Escribe: Carlos Carcione

Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, eran taxistas; Marcos Daloia, de 39 años, chofer de colectivo; Bruno Bussanich, de 25 años, playero de una estación de servicio; los cuatro fueron asesinados, víctimas de una pelea que no era la suya. La pelea de estos trabajadores era para poner algo con que alimentar a su gente en la mesa familiar en un país al que el ajuste brutal del gobierno de Milei está dejando sin comida ni trabajo a los laburantes, ni perspectivas de futuro a los jóvenes y al país profundo. Víctimas inocentes, como decía, prometiendo todavía más, la nota dejada en la estación de servicio donde fue asesinado Bussanich y en el cartel de tela colgado cerca de la Av. Circunvalación a cuadras de donde fue baleado el chofer. Pero, esa nota tenía algo más, la novedad era la firma: zona sur, zona norte y zona oeste Unidos. Esto apoya la hipótesis que corre en estos días por la ciudad: se trata de un accionar conjunto de las distintas bandas de narcos enfrentadas entre sí por el control del territorio hasta ahora y que parecen haberse puesto de acuerdo para desafiar a la política de bukelización del gobernador Pullaro y la ministra Bullrich

La bukelización de Pullaro hizo estallar la crisis

Según uno de los periodistas que viene investigando muy bien el fenómeno narco en Rosario, Germán De los Santos, la provocación de la publicitación de la fotografía al estilo El Salvador fue la gota que rebalsó el vaso de una situación que venía de algo antes. Las requisas en las cárceles para eliminar teléfonos, la limitación de visitas tanto en el número como en las condiciones físicas que impiden el contacto directo y otros privilegios de los presos de alto perfil, como el líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero, amenazaba con limitar el control de sus negocios a los capos narcos detenidos desde hace tiempo. Con un sistema carcelario tan permeado por el dinero narco, más allá de la cárcel en que estén detenidos estos jefes, ya sea en Rawson, Marcos Paz, Coronda o Rosario, una medida aislada de este tipo, más para impacto mediático y sin un plan integral que incluya el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad corruptas y cómplices, solo podía resultar en lo que terminó: esta crisis que no tiene final a la vista y es impredecible en su deriva.
La agitación mediática de mano dura y el guante de seda con la trama de complicidades estatales y empresariales que sostienen a estas bandas criminales sólo puede terminar mal. La foto estilo Bukele de la cárcel de Piñero a 25 km. de Rosario fue respondida por ahora con cuatro muertos inocentes que despiertan indignación y miedo en la población más humilde, la de los barrios populares y trabajadora, que están desprotegidos; lo saben porque ven en vivo y en directo la complicidad policial y el apriete indiscriminado represivo que sufren los inocentes en los barrios. Atrapados entre dos brazos de una pinza de violencia y represión.

Por otra parte, la profundización de la bukelización que propone Patricia Bullrich y avala Milei, con la saturación de fuerzas federales, ya fracasó en las 10 oportunidades anteriores que se intentó. Las razones son las mismas, mucho medio de comunicación y ninguna medida para atacar los problemas de fondo.

La trama de complicidad narco-estatal

Con los capos detenidos, sus maniobras desde la cárcel entorpecidas y las bandas que disputan el territorio para el narcomenudeo, queda en un segundo plano, invisibilizada, la trama de complicidad policial, empresarial, judicial y política.

El puerto y la Hidrovía privatizados y sin control son el terreno de disputa del tránsito internacional de droga hacia los grandes mercados europeos. Así como de otros grandes negocios como el contrabando del agronegocio y otros. De allí sale la droga que alimenta las bandas dedicadas al narcomenudeo en Rosario como forma de pago de peaje. Allí empieza la rueda que termina en la violencia en la ciudad.

Cada brote de violencia vuelve a ocultar el centro del problema: desentrañar y desmantelar la ruta del dinero narco. Pero esa ruta es la respuesta clave sobre el funcionamiento del negocio. ¿A dónde va el dinero de los narcos y de los corruptos? ¿Cómo se blanquea? ¿Cómo se convierte en “capital”, en activos que pueden entrar a la circulación económica legal? Aunque pretendan que este sea el secreto mejor guardado, se han identificado sectores claves del blanqueo. Hay casos que desnudaron el recorrido: financieras, cuevas de cambio de divisas, e inversores en emprendimientos inmobiliarios, todo apoyado en testaferros dispuestos a hacer una jugosa comisión por mover el dinero del crimen, provenga este de donde provenga, del narco o del juego clandestino, de la trata, de la violencia o el contrabando a gran escala. Un caso emblemático fue el del excorredor de fórmula uno, exconcejal y empresario de Rosario, Poppy Larrauri que hacía de testaferro para un emprendimiento inmobiliario en Funes para el que ponía el dinero Leonardo Peiti, “empresario” del juego clandestino. Lo mismo sucede con la participación del contador Gustavo Shanahan que fue un empresario “prestigioso”, protagonista de la actividad económica rosarina a través de sociedades y empresas con las que participó en actividades financieras e inmobiliarias y, de modo notable, en Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que utilizó el puerto local para lavar dinero proveniente del narco, no solo del país sino también internacional.

