Tomás Vázquez

Por Matías Demarchi*

¿Qué ha resuelto el gobierno respecto a esta situación? Es sabido que gran parte de las personas en condiciones de cualquier tipo de discapacidad, necesitan poder salir al aire libre para poder mantener su estabilidad mental, emocional y física, por lo que el gobierno, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, lanzó el pasado viernes una circular (IF-2020-18382159-APN-DE#AND)[1], titulada como una “Recomendación de habilitación limitada a circular para personas con discapacidad mental, cognitiva y psicosocial”, en cuyos artículos 1° y 2° se habilita a estas personas a poder salir, con un acompañante, por un máximo de tiempo de dos horas, siempre que las dos partes lleven alguna prenda o pulsera de color azul, como distintivo.

Es importante destacar que esa circular, solo abarcaba a las personas diagnosticadas con alguna condición mental, cognitiva o psicosocial. No abarcaba los demás tipos de discapacidad.

Ahora, por alguna extraña razón no dada a conocer por ningún organismo del Poder Ejecutivo, en menos de 24hs de haber sido anunciada esa circular, se lanzó otra, que llegó para anular la que había sido anunciada el día anterior (IF-2020-18448600-APN-DE#AND)[2], dejando, hasta el día de la fecha, sin ninguna respuesta a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, y sus respectivas familias.

Sabiendo que, especialmente a las personas que se incluyen dentro del espectro autista, este abrupto cambio de rutina provocado por la cuarentena, está provocando situaciones de ansiedad y depresión que atentan contra la salud mental de las personas, y especialmente a este sector, es completamente irresponsable y negligente la falta de respuesta del Poder Ejecutivo hacia todas las familias que necesitan de este tipo de actividades rutinarias para poder mantener su salud mental y psicomotriz. Al fin y al cabo, no dejamos de hablar de políticas sanitarias, no nos olvidemos de eso.

Para empeorar las cosas, el pasado martes 17, es decir, dos días antes del anuncio oficial del gobierno de la cuarentena, se lanzó una resolución en el Boletín Oficial (RESOL-2020-60-APN-DE#AND)[3], que indica la suspensión hasta el 31 de marzo, de las prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad, conforme a la ley 24.901, brindando exclusivamente cobertura alimentaria. Ni siquiera ofrecen como alternativa, la cobertura de terapias mediante el uso de plataformas digitales, cosa lógica y completamente compatible con el decreto de aislamiento social ¿Se puede ir aún más lejos con esta negligencia? Se trata de un ajuste irracional e insensible.

Un “plan” sin participación popular

Esto viene a confirmar que las medidas que toma el gobierno son insuficientes, insensibles e inconsultas, carentes de toda participación activa, tanto de los equipos de salud, como de la población afectada.

La cuarentena se ha convertido en el eje vertebrador de la contingencia contra el COVID-19, pero no es acompañada de un testeo masivo –la medida más efectiva contra la pandemia, comprobada ya en Corea del Sur y Alemania-, lo que dificulta la individualización de la población infectada, haciendo que la respuesta sanitaria sea a ciegas.

Pero esto no ocurre por desconocimiento, sino por decisión política: no hay un shock presupuestario en salud porque sabemos que la prioridad de este gobierno está en la deuda externa, en las exigencias del FMI. El anuncio del fondo de $1.700 millones para salud es apenas el 4,49% del presupuesto 2019 de salud de Macri, que ya había sufrido un recorte de 10 millones de pesos entre 2018-2019 producto de la inflación[4].

Algunos dirán que no hay fondos disponibles para una mayor inversión, pero hay que recordar que el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abonó a principio de este año 250 millones de dólares, en efectivo[5], de una deuda jamás investigada. La inversión nacional anunciada por Fernández representa apenas el 9,44% del desembolso de su compañero bonaerense hacia los bancos internacionales sólo en febrero, ¿De verdad no hay de dónde sacar la plata?

En cuanto a la propuesta de adecuar la cuarentena para personas con discapacidad y sus acompañantes, creemos que es completamente válida, más aun teniendo en cuenta que el mismo Presidente Fernández modificó el decreto original de cuarentena, extendiendo las excepciones a actividades de explotación minera y empresas de paquetería, en una clara orientación de garantizarles la ganancia a estos sectores. En cambio, lo nuestro se trata de la preservación de la salud de una población particularmente vulnerable bajo la cuarentena.

