Escribe: Gerardo Uceda

Días atrás, con una clara intencionalidad de recuperar caudal electoral por parte del Frente de Todos, Cristina habló sobre que habría que «repensar» el Sistema de Salud de la Argentina. De contenido, habló tan sólo de coordinar las privadas con lo público. Días más tarde el presidente salió a avalar estos dichos de manera más que confusa, sostuvo lo de la coordinación y hasta se animó a decir que los privados no tienen capacidad para atender todo su volumen de consultas y derivan al público. Para afirmar después contradictoriamente que en el país se había dado una respuesta adecuada a la pandemia, pero que habría que evaluar «cómo optimizar y coordinar el funcionamiento del sistema público, parapúblico y privado de salud».

Con mucha mayor claridad a la hora de defender sus intereses corporativos, Claudio Belocopitt quien lleva la voz cantante de la UAS (Unión Argentina de empresas de Salud) que agrupa a distintos actores de la medicina privada, salió a denunciar que existe en el gobierno un intento de nacionalizar o estatizar el sistema, que se los quiere desfinanciar y fundir. Para concluir amenazando que irían a la justicia para imponer una cautelar que impida modificar el estado actual. No entraremos en este artículo en esta polémica, nos limitaremos a analizar resumidamente la realidad actual del Sistema de Salud de la Argentina. Partimos de la base de no acordar para nada con la opinión de Alberto Fernández de que ha dado buena respuesta a la crisis sanitaria actual y sostenemos que hay que avanzar en la unificación del mismo en manos del Estado y bajo control de los trabajadores y usuarios, cosa que pese a los dichos de Cristina y los temores de Belocopitt está muy lejos de las intenciones del gobierno.

El nacimiento de la salud privada

Resumidamente podríamos situar el nacimiento de la salud privada en la argentina en los años 30, allí con la inmigración sobre todo de italianos y españoles surgen las primeras «asociaciones mutuales», con la Sociedad Española de Beneficencia y la Unione y Benevolenza que se extendieron rápidamente por todo el país, brindando atención a sus socios a través del pago de una cuota que les permitía acceder a prestaciones médicas en sus consultorios y hospitales. Dichas asociaciones persisten hasta nuestros días atravesando periodos de crisis y con distinto grado de desarrollo.

Bajo el peronismo un sector que se desarrolló fuertemente fue el de la Obras Sociales Sindicales, al que podríamos definir como un sistema público no estatal, que luego desarrollaremos mejor y que se sostiene con el aporte de los trabajadores y las contribuciones patronales. En este sector, en el año 1971 se creó también el PAMI que brinda atención a más de 5 millones de jubilados transformándola en la obra social más grande de Latinoamérica, que también es sostenido por el aporte de los propios jubilados y de trabajadores en actividad, pero con mayor injerencia del Estado en sus decisiones.
Fue en la década del 60 en que surge el concepto de medicina prepaga a partir de las mutuales preexistentes. Pero fue en la década del 70 en que pegan un salto cualitativo primero con la fundación de APS que tendría corta vida después de estafar a sus afiliados y la de OSDE quien tomaría su lugar para transformarse en la primera red de medicina prepaga del país y hoy la de mayor volumen de todas.

Durante la década del 80 la medicina prepaga pega un salto en su extensión nacional y en número de asociados, llegando a registrarse cientos de prepagas con diferente nivel de cobertura, muy anárquico y no regulado digámoslo de paso. Pero fue en los 90 bajo el menemismo y el auge del neoliberalismo mundial en que las prepagas toman su mayor impulso, sobre todo a partir del proceso de desregulación de las Obras Sociales que dispuso Menem y que les permitió a las prepagas asociarse estratégicamente al sector sindical, como veremos luego.

Durante décadas las prepagas y mutualidades funcionaron sin ningún marco regulatorio de control estatal, eran ellas las que establecían una cuota, los aumentos y las prestaciones que brindarían, así algunas daban sólo prestaciones de emergencia-urgencia, o bien atención ambulatoria, otras cubrían internación de segundo nivel, etc. Pero básicamente podían negarse y de hecho lo hacían más que frecuentemente a brindar prestaciones de alta complejidad como operaciones cardiovasculares, trasplantes, tratamiento oncológico, etc., que eran derivados sistemáticamente al sector público para que lo resolviese. Fue recién en el año 2011 donde se promulga la Ley 26.682 que regula su funcionamiento, ingresos, cuotas y sobre todo les impone un piso mínimo de prestaciones a brindar dado por el PMO (prestación mínima obligatoria).

