Escribe: Cele Fierro

Estas semanas han sido una escuela de nivel avanzado sobre política y organización, quienes pintan canas ya las han pasado a todas, la juventud empieza esa escuela acelerada, que no por rápida deja de ser muy importante, sobre todo las conclusiones que se sacan para un futuro, no lejano.

En una entrevista a un medio televisivo un pibe decía, “el peronismo, los sindicatos no salen, al final, yo no soy trosko pero siempre terminan saliendo los partidos de izquierda, a poner la cara, a comer los palazos”. Corto, simple, y sobre todo claro.

Claridad que no tienen los que hasta hace poco eran gobierno, del campo “nacional y popular”, defensores de los DDHH, que en el parlamento hablan contra la ley de Milei, pero en la calle, que es donde sabemos se resuelven estas disputas, no estuvieron. Algunos incluso han dicho que aún no es tiempo, el ex-candidato a presidente de UxP directamente dijo que el paro fue muy apresurado. Lamentablemente, para quienes han acompañado este proyecto durante los últimos años, todas estás definiciones políticas actuales se suman al fracaso del gobierno de coalición peronista. Gobierno que al aplicar un fuerte ajuste y seguir la hoja de ruta del Fondo y las corporaciones, generó enorme descontento y así abrió la puerta para que hoy nos gobierne esta derecha reaccionaria.

Donde hay que estar para avanzar

Por supuesto, desde la izquierda estamos donde hay que estar. Cuando hay que defender una causa justa, ahí estamos, y siempre estaremos. Lo que es clave en este momento, es discutir y dar pasos para superar los límites que se alcanzan en términos de organización y representación política. Si bien, en el marco de la polarización política y social (no es un invento argentino) que se vive a nivel mundial, en esta danza de la disputa de clases, la ultraderecha ha logrado estructurarse en términos políticos-organizativos: armaron partido, crearon coaliciones, ganaron elecciones, pero les cuesta consolidarse y avanzar por la fuerte resistencia que tienen enfrente. Por ejemplo, en nuestro país, hasta ahora Milei no logra expresar su base social en la calle. Justamente, en la calle está el otro polo, antagónico, el que es más activo, dinámico, masivo, y ocupa las calles luchando por derechos sociales y democráticos. En ese polo estamos desde la izquierda, impulsándolo, potenciándolo, coordinando fuerte desde la multisectorial junto a las asambleas y la cultura. El desafío enorme es a la vez de mantenerlo, ampliarlo, cómo construimos y fortalecemos desde su seno una alternativa política con la fuerza y la dinámica de la calle.
Esa es la tarea que se presenta como inmediata: fortalecer una gran alternativa política junto a la izquierda, en el medio que transcurre la lucha, la resistencia en la calle. Porque no se puede confiar en aquellos que nos piden esperar, ¿esperar a que el pueblo sea más pobre? ¿Esperar a tener más compañeros detenidos, golpeados? ¿Esperar a tener más compañeros despedidos? No es por ahí. En la calle es luchando ahora y con miles convocados y organizados.

No hacer lo que ya fracasó, sino algo nuevo

En lo político es no repitiendo viejas frustraciones. No es dando la pelea por adentro del PJ como vendrán soluciones. Sus diferentes alas, desde las que apoyan a Milei hasta las que se pintan de progres, no pueden ofrecer un camino de soluciones. La historia ya ha demostrado que no la tienen, porque ese viejo partido es una estructura al servicio de los sectores del capital y el FMI. No escuchan a las bases populares, que son las que se manifiestan junto a la izquierda. No escuchan porque directamente defienden intereses de clase opuestos.

Para que la bronca no se transforme en resignación, y para que las expectativas no se vuelvan a frustrar, invitamos a miles de compañeras y compañeros con quienes compartimos la calle, a salir de esa coalición política dirigida por el PJ. Invitamos a que se animen a construir y fortalecer algo distinto, junto a la izquierda con una perspectiva anticapitalista y socialista. Así como le seguimos proponiendo a los demás partidos del Frente de Izquierda Unidad, que nuestro frente con su sólido programa tiene que convocar a miles de trabajadores y jóvenes, abrir canales de participación a independientes, a intelectuales, a organizaciones sociales y referentes. Desde el MST queremos un frente mucho mejor, sin electoralismo y con perspectiva de disputar en todos los terrenos, ayudando así a que la izquierda tengamos un mayor peso político con la incorporación de una parte importante de ese activo que hoy se mueve en las calles. De esa conjunción tiene que nacer algo superior y mucho más fuerte.

Dar vuelta todo

Los de arriba sacaron la conclusión que las medias tintas, lo tibio, lo gradualista no les rinde para salir de la crisis que se profundiza por la misma lógica capitalista. Tienen que ir a fondo y eso están intentando ahora con Milei y Bullrich. Esta conclusión, es buena tomarla también, para analizar y proponer alternativas de este lado de la vereda. Nosotras y nosotros también queremos ir a fondo, dar vuelta todo, pero en sentido opuesto a Milei y todas las derechas.

