Sobra derecha, hay que fortalecer la izquierda

La provincia, que arrastra una compleja crisis política, navega en la especulación. No están definidos los modos de la elección y una vez más quedamos rehenes de los caprichos electorales de Bordet que hoy, en conjunto con Frigerio, buscan consensuar. Se vive una particularidad y es que después de 20 años de gobierno peronista está planteada la posibilidad de que pierdan la provincia.

Así queda claro que es la izquierda el único espacio político con un programa con salidas estructurales, no sólo a la crisis de la provincia y el país, sino a la de este sistema capitalista que nos quiere obligar a vivir en un mundo en guerras, crisis sociales, económicas y climáticas. Nuestras precandidaturas representan a quienes estamos en cada lucha trabajadora, ambiental y de género en esta provincia. Así vamos a dar esta pelea político electoral, como todas las peleas cotidianas que damos junto a los trabajadores, jóvenes y sectores populares. El desafío es que el FIT-Unidad tenga expresión en la legislatura provincial para pelear contra el acuerdo fondomonetarista, contra el ajuste, las reformas laborales y previsionales y el extractivismo que en la provincia van a garantizar el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, gane quien gane.

Nuestros Precandidatos:
Sofia Cáceres Sforza: precandi-data a gobernadora. Es docente universitaria y becaria del Conicet, Secretaria General de Sitradu (gremio de docentes universitarios de Entre Ríos) y dirigente pronvicial del MST.
Nadia Burgos: precandidata a diputada provincial. Trabajadora estatal, delegada de ATE en el Ministerio de Salud, dirigente provincial del MST y coordinadora de la RedEcosocialista en la provincia.
Nicolás Zuttión: precandidato a diputado provincial. Es técnico en Comunicación Social y periodista. Integrante del staff de Periodismo de Izquierda. Dirigente provincial y del MST Gualeguaychú.

Escribe: Nadia Burgos, desde Lima

Esta situación se profundiza con la caída del gobierno de Castillo que, como señalamos desde la LIS, podemos decir que no fue sorpresiva. Las concesiones permanentes a la derecha en la búsqueda de consensos y el abandono del programa por el que fue elegido, impidió que pueda poner fin a la crisis económica y social que afecta al país desde hace décadas. Castillo rompió con la base social que lo había llevado a la presidencia y se introdujo en un callejón sin salida. Presionado por la derecha que trató de forzar su vacancia vía el parlamento, el 7 de diciembre de 2022 anunció una serie de medidas que incluían el cierre del propio Congreso. La respuesta fue la vacancia de Castillo y la asunción, vía golpe parlamentario de Dina Boluarte, la vicepresidenta que ya había demostrado su alineación con la derecha.

Estallan las movilizaciones

A partir de la asunción del nuevo gobierno estallaron las movilizaciones en todo el país y, a casi dos meses de pelea, el pueblo peruano ensayó múltiples maneras de luchar con un objetivo claro: la renuncia de Dina Boluarte. El proceso de movilización fue despejando confusiones. Inicialmente un sector exigía la restitución de Castillo. Rápidamente la profundización del debate hizo comprender que la crisis social y política no se resuelve con cambios de figuritas o a través de las instituciones que hoy gobiernan. Por ello en las calles se comenzó a reclamar la renuncia de Dina, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Se expresa de esta manera que la derecha en general y el fujimorismo en particular, no tienen ninguna respuesta en la vida política de Perú más que la represión. El pueblo expresa su hartazgo y avanza en su ruptura con el régimen político vetusto, racista y burgués.

Las expresiones de protesta se fueron radicalizando con cierre de rutas, toma de aeropuertos y de minas y la movilización con la Toma de Lima el 19 y el 24 de enero.
Desde la Liga Internacional Socialista participamos activamente de las acciones e impulsamos una salida de independencia de clase para la situación, planteando la necesidad de coordinación de las organizaciones en lucha, para que asuman el gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

No matarás ni con hambre, ni con balas

La respuesta del régimen a las movilizaciones fue una escalada represiva: balas y gases sobre las movilizaciones y cortes de rutas, persecución y cárcel para dirigentes y activistas. También difundiendo discursos para criminalizar la protesta, acusando de terroristas a quienes se organizan y expresan el rechazo a Dina y al Congreso.

El avance sobre Lima de contingentes del interior del país, pueblos originarios, campesinos, estudiantes, pobladores pobres, pequeños comerciantes -incluso de sectores medios que al comienzo de todo este proceso tuvieron una actitud prescindente- fue radicalizándose en la medida que avanzaba la represión indiscriminada.

El último sábado, la máxima expresión del autoritarismo represivo del gobierno fue la intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la policía irrumpió con tanques y abuso policial en el campus universitario. El ingreso violento de 500 policías a la universidad resultó con la detención de 193 personas, incluyendo una embarazada, una niña de 8 años y adultos mayores. Gracias a la lucha persistente en menos de 48hs fueron liberados todos los detenidos y el impacto de la situación no sólo ha despertado al movimiento estudiantil sino también puso en riesgo la continuidad de la Rectora, pieza clave para que la represión se desatara.

La brutalidad del gobierno de Dina es fuertemente rechazada cada vez por más sectores que, al ver las consecuencia de la represión, se suman a la lucha.

Y en los sectores movilizados hay una gran radicalización. En Puno se avanzó a un paro seco (paro general). También hubo paros de los trabajadores mineros y de la pesca, y amenaza de cierre de oleoductos y centrales eléctricas.

Esta dinámica impacta también sobre los sectores y direcciones reformistas a quienes la situación los desborda. Quienes recurrentemente han conciliado y se han mantenido cómodos dentro de las instituciones burguesas, hoy caen en esta espiral de crisis. Nuevo Perú y todas sus expresiones internas, los dirigentes más destacados como Verónica Mendoza, no pasaron de declaraciones de forma y propuestas pacifistas y en los marcos de la democracia burguesa y el régimen actual.

También la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú), si bien moviliza importantes contingentes, lejos está de postularse para coordinar los sectores en lucha y proponerse conducir globalmente el proceso. Es una tarea también del movimiento obrero poder desprenderse de esas direcciones burocráticas y es una responsabilidad de la izquierda revolucionaria encabezar la lucha por una nueva dirección clasista y combativa.
La magnitud de la movilización hace que sea improbable que Boluarte pueda perpetuarse en el poder. La única alternativa que pueden ofrecer a regañadientes, es el adelanto de las elecciones. Medida que, en el marco de la constitución fujimorista del 93 y con las autoridades electorales actuales, será una nueva trampa con el único objetivo de detener este proceso.

Una salida de fondo

Desde nuestra llegada a Lima, hemos acompañado a nuestros camaradas peruanos de la LIS en todas las movilizaciones, nos hemos reunido con numerosos dirigentes y expresado nuestra visión de que estamos en medio de una pelea muy profunda. Hay condiciones favorables para que esta valiente y heroica lucha pueda ganarse. Ponemos nuestro esfuerzo militante en Perú y nuestra solidaridad internacional compenetrada absolutamente con ese propósito.

