -junto con los jueces Rosatti y Rosenkrantz- de otorgar el beneficio del «2×1» a los genocidas de la última dictadura militar y de que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias, a diferencia de muchos trabajadores que sí lo pagan.

Al mismo tiempo, en la Legislatura porteña, el macrismo gobernante acaba de aprobar una ley escandalosa a la medida de los grandes empresarios, muchas de cuyas compañías tienen sede en la Capital, y que hasta podría beneficiar al propio Macri, imputado en varias causas. Ese engendro habilita al Poder Judicial porteño a revisar y rectificar fallos de la justicia nacional.

¿Por qué es importante resaltar ambos hechos? Porque mientras el Poder Judicial, como parte del Estado, siga siendo funcional a los intereses de los capitalistas, no importa demasiado quiénes lo integren. Menos aún con el actual formato indirecto de designación de los jueces y fiscales, que está íntegramente supeditado al poder político y sus transas a través de los Consejos de la Magistratura.

Hace falta entonces una profunda reforma judicial que democratice todo el sistema de administración de justicia para que los magistrados empiecen a defender los intereses del pueblo y no los de la clase empresarial y la casta política.

Un mamarracho antiobrero

El 30 de setiembre la Legislatura porteña votó una reforma de la Ley 402 de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, afín al macrismo y a los empresarios, que le permite a dicho tribunal acceder a revisar y modificar causas en las que interviene la justicia nacional. Es una reforma inconstitucional, PRO-patronal, antiobrera y contraria a los derechos humanos.

Actualmente las causas judiciales en materia civil, penal, laboral y otras que tienen su origen en la CABA tramitan ante la justicia nacional por ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capital federal(1). Por ello, aun dentro de este limitado régimen democrático burgués, se avasalla a la propia Constitución Nacional al insertar una instancia más de revisión a las ya existentes, además de atraerlas a la órbita «amarilla» porteña de la cual el TSJ es garante ya hace rato.

De aplicarse esta reforma permitiría, por ejemplo, que las causas penales por corrupción en las cuales miembros del PRO y el propio Mauricio Macri y su familia están investigados terminen siendo resueltas por esta corte porteña que acostumbra a dictar fallos regresivos y antipopulares. Para les trabajadores, implementar esta nueva ley sería negativo por dos razones clave:
La resolución final de las causas ya no la tendrían las cámaras laborales, que actúan como órgano de apelación y están especializadas en el derecho laboral. El derecho laboral se fundamenta en la protección de les trabajadores ante el poderío patronal. Pero si la revisión última de tales causas se deja en manos del TSJ porteño es muy probable que la balanza se incline hacia el lado de los poderosos, como lo viene demostrando dicho tribunal en sus regresivos fallos.

De agregarse una instancia más de revisión de las sentencias dictadas por la justicia laboral nacional se perpetuarían los juicios. Si éstos ya de por sí demoran 5 o 6 años, se perjudicaría claramente a les trabajadores al obligarles a esperar varios años más para recibir, en el mejor de los casos, una indemnización totalmente corroída por la inflación.

¿Cambiar algo para que nada cambie?

¿Cómo se cubre el cargo que deja Highton? «El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto»2. Es decir, los mismos que eligen a los bancos por sobre los jubilados, y los mismos que votan leyes y presupuestos de ajuste, decidirán quién se incorpora a la Corte, situación nada democrática para un poder público. Son los mismos que deciden sobre nuestras vidas en base al ordenamiento jurídico actual -y a veces incluso contra él-, poseen cargos vitalicios, no pagan Ganancias y son casi inamovibles. ¿Acaso en un sistema político que se dice representativo y republicano se puede tolerar tal nivel de privilegios?

La Corte Suprema está lejos de tener sensibilidad ante las necesidades populares, con sus salarios exorbitantes, sus sentencias a la orden del establishment y sus jueces puestos a dedo como Rosatti y Rosenkrantz. Como los otros poderes, el judicial es ajeno a la realidad social.

Desde el Poder Ejecutivo declaran «será una mujer sí o sí», a tono con su retórica de género. Pero integrar a una mujer al máximo tribunal del país no resuelve los problemas que sufren las mujeres de a pie. Menos cuando el gobierno puso de jefe de gabinete al antiderechos Juan Manzur, que encima ya está operando para que la vacante la ocupe Claudia Sbdar, ¡oh casualidad!, actual presidenta de la Corte tucumana. Tampoco cambia nada sustancial aumentar el número de miembros, como propician algunos sectores del oficialismo.