Hoy más que nunca la idea de socialismo o barbarie está sobre la mesa. Ellos quieren llevar al conjunto de las y los trabajadores, de los sectores populares a la barbarie. Y frente a eso propuestas que no se plantean romper con los límites de este sistema, no van a ser otra cosa que una nueva frustración. Por eso la tarea es fortalecer un proyecto que plantee y tenga como programa la transformación económica y social de fondo. Un proyecto integral, anticapitalista por los enemigos de clase que enfrenta y denuncia, socialista por el carácter de nuestras propuestas y medidas.

Queremos un proyecto donde las y los trabajadores gobernemos, y tomemos las riendas de todas nuestras riquezas y los grandes resortes económicos del país, para decidir que hacer y al servicio de quien, sin capitalistas, sin FMI, sin partidos tradicionales ni castas políticas privilegiadas. Sin podridas instituciones corrompidas y fortaleciendo organismos democráticos nuevos, de obreros, de sectores populares y de la juventud. Con esa fuerza de abajo construir una nueva sociedad y abrir un nuevo tiempo.

Escribe: Gerardo Uceda

A un mes de las PASO, en medio de un agravamiento profundo de la crisis económica y las penurias del pueblo, que incluyen devaluación del peso, aceleración de la inflación, aumento de la pobreza, caída a niveles críticos del consumo popular, escalada del dólar blue y por supuesto súper ganancias de las grandes corporaciones que aprovechan la situación para su beneficio, la economía se transformó hace mucho en la principal preocupación de la gente. Conscientes de esto, los tres principales candidatos de la burguesía salieron a ajustar lo que serían sus planes económicos si llegan a la presidencia.

Por supuesto que sus propuestas están condicionadas por varios factores, por lo que hay que analizarlas con pinzas. Un factor importante es la ubicación en la que quedaron en el ranking que ordenó las PASO, así Milei siendo el primero, ahora intenta matizar un poco sus originalmente bestiales propuestas, Bullrich relegada al segundo con JxC, tuvo que salir a buscar ayuda desesperada en un siniestro economista (Melconián) funcionario y agente de la dictadura, de Cavallo y de cuanto plan neoliberal haya existido en la Argentina, para que explique lo que a ella le resulta imposible dado que como se nota, la economía no es su fuerte. Por último, Massa aunque tercero en el podio, a pesar de ser el ministro-presidente de este desastre y el que aplica el ajuste directamente mandatado por el FMI, piensa que puede tener chance de ubicarse segundo y entrar en el ballotage haciendo algunas mínimas concesiones a sectores del movimiento de masas y algunos anuncios de supuestos aprietes a los sectores empresarios, para posar como algo más progresivo frente a tanta derecha y ultraderecha que llenó el espacio electoral este 2023, y así recapturar votos entre los que no quieren que vuelvan los tiempos de Macri ahora recargados con las figuras de Milei o Bullrich.

Veamos resumidamente las principales propuestas de ellos, sobre las cuales haremos nuestras acotaciones a fin de explicitarlas, descubrir las trampas detrás del palabrerío técnico o economicista y a fin de desenmascarar el verdadero común denominador de los tres que, no es otra cosa que una vuelta de tuerca feroz al ajuste sin fin que vivimos los trabajadores y el pueblo desde hace años y que pareciera no tener fin. Para por último delinear las urgentes medidas que proponemos desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad para efectivamente sacarnos a la inmensa mayoría de esta crisis económica.

Milei: un anticasta que se adapta

No sólo por haber salido primero sino porque sus propuestas de campaña pre-PASO fueron tan de extrema derecha que debiera ser un tema de preocupación para todos, Javier Milei ha salido en cuanto medio de comunicación y redes sociales pudo a tratar de explicar su programa. De las bestiales propuestas ultraliberales como que la gente tuviera que vender un hijo o un riñón para poder subsistir a hoy se nota un cambio no exento de doble discurso (típico de la «casta» que dice combatir) como veremos. Hoy si bien sostiene que no existe el cambio climático y que las empresas tienen todo el derecho del mundo de contaminar toda el agua que quieran porque es gratis, ha bajado los decibeles de sus antiguas propuestas para adaptarse al establishment para el que no resulta confiable. Tanto así que, desde Wall Street, hasta Inglaterra lo critican y dudan de la factibilidad y aplicabilidad de su plan. Hasta se unieron cerca de 200 economistas argentinos para decir que su dolarización es un espejismo.