El debate sobre la salida a esta crisis recorre las calles y las organizaciones sindicales, políticas, indígenas, estudiantiles y sociales. En Perú los sectores obreros y populares ya hicieron la experiencia frente a las propuestas de salidas vía las reglas de las instituciones de este régimen. El resultado fue seis presidentes en seis años y la profundización de la crisis social y económica. Como revolucionarios advertimos que las vías institucionales del régimen fracasaron estrepitosamente. Para revertir la crisis surge la necesidad de preparar y luchar por una salida revolucionaria. Por eso desde la LIS expresamos con fuerza que es urgente impulsar la coordinación de los sectores de lucha, para desde allí potenciar y darle continuidad a la movilización del pueblo y que sea esa coordinación la que asuma un gobierno provisorio. A la vez, luchar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para debatir las medidas necesarias para resolver realmente los grandes problemas sociales, raciales y económicos y reorganizar sobre nuevas bases el país. Junto con esto tenemos que unirnos los revolucionario para pelear con más fuerza por esta salida. Al interior del proceso de movilización y en los distintos sectores en luchas hay que profundizar el trabajo de reagrupamiento de los y las revolucionarias, comunidades originarias, estudiantes y quienes quieran pelear por esta salida.

Desde la Liga Internacional Socialista reiteramos este llamado al reagrupamiento de los sectores revolucionarios. La izquierda revolucionaria tiene este gran desafío. Llamamos a la unidad para dar esta batalla para que de una vez por todas conquistemos un gobierno de los que nunca gobernamos en el Perú, los y las trabajadoras y los sectores populares.

Por qué es indispensable derrotar la Constitución Fujimorista del 93

Cuando Fujimori gana las elecciones en 1992, el Consenso de Washington se puso en acción. Impulsaron un documento de política económica de corte neoliberal desde el Departamento del Tesoro, el FMI y el Banco Mundial. El mismo fue elaborado por John Williamson y representantes del establishment y se transformó en la hoja de ruta para el presidente electo, quien fue convocado expresamente para recibir esas claras órdenes.
Uno de los puntos del documento del Consenso de Washington planteaba privatizar todas las empresas, en este caso las 228 empresas que tenía el Perú. Perú se transformó en el único país que privatizó todas sus empresas. Al calor de esa política dictada desde el Norte, se elaboró la constitución neoliberal del año 1993, sin ninguna salvaguarda para los intereses del país. Hasta los EEUU subvencionan a sus agricultores. El Estado peruano no puede intervenir ni implementar medidas para la protección de derechos.

Con la constitución de Fujimori hoy vigente, han sido eliminados 71 derechos. Los habitantes no son considerados ciudadanos con derechos, sino simples consumidores.
Haciendo una rápida revisión de algunos artículos de la Constitución que recoge el espíritu capitalista neoliberal se evidencia el carácter reaccionario de la misma.
-Artículo 19.- «Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.»

-Artículo 58.-« La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura»

-Artículo 59.- « El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. ….»

-Artículo 60.-«….Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional »

-Artículo 61.-« El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. ..»

-Artículo 62.- «… Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposicionesde cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente »

-Artículo 62.- «Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.»

Estas son algunas de las razones que hacen indispensable llamar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que termine con el fujimorismo y su influencia y condicionamiento.

El FIT Unidad marchó en solidaridad con el pueblo peruano

En simultáneo con la masiva movilización en Perú del martes 24, el FIT Unidad convocó a una marcha hacia el Hotel Sheraton, donde estaba reunida la cumbre de presidentes de la CELAC. Sectores de la comunidad peruana y otras organizaciones obreras y populares fueron parte de la movilización. Cele Fierro, en nombre del MST y la LIS cerró el acto internacionalista.

Escribe: Nadia Burgos

Se acerca el fin de semana y llega el reencuentro. Después de dos años se concreta en San Luis el 35º Encuentro, esta vez Plurinacional y con las disidencias. Un encuentro histórico, que refleja un proceso de continuidad y cambio a la vez. Continuidad, porque recoge la historia previa. Y cambio, porque es plurinacional y de mujeres, lesbianas, travestis y trans, bisexuales, intersexuales y no binaries. Este cambio es una conquista al calor de la ola feminista y disidente, que terminó asestando un duro golpe a una conducción histórica, acartonada y reaccionaria. Pero también propone nuevos desafíos. Además de impulsar discusiones de fondo sobre los métodos y las formas en las que se toman las decisiones dentro del encuentro, debemos construir el Pluri como un espacio de coordinación e impulso de todas nuestras luchas, de manera independiente de los gobiernos, las iglesias y las burocracias. Tarea urgente en un contexto de ajuste, saqueo y entrega.

Un Encuentro, todas las luchas

Llegamos a este encuentro después de dos años, nos volvemos a re encontrar, con cambios importantes. Un nombre que nos incluye a todes y en un contexto donde el encontrarnos puede ayudar a socializar nuestras vivencias en estos dos años y organizar las luchas centrales. Es importante la denuncia a este gobierno y al ajuste que aplica de la mano del FMI con la complicidad de la derecha. Tenemos que organizarnos para defender cada uno de nuestros derechos conquistados y prepararnos para ir por más.
El Encuentro es una oportunidad histórica para fortalecer las luchas que a lo ancho y largo del país enfrentan las políticas del gobierno del Frente de Todos, que aplica las recetas de la derecha de la mano del Fondo y a una derecha que presiona para que ese camino se profundice.

Es concreto: los planes ajustadores de los gobiernos vulneran los derechos de mujeres y disidencias, trabajadores y jóvenes. Destruyen y entregan nuestros territorios a cambio de dólares para pagar una estafa.

Todo esto nos muestra que la derecha no se viene, con Massa ya gobierna, y que no tenemos que arrodillarnos, por el contrario, solo con lucha y organización se les puede torcer el brazo al gobierno ecocida, a las patronales y a los anti derechos.
Así lo demostramos con años de luchas en las calles, lo demostró nuestra marea verde que conquistó el aborto, lo demostraron las puebladas de Mendoza y Chubut en defensa del agua contra el extractivismo. Mientras ellos nos dicen que no se puede, ¡nosotres junto a la clase obrera le demostramos que sí! Como lo demostraron los trabajadores del neumático rodeado de la solidaridad de trabajadores y organizaciones, siendo un duro golpe a la burguesía en general.

Nuestros cuerpos siguen siendo territorio de violencias

Pero no solo el Gobierno del Frente de Todos con Alberto, Cristina y Massa son responsables del ajuste en nuestras condiciones de trabajo y de vida; también afecta directamente los derechos de mujeres y disidencias, por eso tenemos que denunciar un ministerio de cartón, a cargo de la ministra Gómez Alcorta, que no resuelve ningún problema ante la violencia de género y la desigualdad creciente.

Exigir presupuesto real para combatir la violencia de género es urgente cuando en el país se destina menos de $40 por mujer por año. Los “grandes pasos” que este gobierno se vanagloria en haber realizado, como el Programa Acompañar, no cubre la canasta familiar y es solo por seis meses. Expresan dos caras de un mismo problema, no hay voluntad política para resolver ni lo urgente, ni lo necesario. Seguimos sin tener refugios o programas de re instalación laboral para víctimas de violencia, una justicia lenta que no actúa frente a las denuncias, pero que, si lo hace, no hay recursos para que las mujereres se independicen del violento. ¡Nos siguen matando!, ¡Seguimos exigiendo Ni Una Menos! Nosotras y nosotres no vamos a permitir seguir siendo la variable de ajuste más vulnerable.

Es necesario atacar estructuralmente las bases de la feminización de la pobreza si queremos terminar con todas las formas de violencia, y ponerle fin a todas las bases de esta sociedad patriarcal.