La complicidad política y policial tiene también sus nombres propios, aunque algunos ejemplos pueden demostrar la relación entre el narco y estos sectores. En el gobierno anterior a Pullaro, el de Omar Perotti, pasaron 9 jefes policiales de Rosario y hubo todo un operativo político y una votación específica en la Legislatura provincial para impedir la persecución judicial del Senador de San Lorenzo, Traferri. Por otra parte, Jueces y fiscales presos por complicidad con los narcos son otra prueba de esta trama. También, durante la gestión de Omar Perotti pasaron 4 ministros de Seguridad, 3 de ellos salieron eyectados por fracasar junto a varios operativos federales en la lucha contra el narcotráfico.

Rosario no es Medellín ni Juárez, pero Bullrich busca que se parezcan

El plan que presentaron Bullrich y Pullaro en su conferencia de prensa es igual a los anteriores en lo que hace a la saturación de las fuerzas represivas, una experiencia que ya fracasó como decimos más arriba en 10 oportunidades anteriores. Pero tiene otra cara y es la presentación de proyectos de leyes que apuntan en un sentido claramente represivo, como la propuesta de habilitar a las Fuerzas Armadas a participar directamente en tareas de control, represión e inteligencia interior contra este tipo de delitos. Este es el objetivo de la definición de narcoterrorismo hecha en esa misma conferencia de prensa y a las declaraciones explícitas de Pullaro el martes 12 pidiendo que se habilite a las FF. AA. en ese sentido. Esto llevaría a un crecimiento exponencial e indiscriminado de la represión que afectará a la población en general. Mientras que en Rosario en una década se produjeron un total de 1900 asesinatos relacionados con crímenes por la disputa del territorio para ese negocio, en Colombia un país con similar cantidad de población en un periodo parecido, se produjeron 60.000 asesinatos realizado por la guerra contra los carteles. Y en Juárez en un periodo igual fueron 300.000 asesinatos de las mismas características. En ambos casos la mayoría de las víctimas de estas muertes fueron inocentes atrapados en esa guerra, mientras en Rosario aún hoy a pesar los lamentables hechos de la semana anterior a esta nota, son una pequeña minoría. En su búsqueda de instalar un régimen autoritario como lo muestra su protocolo contra las manifestaciones, para evitar las justas protestas sociales contra el ajuste, la ministra parecería buscar un desenlace similar. Las víctimas serán los trabajadores, los jóvenes, los vecinos de las barriadas populares.

Nuestra propuesta

El plan que presentaron Bullrich y Pullaro ya fracasó. Lo hace porque el criterio que ordena la política del capital es reprimir al último eslabón del negocio: el narcomenudeo. Pero deja intacta la trama de protección policial, judicial, política y empresarial.

Es que a las causas que explicamos antes hay que sumarle la desigualdad social y la marginación de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. Escuelas destruidas, clubes desmantelados, represión indiscriminada de sus expresiones culturales y ausencia de salidas laborales dignas dejan sin perspectivas de futuro al sector más desprotegido de la sociedad, entregándolos a las manos de estas bandas criminales. Hoy esto se ha profundizado por el brutal ajuste, el aumento del desempleo y la crisis alimentaria en los barrios provocada por el gobierno de Milei.

El negocio no lo manejan las bandas barriales. Los capos, la jerarquía policial, la política, la justicia y los empresarios que blanquean son los responsables de fondo. Para desmantelar este círculo de tráfico, violencia y lavado es necesario atacar ese núcleo de la trama de complicidad y desarrollar un plan integral. Entre esos están los funcionarios nacionales como Bullrich que sabiendo que su política fracasará insiste con la represión indiscriminada. Hace falta otra política. Solo la izquierda puede proponer una salida a favor de los trabajadores y el pueblo. Presentamos algunas propuestas de emergencia como parte de un plan más integral.

1. Autoorganización vecinal
No se puede entregar el territorio al miedo que tratan de infundir la bandas ni a la represión indiscriminada de fuerzas de seguridad cómplices. En todos los barrios hay organizaciones de vecinos, empezando por los movimientos sociales, comedores, vecinales, clubes, escuelas, dispensarios, etcétera. Y últimamente como respuesta al plan de Milei se han ido conformando Asambleas Barriales en algunos de ellos. Desde allí y coordinando entre todos ellos en el territorio y desde las organizaciones de trabajadores como se demostró con el llamado de Amsafe Rosario entre otros sindicatos, se debe comenzar a organizar redes de seguridad, que controlen y limiten la actuación policial. Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables

2. Seguir y desmantelar la ruta del dinero y construir otro modelo económico
Desde la movilización social y con comisiones de investigación independientes de los poderes políticos contaminados o cómplices, exigir que se desmonten los negocios criminales, el lavado de dinero, y expropiar a los que se enriquecen con el narcotráfico. Recuperar los Puertos e Hidrovía. La recuperación del manejo de los puertos por parte del Estado con control social y del curso del Paraná con plena soberanía son una necesidad. Y no entregarle el Paraná al ejército de Estados Unidos como acaba de firmar Milei. El no pago de la deuda y el repudio del FMI, permitiría revertir el ajuste. Y gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos facilitaría implementar el plan integral que hace falta.

3. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras”: en el caso del narco actúan como fuerza de recaudación, sostén y encubrimiento del delito narco y otros y para la represión de la juventud, los barrios y los trabajadores. Entonces habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo a las actuales, de carácter esencialmente preventivo y no represivo y con participación y control social.

4. Un plan para la juventud de los barrios y emergencia alimentaria, educativa y de salud
Proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Con fortalecimiento y ampliación de los clubes de barrio y acceso y estímulo a la cultura juvenil. Esta política permitiría rescatar de la incertidumbre a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante del narcomenudeo. Al mismo tiempo el gobierno nacional debe resolver inmediatamente la emergencia alimentaria, educativa y de salud que se vive en los barrios y el gobierno provincial y municipal debe complementar ese apoyo, restaurar escuelas y salas de salud mejorar las condiciones laborales y de salario de esos trabajadores.

5. Legalización
El narcotráfico, sus ganancias, su violencia y el peligro para la salud que representa se apoyan en la clandestinidad. La legalización en manos del estado y con una regulación controlada por comisiones de especialistas de las universidades y de los ciudadanos interesados eliminaría de raíz el negocio narco y con ello la causa directa de la violencia y facilitaría el seguimiento y prevención para los que lo necesiten, hasta países como Canadá que nada tienen de izquierdista están dando pasos en esta dirección.

Desde Amsafe Rosario llamamos a que convoquemos a un gran paro Regional
contra la violencia y la muerte

10 de Marzo

La situación en Rosario no puede ser más dramática. Las bandas narcocriminales, con evidentes complicidades en sectores del Estado, de fuerzas de seguridad, sectores del poder político y económico suman asesinatos y amenazas sembrando el terror en la población.
Con la nueva llegada de tropas federales los gobiernos vuelven a ensayar una política que ya fracasó en una decena de ocasiones en todos estos años. Rechazamos la política de militarización de los barrios. Las Fuerzas Armadas han sido responsables de un genocidio y por lo tanto rechazamos su desembarco.
La política de lanzar mensajes violentos y amenazantes por las redes por parte del Ministro de Seguridad y el Gobernador, junto con Bullrich, ha derivado en esta escalada de violencia que les ha costado la vida a cuatro trabajadores.
Una vez más somos lxs trabajadorxs quienes ponemos lxs muertxs.
Una vez más salir a trabajar se ha transformado en una situación de riesgo.
No podemos seguir así.
Hacen falta otras políticas públicas para frenar el espiral de violencia.
Como docentes seguimos planteando una salida de fondo, con más escuelas, clubes, salud, trabajo y salarios dignos, así también centros de atención al consumo problemático de manera gratuita.
Hace falta romper todas las complicidades con las bandas narcocriminales de los sectores de poder.
Lxs trabajadores debemos hacer oír bien fuerte nuestra voz con nuestra herramienta fundamental del paro y la movilización.
No a una nueva escalada de violencia.
Basta de muertes obreras.
#GobiernosEstadoResponsables

Escribe: Carlos Carcione

El hecho en el supermercado de la familia de Messi visibiliza e instala en la agenda pública nacional una escalada de violencia provocada en la disputa por el control del narcomenudeo y del tráfico en general. Pero hay que incluir en este ambiente de violencia y crimen el manejo de todos los negocios ilegales y por lo tanto de mayor tasa de ganancia, muy por encima del promedio del rendimiento económico.

El narcotráfico es uno de estos negocios, quizás el más importante y violento, pero no el único. Hay rastros que nunca se siguen en la investigación de la violencia: la ruta del dinero del tráfico, por ejemplo. Está probado que esa ruta involucra la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la política y del mundo empresario. Por eso mismo todos los caminos para el desmantelamiento de estos negocios están cerrados a cal y canto. Es el sistema, que funciona aceitado por las ganancias del narco y de los otros negocios como el contrabando y el lavado, que financia a políticos, a la estructura policial y de las fuerzas de seguridad y una parte del empresariado sobre todo del sector inmobiliario y financiero.