Milei entonces está en una disyuntiva para ganar votos ultras, que lo votaron porque querían dinamitar todo, sigue insistiendo en reventar los ministerios, contaminar el agua, dinamitar el Banco Central y hasta eliminar el CONICET. Pero para congraciarse con el régimen y los capitalistas dice que la dolarización llevará años implementarla, igual que las privatizaciones de la salud y la educación. En fin, como ve que es posible que sea electo modera su radical discurso para no caerle tan mal, a la casta. Pero, sin embargo, su plan es el más extremo en cuanto ajuste se refiere, veamos reformas económicas y políticas que propone:

Dolarización. Es su caballito de batalla, ahora lo mediatizó más aún, luego de que todo el mundo burgués opinara que es impracticable. Busca generar en la gente la doble ilusión de una economía más estable, sin inflación y la gente ganando sus salarios en moneda fuerte.
La verdad es que no tiene de dónde sacar los dólares, nadie le prestaría a la Argentina la suma necesaria para que pueda comprar todo el circulante en pesos y convertirlo en dólares, a menos que por cada dólar haya que cambiarlo a $ 10.000 o más lo que sería sepultar el poder adquisitivo de millones y la generación de un conflicto social inmanejable. Sin contar con que, con los desajustes macroeconómicos, la dependencia de nuestra economía en general, la inercia inflacionaria, etc. a poco de instalarse la dolarización, la Argentina empezaría a tener su propia inflación en dólares (cosa que ya pasó en el menemismo y terminó en la crisis del 2001 por ejemplo). Otros problemas agregados serían el hundimiento de la industria nacional incapaz de competir con el mundo si tiene todos sus costes en dólares. Sobre todo, si se le agrega su propuesta de abrir completamente la economía sin aranceles a las importaciones (a la chilena dice él) otra vez nos llenaríamos de manufacturas chinas y del resto de mundo que tienen un costo mucho menor que el nuestro y mayor producción, llevando al cierre de fábricas y miles de despidos como pasó en los 90. La eliminación del BCRA es otro de sus caballitos de batalla, culpándolo de la inflación, la emisión monetaria, etc. sin decir que sólo 10 países y absolutamente marginales no tienen su Banco Central, mientras que todas las principales potencias mundiales sí lo tienen, Sobre esto no dice nada el despeinado que siempre cita como ejemplos a EEUU, Inglaterra y demás.

Reducción drástica del gasto público. Sería del 15%, lo que llevaría a millones de despidos en el Estado, desde la educación hasta la salud, pasando por el Conicet y demás sectores. Esto significaría una baja aproximada de 5 puntos del PBI. Es una falacia decir que esto se lograría bajando el costo «de la política» o de los «planes sociales» ya que ni de lejos su costo se acerca al 5% de PBI. Sólo se consigue con las siguientes reformas que piensa llevar adelante.

Reforma Laboral. Piensa implementar el modelo de la UOCRA, es decir de precariedad y estabilidad cero, con un seguro de desempleo, sin derecho a indemnizaciones ni a hacer juicio si sos injustamente despedido. A esto lo acompaña también de una reforma previsional donde nadie tenga tampoco asegurada su jubilación.

Privatizaciones. Se ha pronunciado públicamente por la privatización de la salud pública, un bien que ubica a la Argentina entre los más avanzados de Latinoamérica y que quiere borrarlo para que pase a manos de la ganancia de las privadas (prepagas, obras sociales) con el consiguiente despido de trabajadores de la salud. La privatización de la educación, con un sistema de vouchers que ya fracasó en todos los lugares del mundo donde se aplicó como en Chile. La privatiza-ción de todas las empresas públicas que quedan para que de ellas hagan su negocio los grandes capitales, completan su lista.

Eliminación de subsidios. Milei sostiene que cada bien o servicio debe pagarse al valor de mercado, es decir que las empresas podrán y deberán aumentar exponencialmente las tarifas que deberemos pagar los trabajadores y el pueblo al precio que ellas impongan.

Revalorizar las FFAA. Es claro que sabe Milei que este plan no puede entrar ni de lejos sin represión, por eso desde su vicepresidenta hasta todo su mensaje es el de fortalecer el polo represivo, aumentando el rol de las FFAA y hasta del sistema de inteligencia Nacional.

La encrucijada de JxC

A sabiendas que había quedado desdibujada y que ella misma poco y nada sabe de economía, Bullrich tuvo que salir a buscar los servicios de Melconián, oscuro personaje con pasado en la dictadura y en el cavallismo. Para que con la Fundación Mediterránea puedan ofrecer alguna oferta económica de derecha, pero no tan radical como la de Milei. Difícil trabajo que los deja en una situación ambigua de querer ajustar, pero sin que parezca tanto. ¿Qué nos proponen estos personajes, aparte de generalidades como decir que la economía argentina tiene solución y que hay luz al final del túnel?

Tipo de cambio equivalente para importaciones y exportaciones. Como ya no se atreven a decir que saldrían del cepo como hizo Macri y que llevó a una devaluación brutal a poco de asumir, dicen que con esta medida se acabarían las distorsiones y acabarían con la brecha cambiaria, sin dar muchas explicaciones de por qué pasaría esto, si el problema central que alimenta la brecha es la falta de dólares ingresados vía exportaciones o inversiones extranjeras en el país, cosa que no explican.

Economía bi-monetaria. Con una teórica igual circulación del peso y el dólar (intentando contrarrestar al efecto Milei) no sólo es impracticable, sino que generaría todo tipo de distorsiones y diferencias entre los trabajadores, por ejemplo, los estatales cobrarían en deprimidos y no queridos pesos, mientras que algunos privados podrían cobrar en dólares. Los comerciantes querrían dólares y no pesos, etcétera. Esto es algo viejo que se intentó aplicar en algunos países y siempre el resultado fue malo porque la moneda débil (el peso) siempre sucumbe ante la fuerte (dólar).