Hoy podríamos destinar toda la plata que va para el pago a la deuda externa, fraudulenta y usuraria, a educación, salarios, escuelas en condiciones, capacitación en ESI. En presupuesto para salud pública. Podríamos destinar esos millones de pesos en más presupuesto para asegurar métodos anticonceptivos gratuitos e insumos para aplicar la IVE en todo hospital, para garantizar realmente la Ley de Identidad de Género en cada rincón del país.

Hoy todas las variantes patronales se aprontan para discutir un presupuesto 2023 de ajuste, que contempla el recorte del presupuesto a los planes de ayuda social y a la obra pública. Recortes que van a ser un obstáculo para la aplicación efectiva de la ESI en todas las escuelas y niveles del país. Que van a seguir siendo un freno en la aplicación efectiva del cupo laboral trans y sin precarización, y la real aplicación de la Ley de VIH.
Un presupuesto que sigue contemplando subsidios y privilegios a la Curia y colegios religiosos, que como bien denuncia OLA esos privilegios se desprenden de decretos-ley establecidos en la dictadura militar y que ningún gobierno de los que se dicen democráticos modificó. Tomaremos las calles para gritar una vez más, esta vez en San Luis: ¡Iglesia y Estado asuntos separados! ¡Libres nuestros cuerpos y territorios! Frenemos el extractivismo.

La crisis del sistema capitalista a nivel mundial y el acuerdo con el FMI a nivel nacional, agudizan los planes del agro negocio, la mega minería, y el extractivismo. Estamos presenciando el remate de nuestros derechos.

El extractivismo y el patriarcado se enlazan para servir como mecanismos

complementarios de la explotación y la acumulación del capital sobre les trabajadores y las mayorías sociales. Las mujeres y disidencias, al igual que la naturaleza, somos sometidas ante una violencia tan cruel como clandestina. A nosotres nos acosan, violan y matan. A la naturaleza se la mercantiliza: el petróleo, los alimentos y ahora hasta el agua, principal fuente de vida, cotiza en la bolsa de los amos del mundo.

Para que los cuestionamientos a estas prácticas no se masifiquen, hace falta una maquinaria e ingeniería enorme, llenas de violencia. El Estado junto con la Iglesia, el Congreso, la Policía, la Justicia, los Medios de Comunicación y un sin fin de instituciones más son las garantes de objetivar y enajenar nuestros cuerpos y territorios. Son quienes nos imponen mitos y mandatos como que las tareas del cuidado son de mujeres o la provisión ilimitada de recursos en un planeta geo-físico limitado. ¿Un denominador común? para ellos, somos bienes dispuestos a ser poseídos. La tierra y la mujer se compran, se venden, se cercan y pisan.

El sistema de dominación es el mismo: el capitalismo. Colonialista, depredatorio y patriarcal. Hoy en crisis, desgarrado en contradicciones, acorralado por la marea verde feminista y ambiental que crece y crece. Defendiendo poder decidir, cómo vivir, sin morir en el intento. La defensa de nuestros derechos de género tiene unidad con la lucha contra el extractivismo.

Somos nosotras, nosotres a las que más golpea la crisis climática, al ser de los sectores más vulnerables, los efectos son más duros con nosotres. Pero también somos quienes, al calor de estas dos mareas verdes, tomamos fuerza para luchar para que ni nuestra tierra, ni nuestros cuerpos sean zonas de sacrificio.

Es por esto, que en este encuentro también queremos exigir el tratamiento y aprobación de la Ley de Humedales consensuada, que este gobierno sigue cajoneando. Y porque no somos indiferentes a la tragedia climática y humanitaria que se vive en Pakistán, y nuestro feminismo es internacionalista, queremos rodear de solidaridad al pueblo que perdió todo, y en especial a las mujeres y niñas que lo están padeciendo.

Es necesario que el Pluri sea ese espacio de coordinación de nuestras peleas, también para cuidar nuestro futuro, ya que no hay planeta B y no es algo que a los poderosos le importe, pero sí a nosotras y nosotres. Basta de falsas soluciones, organicemos nuestra lucha también al servicio de la defensa del ambiente.

Con el MST, feminismo socialista

Este encuentro puede ser histórico también por las luchas que organicemos, por eso creemos que es clave llevar estos debates a cada taller y a cada compañere, pero también va de la mano de pensar y desarrollar un programa político alternativo.
Nosotres con Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y la Red Ecosocialista, estamos en cada una de las luchas y a la vez planteamos propuestas para dar vuelta todo y terminar con el padre de todas las violencias que es el sistema capitalista, patriarcal y ecocida. La salida es un feminismo de clase, antiimperialista, anticapitalista y anticlerical, con perspectiva ambiental e internacionalista y para eso te invitamos a sumarte a construir nuestro feminismo socialista, por nuestros derechos, por la igualdad y por una vida libre de violencias.

Las elecciones en Entre Ríos también muestran el avance de la izquierda en todo el país: con el 3,51% (27087) de los votos el MST en el FITU logró pasar el piso proscriptivo de las PASO y llegar a las elecciones generales de noviembre.

En un contexto de bronca y descontento Juntos por Entre Ríos no acumuló mucho más que otras elecciones, es decir, a pesar de haber quedado como primera fuerza la diferencia con 2019 no es sustancial. Mientras que el Frente de Todos sufrió las consecuencias de sostener políticas de ajuste en un contexto de crisis general bajando casi 100 mil votos en comparación con 2019. En esa coyuntura, el Partido Conservador Popular desplegó una campaña financiada por las iglesias e hizo de la negación de derechos su slogan predilecto.

Lamentamos que en esta situación la decisión del Nuevo Mas (13137 votos) de presentarse a elecciones de forma separada y no considerar la necesidad de realizar un frente que hubiera permitido que la izquierda se posicione como 3° fuerza en Entre Ríos sacando más de 40 mil votos.

Desde el MST en el FITU vamos a seguir fortaleciendo una alternativa de izquierda que enfrente el ajuste, que lleve la voz de las luchas sociales, feministas y ambientales al Congreso. Por eso nos espera una gran campaña de cara a noviembre, porque el voto en blanco o nulo no es un voto castigo, porque para sacar a los mismos de siempre, a las castas enquistadas, es necesario apostar por la izquierda que da pelea en las calles, en los sindicatos y en todos lados.

Escribe: Nadia Burgos

Salir de esta catástrofe social, sanitaria y ambiental es posible, para hacerlo hay que romper con el modelo económico, social y productivo que se basa en sobreexplotar a los trabajadores y la naturaleza, con el único objetivo de aumentar las riquezas del 1% de la población. En el país del 42% de pobreza, solo en el 2021 se aplicaron más de 600 millones de litros de agrotóxicos, de los cuales entre un 20 y 30% impactan en el cultivo, el resto fluye por las napas, ríos, arroyos, vientos y dejan consecuencias brutales como encontrar agrotóxicos en la Antártida, en la lluvia o el agua del río Paraná.

Sin alimentos para las poblaciones, sólo dólares para el FMI
El 70% de la producción de nuestro país es de cultivos transgénicos como soja, maíz y algodón. El impacto de esta forma de cultivos es tan grande que no solo se vive en el proceso de desertiza-ción, producto del desmonte y cambios de uso del suelo, sino también en la desigualdad social que se genera con la reprimarización de la economía.

