Escribe: Micaela Escobar

“Volvimos mujeres”, “este ministerio es el compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades”, dijeron. Y acto seguido, prometieron planes y campañas contra la violencia machista, asistencia, subsidios, refugios, guarderías, Educación Sexual Integral e inclusión de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Pero como dice el refrán popular, del dicho al hecho…

Funcionarias que no funcionan

El gobierno nombró como ministra a Elizabeth Gómez Alcorta, referente de Mala Junta-Patria Grande, abolicionista en cuanto a la prostitución y, sobre todo, una feminista del palo académico pero distante de los procesos que se dieron en las calles y de las organizaciones sociales. Pese a las expectativas de quienes son parte de la cuarta ola feminista, las promesas de dicho ministerio fueron y vinieron… pero no se concretaron. Mientras tanto, en todo el país la desigualdad de las mujeres y la violencia patriarcal se profundizaron con la pandemia de coronavirus.

El reciente 25N, la ministra publicó en su Twitter: “El día internacional de la eliminación de las violencias contra las Mujeres es un llamado a la acción y una oportunidad para visibilizar y resignificar las luchas colectivas contra las desigualdades y violencias de género que nos trajeron hasta acá”. ¿La realidad? 276 es la cifra de víctimas de femicidios y travesticidios o transfemicidios en lo que va de este año.

Para las mujeres, nuestra necesidad no pasa por visibilizar y resignificar ninguna lucha colectiva: muchas gracias, ministra, nos visibilizamos solas. Lo indispensable desde el Estado es prevenir, combatir y erradicar la violencia de género, y revertir las notorias desigualdades en desmedro de las mujeres y disidencias. Y eso requiere de respuestas concretas y reales por parte del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Sin embargo, después de dos años y mucho relato, cerramos el 2021 sin ningún cambio significativo. O peor, porque sus promesas fueron incumplidas.

El cuento del tío

El mismo 25N el presidente Alberto Fernández publicaba:“Una Argentina sin violencias requiere del compromiso absoluto del Estado y de la voluntad transformadora de toda la sociedad. En ello trabajamos. Se lo debemos a quienes ya no están, a las que han llevado adelante esta lucha y a todas las mujeres y diversidades de nuestro país” . Pero… ¿Cómo es el cuento? ¿Once meses atrás él mismo pregonaba el “fin del patriarcado”, pero ahora nos vuelve a hablar del “compromiso absoluto del Estado”?

De lo que sí hay claridad es de la falta de voluntad política para hacer frente a la violencia. Para el 2021, el gobierno celebró el primer presupuesto “con perspectiva de género”. Sin embargo, no solo los fondos para el nuevo ministerio fueron de apenas el 0,074% del presupuesto nacional total, sino que de esa partida anual de 6.204 millones de pesos a mitad de año sólo habían utilizado (ejecutado) un 24,7%. Es decir, pocos fondos y que encima no usan. Tal fue el escándalo público que en estos meses tuvieron que acelerar la ejecución, aunque en gran parte usaron la plata para su nuevo edificio.

Como dijimos en el documento unitario leído el 25N en Plaza de Mayo, “en medio de la pandemia y de la crisis económica, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no dio respuesta y mantuvo un presupuesto de miseria para quienes padecen la violencia patriarcal.” Allí también denunciamos su inacción frente a los desalojos y la represión policial de la mano de Berni hacia víctimas de violencia que reclamaban un techo para vivir, como en Guernica o la Villa 31. También, el quite del IFE y el robo a las jubilaciones.
Asimismo en dicho texto denunciamos que “el Programa Acompañar no acompaña”, siendo insuficiente un subsidio de 29 mil pesos por sólo seis meses para lograr autonomía, que además obliga a la mujer a enfrentar trabas burocráticas y la constante revictimización. Es necesaria su ampliación en el monto y el plazo, con asistencia integral en el ámbito legal, psicológico, laboral y habitacional. En sintonía, “exigimos la apertura de dispositivos habitacionales y centros integrales de asistencia a las víctimas de violencia en todo el país”  funcionando las 24 horas. Por supuesto, sobre la base de un presupuesto suficiente “para garantizar dispositivos interdisciplinarios con trabajadoras en planta permanente y salarios acordes.”