Reforma Laboral y previsional. Como estos dos puntos son cruciales y a la vez una exigencia del FMI y el imperialismo en su totalidad, aquí no se andan con vueltas. Dicen que hay que flexibilizar el trabajo, atacar las indemnizaciones y lo que llaman «la industria del juicio» (que no es más que el derecho que tenemos los trabajadores de reclamar lo que nos corresponde cada vez que nos echan sin motivo alguno). También elevar la edad jubilatoria a lo «Macron o Lacalle Pou»

Massa: de ministro ajustador a candidato

El ministro tiene la más difícil de las tareas, porque asumió ajustando un 20% el gasto de caja, bajando planes sociales, achicando partidas para educación y salud, etc. Y el acuerdo firmado con el FMI le exige cada vez más y él fiel lacayo lo cumple, por eso devaluó el 22% al día siguiente de las PASO y la economía se incendió, el dólar trepó, igual que la inflación. Quiso curar el cáncer con una aspirina y dio un bono miserable a unos pocos trabajadores, le bajó $500 el monotributo a los cuentapropistas y fue incapaz de generar un nuevo IFE aunque sea mínimo porque el FMI se lo prohíbe. Eso sí a los empresarios les dio dólar diferenciado, a los exportadores a $350 y la perspectiva de seguir aumentándolo según lo pida el Fondo. Hasta ahí el Massa real, el que todos conocemos y odiamos. Pero también tiene que ser candidato y entonces propone bajar el impuesto a las ganancias de los trabajadores llevando el piso a $1.770.000 para octubre (si lo votan a él claro), ajustar a los empresarios y jueces que no pagan ganancias y que evaden el 4,5% del PBI en lo que llaman el gasto tributario que no es más que reconocer que los empresarios no pagan ganancias. O las eluden beneficiándose con regímenes de promoción económica que superan los 463 mil millones de pesos anuales. Por eso no nos extendemos mucho más con Massa, porque más allá que quiera juntar votos posando de progresista y que va a atacar la ganancia de los empresarios y tirar un peso a los trabajadores, es el que hace tiempo viene cumpliendo con las ordenes y los ajustes del FMI.

El plan de la izquierda: la única alternativa

Como vimos los candidatos del régimen y de la derecha, en todas sus variantes solo nos proponen ajuste y que la crisis la paguemos los de abajo. La izquierda es la única que propone un plan distinto, opuesto al de los grandes capitales y ordenado por el Fondo. Un plan para que la crisis económica la paguen los que nos llevaron a ella y que durante años se llenaron los bolsillos incrementando sus ganancias a niveles obscenos. Para ello proponemos:

Romper con el FMI y no pago de la deuda externa. Porque desde hace más de 40 años que venimos pagando y cada vez debemos más, Macri nos endeudó, Alberto y Massa siguen pagando y cada vez debemos más. La deuda es fraudulenta, ilegítima e ilegal. Por eso proponemos suspensión de todo pago. Con esa plata sobrarían los dólares para recuperar reservas, aumentar los salarios y poder invertir en salud y educación.

Nacionalizar el comercio exterior y la banca. Para evitar la fuga de capitales y las maniobras con las facturaciones, que superan los U$S 20.000 millones al año como mínimo.

Reforma tributaria e impositiva al contrario de los candidatos del ajuste, nosotros proponemos que al Estado lo sostengan las grandes corporaciones y fortunas a través de impuestos progresivos a las grandes ganancias, que hoy se apropian del 80% del PBI.
Plan de obras públicas y viviendas populares. Con el dinero resultante del no pago, de evitar la fuga de capitales y la reforma tributaria que proponemos, sobraría la plata para poner en marcha un verdadero plan de obras públicas estructurales, inversión en cambiar la matriz energética por variantes no contaminantes y un plan de miles de viviendas populares, lo que generaría trabajo para millones de argentinos hoy sumidos en la desocupación o la precariedad laboral. En el mismo sentido bajar la jornada laboral a 6 hs, manteniendo el salario permitiría la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, contando sólo las grandes empresas con capacidad de ejecutarlo.

Aumento inmediato de salarios y jubilación. Como es urgente recomponer el poder de compra proponemos actualizar salarios, jubilaciones y planes sociales al nivel de la canasta familiar.

Atacar la inflación desde sus orígenes. Sobran las pruebas que muestran que en la inflación de nuestro país un factor determinante es la especulación de los formadores de precios, para ello proponemos la aplicación de un fuerte control de precios por parte de trabajadores y consumidores, aplicación de la Ley de Abastecimiento para evitar los sobreprecios y el acaparamiento. Proponemos eliminar el IVA a los productos de consumo popular y masivo.

Estas son algunas de las medidas de urgencia que proponemos desde el MST y el FIT Unidad para dar salida a la crisis que sufrimos todos los trabajadores para que de una vez por todas la paguen los que la generaron: los capitalistas.