A la misma vez, tener la capacidad de producir en tiempos de agronegocio, al nivel de costear una producción donde los insumos se encuentran completamente dolarizados es sinónimo de ser un terrateniente que detenta una concentración de grandes extensiones de tierra y capital. Este modelo es fomentado tanto por el Frente de Todos, como por Juntos por el Cambio, quienes buscan profundizarlo con la introducción del trigo transgénico HB4 y, a la misma vez, frenan leyes como la del etiquetado frontal, para evitar dejar al descubierto la información de los componentes de los alimentos que circulan en las góndolas. Mientras, las poblaciones se encuentran cada vez más pobres y enfermas.
Un combo a medida, donde cuaja perfectamente la producción contaminante de commodities, la concentración de las tierras y las riquezas, todo al servicio de una estructura económica donde la premisa es obtener dólares para el pago de una deuda ilegal contraída con el FMI, dejando las necesidades sociales en último plano.

El fuego, la sequía y los mismos de siempre

Priorizar este modelo nos lleva a consecuencias ambientales brutales. En lo que va del 2021 ya se perdieron más hectáreas que en el mismo periodo del 2020. Los incendios se dan con epicentros en los humedales del Delta del Paraná y en las sierras cordobesas donde, por ejemplo, se prevé que la superficie quemada este año será la mayor en décadas. Los discursos de Cabandié y los gobernadores son más nafta al fuego, porque no avanzan con las decisiones políticas y el presupuesto necesario para paliar esta situación.

Seguimos organizándonos para exigir una ley de humedales sin trampas, acorde a nuestras necesidades ecosistémicas y no al servicio de profundizar el saqueo. Estas quemas no son naturales, son producto de un sistema económico que concibe a los humedales, las sierras y los territorios como zonas a ser explotadas y arrasadas. El agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria avanzan gracias a la complicidad de los partidos que gobiernan. No hay sanciones judiciales, no hay control territorial ni ambiental frente a los incendios. Las poblaciones se tienen que organizar hasta para controlar los focos y sufrimos las consecuencias más directas, como la ruptura del ciclo hidrológico del río Paraná. Un fenómeno producto de las consecuencias de los incendios, cambios de uso de suelo en Argentina, Paraguay y Brasil. La ilusión de que los pasados incendios en el Amazonas, por ejemplo, nada nos pueden hacer, es solo un relato conservador de los negacionistas del cambio climático. Las consecuencias de la voracidad capitalista ya están aquí. Hay que organizarnos para revertirlas.

Ciudades de cemento y de basura

El extractivismo urbano privatiza las ciudades, destruye los pocos pulmones verdes que nos quedan y destina a sectores de la ciudad a estar condenados a ser basurales a cielo abierto. Si sos de una ciudad de cualquier parte del país, seguro conoces algún sector que sufrió primero el abandono y desidia del Estado, para luego dar pasos a los negociados. Ejemplo de esto son parques, plazas, bordes costeros, incluso barrios a los que por años se les negaron obras de infraestructura, no llegaba el transporte público o simplemente se abandonó para que su «descuido» se traduzca en zonas en desuso y tendientes a la «revalorización». Así los gobiernos, sea uno de derecha como el de Larreta o uno «progresista» como el de Kicillof, avanzan con modelos de ciudades al servicio de los sectores privilegiados y no de las necesidades sociales. En estos años atravesados por la pandemia, donde a nivel discursivo se valoran los espacios públicos y verdes como imprescindibles para nuestra salud se sigue sistemáticamente fomentando acuerdos espurios con megaconstructores. En este momento el ejemplo más paradigmático es la entrega de parte de la reserva de la costanera sur a IRSA y sectores privados. La transformación de ese humedal en un megamonstruo de cemento al servicio de un puñado de personas ricas, pone en peligro ecosistémico el único humedal que queda en el distrito, es decir la vida de todes.

Por este mismo camino se profundizan los basurales a cielo abierto y el vertido de los residuos cloacales e industriales a ríos y arroyos sin un tratamiento adecuado. Esto no es nuevo, están a la vista de todos aquellos lugares emblemáticos para nuestro país, como el riachuelo, solo por citar un ejemplo. También se podrían agregar las playas del litoral, que en temporadas enteras se encuentran teñidas de verde producto de la contaminación por las cianobacterias.
En este marco, hoy más que nunca, luchar por el derecho a la ciudad es luchar por un ambiente sano.

Sin Ecosocialismo no hay solución

Los partidos tradicionales se montan al discurso verde, pero transparente es la voluntad política de privilegiar modelos explotadores, saqueadores y contaminantes. Desde el MST en el FITU construimos la Red Ecosocialista para luchar y proponer otro modelo productivo. Uno al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias de unos pocos. Por eso impulsamos la discusión sobre la propiedad de la tierra, manifestando la necesidad de una reforma agraria integral y agroecológica, para que la tierra sea para quien la trabaja. Junto con el no pago al FMI para recuperar la soberanía. Hoy gritamos junto a las poblaciones y queremos llevar al Congreso la prohibición de los agrotóxicos, frenar el acuerdo porcino, impulsar una ley de humedales con control social y antiextractivista. Hay que declarar la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, prohibir la especulación inmobiliaria y recuperar lo que es nuestro. Sabemos que es hora de construir un movimiento político que avance en lo que realmente importa. Hay que torcer la voluntad política de quienes creen que el progreso es expulsando poblaciones y utilizando la naturaleza como un mero recurso. Tenemos que que recuperar el derecho a decidir desde la perspectiva de las necesidades sociales y ecosocialistas.

Escribe: Nadia Burgos

Los cambios provocados no tienen precedentes, son tan generalizados y de manera tan veloz que en algunos casos, como los daños en océanos y capas de hielo, son irreversibles por milenios. El aumento de la temperatura media que genera los eventos climáticos extremos, como las sequías históricas del Paraná; las tormentas intensas con grandes inundaciones como las que recientemente se vivieron en Europa y Asia; los incendios como los de Grecia o las olas de calor como las de Canadá, son las expresiones directas de estos cambios.

Estas caracterizaciones del momento actual se tiñen de alerta roja cuando se evalúan las proyecciones. Si seguimos tal y como hasta ahora, para el 2050 el nivel de calentamiento global sería de entre 1,5 a 2 grados. Esto generaría consecuencias devastadoras para nuestras vidas.

Frente a esto, los “expertos” nos recomiendan las mismas recetas que se impulsan hace años: reducir las emisiones de carbono y metano. Esta receta se intenta al menos de manera formal desde el acuerdo de París en 2015, que impulsaba sostener durante todo el siglo una temperatura de calentamiento de 1,5 grados. En conclusión, sostener los niveles de emisiones de carbono y metano dentro de lo “aceptable” para revertir el crecimiento de hasta 4 grados que se alcanzaría a finales de este siglo si nada cambia.

Si bien este acuerdo está vigente, los Estados y las corporaciones lo cumplen poco. Los mecanismos de compra y venta de capacidad de emisión son una de las medidas adoptadas para sortear el acuerdo, cuando no es desconocido directamente. Ejemplo de esto es Estados Unidos, que durante la administración de Trump salió del acuerdo y en las otras presidencias negocia cupos de emisiones con países “menos contaminantes”. Incluso, para los capitalistas verdes, no alcanza solo con reducir las emisiones, el acuerdo de París también insta a los Estados a generar mecanismos de captación de dióxido de carbono, es decir resguardar bosques, sumideros naturales y aplicar tecnología para tal fin. Los años, los informes y las alertas pasan y los cambios no llegan, porque las decisiones siguen en manos de quienes consideran que es posible administrar la contaminación.