La Corte, más allá de quién suceda a Highton, mantendrá su carácter de clase dominante, y su dependencia de los otros poderes que, mediante pactos y concesiones entre los distintos sectores políticos, la eligen para defender los intereses capitalistas.
En 2020 Alberto Fernández amagó con una reforma judicial y la derecha lo acusó de «defender a Cristina». A su vez ella se quejaba del lawfare, o sea de la utilización política de la justicia en contra de ella.

Nuestra propuesta

Tanto el proyecto de reforma de Alberto como el discurso de JxC son falsos. La reforma no contenía soluciones de fondo: no modificaba la elección de jueces y no buscaba independizar al Poder Judicial, sino sólo aparecer como una «lucha contra los poderosos». Y el discurso macrista no tenía sentido, ya que la reforma oficial era casi igual a la que pretendía Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.

Junto a luchar para derogar la reciente ley porteña, sólo desde el MST y el FIT Unidad proponemos una verdadera reforma judicial. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas. O sea que toda la sociedad participe y decida democráticamente, ya que los fallos afectan la vida de millones de personas. Los mandatos deben durar un período limitado y ser revocables en caso de mal desempeño. Y para todas las causas importantes hay que establecer los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Además, para terminar con la casta judicial, los jueces deben cobrar salarios iguales al promedio de un trabajador y derogar las jubilaciones de privilegio.
Así se pondría fin a la actual dependencia del poder político y la justicia por fin defendería los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.

1 Art. 129, Constitución Nacional.
2 Art. 99 inciso 4, Constitución Nacional.

Ante el aberrante presente en materia de violencia machista y el aumento de los femicidios, la ausencia y omisión del Estado, y el gobierno que dice haber terminado con el patriarcado, hacen falta medidas inmediatas. Los resultados que arrojan estos pocos meses del año manifiestan una visible ineficacia desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, con jueces puestos a dedo, cargos vitalicios y total desinterés y desconocimiento sobre género. Cada día es noticia un nuevo femicidio, una violación o denuncias de violencia archivadas en los cajones de fiscalías y comisarías.

Violencia patriarcal sobra. Faltan medidas eficaces y perspectiva de género en todo el ámbito estatal. Es decir, una mirada con comprensión del conjunto de violencias que sufre el género femenino bajo el patriarcado, que impone desigualdades en casi todos los ámbitos de la vida. Si bien para dar muerte al patriarcado se requieren cambios muy profundos, revoluciones, hasta tanto vivamos en una sociedad más igualitaria y libre hay medidas que el Estado y el gobierno podrían aplicar ya mismo para mitigar el sufrimiento femenino.

Es urgente implementar cambios en la organización de la justicia para que las mujeres que sufren violencia accedan a una protección real sin demoras ni procesos que no resuelven nada. Proponemos designar a los jueces y fiscales por voto popular y cortar de raíz el amiguismo entre poderosos y magistrados. También, que sus cargos dejen de ser vitalicios y puedan ser revocados por mecanismos democráticos. Sería propicio implementar los juicios por jurados en materia de género, hasta tanto no existan nuevas herramientas para tratar esos delitos. El juicio por jurados consiste en que un grupo de ciudadanes de la jurisdicción debe definir si existió el hecho por el cual se investiga al acusado y si es o no culpable del delito imputado. Hasta ahora esta modalidad sólo es aplicable en pocas provincias y sólo si la pena mínima es de 8 años de prisión.

A su vez una reforma judicial más radical y democrática permitiría responder mejor al tema violencia. Así como antes se creó el fuero laboral para tratar los conflictos entre patrones y trabajadores con la premisa de la inferioridad de estos ante el poderío empresarial, sería muy útil crear juzgados especializados en delitos de género, con dicha perspectiva. Y con una asesoría tutelar en donde participen las organizaciones de género. Hasta entonces, el gobierno debería decretar la emergencia por violencia de género, aumentar el presupuesto para aplicar la Ley 26.485 y tomar otras medidas.
Las restricciones perimetrales y botones antipánico no sirven: son ineficaces, los violentos no las cumplen, los botones escasean y, si los hay, la policía no llega a tiempo para auxiliar a la víctima. Y los informes periciales demoran meses. Por eso ante una denuncia de violencia grave proponemos la detención preventiva del acusado, con pericia psicológica y averiguación de antecedentes para así resolver rápidamente qué medidas adoptar.