Cele Fierro agregó: “Es cínico que Bullrich justifique su nuevo ‘servicio’ en la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Para colmo la inscripción se abre el 1º de agosto, cuando se cumplen dos años de la desaparición de Santiago, y entre las sedes incluye Campo de Mayo, que fue un centro clandestino de detención y debiera ser un sitio de memoria. Rechazamos esta medida antidemocrática que busca profundizar la militarización social y de la juventud”.

Alberto Fernández, funcional a este engendro del gobierno macrista, dijo que «es mejor que hagan eso antes que no hagan nada». Una vergüenza total.
El 1ºA, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocamos a Plaza de Mayo para repudiar esta medida represiva y exigir justicia por Santiago y no al cierre de la causa.

Cele Fierro agregó: “Con enjuiciar a algunos policías no alcanza, porque la responsabilidad política de estas muertes injustas es de Bullrich y el aparato del Estado. Los jóvenes de nuestro país necesitan un plan urgente de inclusión educativa y laboral, no gatillo fácil ni represión policial.”

En marzo, el Laboratorio Craveri echó a 47 laburantes y se desató un conflicto. Pese a la negativa patronal, el 3 de abril los cinco delegados entraron a la planta a hacer una asamblea. Por orden de la Fiscalía Contravencional 26 la policía entró y los detuvo bajo falsos cargos. Más tarde, por la presión gremial, fueron liberados.
El mismo 3 de abril, antes de la marcha de sectores de la CGT y las CTA, en La Plata la policía detuvo a cuatro choferes y ex trabajadores de la Línea Este. La orden la dio la fiscal Virginia Bravo, de la UFI 7, por un conflicto gremial ocurrido en 2017 en contra de despidos y por mejores condiciones de trabajo.
Entrar a una empresa a llevarse delegados o detener activistas la noche previa a una marcha son métodos que, de alguna manera, evocan el accionar de la Triple A o la dictadura. La policía y la justicia actúan en favor de las patronales y el gobierno con descaro y avasallando derechos y garantías constitucionales.
Lo mismo pasa con la injusta prisión preventiva de Daniel Ruiz, obrero y militante del PSTU, detenido por la marcha del 18D de 2017 contra la reforma jubilatoria: lo acusan de “delitos”excarcelables, pero el gobierno lo retiene desde hace casi ocho meses como un ejemplo para disciplinar al activismo.

No a la baja y la reforma penal

Con la idea de aprobarlo antes de junio, Macri y su ministra Bullrich enviaron al Senado su proyecto de reforma del Código Penal. Si bien despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, todo el texto tiene un claro objetivo punitivista: propone endurecer las penas para varios delitos, en especial las figuras jurídicas que se aplican contra las luchas sociales y contra el derecho al aborto.
A la vez, en Diputados se inicia el debate sobre otra norma de “mano dura”: el nuevo régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Si ya el gobierno K defendía bajarla a 16 años, Macri y Bullrich quieren empezar aun antes. Pero toda la experiencia mundial y nacional -incluidas las fracasadas leyes Blumberg- demuestra que aumentar el poder punitivo del Estado nunca reduce el nivel de delito: lo único efectivo son las medidas de prevención, antes de que ocurran los hechos. Más aún para la niñez y la adolescencia, que necesitan políticas públicas de inclusión social y no de exclusión ni de castigo.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estamos preparando una marcha unitaria a Congreso para cuando comience el debate del régimen penal juvenil, previsto para el 9 de mayo.

Pablo Vasco, CADHU-MST

La excusa del gobierno nacional de Cambiemos, que acompañan no pocos voceros del PJ y el massismo, es que con su proyecto la inseguridad va a disminuir. Y que ellos para nada pretenden criminalizar a los niños, niñas y adolescentes, sino poner en pie «un régimen penal juvenil» con programas de reinserción educativa y social…

Las organizaciones presentes en la protesta, con muchas trabajadoras y trabajadores estatales de áreas de Niñez y Adolescencia, que conocen la problemática en forma directa, denunciaron la hipocresía de esos funcionarios que hablan de «cuidar» y «reinsertar» a quienes descuidan y excluyen todos los días mediante recortes presupuestarios y vaciamiento de todos los programas vigentes. ¡Les pibes precisan comida, techo, educación y recreación, no balas ni cárceles!

Habilitar el ingreso al sistema penal a una edad más temprana, aparte de regresivo respecto de los estándares internacionales de infancia, incumple las recomendaciones del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, de mayo de 2018. Las conclusiones de ese organismo fueron contundentes: «Adoptar una ley juvenil integral adecuada a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los estándares de justicia juvenil, especialmente en relación a asegurar que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y por el menor lapso posible, que no incluya previsiones de incrementar la duración de las penas ni reducir la edad de responsabilidad penal».

Reproducimos abajo la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario que integramos desde el MST y el CADHU. El EMVJ acompañó la protesta del 19F y llama a marchar a Congreso el jueves 28.

No a la baja de edad de imputabilidad. Basta de represión y gatillo fácil

El próximo 28F un amplio arco de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos nos movilizaremos contra la avanzada represiva del gobierno macrista, cuyos principales puntos incluyen impulsar la baja de edad de imputabilidad, mantener presos y presas políticas, y el aumento de los casos de gatillo fácil en el marco de la «doctrina Chocobar».