Las obras sociales

Todos los efectores descritos, sumados el Sistema Público Estatal de Salud y los Institutos Provinciales que no describimos antes, constituyen el complejo y fragmentado sistema de salud argentino. La proporción de la población que se atiende en cada sector no es fácil de establecer ya que existen variaciones según el propio funcionamiento de la economía. Por ejemplo, durante los 90 con el aumento masivo de la desocupación, el sistema público estatal llegó a atender más del 45%, para bajar luego al 40%. Las prepagas estrictamente hablando no superan el 10% de la población si de asociados voluntarios se trata, pero aumentan su participación si se considera a los trabajadores con sueldos altos que optan por ellas en los llamados «planes superadores», pero sin dudas no llegan nunca al 70% que sostuvo Belocopitt hace unos días en una clara exageración incluyendo a todo los efectores no estatales para polemizar con Cristina y así fortalecer su reclamo corporativo. Fue él mismo, el que en enero de este año declaraba a Clarín que en Argentina había «701 empresas de medicina privada que atienden a 6 millones de afiliados» es decir no más del 13% de la población. Dentro de las prepagas la concentración de afiliados es muy grande, OSDE encabeza con 2 millones, le sigue con 1 millón Swiss Medical y luego en un porcentaje mucho menor Galeno, Sancor, Medifé, Omint, Médicus, Aca Salud y Prevención.
Pero el grueso de la población se atiende en las Obras Sociales sindicales, con 292 registradas, que atienden a más de 14 millones de afiliados (30%). El PAMI considerado también como Obra Social como dijimos atiende un 11% de la población (5 millones), mayoritariamente jubilados mayores. Otros 7 millones (15%) corresponden a los institutos provinciales de obra social como IOMA, OSEP, DOSEP, etc. que atienden a los empleados estatales de cada provincia. Tomado de conjunto entonces el sector «sindical de obras sociales» brinda atención a 26 millones de afiliados (57% del total de la población).
Y una muy pequeña proporción se mantiene aún las asociaciones mutuales y de beneficencia como los Hospitales Italianos, las Sociedades Españolas que tienen distinto grado de desarrollo en diversas ciudades del país.

Un Sistema caótico, desigual e incapaz de responder

Si la composición del mismo es compleja, entender su funcionamiento lo es aún más.
En principio el Sistema Público Estatal atiende a todo aquél que no tenga ninguna otra cobertura ni de obra social, PAMI o mutualidad o prepaga. Lo cual en forma directa sería superior al 30% de la gente. Pero esto en la realidad no se da ya que el Estado se hace cargo de miles y miles de atenciones que corresponden a los otros subsectores, por ejemplo, la inmensa mayoría de los traumas graves por accidentes viales van primero al hospital público donde reciben la atención de urgencia (muchas veces toda la atención) que es la más costosa. También se hace cargo de la mayoría de las internaciones de niños ya que los privados poseen escasas camas destinadas a esa población.

El sector de las Obras Sociales (OS), sobre todo las sindicales, funciona con los aportes de los trabajadores 3% de su sueldo bruto, y las contribuciones patronales, 6% (que fueron rebajadas durante el menemismo y actualmente se busca elevarlas un 1% ante la pandemia). Pero también en el sector la concentración es muy grande ya que el 5% de las 292 que existen absorben el 50% de los afiliados. Este proceso de concentración también se vio favorecido por la desregulación de los 90, lo que entre otros problemas produjo un éxodo de afiliados de las pequeñas hacia las grandes obras sociales que con mayor número podían brindar más prestaciones como descuentos en farmacias, mejores lugares de internación, etc.

Unos capítulos apartes merecen los Institutos Provinciales de Obra Social, ya que éstas, al igual que el PAMI, cuentan con una población cautiva, es decir sus afiliados no pueden migrar a otras obras sociales. La cuota que cobran y las prestaciones que brindan tampoco están sujetas al PMO que rige para las demás y las prepagas, por lo que su atención suele ser muchas veces más que deficitaria.