Nuestra propuesta

Viendo todo lo anterior, reafirmamos que la cuarentena obligatoria es insuficiente si no se toman estas medidas urgentes: cese del pago de la deuda y auditoria, el respectivo vuelco de todos esos fondos hacia la salud pública, impuestos a las grandes fortunas para financiar la contingencia, declarar de utilidad social toda la infraestructura sanitaria privada integrándola a un sistema de salud único, desarrollar la producción de insumos sanitarios en base al control social sobre la infraestructura fabril, con participación de comités de trabajadores y especialistas; shock de inclusión social con subsidios acordes al costo de vida para les trabajadores independientes, monotributistas, informales y desocupades, garantizar el 100% del salario de trabajadores en cuarentena y licencias, entre otras.

Paralelamente hay que garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ya otorgados por las leyes nacionales, sumando a las organizaciones sociales y asociaciones a la planificación activa de las políticas sanitarias, para asegurar que la cuarentena no afecte la salud mental y física de esta población. Es necesario reclamar urgentemente por la aplicación de todas estas medidas.

(*) Militante de la Juventud Socialista del MST e integrante de la agrupación Cooperación Autista, por los derechos de las personas adultas autistas.

[1] http://www.tgd-padres.com.ar/ANDIS2020-18382159.pdf

[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/circular_if-2020-18448600-apn-deand.pdf

[3]https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226928/20200318

[4] https://www.iprofesional.com/health-tech/296786-argentina-salud-publica-ley-Presupuesto-2019-un-peso-a-la-salud-veinte-a-los-intereses-de-la-deuda

[5] https://www.infobae.com/economia/2020/02/05/kicillof-hasta-mayo-no-tenemos-vencimientos-de-capital-que-son-el-problema-mientras-tanto-los-intereses-se-van-a-ir-pagando/

Es que las autoridades de Salud, con el ministro Adolfo Rubinstein a la cabeza, son responsables de dos graves situaciones. Una es la ausencia de stock de Doltegravir, Darunavir, Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir-Lamivudina, cinco fármacos de uso frecuente en pacientes con VIH, con lo cual hay faltantes en varios hospitales. La otra, anunciada por la funcionaria María Cecilia Locciasano, esposa del también cuestionado ministro de Trabajo Jorge Triaca, es que ante dicha carencia Nación intenta descargar sobre las provincias la responsabilidad de la compra. Esto no sólo entorpece todavía más los trámites burocráticos y los plazos de entrega de la medicación, sino que hacer 24 licitaciones separadas resulta obviamente bastante más caro que comprar a través de una sola.

Ya el viernes 19, tratando de dar alguna respuesta, el tuit oficial del Ministerio argumentaba: “Las demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. Pero es una excusa totalmente falsa. Desde hace años el gobierno sabe que tiene la obligación de garantizar la provisión de medicamentos en tiempo y forma, y por lo tanto debe prever con antelación el presupuesto suficiente. Si se demoraron, es porque así lo decidieron. Asimismo, se denunció que en el Congreso perdió estado parlamentario la nueva ley de sida, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que habrá que volver a insistir para que sea tratada y aprobada.

Entre otrxs activistas, en la asamblea abierta habló el compañero Pablo Vasco, en nombre de la delegación de Libre Diversidad-MST que participó. Además de saludar la iniciativa del Frente Nacional, denunció que el retraso en la provisión de medicamentos no es un error burocrático sino parte del ajuste macrista en toda la salud pública, como también lo demuestran los despidos en el Hospital Posadas. También señaló que para no depender de compras a los laboratorios privados ni de retrasos hay que iniciar la producción pública de antirretrovirales, tal como se hace en Brasil desde hace ya varios años, y que además es mucho más barato.

Ante la falta de respuesta oficial, Vasco propuso volver a movilizar al Ministerio el 23 de febrero cuando se haga la próxima reunión entre una delegación del Frente Nacional y funcionarios, lo cual fue aceptado. Y cerró: “La salud es un derecho, no una mercancía. Y como médico, el ministro Rubinstein sabe muy bien que el retraso en la toma de la medicación provoca resistencia en el virus y es perjudicial para los pacientes. ¡Pero acá lo que está provocando con estas medidas es fortalecer nuestra resistencia contra el ajuste!”