Esta política represiva que persigue a las y los luchadores y busca disciplinar a los sectores populares es la otra cara del ajuste que aplican: los tarifazos, los despidos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social sólo pasan con represión. Además, en un marco electoral y de «bolsonari-zación» de la política, tanto el macrismo como aquellos representantes del PJ que posan de opositores hacen promesas de «mano dura» buscando aumentar su popularidad.

En ese marco, desde el macrismo se arenga nuevamente la baja de edad de imputabilidad, como años atrás hiciera el gobierno de CFK con su régimen penal juvenil como supuesto medio para aminorar el delito. En realidad es un salto represivo contra los más jóvenes, que no tiene ningún impacto en los problemas de seguridad ya que menos del 1% de los delitos graves son realizados por menores de 18 años, pero que avasalla los derechos de niños, niñas y adolescentes e incluso contraviene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de rango constitucional.

El gobierno miente con descaro: presenta esta reforma con la supuesta finalidad de fomentar la responsabi-lización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante servicios y programas socio-educativos. Pero lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.

Según el último informe del INDEC, de diciembre de 2018, del total de desocupados del país el 55,4% son jóvenes. Del total de la población, el 27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29 años la pobreza sube al 32,9% y entre 0 y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos etarios son los más golpeados por la pobreza y la indigencia. Además son el sector más golpeado por los abusos sexuales y las redes de trata y explotación sexual.

Mientras tanto, el disciplina-miento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Bajo el gobierno kirchnerista aumentó a un caso cada 28 horas. Y con Macri pegó un salto, llegando a un caso cada 21 horas. La «doctrina Chocobar» de Macri y Bullrich busca legalizar el asesinato policial.

Asimismo, en vísperas del 8M, denunciamos que en lo que va de 2019 hubo 25 femicidios y 10 travesticidios de los cuales el 37% fue cometido por las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía siendo del 20%, o sea que la participación de dicha fuerzas en femicidios casi se duplicó.

Al día de hoy no solo siguen impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad, sino que se pretende cerrar las causas para consagrar la impunidad. Bullrich empezó el 2018 reincorporando a 11 policías y gendarmes antes destituidos por acusación de homicidio, y lo terminó con los asesinatos de Marcos Soria y Rodolfo Orellana.

En igual sentido va el decreto que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el contexto del G 20. Habilitar el uso de pistolas Taser (de hecho, una picana eléctrica) no hace más que agravar este cuadro. Por su parte, Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, corrió por derecha a Bullrich al señalar que «cada policía debería portar una Taser».

Esta política se da en una escalada represiva, que apunta en especial contra quienes se oponen y enfrentan las políticas de ajuste y entrega, como se vio cuando presentaron el «protocolo antipiquetes». Así, importantes movilizaciones populares son duramente reprimidas. Además se persigue y procesa a quienes participan en ellas, contándose por decenas los procesados por luchar. La ley antiterrorista sigue pesando como una espada de Damocles sobre las cabezas del activismo popular. Esta persecución llega hasta encarcelar a opositores y luchadores, como Daniel Ruiz, preso desde hace más de cinco meses, y Milagro Sala, presa desde hace más de tres años.

Como parte de esa política, el gobierno de Macri-Bullrich viene atacando a los organismos de derechos humanos y buscando vías para liberar a represores de la última dictadura militar, como fue el intento de aplicar el «2×1» a delitos de lesa humanidad.
Ante esta escalada represiva, que ahora pone en primer lugar la baja en la edad de imputabilidad, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos decimos:

• Basta de represión y ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.
• No a la baja de edad de imputabilidad, basta de gatillo fácil.
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Pablo Vasco

En dicho amparo, que también suscriben los referentes del MST Cele Fierro, Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini con el patrocinio de la doctora Alejandra Giordano, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Bodart solicita suspender la aplicación de la Resolución 956/2018 y dictar su inconstitucionalidad. (texto adj.)

Como causa 85.078, dicho amparo de 16 páginas recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, a cargo del juez Pablo Cayssials.

La profundización del ajuste del segundo período de Macri es un hecho. Devaluación de nuestra moneda, vaciamiento de la salud y la educación públicas, trasferencia de recursos de la clase trabajadora y los sectores medios a los grupos económicos más concentrados, entre otras medidas, son parte del plan diseñado por el FMI, cuyo único interés es saquear al país y al pueblo.
La prueba más reciente fue el Presupuesto nacional 2019 votado en Diputados, cuyo único ítem que crece es el pago de intereses de la deuda externa. Ese miércoles 24 en Congreso sufrimos una dura represión policial con gases, balas de goma, palos, cacería y casi 30 detenidxs. También incluyó la acción de servicios infiltrados y canas tirando piedras o plantando «pruebas» con impunidad.
Al día siguiente de ese nefasto episodio tuvimos declaraciones abiertamente antidemocráticas y xenófobas dirigidas a alimentar esa ofensiva de mano dura. Mientras Pichetto tildó a la movilización del 24 de pre-insurreccional y pidió la expulsión del país de los cuatro extranjeros detenidos, la ministra Bullrich, ese verdadero pichón de Bolsonaro, presionó al Poder Judicial para que les hagan juicio abreviado y luego deportarlos.