Entrando de lleno en el terreno de las privadas, digamos que durante décadas hicieron de la medicina un perfecto negocio, donde ellos ponían todas las condiciones, tanto de los montos de cuotas como de las prestaciones que brindaban. Su población objetivo fue sin dudas la gente joven y sana, que aportaba durante años y años sin ocasionar mayores gastos. Y se daban el lujo de rechazar a cualquiera que fuese mayor o enfermo por el temor a que gastase más de lo que aportaba. Cuando su propia población se fue envejeciendo producto del paso de los años, o vino la ley 26.682 que les obligaba a dar un piso mínimo de prestaciones (PMO), lo que también llevó a quejas y amenazas de los dueños de las prepagas, entonces vino el estado a salvarlos a través de múltiples mecanismos. Uno de ellos fue a través de la misma desregula-ción menemista, que les permitió captar a los trabajadores de altos ingresos con cuyo aporte alcanzaba para cubrir la cuota de la prepaga, lo cual no sólo hacía más desigual e injusto el sistema ya que ellos captaban a los de mayores ingresos, dejando desfinanciadas a las OS, sino que les permite a las prepagas zafar de los grandes gastos como prótesis de alto valor, tratamientos oncológicos o inmunológicos, trasplantes y otra serie de altísimo costo, que por esta vía termina pagándolos el Estado a través de fondos comunes llamados APE primero y SUR después. En definitiva, un negocio redondo que llevó a que en la crisis actual el propio kirchnerista Parrilli los haya acusado de haber fugado miles de millones de dólares durante los 4 años de gestión Macri, donde aumentaron sus cuotas por encima de la inflación y los salarios, aunque todos sabemos que el negocio de ellas es transversal a los gobiernos radicales, macristas y peronistas.

¿Quién financia este caos?

En resumen, digamos que el actual y caótico Sistema de Salud es financiado de manera abrumadoramente mayoritaria por los propios trabajadores. Y esto es así porque más del 40% de la gente se atiende de manera directa o indirecta en el sistema público estatal, cuya financiación proviene de la recaudación del Estado, que a su vez proviene principalmente del IVA que pagamos todo el pueblo. A su vez otro 50% que se atiende en las OS, PAMI o provinciales también lo pagamos directamente de nuestro salario o de las contribuciones patronales que no son más que lo que el patrón se queda de nuestro trabajo. Finalmente, las prepagas también las pagan los trabajadores, en general los de mayores ingresos, pero como ya dijimos las prestaciones de alto costo terminan financiadas también ya sea las de las prepagas o de OS por el propio Estado, es decir nosotros.

Encima el sistema es tremendamente injusto ya que la prepagas acumulan enormes ganancias, a través de cuotas que van de los 15.000 a 30.000 pesos mensuales o más, destinadas a un núcleo muy reducido de la población. Eso y no otra cosa es lo que significan los enormes y lujosos edificios de dichas prepagas o sus sanatorios en los casos como Swiss Médical que también los tienen. Lo cual es peor aún con las Obras Sociales, ya que la enorme masa de dinero que recolectan es utilizada como botín de los burócratas sindicales, que se apropian de estos ingresos (que representa 4 a 5 veces más que el ingreso por la cuota sindical pura), para no dar prestaciones de calidad, derivar muchas de ellas al hospital público y hasta como en el famoso caso de Zanola y los bancarios, llegando a adulterar y falsificar drogas oncológicas para robarse esos fondos.

Es por todo esto que desde el MST en el FIT-U venimos sosteniendo que no hay manera de mejorar, reformar o coordinar (como dice Cristina) este desquiciado sistema, que perjudica no sólo a los usuarios y pacientes sino también a todos los trabajadores de la salud, con salarios de hambre, pluriempleo, falta de pagos de prestaciones y un sinfín de problemas más. Menos aún en pandemia. Se necesita un Sistema de Salud de carácter único, donde se pueda contar con toda esa masa de ingresos hoy fragmentada y apropiada por unos pocos privados y burócratas sindicales principalmente, también donde contar con toda la capacidad instalada de infraestructura de hospitales, clínicas, sanatorios, centros ambulatorios, etc. Y sobre todo para poder contar con todo el recurso humano de médicos, enfermeros, técnicos y ayudantes, hoy disperso y no coordinado. Sólo así podremos hacerle frente con probabilidades de éxito a esta pandemia que nos golpea con su segunda ola. Y abordar una reforma sanitaria de más largo aliento.