No es la humanidad: es el capitalismo

Desde una perspectiva ecosocialista queremos aportar algunos puntos al debate. En primer lugar, rechazar la idea abstracta de que es la actividad humana la que genera el calentamiento global. Si nuestro planeta aumenta de manera sostenida su temperatura, no es producto de que prendamos el aire acondicionado, andemos en auto o nos lavemos los dientes con la canilla abierta. Por supuesto que autocontrolarnos en esas actividades es sumar un granito de arena para un cambio de conciencia y para construir un camino de recuperación del metabolismo más armónico con la naturaleza. Pero sinceramente, es absolutamente ineficaz ante los niveles de depredación de las corporaciones y los modelos productivos actuales. Sin cambios radicales, profundos, sostenidos y democratizadores no hay punto de inflexión.

Lo que genera el estado actual es la división territorial y productiva del planeta. Vivimos en un mundo con zonas de sacrificios económicas, sociales, ambientales. Las proyecciones son claras, somos miles quienes no podemos acceder a las necesidades básicas para la reproducción de la vida, el acceso al agua potable en gran parte del globo terráqueo es cada vez más escaso y la posibilidad de obtener alimentos de calidad es cada vez más difícil.

El 1% de la población que tiene el 45% de la riqueza mundial -contra los 3 mil millones más que no poseen ninguna riqueza- sigue empecinado en profundizar el modelo. Dilapidan la fuerza de trabajo y riqueza social en viajes turísticos al espacio exterior con consecuencias ambientales increíbles, solo para satisfacer caprichos de ricos y poderosos.
La producción de commodities, la instalación de megagranjas porcinas, promover actividades súper contaminantes como el fracking o la megaminería, energías a base de petróleo, el automóvil individual como modelo de trasporte, la publicidad como medio de promover el megaconsumo, son mecanismos de este sistema capitalista en todo el mundo. Decir que la actividad humana es la que genera estos niveles de alerta es parte del problema, porque las mayorías sociales que sufrimos en carne propia las consecuencias del calentamiento global no somos parte de las decisiones. Una vez más quienes son responsables de las desigualdades más extremas utilizan en este caso la ciencia y un informe para socializar las responsabilidades de su voracidad.

¡Alerta! Hay que cambiar el sistema

Una vez más tenemos que organizarnos, esta vez la denuncia es insuficiente. Hay que organizarnos para enfrentarnos a esta realidad. El cambio climático es síntoma del capitalismo en descomposición. Este sistema que solo trajo desigualdad, explotación y opresión evidencia hoy ante millones su verdadero metabolismo: una clase parasitaria que quiere vivir con lujos a costa de que las mayorías sociales a penas podamos sobrevivir. En el mundo soplan vientos de cambios, de cambios radicales encabezados por una juventud que está dispuesta a dejar todo para recuperar una vida vivible. Una juventud que comprende que es con la naturaleza y no a pesar de ella. Una juventud que tiene voz propia y la vamos a hacer escuchar.

Es urgente acelerar la trasformación productiva y sobre todo la incorporación a las decisiones a las poblaciones. Hoy más que nunca se deben implementar mecanismos de participación vinculantes de los pueblos directamente afectados por las consecuencias del cambio climático. Y generar políticas de transformación al servicio de las necesidades de las poblaciones y territorios. Tenemos derecho a una vida digna y lucharemos hasta conquistarla. Contra el capitalismo salvaje y depredador es esencial construir organizaciones revolucionarias. Arrebatar los lugares de toma de decisiones y una transacción hacia el socialismo, es una necesidad urgente.

Escriben: Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos

La ola feminista mundial sigue, pero atemperada por la pandemia. Por ejemplo acá y en Corea del Sur se logró el derecho al aborto, pero en Honduras se prohibió y en Polonia se recortó. Es una pulseada constante. A la vez, la pandemia y la crisis nos golpean más a las mujeres y disidencias: teletrabajo, más tareas en el hogar, más violencia de género.
De cara a un nuevo 8 de Marzo, y ante un gobierno que alardea de su Ministerio de Mujeres, de tener el primer Presupuesto nacional “con perspectiva de género”, de la ley de aborto y, nada menos, de haberle “puesto fin al patriarcado”, los hechos lo desmienten a cada paso.

1. Aborto: lo hicimos ley, lo hacemos cumplir

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una victoria de la marea verde. Con la construcción masiva y colectiva de las calles, logramos nuestro derecho. No importa cómo nos la quieran vender, nosotres sabemos que no fue un triunfo del gobierno: sin nuestra presión en las calles, incluso con pandemia, no lo hubiésemos conquistado.

Sin embargo, el triunfo fue agridulce. El gobierno cedió a las presiones de la Iglesia y los sectores reaccionarios, incluyó la objeción de conciencia institucional y quitó el concepto integral de la salud. Esos recortes los utilizan los antiderechos para impedir nuestro derecho y obstaculizar la práctica. Tenemos que estar alertas porque estos sectores siguen organizados y actúan como parte de la polarización social y política más general. Por eso la pulseada sigue y proliferan los proyectos para derogar la ley.

En San Juan un diputado nacional macrista presentó un proyecto para derogarla. También allí la directora y varixs ginecólogxs del Hospital Marcial Quiroga se declararon objetores y por ahora en dicho hospital público nadie garantiza la práctica.

En Chaco la situación es aún peor: la jueza Marta Aucar de Trotti dictó una cautelar que suspende la ley por considerarla “contraria a las normativas de la provincia”.
Presentaciones similares surgen en otras provincias como Entre Ríos, impulsada por la abogada Muller del partido NOS de Gómez Centurión. Hospitales públicos importantes como el Masvernat de Concordia se niegan a garantizar la práctica.

Cada vez que sea necesario estaremos en las calles para frenar estas embestidas y defender nuestro derecho a decidir. La ley se debe aplicar en todo el país, sin vueltas. Junto con eso tenemos que luchar por la producción pública de misoprostol y mifepristona. Y no basta con habilitar la producción y distribución vía el laboratorio estatal de Santa Fe, sino a través de toda la red pública de laboratorios.

2. El femicidio nuestro de cada día

Fernández, en mesa con su ministra Gómez Alcorta, anunciaba el fin del patriarcado. Pero sólo en lo que va del año ya hubo 44 femicidios y travesticidios, o sea más que los días transcurridos(1). Venimos de un año atravesado por la crisis sanitaria y una agudización de la crisis económica. Y como lo advertimos al inicio de la cuarentena, sin medidas integrales de prevención y cuidado, las mujeres y disidencias estamos expuestas al recrudecimiento de la violencia machista producto del aislamiento y la creciente precarización de nuestras vidas(2). El gobierno nos habla de cambios de paradigmas en la política y de presupuestos con perspectiva de género, pero la realidad muestra otra cara.

Sabemos que frente a la violencia machista la ESI es una herramienta central para desarmar estructuras que se reproducen en las casas, escuelas y lugares de trabajo. Pero sigue sin aplicarse en todo el territorio, no sólo por las presiones de los antiderechos sino también por la falta de presupuesto para docentes, formación e implementación.
Sin presupuesto real para políticas integrales y no meramente discursivas, la asistencia a las víctimas es siempre recortada. Se lanzó el programa Acompañar, con el pago de un salario mínimo vital y móvil, es decir $20.600 (en enero), por seis meses. Pero con la brecha de base que hay para una víctima de violencia de género no hay autonomía posible con un subsidio tan precario.