Hidrovía, puertos y narcotráfico

La privatización del tránsito de grandes embarcaciones por el río Paraná en la llamada Hidrovía, y de los puertos, obligada parada de esas embarcaciones, abrió paso en la última década a una nueva ruta de salida de droga hacia Europa, gran parte de la cual viajaba hasta la primera década de este siglo por el puerto de São Paulo o de Río de Janeiro. Por su parte la privatización de los puertos en la rivera rosarina (los de más volumen de carga de las exportaciones e importaciones del país) facilitó no solamente el ingreso de los estupefacientes que hoy trafican Los Monos, sino que lubricó la exportación fraudulenta de granos y productos del agronegocio, que representan el 70% de las exportaciones argentinas. La investigación sobre la estafa armada por Vicentín contra el Banco Nación desnudó a su vez el circuito de contrabando de exportaciones de granos de la empresa para eludir retenciones y otros impuestos, es de suponer que no es la única empresa que realiza estas maniobras. Quedó entonces a la vista que, por medio de la instalación de una oficina en Asunción y otra en Montevideo donde solo contaba con un par de empleados, lograron por ejemplo registrar enormes volúmenes de exportación ficticia desde Paraguay que siempre salieron por el puerto de Rosario, que “casualmente” también es administrado por Vicentín. Según destacan investigaciones periodísticas y académicas, el control mafioso de los puertos, por su parte, le garantiza al narcotráfico la droga necesaria para la distribución interior. En tanto, el dinero en negro generado por el narco es blanqueado por empresarios inmobiliarios en la construcción de edificios que no son vendidos ni alquilados y permanecen vacíos. Lo mismo que la ganancia que deja el juego clandestino y la trata, o el último negocio ilegal que empezó a extenderse y que también genera violencia, el cobro por la seguridad de cadenas de restaurantes y otros comercios.

Por su parte según destacan investigaciones periodísticas y académicas independientes, la justicia y el sistema de prisiones hacen su parte en el negocio. Entonces, la política tradicional, justicia, empresarios y fuerzas policiales y de seguridad reciben su tajada cumpliendo su rol de protección de esta economía criminal.

Los nombres de la impunidad

A pesar del pedido de desafuero del Senador Armando Traferri por algunos fiscales muy respetados, este trámite no solamente fue rechazado por el Senado Provincial, también la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió que el fuero del senador es absoluto, no cuestionable, por más evidencias que justifiquen una investigación. Traferri es la punta del iceberg de la trama de impunidad; es conocida su relación con el gobernador Perotti, su participación en la selección de jueces y fiscales, su influencia determinante en la decisión del nombramiento y protección de las autoridades policiales, su relación estrecha con grandes empresarios de los principales negocios asociados a los puertos, a los narcos, a los negocios inmobiliarios, a las finanzas, en fin, al circuito del lavado. Es senador provincial del Departamento San Lorenzo desde 2003, es decir, lleva ya 20 años edificando poder provincial, y antes fue concejal e intendente de esa localidad que alberga a la industria aceitera, principal exportadora del país. Traferri construyó el armado político que llevó a la gobernación a Omar Perotti en una alianza que colocó como vice gobernadora a Alejandra Rodenas y con las líneas internas del peronismo comandadas en ese momento por María Eugenia Bielsa y Agustín Rossi. En la actualidad es el jefe del bloque de senadores del peronismo en la provincia. Pero no es solo el peronismo el que apañó y apaña a Traferri, también los senadores de la UCR y del socialismo votaron en conjunto protegiéndolo con la mayoría del PJ cuando fue pedido su desafuero. Incluso votaron juntos una nueva ley, la 13.807, que asignó al Senado el control disciplinario de los fiscales que funciona como una espada de Damocles sobre estos.

El caso de la justicia provincial es similar. La complicidad empieza por la cabeza. La Corte Suprema de la provincia rechazó un pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que solicitaron que el máximo tribunal anulara la votación del senado que le daba protección absoluta a Traferri, pero además obstaculizó el trámite que estos fiscales querían elevar a la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, por la contaminación de la justicia en la trama hay otros fiscales que forman parte de este entramado de protección a los crímenes como por ejemplo el exjefe de Fiscales Patricio Serjal y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy en prisión y que rompieron su lazo con Traferri cuando este les soltó la mano y lo denunciaron para intentar una negociación, mientras que todas las investigaciones periodísticas serias señalan al Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutierrez, como hombre de Traferri y pieza clave de la estructura montada por el Senador.

En lo que hace a las fuerzas policiales no se trata del involucramiento en estos negocios criminales de algunos policías corruptos individualmente, por el contrario, toda la fuerza está comprometida desde las principales jefaturas. Están detenidos, por ejemplo, el exjefe de la Policía de Santa Fe, Jorge Luís Amaya, el exjefe de Drogas Peligrosas Gustavo Spoletti, el exjefe de la División Judiciales, Luis Quebertoque, todos enlazados con los narcos por el expolicía Cristian Di Franco. Sin embargo, en la pirámide que lleva a los Jefes, centenares de agentes de distintos niveles participan necesariamente del negocio. Desde la recaudación de las cuotas de los “kioscos” en los barrios, hasta la inteligencia sobre los objetivos de la violencia, la liberación de zonas y la pasividad u obstrucción a la hora de investigar o perseguir los crímenes. Sin dudas se puede afirmar que las fuerzas están involucradas como cuerpo.