Ripoll: “Es falso que las obras sociales

no puedan costear los abortos”

Ante la postura de la CGT de que las obras sociales no podrían costear los abortos, la dirigente de izquierda Vilma Ripoll (MST) hoy señaló: “Es una falsedad total, porque el aborto con misoprostol es económico y no requiere internación. La CGT considera su ‘caja’ a las obras sociales, pero se sostienen con nuestros aportes. Por eso el martes 10, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, les haremos un pañuelazo verde ante la sede de Azopardo 802 porque además de burócratas son mentirosos y clericales.”

Ripoll agregó: “El misoprostol ya se produce en el laboratorio estatal de Santa Fe y el ANMAT acaba de autorizarlo en todo el país, lo cual abarata aún más su costo. Hemos iniciado una campaña en todos los sindicatos del país para que las compañeras afiliadas, que por supuesto también abortan, rechacen la postura de la CGT y le exijan que acepte el derecho a decidir.”

El gobierno anunció una posible “estatización” de los fondos de la Obras Sociales. Aprovechando el desprestigio de los viejos dirigentes sindicales que usufructúan esa plata en beneficio propio, pretende hacer caja política y para pagar deuda externa, como lo viene haciendo con la ANSES. Hay que incorporar esos fondos a un sistema nacional de salud pública que garantice la atención gratuita y de calidad de todos los trabajadores y el pueblo.

Orlando Restivo,Secretario de Política Sanitaria de CICOP Secretario de Prensa CTA San Martín/Tres de Febrero

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El anuncio del gobierno de que “estatizaría” los fondos de las Obras Sociales desató una polémica entre dirigentes sindicales cegetistas, funcionarios del gobierno y en sectores de la sociedad. Una vez más, el kirchne-rismo emplea el doble discurso para buscar consenso para sus proyectos.

Por un lado dice que quiere quitarle las Obras Sociales a los sindicalistas que usufructúan el dinero de los trabajadores. Pero por otro intenta agrandar la caja del ANSSES para mantener su campaña político-electoral de cara a Octubre, pero fundamentalmente para poder seguir sosteniendo su costumbre de comprar voluntades políticas con la “billetera” K. No es casual que tome esta medida, frente a los nubarrones que coloca la crisis internacional en el panorama económico. Una vez más, en vez de sacarle a los ricos, echa manos de los fondos de los trabajadores.

Fuente de privilegios de la burocracia sindical

No hay dudas para la gran mayoría de la gente y los trabajadores en particular, que mayori-tariamente los dirigentes sindicales de la CGT son verdaderos millonarios o directamente empresarios y esto lo lograron en las ultimas décadas robándole el dinero a los trabajadores no solamente con las cuotas sindicales, sino “administrando” los fondos de la Obras sociales. Los trabajadores deberían ser son los beneficiarios directos de las Obras Sociales. Pero son quienes tienen que padecer las consecuencias -a veces mortales como en el caso de los medicamentos truchos de Zanola- de los negociados entre burócratas sindicales y empresarios. Además de sus vínculos con distintas mafias y hechos de corrupción.

Personajes nefastos como Pedraza (inspirador del asesinato de Mariano Ferreira), Gerardo Martínez (UOCRA), Viviani, Cavalieri, etc. son tan odiados por el conjuntos de los trabajadores que nadie se atrevería a decir que está mal que le quiten el control de las Obras Sociales.

Estamos de acuerdo en que deberían dejar de controlar los fondos que pertenecen legítimamente a sus dueños, los propios trabajadores, que deberían ser quienes controlen democráticamente esos fondos.

Pero también alertamos que si el gobierno pasa a manejar esos fondos, el problema de la corrupción pasaría de los odiados burócratas sindicales a funcionarios gubernamentales que no son ninguna garantía para la transparencia en el manejo de los fondos como lo demuestran los casos Schocklender y el INADI, entre otros. El manejo corrupto de las Obras Sociales es sin duda uno de los problemas estructurales que este gobierno no ha resuelto, como en definitiva, el problema de la salud pública, con presupuestos paupérrimos y un sistema completamente fragmentado.

¿Qué pasa con las Obras Sociales?

En la década de los 90, se desregularon las obras sociales. Muchos decían “está bien que uno pueda elegir la OS para conseguir la que mejor servicio ofrece” y otros “por qué tengo que tener peores prestaciones que la OS de Fulano si yo pago igual” y otro comentarios por el estilo.

Esto es así porque después de la debacle producida por el neoliberalismo con Menem y sus secuaces, los trabajadores perdieron infinidad de conquistas sociales y se flexibilizaron la economía y las relaciones laborales, así que lo que debería ser un derecho de todo trabajador pasó a ser un privilegio de algunos.