De hecho, el doble discurso oficial implica violencia institucional y las propias cuentas no cierran. Mientras según el Presupuesto nacional 2021 el programa Acompañar es para asistir a 92.000 personas, lo que sumaría $ 11.370 millones, la partida real asignada es de 4.500 millones, o sea menos de la mitad(3).

Ese mismo Presupuesto establece el “fortalecimiento” de 60 hogares-refugio: una verdadera miseria ya que en todo el país funcionan sólo unos 150 y según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para 44 millones habitantes habría que tener un mínimo de 1.500.

3. Para las trabajadoras, más desigualdad

La burocracia sindical alineada con el gobierno levanta la consigna Trabajadoras somos todas. Este discurso no es nuevo y forma parte del repetitivo pacto social que nos quieren imponer para frenar la organización de las mujeres y disidencias trabajadoras. Pero en esta sociedad existe una minoría burguesa y parasitaria de mujeres que viven de explotar el trabajo ajeno, que no trabajan ni fuera ni dentro de su hogar. Como contracara, la feminización de la pobreza y la precarización no dejan de crecer. Así lo confirma el propio informe del INDEC del último trimestre de 2020, ya que las mujeres superamos a los varones en la tasa de desocupación: 13,1% versus 10,6%(4).

Además, en general las mujeres ocupamos los trabajos peor remunerados y más precarizados. Según el informe del segundo trimestre de 2020, el 25,4% de las mujeres no poseíamos aportes jubilatorios versus un 22% de los varones(5). Es decir, sufrimos en mayor medida la relación laboral irregular, lo que implica falta de obra social y otros derechos. Ese informe también demostró que las mujeres llegamos a la mitad de los cargos jerárquicos que los varones: 4,6% versus 7,7%.

Según los mismos datos oficiales, los trabajos que realizamos las mujeres son los más precarizados. Por ejemplo en el servicio doméstico la tasa de feminización es del 94,7%, y el ingreso promedio es de $10.600. En el sector de salud y servicios sociales ocupamos el 74,2% de los puestos, con un promedio salarial de $38.500. Y en la educación el 73,4% somos trabajadoras, con un ingreso medio de $36.000. Son salarios de miseria. Encima, en muchos casos es el mayor aporte del hogar: por ejemplo, el 47,9% de las empleadas domésticas aportan el ingreso principal. Y la prepotencia del “patrón” hacia el servicio doméstico y la persistencia del modelo médico-hegemónico en la salud confirman que las tareas más feminizadas son las de mayor exposición al maltrato y el acoso laboral y sexual.

4. Nosotras cuidamos, el Estado nos descuida

Muchas mujeres trabajamos también en el hogar, en la reproducción social que el capitalismo necesita para sostener su mano de obra actual y futura, su explotación y sus salarios de miseria. Las mujeres dedicamos a las tareas de cuidado y al hogar tres veces más de nuestro tiempo que los varones. Ese trabajo hogareño es trabajo no pago de millones de mujeres y disidencias, tareas que se vieron sobrecargadas por la cuarentena.
La pandemia y la inflación golpean duramente a los hogares feminizados, pero las medidas que implementó el gobierno no fueron suficientes para contrarrestar esta avanzada. Con un IFE de $10.000 por sólo tres meses, una Tarjeta Alimentar de $6.000 y una AUH de $2.9736 no alcanza. La pandemia sigue y es urgente aumentar el presupuesto para llegar a un IFE mínimo de $30.000 con $10.000 más por cada hije. Ningún presidente, ministro, diputado, juez o comisario podría subsistir con esos montos.

5. Hablemos de plata en clave de género

El gobierno no para de vendernos el discurso del “presupuesto con perspectiva de género” (PPG). Pero los programas a los que dice destinar la mayoría de esos fondos no son nuevos: ni la jubilación de amas de casa, ni la AUH y la asignación por embarazo ni la pensión para madres con más de siete hijes. Encima la jubilación recién a fines de 2021 se acercaría al magro monto de $24.500 promedio, totalmente alejado de la inflación prevista. El presupuesto tampoco incluye una financiación real para la ESI, ya que sólo se prevé capacitar al 2,5% de los docentes. El discurso del PPG se limita, entonces, a ponerle la etiqueta violeta a 29 programas o políticas públicas ya existentes. Pero desde ya, la profunda brecha de género no se subsana así.

En cuanto al trabajo hogareño no remunerado, hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa, atender a compañeres, hijes, mayores y personas a cargo, etc., no existen políticas públicas directas. Según el propio gobierno, el valor económico de todo ese trabajo gratuito equivale a casi un 20% del Producto Bruto Interno. Un verdadero PPG debería destinar miles de millones a alivianar, desde el Estado y en concreto, la pesada carga que el sistema nos asigna a las mujeres y disidencias: abrir guarderías y jardines de primera infancia en todos los barrios, doble jornada escolar, comedores y lavaderos comunitarios y establecimientos geriátricos de calidad en todo el país. También disponer un aumento sustancial de los salarios de los empleos feminizados -docencia, salud, servicio doméstico- y políticas de inclusión integral para la comunidad travesti-trans.
Nada de esto es posible si en el Presupuesto nacional el gobierno le asigna al Ministerio de Mujeres apenas el 0,074% del total, mientras sigue pagando fortunas por la deuda externa usurera y sostiene con subsidios millonarios a la Iglesia y la educación religiosa, sectores que encima defienden prejuicios misóginos y de odio anti-LGBTI+.

6. Las disidencias, postergadas

Las disidencias sexo-genéricas venimos sufriendo más los efectos de la pandemia. Sin empleo y con más exposición a la violencia, ni siquiera la prostitución se pudo sostener como una salida: los desalojos compulsivos dejaron en la calle a cientos de personas que ejercían el trabajo sexual. En cuanto al programa Potenciar Trabajo, que el gobierno dispuso para personas trans, son apenas unos 6.000 planes por $10.293,75 según el último aumento.

La violencia contra la comunidad LGBTI+ tampoco mermó. En 2020 se registraron 152 crímenes de odio7. El 57% (86) se trató de lesiones al derecho a la vida (asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural) y el otro 43% (66) fueron casos de violencia física que no terminó en muerte. Del total de 152 crímenes de odio, 127 tuvieron como víctimas a una travesti o mujer trans, lo que confirma que son el blanco predilecto de la violencia social e institucional, en especial de la policía.

7. Iglesia y Estado, todavía no separados

Pasaron casi tres años desde que el macrismo y la cúpula eclesiástica acordaron un plan de “reducción gradual” de aportes estatales a la Iglesia Católica. No obstante, la aplicación efectiva nunca llegó. El gobierno de Fernández, de buena sintonía con el Vaticano, alguna vez habla del Estado laico pero sus relaciones económicas y políticas con el clero no cesan. El Presupuesto 2021 estipula $155 millones a la Curia, a lo que se suman las exenciones fiscales y de servicios.

El grueso del aporte estatal es para financiar las escuelas privadas confesionales, que no sólo trabajan contra la educación pública sino que no respetan leyes nacionales como la ESI y derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género y todo otro avance que signifique reconocer nuestras vidas en igualdad. A la educación religiosa, que abonan las provincias pero sale de nuestros bolsillos, van más de $80.000 millones por año, que deberían volcarse a la escuela estatal.