Los narcos locales, la banda de los Cantero, Los Monos, antiguos cuatreros de caballos, son el sector más violento y visible de este entramado. Cobran en merca por el tránsito hacia Europa de la droga por las aguas con jurisdicción en Santa Fe, pero ampliaron su negocio a otras ramas. En acuerdo con la política, las fuerzas policiales detuvieron los enfrentamientos entre las dos principales barras bravas del fútbol local al asignarles una parte de la reventa de cocaína a cada una. Pero con sus jefes principales presos, sobre todo Guille Cantero, aunque siguen controlando el negocio desde la cárcel, la conservación de los territorios se vuelve cada vez más violenta. De toda esta violencia pagan el precio los sectores más jóvenes y vulnerables de la sociedad, además de extenderse el número de víctimas a simples vecinos sin relación con el tráfico. Últimamente se han comenzado a producir asesinatos al voleo para enviarse mensajes entre bandas narcos rivales, como el del artista callejero y bajista de punk rock Lorenzo “Jimi” Altamirano fusilado a las puertas del Estadio de Newell’s Old Boys con un mensaje escrito entre sus ropas dirigido a Los Monos. Está claro que Jimi no tenía ninguna relación con el narco. Después de este asesinato la violencia y este tipo de mensajes fue aumentando.

Toda esta trama se completa con la ruta del dinero, es la respuesta clave sobre el funcionamiento del negocio. ¿Adónde va el dinero de los narcos? ¿Cómo se blanquea esa plata en negro? ¿Cómo se convierte en “capital” ese dinero manchado de sangre? Pero, aunque pretendan que este sea el secreto mejor guardado, se han identificado algunos sectores claves del blanqueo. Y aunque estas investigaciones no lleguen en su mayoría a los juzgados por la protección de la política y la justicia para que no se sepa hasta donde llega la plata negra. Sin embargo, hay casos que desnudaron el recorrido: financieras, cuevas de cambio de divisas, e inversores en emprendimientos inmobiliarios. Todo apoyado en testaferros dispuestos a hacer una jugosa comisión por mover el dinero del crimen. Provenga este de donde provenga, del narco o del juego clandestino, de la trata o de la violencia. Un caso emblemático fue el del excorredor de fórmula uno, exconcejal y empresario de Rosario, Poppy Larrauri que hacía de testaferro para un emprendimiento inmobiliario en Funes para el que ponía el dinero Leonardo Peiti, “empresario” del juego clandestino. Lo mismo sucede con la participación del contador Gustavo Shanahan que fue un empresario “prestigioso”, protagonista de la actividad económica rosarina a través de sociedades y empresas con las que participó en actividades financieras e inmobiliarias y, de modo notable, en Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que utilizó el puerto local para lavar dinero proveniente del narco, no solo del país sino también internacional.

Receta fracasada y maniobra electoral

La semana anterior a la balacera contra el supermercado de la familia Rocuzzo, visitó Rosario Patricia Bullrich. La exministra de seguridad de Mauricio Macri y admiradora de la mano dura indiscriminada aprovechó para despacharse con su propuesta. Omitiendo que su fuerza y el frente que están formando en Santa Fe también gobernó y es cómplice del crecimiento de la violencia, dio su receta clásica, más fuerzas federales para la represión contra el narcomenudeo sin tocar ninguna de las causas de fondo. Ni la complicidad con la política, la justicia y las empresas. El colmo del intento de aprovechamiento electoral fue el de Amalia Granata del mismo espacio que Bullrich que apareció en directo en el sitio donde se produjo la balacera disfrazada con un supuesto chaleco antibalas. Fue repudiada por los vecinos. El tono de estas presentaciones solo buscó impactar en la necesidad de la población de que se detenga la violencia en las barriadas. Pero sin proponer nada nuevo.
El ministro de seguridad actual, Aníbal Fernández, que ya mando fuerzas federales, más de 1000 gendarmes, solo declaró como si fuera un comentarista deportivo, afirmó sin vergüenza que el narco ya había ganado, el responsable del asesinato de Kosteki y Santillán en 2002 tampoco hizo ninguna propuesta que atacará los problemas de fondo. Mientras tanto la posibilista Ciudad Futura que está negociando participar en las Paso provinciales del Frente de Todos en Rosario, solo atinó a pedir un gobierno de todas las fuerzas políticas, sin denunciar que son responsables del desmadre de la situación, y alguna política social insuficiente y parcial.

A todo esto, se suma el acuerdo del presidente Alberto Fernández, el Gobernador Perotti y el Intendente Javkin, en el mismo sentido de aumentar fuerzas policiales y ahora también militares en los barrios.
En síntesis, la misma receta fracasada que deja en pie la trama mafiosa que protege y se beneficia del narco, a la policía, la vieja política y la justicia cómplices.

La propuesta de la izquierda frente a la violencia narco

La respuesta de los partidos del sistema ya fracasó. Y lo hizo porque el criterio que ordena la política del capital es reprimir al último eslabón del negocio: el narcomenudeo. Pero deja intacta la trama de protección policial, judicial, política y empresarial. De vez en cuando y para que aparezca en los medios, se desmantelan algunos kioscos que trafican en los barrios, detienen o asesinan a algunos pequeños traficantes o “soldaditos”. Pero todo vuelve a comenzar.