Las Obras Sociales ingresaron al “mercado” y de la mano de las AFJP, las ART y otros inventos para achicar de modo indirecto el salario de los trabajadores dejaron de ser un “bien común” administrado por el sindicato para ser un “negocio” para aumentar las ganancias de los patrones y como tal generar desigualdad entre unas Obras Sociales “grandes” con muchos afiliados y otras “chicas” con pocos afiliados que no pueden brindar más que un servicio de salud y social pobre aunque los jerarcas sindicales y los burócratas igual amasan sus ganancias pingües.

Por eso una verdadera transformación de las OS que sea a favor del trabajador debe considerar la igualdad en primer lugar. Porque todos los trabajadores tienen las mismas necesidades y tienen derecho a un servicio de salud adecuado. Por eso es que ahora CFK trata de capitalizar el odio popular pero este problema ya existía cuando Néstor Kirchner asumió en 2003 y todos estos años (ya van 8) dejaron correr los negociados de los Moyano y compañía. Por eso hoy en día también este proyecto le sirve, al gobierno, colateralmente, para embretar a Moyano que cacarea con reclamos para negociar por debajo de la mesa.

Los trabajadores son los dueños de los fondos

Aunque ahora relativizó el anuncio inicial, el gobierno está barajando disponer de esta plata. Más allá de cuál sea el formato final, seguramente no apunta a que Ud. tenga una Obra Social mejor sino a fortalecer el ANSSES y con él seguirán los negociados entre las OS y las clínicas y servicios de salud privados. Y solamente habrá una mayor caja K.

Para que las OS funcionen bien y ofrezcan el servicio de salud y social que nos merecemos los trabajadores privados y estatales, activos y pasivos (no olvidemos que el PAMI es la mayor Obra Social del país), los únicos que podemos garantizar un funcionamiento transparente de las cuentas de las OS, del dinero que todos los trabajadores aportamos mes a mes de nuestros salarios (y el que deberían aportar los patrones también al ANSES), somos los propios trabajadores. Para eso sería necesario que se democratizara el funcionamiento de las mismas. Cristina no puede tocar un solo peso sin consultar democráticamente a los verdaderos dueños.

Hacia un Sistema Único de salud pública

Es hora que los trabajadores organizados, mediante mecanismos que aseguren participación activa y democrática establezcamos las reglas de funcionamiento y discutamos con las patronales en pie de igualdad y sin intermediarios millonarios, como los burócratas sindicales de la CGT, que no velan por nuestros intereses sino por sus departamentos, autos, casas quintas y yates.

Estamos de acuerdo con el argumento de que hay que sacarle a los “gordos” y a los jerarcas de la CGT el control de esos fondos. En eso coincidimos con CFK. Pero no creemos que una organización dirigida por “La Cámpora” sea la alternativa. La alternativa de transparencia son los representantes elegidos por los trabajadores. Y la inclusión luego de un profundo debate de las Obras Sociales en un Sistema Único de salud público, estatal y gratuito, administrado democráticamente por los trabajadores del sector y los usuarios.

]]> https://mst.org.ar/2011/08/31/la-complejidad-de-la-trama/ Wed, 31 Aug 2011 13:30:24 +0000 http://www.mst.org.ar/2011/08/31/la-complejidad-de-la-trama/ En el sistema de salud argentino conviven, se ensamblan y hasta se superponen tres subsistemas: el público (nacional, provincial y hasta municipal), que representa un 2.7% del PBI; el de la Seguridad Social, que significa un 3.6% del Producto (obras sociales sindicales y PAMI) y el netamente privado (empresas de medicina prepaga, clínicas) con una participación del 3.3% del PBI. Además, los tres subsistemas están cruzados por una gran complejidad de financiadores y prestadores de servicios.

Entre los financiadores, dentro del subsistema de seguridad social coexisten las obras sociales sindicales y el PAMI; juntos representan un 38% del gasto total.

Las obras sociales, administradoras de servicios de salud sin fines de lucro, están clasificadas en dos grupos: las nacionales reguladas por la ley 23.660 (el 60% del gasto) y las provinciales (con un 40% del gasto). Se trata de más de 300 instituciones que manejaron, el año pasado, el 29% del gasto ($ 29.072 millones); es un beneficio para trabajadores registrados en blanco (con empleos públicos o privados) junto a su grupo familiar y se atienden a través de ellas, 20.805.142 habitantes.

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