Cero respuesta a la diversidad
 
En el ámbito del activismo LGBTI+ se nombra al ministerio como “ministerio unicornio”, porque en definitiva no existe. La pandemia nos golpeó de lleno agudizando las necesidades del colectivo, sobre todo las de les compañeres travesti-trans. Frente a ello, el ministerio y su Secretaría de Diversidad no dieron respuestas ni impulsaron ninguna política pública específica.

A cuentagotas otorgaron subsidios del plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. En números, implicaba sólo medio salario mínimo, vital y móvil, es decir unos $ 14.500: una verdadera miseria. Y no solo eso: entregaron apenas unos 6.000 subsidios en todo el país, más de la mitad ni siquiera por gestión propia sino de ATTTA y otras organizaciones sociales. No nos olvidemos del “Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad”, páginas y páginas de análisis sin respuestas concretas ni acciones adecuadas, por no articular con las organizaciones del sector.

En medio de tanto chamuyo, Tehuel, un pibe trans, desaparece en el conurbano bonaerense cuando iba a buscar una changa. Ya van nueve meses que exigimos al Estado lo encuentre con vida. Es que la situación del colectivo está atravesada por una exclusión integral. El cupo laboral trans-travesti aprobado no ayuda a revertir esto, porque se hace a ritmo de tortuga y con precarización laboral. Son necesarias soluciones reales e integrales, no sólo en el trabajo, sino también en educación, salud, vivienda y hasta un subsidio reparador para las sobrevivientes mayores de 40 años. Por eso, precisamente, exigimos que se apruebe la Ley Integral Trans cuyo proyecto presentó la Federación Argentina LGBT.
La frutilla del postre: en la reciente Marcha del Orgullo en Buenos Aires, el ministerio de Gómez Alcorta financió y apoyó abiertamente la convocatoria paralela prooficialista de los tres grupos que forman Orgullo y Lucha. Por supuesto, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, histórico espacio que nos nuclea a 70 agrupaciones, incluso cuya amplia mayoría se referencia políticamente en el gobierno, se leyó en el acto en Plaza de Mayo un abucheo a la ministra Gómez Alcorta por su boicot y se está preparando una dura carta criticando toda su “gestión” y exigiendo una reunión urgente.

Cortar con tanto chamuyo

Somos miles y miles las mujeres y disidencias de la cuarta ola feminista y de la marea verde que nos cansamos de tanto relato. Es necesario construir un feminismo consecuente, independiente del gobierno y sus versos, con la convicción política de que hay que exigir medidas urgentes, combatir las desigualdades y la violencia estructurales, y que para eso las medias tintas y el relato no sirven de nada. Dentro de ese movimiento, nosotras impulsamos una perspectiva de clase y socialista porque patriarcado y capitalismo son un mismo sistema.

Organizate entonces con Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad, en defensa de las conquistas que hemos logrado en las calles y por todos los derechos que aún nos faltan, en definitiva para tirar al patriarcado junto con el capital.

A raíz de la pandemia mundial por coronavirus, estas situaciones de precariedad se han visto agravadas. Las trabajadoras del Polo de la Mujer, dependiente de la flamante ministra de la mujer Claudia Martinez, difundieron un comunicado para denunciar la falta de información ante casos confirmados de COVID entre las trabajadoras de limpieza del organismo.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en Marzo aumentó el riesgo de las mujeres a las situaciones de violencia de género, en el país ocurrieron a la fecha más de 180 femicidios, 8 de ellos en nuestra provincia. En consecuencia, su trabajo fue declarado como esencial, se triplicaron la cantidad de pedidos de ayuda recibiendo más de 300 denuncias y consultas telefónicas diarias atendidas por las profesionales del Polo de la Mujer.

Esta combinación de factores puso en evidencia una vez más la precarización laboral de la que son objeto las trabajadoras del Polo, a la que ahora se le suma el riesgo de contagio en una ciudad con circulación comunitaria y donde la cantidad de casos ha dado un salto considerable en las últimas semanas.

Reproducimos el comunicado difundido por ellas, donde expresan el reclamo actual:

“PRECARIZACIÓN Y COVID EN EL MINISTERIO DE LA MUJER.

Las trabajadoras queremos expresar nuestra preocupación por la situación actual del Ministerio de la Mujer y comunicar nuestro estado de alerta.

Las trabajadoras nunca dejamos de realizar nuestras tareas de acompañamiento a personas en situación de violencias, en su mayoría mujeres, jóvenes y niñas.