Es que a las causas que explicamos antes hay que sumarle la desigualdad social y la marginación de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. Escuelas destruidas, clubes desmantelados, represión indiscriminada de sus expresiones culturales y ausencia de salidas laborales dignas empujan al sector más desprotegido de la sociedad. Pero el negocio no lo manejan los “soldaditos” o los dealers barriales. Los capos, la jerarquía policial, la política, la justicia y los empresarios que blanquean son los responsables de fondo. Para desmantelar este círculo de tráfico, violencia y lavado es necesario atacar ese núcleo de la trama de complicidad y desarrollar un plan integral.

1. Un plan para la juventud de los barrios
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Con fortalecimiento y ampliación de los clubes de barrio y acceso y estímulo a la cultura juvenil. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante del narcomenudeo.

2. Auto organización ciudadana
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de WhatsApp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.

3. Seguir la ruta del dinero y construir otro modelo económico
Desmontar los negocios negros, el lavado y expropiar a los que se enriquecen con el narcotráfico y recuperar los Puertos e Hidrovía son pasos indispensables del ataque a las bandas. La recuperación del manejo de los puertos por parte del Estado con control social y del curso del Paraná con plena soberanía son una necesidad. El no pago de la deuda y el repudio del FMI, permitiría revertir el ajuste. Y gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, facilitaría implementar el plan integral que hace falta.

4. Basta de privilegios de los políticos
Hay que terminar con los privilegios de todos los funcionarios políticos: rebajar sus sueldos, obligatoriedad de educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse en el hospital público. Pero también revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado o el dinero lavado. Y específicamente eliminar los fueros absolutos que protegen a delincuentes como el Senador Traferri.

5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para hacer una justicia independiente del poder político. Para lograr una verdadera democratización no van más los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta, por el contrario: a) derecho de elegir y revocar los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados; y b) disponer los juicios por jurados populares para todo delito.

6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras”: en el caso del narco actúan como fuerza de recaudación y encubrimiento del delito narco y otros y para la represión de la juventud y el pueblo pobre y los trabajadores. Entonces habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo a las actuales, de carácter esencialmente preventivo y no represivo y con participación y control social.

7. Legalización
El narcotráfico, sus ganancias, su violencia y el peligro para la salud que representa, se apoya en la clandestinidad. La legalización en manos del estado y con una regulación controlada por comisiones de especialistas de las universidades y de los ciudadanos interesados eliminaría de raíz la causa directa de la violencia y facilitaría el seguimiento y prevención para los que lo necesiten, hasta países como Canadá que nada tienen de izquierdista están dando pasos en esta dirección.

Ante la encrucijada de la vieja política, democratizar la democracia

Cuando surgen las primeras noticias de la investigación, desde el MST- Nueva Izquierda exigimos la renuncia inmediata de Varisco, el llamado a elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente municipal que discuta y establezca  la carta orgánica para el municipio. Desde el año 2008 con la reforma de la constitución provincial quedó establecido en el art. 231 la potestad de los municipios para esgrimir sus propias reglas institucionales, económicas, administrativas y políticas en el marco de un debate con toda la población. Para ello es necesario convocar a una elección de convencionales que compondrán la asamblea que debata y redacte la carta orgánica. Desde entonces ningún gobierno avanzó en generar ese debate. Sería una oportunidad de instaurar mecanismos de mayor participación ciudadana y de mayor control social. Tomar medidas que avancen en una reorganización y democratización del municipio es urgente. La casta política se ha encerrrado en el laberinto de sus propias prácticas y hoy sólo se cuidan las espaldas. Una asamblea constituyente sin condicionamientos, que pueda rediscutir de conjunto la vida política y económica es un camino de participación democrática para salir de la crisis. No es sólo un problema de nombres. Los responsables se tienen que ir, pero hay que cambiar de conjunto las instituciones podridas.
Avanzar en generar mecanismos de revocabilidad de mandatos, sumado a la elección por voto popular de comisarios y jueces son medidas fundamentales para avanzar a fondo contra un régimen de castas y narcopolítica. Seguiremos exigiendo en las calles y en el concejo deliberante como lo hicimos el pasado lunes 2 de julio,
la separación del cargo de todxs lxs funcionarixs involucradxs,  la convocatoria a elecciones y al debate de la carta orgánica mediante una asamblea constituyente municipal para que decida el pueblo.

Nadia Burgos

A si mismo Luis Meiners expreso: «Ademas de investigar a fondo es necesario cambiar profundamente las estructuras de poder. Por eso exigimos la convocatoria a elecciones generales y a una estatuyente electa por voto popular para que el pueblo debata como reorganizar radicalmente el municipio. La revocabilidad de mandatos debería ser un derecho que junto a la elecciones de comisarios y jueces permitirían se avance con mayor celeridad y certeza en causas como esta que se sustentan en un profundo entramado de complicidad.»