Mientras seguimos enfrentando al patriarcado y al capitalismo, que son un mismo sistema, planteamos aumentar las medidas de protección real y una reforma legal y jurídica que permita aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Belém y la CEDAW, de manera efectiva y sin demoras.

La doctora Chiacchio, quien además integra la agrupación feminista Juntas y a la Izquierda y el CADHU (Centro de Abogadxs por los DD.HH.), agregó: “Como mujer, feminista, socialista y defensora de los derechos humanos, me alegro de que no se permita utilizar una imagen como la del feto, que resulta claramente anti-derechos. Las mujeres y personas gestantes no somos incubadoras forzadas. Si no es deseada, la maternidad no merece llamarse así.”

A su vez, la candidata a diputada nacional Cele Fierro (MST en el FIT Unidad) agregó su crítica política: “El Nuevo MAS y Castañeira hacen alarde de feministas, pero siempre actúan con divisionismo. Para derrotar al sistema capitalista y patriarcal hace falta la unidad de la izquierda, pero la rechazan. Y tampoco aportan a la lucha por el aborto legal ya que son ajenos al único espacio colectivo: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Son una corriente sectaria que no sabe trabajar con unidad en la diversidad y que por algún voto más hacen cualquier cosa, al estilo de la vieja política. Las feministas socialistas tenemos otros códigos”.

Luz verde a los Chocobar

Es una receta conocida que, a mayor ajuste, mayor represión. Macri y su ministra Bullrich lo saben. Por eso mantienen presos políticos como Milagro Sala y Daniel Ruiz. Por eso días atrás la policía asesinó a dos compañeros de la CTEP, Rodolfo Orellana y Marcos Soria, en La Matanza y en Córdoba respectivamente. Y por eso aprovecharon la cumbre del G20 para autorizar a «francotiradores» contra la marcha. La detención de un dirigente de izquierda por portar handies fue apenas un detalle de lo que vendría después.
La Resolución 956/2018 de la ministra de (In)Seguridad habilita a las fuerzas de seguridad federales1 a usar armas de fuego ante cualquier «peligro inminente». Bulrich flexibiliza todas las recomendaciones internacionales para proceder ante situaciones «de peligro» con procedimientos antes vedados. Legaliza la doctrina Chocobar, permitiendo disparar por la espalda en caso de fuga o cuando «se cree» que el perseguido está armado (aunque no lo esté). El policía, gendarme o prefecto será a la vez juez y parte, o mejor dicho juez y verdugo, para aplicar la pena de muerte a su antojo y sin siquiera juicio previo. La medida es tan brutal, que hasta Elisa Carrió salió a criticarla.
Tales permisos para disparar habilitan el uso indiscriminado de armas de fuego. Y aumentarán los casos de gatillo fácil policial, que hoy ya son uno por día. Además, permitirían disparar en el marco de una protesta social si el policía «cree» que alguien pudiera estar armado. Esta medida represiva es previa a reformar la ley de Código Penal y contrario a los tratados internacionales de derechos humanos.
Así como la movilización popular derrotó el 2×1, a este nuevo reglamento también hay que enfrentarlo en las calles y con la mayor unidad posible. Al servicio de esa lucha, en estos días junto a nuestra compañera Alejandra Giordano patrocinaremos el amparo por inconstitucionalidad que presentarán Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y Cele Fierro.

Claudia Leaños y Mariana Chiacchio,CADHU-MST

1 Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

]]> https://mst.org.ar/2018/07/10/femicidio-de-marcela-coronel-dra-chiacchio-les-dictaron-preventiva-hermanos-pedimos-ley-brisa/ Tue, 10 Jul 2018 21:07:35 +0000 https://mst.org.ar/?p=14565 En cuanto al femicidio de Marcela Coronel, la enfermera del Hospital Italiano, la doctora Mariana Chiacchio, abogada patrocinante de su familia, hoy afirmó: “El juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, resolvió dictar la prisión preventiva para los dos imputados Gabriel y Pablo Guevara, respectivamente como autor y como partícipe secundario de homicidio calificado en el marco de violencia de género. Es un avance importante en esta causa penal, como un paso en la lucha integral por Ni Una Menos.”