Algunas compañeras nunca dejaron de realizar tareas presenciales y otras incluso en medio de la situación crítica epidemiológica, fuimos obligadas a presentarnos en las oficinas. En las últimas semanas hemos comenzado a tomar conocimiento de contagios confirmados y sospechosos de COVID-19 de nuestras compañeras (profesionales y trabajadoras de la empresa tercerizada de limpieza). Nunca hemos recibido información fehaciente de las autoridades sobre la cantidad de contagios y las medidas frente a ello.

En este sentido, nos preocupa que actualmente no se hayan tomado las medidas necesarias para que la mayoría de nosotras realicemos teletrabajo. Además en el edificio permanecen condiciones desfavorables que nos exponen (oficinas con muchísimas personas como la del Programa Córdoba con Ellas, intermitencia en el acceso a elementos de cuidado como los  barbijos, etc.).

Las condiciones de precarización que venimos viviendo sobre nuestras cuerpas (contratos basura, becas, convenios, monotributos, falta de reconocimiento de régimen especial por tarea de riesgo psicosocial, salarios a la baja) hoy nos exponen más que nunca. Las trabajadoras monotributistas, no contamos con obra social, y no hemos recibido el acompañamiento y la disposición de recursos estatales (garantía de hisopados y gestión de asistencia médica) en los casos confirmados y sospechosos  de COVID.

La pandemia ha dejado al descubierto la falta de personal, obligando a muchas de nosotras a extender la jornada laboral. El teletrabajo nos fuerza a tener que combinar nuestra labor con las tareas de cuidado del hogar, tareas que recaen sobre nosotras, mujeres trabajadoras.

Por resolución se reconoce nuestro trabajo como esencial pero sólo en términos de obligaciones y no respecto de nuestros derechos.

Solicitamos a la Ministra Claudia Martínez que dé respuesta a sus trabajadoras, quienes con condiciones laborales precarias y salarios de pobreza, nos encontramos en la primera línea combatiendo la violencia machista y patriarcal.

Finalmente, queremos hacer llegar nuestro abrazo y acompañamiento a las compañeras de Senaf, quienes están dando batalla a las violencias institucionales agravadas en este contexto, haciendo frente al despido de una compañera y el traslado compulsivo de una delegada. Hoy gritamos fuerte ¡Si tocan a una, nos tocan a todas!

Precarizarnos, es violencia patriarcal. Continuamos organizadas
Trabajadoras del Ministerio de la Mujer
21 de Septiembre de 2020.”

Para poder garantizar los derechos básicos de resguardo de las mujeres, niños, niñas y adolescentes es urgente y necesario acompañar el reclamo de las trabajadoras del Polo de la Mujer y de la SENAF en contra de la precariedad laboral, por salarios dignos y en pos del resguardo de su salud. Sin trabajadoras es imposible la ejecución de las políticas públicas que tanto se anuncian por medios periodísticos o por la propaganda oficial. Sin trabajadoras, con violencia institucional y laboral no hay Ni Una Menos posible.

Maru Acosta

Este panorama no es lo que parece ocurrir hasta ahora. En el caso de la Nación, por ejemplo, las designaciones de las nuevas funcionarias se restringen al ámbito académico, con escaso o nulo vínculo con la militancia territorial de las organizaciones populares del feminismo y las disidencias, y además con un marcado y unilateral sesgo abolicionista en cuanto a la problemática de la prostitución.

Sobre la desigualdad laboral y el sistema de cuidados, en el mismo reportaje arriba citado la ministra Gómez Alcorta prometió: «Pretendemos que haya más guarderías, que el Estado pueda asegurar cada vez más la educación inicial desde los tres años, repensar las licencias parentales». Pues bien, veremos si destinan presupuesto suficiente para dar un giro cualitativo y qué otras medidas toman.

Y en el caso de la violencia de género, un tema por demás urgente por la continuidad de los femicidios, la capacitación brindada días atrás a los altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, a tono con la Ley Micaela, fue más una juntada para la foto que un avance real. Es sabido que leyes al respecto ya hay, pero lo que falta son fondos contantes y sonantes para concretar los dispositivos de la Ley 26.485. Y de eso, silencio de radio.

A.L.

Cele Fierro agregó: “Fernández busca confundir el debate. La despenalización no evita la clandestinidad: solo hace que las mujeres no vayan presas, mientras el negocio privado continúa. La única solución es la legalización, ya que así se podría realizar la práctica en hospitales públicos y de forma segura.”