En las últimas horas el intendente Sergio Varisco recusó al juez federal a cargo de la causa y logró suspender las indagatorias que debian comenzar el martes 22/5. Estas maniobras, sin embargo, no pueden ocultar la complicada situación legal, moral y política en que se encuentra.
La causa en la que está implicado se deriva de un expediente que investiga una organización delictiva encabezada por Celis, preso hace un año, dedicada a tráfico de drogas, no solo en Paraná, sino también en ciudades cercanas. Comenzó cuando una avioneta cargada de marihuana se estrelló cerca de Paraná. De esta investigación surgió el vinculo de un funcionario municipal que utilizaba el servicio de recolección de basura para la distribución de drogas. Mediante escuchas que se hicieron públicas se pudo ver el vínculo entre Celis y el Concejal Hernandez. En las mismas Celis hace referencia a un acuerdo con el intendente realizado en el marco de la campaña electoral. Días atrás se realizaron allanamientos a la municipalidad y casas particulares de Varisco. A partir de esto la justicia federal imputa al intendente por “participación en la comercialización de estupefacientes.”

Contra la narcopolítica

En este marco, desde el MST – Nueva Izquierda sostenemos la necesidad de que se conforme una comisión investigadora ciudadana e independiente, que vaya a fondo en la investigación de los vínculos con el narcotráfico de esta administración municipal y de todas las anteriores. No es la primera vez que estos negociados saltan a la luz. Cabe recordar las fotos de conocidos narcotraficantes con la ex intendenta Blanca Osuna del FPV, o la investigación en curso del chofer oficial del ex gobernador Urribarri encontrado con 20 kilos de cocaína.
No compartimos la posición cómplice del peronismo de llamar desde el Concejo Deliberante a Varisco a dar explicaciones sobre las imputaciones. Esto sólo le da tiempo para intentar superar la crisis abierta. Consideramos que todxs los funcionarios vinculados al narcotráfico, empezando por el intendente, deben ser separados de su cargo de manera inmediata.
Para enfrentar el narcotráfico, hay que cambiar de raíz las instituciones cómplices. Una actividad de esta escala no puede realizarse sin complicidades políticas, policiales y judiciales. Contra el régimen de la narcopolítica, sostenemos la necesidad de democratizar la democracia. La revocabilidad de los mandatos debe aplicarse a concejales, vice intendente e intendente. Los jueces y comisarios deben ser electos por voto directo, y ser revocables en todo momento. Se debe aplicar un control ciudadano sobre el presupuesto municipal, y que sean los habitantes de Paraná los que decidan democráticamente en que debe ocuparse.
Para avanzar con estas, y otras medidas, es necesario que se convoquen elecciones generales para que sea la ciudadanía la que decida, junto a elecciones para una asamblea estatuyente para redactar una Carta Orgánica de Paraná que modifique radicalmente las actuales instituciones.

Nadia Burgos

Sectores de la juventud (e incluso no tan jóvenes) pasan del simple consumo, que los expone a las redes narcos y la persecución policial, a la organización y la pelea por su derecho a decidir qué plantar y consumir. La pelea de las familias, con las mamás a la vanguardia, por la despenalización de la utilización medicinal fortalece esa tendencia.

Más derechos, menos negocios

Es evidente para el que quiera verlo que la penalización del consumo y autocultivo (cultivo para consumo personal) de marihuana, lejos de resolver algún problema, ha consolidado el recorte de derechos, fundamentalmente de la juventud.
La consolidación del mercado negro de las drogas, de la misma forma que la “ley seca” en Estados Unidos, sólo produce un desarrollo desmedido de las mafias y al mismo tiempo la estigmatización y mercantilización de un elemento de la naturaleza que lejos está de ser responsable del conjunto de males que se le imputan.
La planta de cannabis sativa, como tantas otras, es víctima de la fiebre mercantilizadora del capital, que ha decretado su ilegalidad y al mismo tiempo ha montado alrededor de su comerció ilegal un negocio multimillonario. Víctimas y victimarios se repiten como en tantos otros asuntos.
Por un lado franjas enormes de la juventud se relacionan de distintas maneras con las “drogas” en un contexto de prejuicios, campañas, mafias y persecuciones, expuestos al recorte de sus derechos más básicos, como por ejemplo el de decidir qué plantar y qué consumir. Por el otro lado un conjunto de instituciones legales e ilegales que interactúan para garantizar abundantes negocios y dispositivos de control social.
La despenalización del autocultivo y el consumo personal, representaría en ese marco un avance en derechos democráticos básicos y por el otro lado un golpe a los negocios clandestinos a plena luz del día.