La Iglesia, vieja institución enemiga de nuestros derechos, sigue jugando su pulseada contra la ley de aborto por boca del Papa, sus obispos y curas. También llevan adelante acciones varias iglesias evangélicas, que alientan la presentación de amparos contra la aplicación de la ley de IVE o lanzan campañas de captación de profesionales de la salud para que se sumen a la objeción de conciencia.

Como ya lo expresamos al calor de la marea verde, la separación de la Iglesia y el Estado es una tarea democrática pendiente. Más allá de sacar a dios de la Constitución y las imágenes religiosas de los establecimientos públicos, la clave es dejar de financiar a estos parásitos, anular todos sus privilegios y fortalecer una educación laica, feminista y científica.

8. Lo tiraremos junto con el capital

Mientras Alberto considera que le puso fin al patriarcado con su mansplaining recargado, la opresión patriarcal prosigue. Como feministas socialistas sabemos que el sistema patriarcal es un entramado que no se puede separar del sistema económico-social imperante: es parte consustancial del capitalismo. Mientras el gobierno anuncia su fin, en realidad no hace más que continuar su reproducción en todas las instituciones.
Nos encontramos ante una situación de opresión. Vemos cómo desde los estereotipos y roles desde la niñez, el trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, la violencia institucional de género, en una espiral que se retroalimenta, todas las actividades que esta sociedad nos atribuye y son “feminizadas” están en función de reproducir un sistema que nos oprime, nos violenta y nos mata.

Nosotras, nosotres y nosotros, en cambio, defendemos cada uno de los derechos de género conquistados y luchamos por ampliarlos, teniendo en claro que a la vez damos una batalla política sistémica porque mientras siga el capitalismo continuará habiendo patriarcado. Por eso no sirve solamente reformar pequeñas estructuras o crear supuestos espacios seguros.

Hoy todos los gobiernos capitalistas, producto de la crisis económica, sanitaria, social y ecológica en la que vivimos, atacan nuestros derechos de manera sistemática y al servicio de mantener las ganancias y privilegios de unos pocos. No alcanza con decir luchemos por “lo alcanzable”, por “lo posible”. Esas posiciones son objetivamente funcionales a que nada cambie, son funcionales al sistema.

Se vuelve central entonces fortalecer nuestro feminismo, un feminismo revolucionario y socialista, el que estamos construyendo desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad. Para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Organizate con nosotres para empujar el Paro Internacional de Mujeres y las marchas del 8M en todo el país y también para potenciar esa pelea de fondo: que el patriarcado y el capitalismo caigan juntos.

1. Desde que hay cuarentena hubo 102 femicidios, 42 travesticidios y 95 intentos de femicidios y en todas las provincias aumentaron las denuncias por violencia de género (Informe julio del Observatorio Lucía Pérez: 102 femicidios cometidos durante la cuarentena; en www.observatorioluciaperez.org)
2. En cuarentena. Para muchas, el hogar es riesgo; en www.mst.org.ar
3. Jurisdicción 86
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; en www.economía.gob.ar
4. Bases de datos; en www.indec.gob.ar
5. La desigualdad de género se puede medir; en www.ecofeminita.github.io
6. Por mes se cobra $ 2.973 (80%) y el 20% restante acumulado se cobra una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.
7. LGTB informe 2020 sobre crímenes de odio; en www.periodismodeizquierda.com

Escribe: Nadia Burgos

El año de Fernández empezó con una masiva movilización en Mendoza en defensa de la 7722. Los legisladores pretendían modificar la ley que imposibilitaba el desarrollo de megaminería en la provincia. El modelo extractivista tenía una hoja de ruta clara, primero Mendoza y después Chubut. No les fue posible derrotar la movilización popular. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio tenían la licencia de las corporaciones para avanzar, pero no contaban con la licencia social. Una vez más la radicalización de una marea verde con la fuerza de la juventud logró frenar la avanzada extractivista. Así las corporaciones y el gobierno no se dieron por vencidos.

Los intentos de derrotar las legislaciones antimineras vinieron también con la profundización de la represión. Activistas perseguidos, represiones a las movilizaciones y discursos que buscan criminalizar las acciones ambientales no permitieron disminuir las acciones de lucha.

El 14 de octubre frente a empresarios, en el 56 Coloquio de IDEA, Fernández expresó: “Tenemos la posibilidad de desarrollar la minería, que es una actividad que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien, y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede desarrollar sin riesgo ambiental. Y ahí tenemos cobre, y ahí tenemos oro, y ahí tenemos plata, y ahí tenemos litio que es la reforma energética del futuro”. Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz son las provincias que están en alerta por estas declaraciones. Así el año de Fernández termina con movilizaciones multitudinarias en Chubut contra la megaminería y con expresiones de solidaridad en todo el país, porque la conclusión es clara, el agua vale más que el oro, el extractivismo no genera trabajo, las poblaciones y los territorios no somos zonas de sacrificio al servicio de las ganancias capitalistas.

Otro ejemplo claro del impulso corporativo es el proyecto de Felipe Solá y las megafactorías de producción de cerdo para China. La creación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y las movilizaciones de rechazo en todo el país obtuvieron dos victorias contundentes. No permitieron el anuncio de Acuerdo a firmarse con China y lograron frenarlo. Hoy seguimos en estado de alerta porque se estima que se pretende avanzar con esta producción mediante convenios provinciales.

Ante un futuro extractivo: crece la resistencia

Este 2020 estuvo atravesado por crisis económica, social y sanitaria a nivel mundial casi sin precedentes. En nuestro país la pandemia significó un largo periodo de aislamiento, que expresó el carácter esencial que el gobierno le da a una producción que contamina, envenena y mata. Las fumigaciones, la megaminería, el fracking es decir la pata extractivista de la producción nunca se detuvo. Las denuncias de fumigaciones en plena cuarentena se viralizaron en las redes al mismo tiempo que se empezó a difundir el ecocidio que los fuegos intencionales provocan en los humedales. A mediados del año 2014 provincias presentaban focos de incendios y se hacía evidente ante miles que el clima y la sequía no eran los que incendiaron los humedales y los bosques nativos. El agronegocio, la ganadería industrializada y la especulación inmobiliaria representan la cara de la especulación y sed de ganancias de unos pocos. Toda esta orientación fue ampliamente rechazada por asambleas y acciones callejeras. Que se expresaron con fuerza en todo el litoral mediante la creación de las multisectoriales por los humedales y la exigencia de una ley de humedales, que prohíba el extractivismo, que tenga control social y exija un relevamiento de nuestros humedales para su resguardo. Hoy se sigue exigiendo el tratamiento de la ley en el Congreso. El gobierno responde con acciones de disuasión. Votaron recientemente una ley de manejo de fuego que es regresiva a la legislación actual y en comisión de ambiente dieron dictamen unificado para la ley de humedales, quitando la penalización a quienes incendian en un claro guiño al extractivismo. Cuidar nuestros humedales, ríos y territorios no están en la agenda de este gobierno.

Lo que queda en evidencia es que el avance de las fronteras del agronegocio responde a la necesidad de acumular divisas para el pago de una deuda externa ilegal e ilegítima y obtiene el impulso de políticas de estado que se vieron reflejadas en el anuncio del “Plan agroindustrial 2020-2030” .