Chiacchio, quien patrocina la causa junto a la doctora Claudia Leaños, también del CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), agregó: “Esperamos que se haga justicia y se castigue debidamente a los culpables del brutal femicidio de Marcela. Asimismo, hoy hemos peticionado al juez Vitale que se aplique la reciente Ley Brisa a fin de lograr la reparación económica para la hijita de Marcela. A la vez, el gobierno debería incrementar sustancialmente el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género.”

El día que lo fueron a detener, Gabriel Guevara venía de jugar al fútbol con sus amigos. Una verdadera muestra de una mentalidad casi psicótica, incluso suponiendo que sea verdad su propia declaración post detención de que el asesino haya sido su hermano.
Sabiendo eso, habiendo perdido el contacto con su hija que fue abandonada en la vía pública y a once días de los sucesos, ¿es posible que su ocupación un sábado a la noche sea ir a jugar a la pelota como si nada? El hecho habla por sí solo.

Los imputados

Gabriel Guevara está imputado por homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y alevosía y por ser una mujer la víctima. Esto es femicidio y le correspondería la condena a cadena perpetua. Su hermano Pablo Guevara, que fue comprobado que participó de los hechos y asumió la «tarea» de abandonar a una niña de 16 meses en la calle, está imputado como partícipe primario. Esto es que sin su participación el femicidio y su ocultamiento no hubiesen sido posibles y le correspondería prisión perpetua.
Luego de detenidos, ambos hermanos debieron declarar. Pablo sostiene que Gabriel mató a Marcela y le solicitó ayuda para limpiar la escena del crimen. En cambio Gabriel dice que Pablo mató a Marcela y que él no sabía nada. No llama la atención esta conducta: desde el primer día ambos están ocultando el crimen e intentando quedar impunes.

Familia de encubridores

A la luz de los hechos es claro que se intentó ocultar el femicidio y que hubo esfuerzos colectivos para implantar pistas y coartadas falsas. Recopilemos:
Una acción fue abandonar a la niñita. Con eso es evidente que se buscaba montar una virtual fuga de Marcela, con abandono de su hija.
Junto con ello se limpió el lugar en donde fue asesinada Marcela y se la ocultó envuelta en una frazada. De eso se infiere que existió la intención de eliminar el cuerpo o abandonarlo para que sea encontrado fuera de la escena del crimen.
También se buscó desordenar la casa para simular un robo. Es necesario recordar que la misma no había sido revisada por autoridad policial hasta las 17 horas, por lo cual miembros de la familia de Gabriel tuvieron libre acceso a la vivienda donde se hallaba el cadáver de Marcela. Antes de que se encontrara el cuerpo hicieron correr una versión de «posible secuestro».
Al otro día de aparecido el cuerpo de Marcela, el propio Gabriel en declaraciones mediáticas salió a decir que podía ser «un ajuste de cuentas narco» o «una entradera».
Luego de ser detenidos, el padre de los imputados sostuvo que el asesino fue Pablo, quien «había sido destituido de la policía por haberse robado una moto y ya le había robado a otros miembros de la familia».

Para lograr justicia, seguir movilizados

Este recuento de hechos nos infiere a pensar que, dado el avance de la investigación, lo que busca la familia de Guevara es intentar culpar a Pablo ya que sería más fácil bajarle la pena que a Gabriel. Además, de no quedar acusado por femicidio Gabriel, la familia paterna puede recuperar la responsabilidad parental de la niña, la cual hoy tienen denegada. Esto es lo que antes conocíamos como patria potestad, es decir tener a la niña bajo su «cuidado».
Todavía queda mucho camino por delante. Es claro que para llegar hasta aquí fue muy importante la presión que se fue haciendo con los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Marcela del Hospital Italiano, su mamá y su hermana. Pero aún queda mucho pendiente. En este caso es muy probable que existan más personas involucradas y todo apuntaría a la familia del femicida. Tenemos que ir por todo, como única manera de que haya verdadera justicia.

César Latorre y Mariana Chiacchio