Terminar con los mitos y desbancar la doble moral

Vivimos en una sociedad profundamente narcotizada, nos ofrecen por los medios masivos de comunicación drogas para todo, energizantes y calmantes, para los viejos y para los chicos. Nos venden que determinadas situaciones sólo se superan o mejoran consumiendo determinado producto o determinada marca.
El imperio del consumo construye mitos que embellecen algunas mercancías y castigan a otras, así por ejemplo, es legal desde el punto de vista del capitalismo que te rocíen con glifosato pero es ilegal plantar cannabis en tu patio sin afectar a nadie.
La doble moral del capitalismo fortalece el misticismo y la irracionalidad, por sobre una relación cada vez más armónica con la naturaleza, relación en la cual nuestro aprovechamiento de sus frutos no esté cruzado por la ideología del lucro. Donde no nos acerquemos al consumo de una substancia como un escape de una realidad que nos asfixia, sino desde el desarrollo pleno de nuestras capacidades y derechos, conscientes de sus efectos y los posibles daños y beneficios que puede traernos.

Medicina sí, mercancía no

Cuando un grupo de madres, que poco y nada tienen que ver con el estereotipo de joven drogadicto que instalan los medios, coloca en pleno centro del debate nacional, la despenalización del uso medicinal de la marihuana debido a sus múltiples ventajas y propiedades, se derriban muchos mitos y se fortalecen las características científicas del debate. Sin embargo, detrás de cada derecho conquistado, en el capitalismo hay alguien esperando para hacer un negocio. Creemos que es fundamental, tanto para el consumo individual y recreativo como para el consumo medicinal, que se prohíba a las farmacéuticas y las productoras de transgénicos, que ya se lanzaron a conquistar este “nuevo mercado”. Proponemos la investigación y el desarrollo estatal de medicamentos en base al cannabis y la despenalización y legalización de la planta, el autocultivo para consumo personal y junto con ello un endurecimiento de las persecuciones y los castigos contra los narcos y sus socios.

Terminar con el tridente narco: mafias, poder político y fuerzas represivas

¿Es posible pensar en el desarrollo masivo y extendido del consumo de una substancia ilegal, sin la participación y el ocultamiento por parte de las fuerzas de seguridad y el poder político? La respuesta categórica es no.
En cada uno de los barrios de nuestro país, en muchas de nuestras escuelas, operan verdaderas redes criminales que captan a miles de pibes desamparados y los transforman en soldados de un ejercito de muerte. Amparados y dirigidos por estructuras mafiosas imbricadas en las instituciones del Estado, estas mafias “invierten” en apoyos políticos y judiciales, para luego obtener su recompensa en zonas liberadas e incluso en la asignación de ciertos “trabajitos” especiales.
Es imposible pensar en golpear realmente al narcotrafico sin desmontar los elementos que le dan contención y resguardo y que lejos de estar en la clandestinidad, se expresan a plena luz del día.

Iluminar el negocio oscuro y desmontar el amparo estatal

Como primera medida hay que avanzar en la despenalización del consumo y el autocultivo, como una medida para correr el foco punitivo de los consumidores a los proveedores y redes de narcotráfico. Como segunda medida, hay que avanzar en la depuración y juzgamiento a todos los miembros de las fuerzas de seguridad relacionadas a casos de colaboración con el narco.
En cada uno de nuestros barrios se pueden colocar buzones de denuncia anónima, formar comisiones de vecinos que elijan y remuevan a los comisarios tonificando el control social de la seguridad.
Hoy, el Estado es parte del problema, por lo tanto, sin cambiar profundamente no puede ser parte de la solución. Proponemos la creación de una comisión independiente que investigue a fondo los nexos entre poder político y narcotráfico, con participación masiva de organizaciones de derechos humanos, sociales y comisiones barriales, porque es claro que el poder judicial esta involucrado en el negocio.
La recuperación de los barrios por parte de los vecinos, los trabajadores y la construcción de instituciones democráticas y diferentes a las actuales “vecinales” generalmente ligadas a los punteros que muchas veces son además los “transas” del lugar, es fundamental para desmontar las mafias. No se trata de una tarea fácil. Pero es clave para llevarla adelante contar con organizaciones y referentes que lejos de sumarse y ser parte del negocio estén jugados a enfrentarlo, los partidos tradicionales, o sus variantes ocasionales, están atravesados por estas mafias, no pueden de ninguna manera ser la solución, porque son parte del problema.
Por eso es fundamental para conquistar estos y muchos otros derechos el pasar a la acción y organizarnos en una herramienta política que, junto a muchas otras luchas y reivindicaciones, pelee por ampliar derechos y terminar con los negociados, pelee contra la represión y por la máxima libertad para la juventud, en fin, una organización que pelee por hacer posible lo necesario. Sumate a construirla con nosotros.

Martín Carcione

“No se puede combatir la inseguridad poniendo más policías en las calles. Hay que terminar con la impunidad de los políticos, jueces y policías cómplices con el narcotráfico. Se tiene que elegir a los comisarios y jueces por voto popular, y depurar a todos los funcionarios corruptos”.

Bodart agregó: «Como parte de ese combate consideramos válida la despenalización del consumo, junto a ofrecerle a la juventud perspectivas de futuro de las cuales hoy carece.»