¿Qué democracia?

Todos los medios oficialistas le hacen de coro a la campaña del gobierno y la oposición cómplice. Insisten en que las marchas son actos de extorsión o de chantaje a la «democracia institucional», o sea delitos. Así quieren instalar la criminalización de las luchas populares, la persecución a lxs activistas, el disciplinamiento social y el control de la juventud mediante razzias y militarizando barrios.
Es que Macri sabe que si sigue este rumbo de ajuste y entrega se va a topar con una bronca y una resistencia crecientes, que hasta podrían poner en jaque sus aspiraciones de ser reelecto y abrir una profunda crisis política.
A la vez, el gobierno busca legitimar el accionar de las fuerzas represivas. Ya no sólo montan «pericias» para perdonar al asesino Chocobar, sino que Bullrich recibe también a otra policía que mató a un ladrón por la espalda. O sea, legalizar el gatillo fácil.
Esto ahora se multiplica por la reunión del G20 a fin de mes y el gobierno prepara un operativo militar-policial inédito para mostrarles a las grandes potencias que él garantiza la «gobernabilidad».
Pero Macri prometió «pobreza cero» y hace lo contrario: paga la deuda con el hambre del pueblo. Prometió el paraíso para el «segundo semestre», pero ya vamos por el sexto semestre y aumenta la malaria. Prometieron «la luz al final del túnel», pero luz no hay y el túnel corre riesgo de derrumbarse encima nuestro.
Es otro gobierno de las falsas promesas. ¿Democracia no significa acaso gobierno del pueblo? ¿Quién votó que nos gobierne el FMI? ¿Quién votó que la deuda externa se lleve puestas todas las necesidades sociales? ¿Qué clase de democracia es ésta?
Si el gobierno nacional y los gobernadores dieran respuesta a las necesidades del 99% de la población y no al 1% representante del poder financiero y los organismos internacionales de crédito, casi no habría cortes ni marchas. Si el Congreso votara leyes para el pueblo y no para el FMI, no existiría tanto conflicto social. Lo que ellos defienden es la democracia burguesa, la democracia capitalista para exclusivo beneficio de los de arriba y los de afuera.

Manifestarse y migrar son derechos básicos

Estamos sin duda frente a un avance cualitativo en materia de ataque a las libertades democráticas y las garantías constitucionales, potenciado por el efecto Bolsonaro. Desde el poder se están cuestionando derechos democráticos elementales, que están amparados por la Constitución Nacional, tales como los de reunirse, manifestar o peticionar ante las autoridades.
Esas declaraciones y campañas no son inocentes. En estos días Macri envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal a fin de elevar las penas por cortes de calle y crear el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país. De ese modo trata de convertir a los movimientos sociales y a los inmigrantes en una especie de enemigo interno a perseguir, así como lo hizo antes con los mapuches y otros pueblos originarios.
Pero en este país hay lugar para todas las hermanas y hermanos de América Latina y del mundo que quieran venir en busca de un futuro mejor. Acá a los únicos extranjeros que sí habría que expulsar ya mismo es al FMI, a las corporaciones y bancos que nos explotan, nos saquean y nos contaminan.
Por estas razones es necesario unir fuerzas sin ningún sectarismo para resistir esta ofensiva represiva que encabezan Macri y Bullrich. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estamos preparando iniciativas al respecto. Por el derecho a la protesta. Por el cese de la represión y las persecuciones. Por la libertad de Milagro Sala, Daniel Ruiz y todxs lxs presxs políticxs o por luchar. Por el respeto a todas las libertades democráticas que este pueblo, con tanta lucha, supo conseguir.

Oscar Charrutti,CADHU-MST

Repasemos los hechos. El 8 de diciembre, en La Boca, Pablo y otro joven atacan a un turista yanqui para robarle una cámara. Fue apuñalado, pero sobrevivió. Los jóvenes huyen. Algunos vecinos los paran para recuperar la cámara (según la madre de Pablo, uno de ellos era amigo de él). En eso aparece corriendo el policía Chocobar, de civil, a los tiros. Persigue a los jóvenes un par de cuadras, siempre disparando. Un balazo le rompe un fémur a Pablo y cae. Chocobar se acerca a pocos metros y le vuelve a disparar en la espalda. A los tres días, Pablo murió.
Sin duda, es un nuevo caso de gatillo fácil. Primero, Chocobar estaba de civil y no se identificó. Segundo, mintió al declarar que tiró en defensa propia: “Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo”. Nunca Chocobar corrió riesgo por parte de Pablo, como bien lo dice el juez Enrique Velázquez que lo procesó: “De las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial”. Y tercero, el video es irrefutable: estando Pablo tirado en el suelo, herido y boca abajo, desde muy cerca Chocobar le dispara de nuevo, por encima de la cintura, para matarlo.