Este Plan proyecta por 10 años la expansión de un modelo que despoja, concentra la tierra y los modos de producción bajo la premisa de las ganancias y no de las necesidades sociales. La expresión máxima de esta orientación llegó el 9 de octubre al boletín oficial. Ese día quedó aprobado para nuestro país la utilización del primer trigo transgénico. El trigo es de los alimentos base de la dieta argentina y con esta acción Fernández y su gobierno les entrega a las corporaciones como Bioceres-Indear (Grobocopatel) nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria. El rechazo fue masivo, no solo de quienes luchamos para recuperar lo que es nuestro, sino también de más de 1000 científicos argentinos, universidades públicas y expresiones internacionales que rechazan de lleno la introducción de ese trigo a sus países mediante las exportaciones.

Como si no alcanzara con el agronegocio, en Loma Campana yacimiento en Vaca Muerta, Fernández anunció el “Plan Gas Argentino 2020-2030”. Este plan busca inversión para profundizar un modelo petrodependiente de fomento a la extracción de gas por el método de la fractura hidráulica, el Fracking. Sobradas son las pruebas científicas que muestran la relación de la crisis climática con economías atadas al petróleo. El calentamiento global y sus consecuencias van de la mano de políticas que profundizan la extracción de gas y petróleo de maneras contaminantes y no favorecen una transición a energías alternativas. De más está alertar los problemas sociales de este tipo de explotación. El despojo de tierras ancestrales a comunidades indígenas y la no participación de las comunidades en la toma de decisiones son algunas de las consecuencias sociales que debemos visibilizar. Toda esta orientación se coronó con la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas, la expresión máxima del doble discurso. En un año donde Fernández expresó en reiteradas oportunidades que el acceso al agua es un derecho humano, que podemos producir sin contaminar o sus voceros como Hensel apelaban a una minería sustentable, aprueban un aporte único bajo el discurso de sacarle a los que más tienen para destinar un 25% de lo recaudado a la extracción de gas mediante fracking acentuando un modelo contaminante y saqueador.

Soberanía y ecosocialismo para salir del extractivismo

En las movilizaciones callejeras de este año se vio un cartel que expresa con claridad la orientación política de los partidos del gobierno en nuestro país. “Por más que se vistan de verdes, todos son extractivistas”. La crisis actual exige un cambio de rumbo. El tiempo para la transformación productiva es ahora. Como socialistas advertimos un proceso de ruptura metabólica entre nuestras actividades y la naturaleza. Recuperar un metabolismo social y natural se vuelve una tarea central. En este sentido es necesario romper toda orientación extractiva. El primer paso en este sentido tiene que ser recuperar la más amplia participación democrática de la población y que el control de la producción la tengamos las y los trabajadores para que sean las necesidades sociales las que primen frente a las ganancias capitalistas que representan las necesidades de una minoría. Qué, cómo y dónde producir tiene que ser una decisión de las poblaciones, esta perspectiva ecosocialista es la garantía para que en nuestro país tengamos la soberanía energética, productiva y alimentaria que tanto necesitamos.

Escriben: Nadia Burgos y Jeanette Cisneros

En 2018, la marea verde creció entre las pibas y cruzó el país. Así logramos la media sanción. Aunque, luego, el rechazo del Senado retrasó la pelea. En diciembre pasado la Campaña volvió a presentar nuestro proyecto colectivo de ley de IVE1, que tiene estado parlamentario para ser tratado ya mismo.

Por su lado, el gobierno usó la pandemia como argumento para demorar su prometido proyecto, que incluiría mayores limitaciones. Aun cuando el Congreso sesiona hace rato, a diez meses de gobierno, Alberto sigue postergando su presentación. Les diputades del Frente de Todos que firman nuestro proyecto no impulsan que se trate. Y la articulación de la Campaña, muy funcional al gobierno, les deja correr.

El gobierno y el Congreso demoran

La semana pasada, Massa, que preside la Cámara de Diputadxs, tenía una reunión con la comisión de cabildeo de la Campaña pero la volvió a posponer. Cristina, que preside el Senado, no recibe a la Campaña y contesta “ya hablé con la ministra Gómez Alcorta” (?). A su vez, en Diputados el proyecto de aborto debe pasar por cuatro comisiones, Mujeres, Legislación Penal, Legislación General y Salud: todas las preside el oficialismo2, que podría avanzar en el debate pero no lo hace. La diputada Macha, que preside la Comisión de Mujeres, dijo que el tema aborto “no tendrá un tratamiento exprés”3 abriendo la variante de que pase a sesiones extraordinarias.

Es decir, la voluntad política de todo el oficialismo parlamentario se limita a esperar el proyecto del Ejecutivo. Según los últimos rumores, estarían terminando el proyecto de “los mil días”, sobre asistencia a la madre y el bebé, que es una concesión a la Iglesia y sus socios celestes antiderechos porque en Argentina parir ya es legal.

Exigimos que el debate se inicie ya. No cabe seguir esperando el mansplaining del presidente. Sólo si el proyecto entra antes del 4N habrá mejores condiciones para que el aborto sea #Legal2020. Porque en 2021, año electoral, los bloques mayoritarios apelarán con hipocresía, como pasó en 2019, a no hablar del tema “para no dividir votos”.

En alerta y movilización, con el proyecto de la Campaña

Con las promesas de Fernández, y su foto con algunas integrantes de la Campaña, muchas creyeron que el aborto 2020 ya era un hecho. Pero luego vinieron las excusas. Por ejemplo, que ante la pandemia era necesario “no resentir” el sistema de salud. Falso: los servicios de atención son distintos y la legalización no sólo evitaría las muertes sino que abarataría los costos al no haber las 50.000 internaciones al año (y las camas que se ocupan) por los casos de abortos infectados y sus secuelas.

La actitud dilatoria del gobierno viene apagando las expectativas de un amplio sector del activismo verde. Y crece el descontento, ya que siguen la clandestinidad del aborto, la falta de verdadera ESI4 y los obstáculos a aplicar la ILE5.
El tiempo parlamentario se agota y nuestra paciencia también. En muchas regionales de la Campaña se activan reuniones y se profundiza la exigencia de una plenaria nacional para debatir estrategias y definir acciones coordinadas. Las regionales Sur y Sureste del GBA, La Rioja, Bahía Blanca, Salta, Berisso, La Plata, Entre Ríos, CABA y la Colectiva de Géneros ya lo manifestaron. En paralelo, crecen las acciones virtuales y presenciales. Desde 2018 sabemos de sobra que la lucha en las calles es mucho más eficaz que el cabildeo institucional. Por eso hay que seguir el camino de los pañuelazos como el de La Plata y de intervenciones como las de CABA y Tucumán. Para el 4N, Capital prepara una caravana de Plaza de Mayo a Congreso.

Para resguardar la unidad en la diversidad de la Campaña, la articulación debe respetar un funcionamiento democrático. La plenaria nacional tiene que definir los pasos a seguir para lograr que este año se trate nuestro proyecto y se apruebe, sin limitaciones y sin ceder a presiones clericales ni posibilistas. La historia del movimiento de mujeres y disidencias demuestra que nuestros derechos no se mendigan: se conquistan con lucha y en las calles. Hagamos crecer la marea verde y que esta vez abra las puertas del Congreso y recupere la soberanía de nuestros cuerpos.

1. Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Mónica Macha, Carolina Gaillard, Cecilia Moreau y Pablo Yedlin respectivamente.
3. Macha aseguró que la legalización del aborto «no tendrá un tratamiento express». Silvina Angiono; 24/10/2020; en telam.com.ar.
4. Educación Sexual Integral.
5. Interrupción Legal del Embarazo.