Licencia para matar

Ante el procesamiento a Chocobar, Macri y Bullrich enseguida salieron a bancarlo por su “valentía”. Además de ponerle abogados, como no pueden hablar de defensa propia lo reivindican por “cumplir su deber”. Bullrich agregó: “Hay un cambio de filosofía a favor de la policía que cuida a la gente”. Incluso propuso un “cambio de doctrina” y dijo: “Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”. Si a asesinar por la espalda le dicen valentía, cumplir el deber y cuidar a la gente, directamente le están dando licencia e impunidad a la policía para matar.
Y es así: con Macri, los asesinatos del Estado vienen en alza. En su informe de fin de año, la CORREPI contabilizó 725 víctimas de gatillo fácil y muertes en comisarías y cárceles durante los 721 días de gobierno macrista. Es más de una muerte por día, en general de jóvenes y pobres. Si durante el gobierno kirchnerista el promedio era una cada 28 horas, con el gobierno macrista la frecuencia subió a una cada menos de 24 horas.
El contexto del apoyo oficial a Chocobar es el endurecimiento represivo generalizado que vienen aplicando el gobierno macrista y también los gobernadores. Palos y gases contra las luchas sociales, cacerías policiales y detenciones arbitrarias en protestas populares, desaparición forzada y asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por fuerzas de seguridad, presas y presos políticos, militarización de barrios populares y hasta de establecimientos públicos como el Hospital Posadas, demonización de los mapuches y otros pueblos originarios, negacionismo del terrorismo de Estado y beneficio de prisión domiciliaria a genocidas de la dictadura, detención de opositores sin condena y atropello de garantías constitucionales, censura y blindaje mediático oficialista, presiones a la justicia y campaña contra el “garantismo”.
El objetivo de semejante combo antidemocrático es simple: el plan capitalista de despidos y ajuste no pasa sin represión. Pero aparte de que el gatillo fácil es un asesinato cometido por el aparato represivo del Estado, lo cierto es que para resolver la inseguridad la mano dura ya fracasó.

Las causas de la inseguridad

La principal causa de fondo de la inseguridad no es la pobreza, sino la desigualdad social y la exclusión. Y esto se agrava si desde el poder se transmiten ejemplos de corrupción e impunidad. Es decir, las conductas delictivas en una sociedad aumentan cuando unos pocos -incluidos los gobernantes- se enriquecen a manos llenas, coimean e incluso roban sin mayores consecuencias, mientras la mayoría popular se empobrece y dejan a miles de jóvenes sin perspectivas de futuro y los empujan a la marginalidad.
En nuestro país ya hay más de un millón de “ni-ni”, pibas y pibes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan y donde el delito recluta mano de obra barata. Por otra parte, en los actuales institutos de menores y el sistema carcelario de adultos la mayoría está detenida sin sentencia firme, en condiciones inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción.
Por eso el punitivismo (endurecimiento de penas tipo “leyes Blumberg”), la baja de la edad de imputabilidad y la persecución policial contra los jóvenes no han reducido ni reducirán ni un milímetro los índices de delito. No es que por poner penas más duras ni meter más bala que los chorros van a dejar de robar. Y a su vez están los delitos de “guante blanco” y los grandes delitos económicamente organizados (narcotráfico, tráfico de armas, trata y explotación sexual, piratería del asfalto), que sólo pueden funcionar gracias al amparo policial, judicial y político.
Insistimos: detrás de cada pibe marginal que afana un auto, siempre hay algún comisario, juez y/o puntero que protegen el desarmadero. Y lo mismo detrás de las “cocinas” narco o las redes de trata. Por eso, para disminuir de verdad la inseguridad pública, hay que tomar medidas efectivas para achicar la desigualdad y la marginalidad, a la vez que desmontar todo el andamiaje policial e institucional de violencia, connivencia y protección al delito.

Nuestras propuestas

En lo económico. Aplicar un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil con becas y empleo. Prohibir por ley los despidos, suspensiones y contratos basura, y parar el recorte de los planes sociales. A mediano plazo, reducir la brecha social y generar trabajo y salarios dignos mediante un plan económico obrero y popular financiado, entre otras medidas, en base a fuertes impuestos a las corporaciones y grandes fortunas y a la suspensión de los pagos de la deuda externa.
En lo judicial. Para democratizar el sistema judicial y hacerlo independiente del poder de turno, hay que elegir a los jueces y fiscales por voto popular, sin privilegios, con mandatos limitados y revocables en caso de incumplimiento. También implementar en todo el fuero penal los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (que no venzan). Derogar toda la legislación represiva.
En lo policial. Fuera Bullrich. Depurar las policías y fuerzas de seguridad de todo implicado en hechos de represión o corrupción. Elegir los comisarios por voto popular, para que deban rendir cuentas a los vecinos y no al gobierno. Control de las comisarías por organismos de derechos humanos. Autoorganización en los barrios para coordinar rondas y otras formas de vigilancia. Derecho a la sindicalización de los agentes, para poder canalizar sus reclamos y denunciar a los jefes corruptos sin temor a represalias.
Sólo con estas medidas es posible combatir realmente la inseguridad que hoy padecemos.

Pablo Vasco, CADHU-MST