Ante la rebelión de los policías bonaerenses, más sus concentraciones armas en mano y con los móviles en numerosos puntos de la Provincia, muchos sectores políticos, sindicales y sociales afines al gobierno nacional salieron pronunciarse en contra del «golpe» y en «defensa del gobierno democráticamente elegido». Palabras más, palabras menos, el tono predominante fue como si estuviéramos frente al inicio de un levantamiento no sólo salarial sino político, que ponía en cuestión la estabilidad institucional, el «orden constitucional» de esta democracia burguesa tan condicionada.

No podemos negar que un movimiento importante e inusual por parte de los efectivos de la mayor fuerza policial del país, la Bonaerense, que totaliza unos 90.000 efectivos, es un motivo de preocupación. Que la derecha macrista y grandes medios le dieron aire. Y en especial, que las concentraciones de policías ante el domicilio de Kicillof y ante la Quinta de Olivos, estando allí Alberto Fernández, evidenciaron un cierto carácter de desafío.

Pero el eje central de este reclamo policial, más bien empujado por la suboficialidad, a la que luego se plegó el servicio penitenciario bonaerense, eran sus malos salarios y condiciones de servicio: otra expresión más del deterioro generalizado, de la descomposición social que viene afectando al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Si a eso le sumamos que el jefe de la fuerza, Sergio Berni, tiene sus reflejos disminuidos por estar más abocado a autopromoverse como candidato, el reclamo desbordó los «mandos naturales».

Dicho sea de paso, en el ridículo quedan aquellos oficialistas traga-escuerzos que defendían a Berni porque «tiene calle» y «manejo» de la Bonaerense…

Desde ya, si realmente la movida policial hubiera sido el inicio de un auténtico intento golpista o un levantamiento al estilo de lo que fueron las rebeliones carapintadas del Ejército entre 1987 y 1990 -de las que Berni además participó en Santa Cruz-, que reclamaban la impunidad para los genocidas de la dictadura, sin duda hubiese correspondido que la izquierda y todo otro sector que se considere defensor de los derechos democráticos llamáramos al pueblo trabajador a movilizarse en contra. Así actuó nuestra corriente política en aquel momento, convocando a movilizar, a rodear los cuarteles y a la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país como se hizo masivamente. No para apoyar al gobierno de Alfonsín, que luego traicionaría el reclamo popular y les concedería a los carapintadas las leyes de impunidad, sino que llamamos en forma independiente.

Pero no fue así ni por su magnitud ni por sus objetivos declarados, ni tampoco por la respuesta gubernamental. En pocas horas, Fernández y Kicillof «les equiparan los salarios a los que hoy cobra la Federal, con un mínimo mensual de $ 44.000. Les triplican el valor de las horas extras (cores) de $ 40 a 120. Les suben el adicional por uniforme de $ 1.130 a 5.000. Les destinan dos hospitales para su atención exclusiva. Les crean un instituto universitario para ‘profesionalizar’ la fuerza. Y además, como ya lo había anunciado días atrás el gobierno en su ‘plan integral de seguridad’, les compran móviles nuevos y les mejoran el equipamiento. Todo ello será solventado con fondos del punto de coparticipación federal que Alberto Fernández le saca a la CABA para traspasarle a la Provincia»1.

Raro «golpe» es éste, en el cual el gobierno nacional supuestamente amenazado, en vez de disolver a la fuerza «desestabilizadora» y detener a sus jefes, les otorga de inmediato a los alzados prácticamente todos los puntos que demandaban, incluida la no aplicación de sanciones disciplinarias pese al sesgo extorsivo del reclamo policial. Esta vez, en la izquierda sólo el Nuevo MAS cayó en el grosero error de ver un golpe en puerta.

Aparte de alarmistas sin motivos verdaderos, y de inconsecuentes ya que hablaron de golpe pero no movilizaron, en realidad la CGT, CTAs, CCC-CTEP-Barrios de Pie, Patria Grande y compañía buscaron llevar apoyo político al gobierno que viene en desgaste, aceptaron sin chistar las concesiones de éste a los «golpistas» y omitieron la responsabilidad política que Fernández y Kicillof sí tuvieron en alentar y empoderar a la Bonaerense.

Desde el mismo día en que asumió, de palabra y de hecho, Alberto y todo su espacio político vienen fortaleciendo a las policías, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Ese curso autoritario, que se profundizó al darle a los uniformados el control total de la cuarentena, sólo se explica por su necesidad de prepararse para imponer nuevas medidas de ajuste a fin de descargar sobre el pueblo los costos de la crisis capitalista, agravada por la pandemia.

Por caso, el ministro nacional de Defensa, Agustín Rossi, pocos días antes de este conflicto policial se ufanaba: «Las FF.AA. están realizando una acción excelente. En todo el territorio argentino realizamos 90 acciones diarias… en la lucha contra la pandemia. Desde apoyar a las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país hasta el apoyo en el armado de carpas sanitarias en distintos lugares de Salta… Sin dudas, a mi criterio, la acción de las FF.AA. se ha convertido, por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica, en el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas»2.

Ni qué hablar de los permanentes elogios de Fernández a todas las fuerzas represivas, llamándolos «héroes», diciendo que «el pueblo les tiene que agradecer», fortaleciendo a la Bonaerense con $ 37.700 millones más de presupuesto y luego la concesión salarial, y de Kicillof avalando todo, y por supuesto de Berni arengándola y encubriéndola por la desaparición y muerte de Facundo, entre tantos otros casos de violencia y corrupción policial.

Si acariciás y alimentás mejor a tus perros de presa cada vez que ladran y muerden, no hacés otra cosa que envalentonarlos para que sean más feroces. Ésa es la (i)responsabilidad política del gobierno del Frente de Todos que corresponde denunciar.

1 Bonaerense: Kicillof les aflojó, ¿y a los estatales?, en www.mst.org.ar (10/9/20).
2 Reportaje de la Agencia Paco Urondo(3/9/20).

Escribe: Pablo Vasco

«Tu policía. Como tiene que ser», dice el lema de la Policía Bonaerense. «Al servicio de la comunidad», dice el lema de la Federal…
Nada que ver. Ninguna policía, gendarmería ni fuerza de seguridad son tuyas, ni son como tienen que ser ni tampoco están al servicio de la comunidad. Son todos cuerpos estatales armados, que se presentan bajo la falsa ideología de que te «cuidan» a vos y a toda la ciudadanía, pero su verdadera función, su función principal en este sistema económico-social, es muy otra: cuidar con las armas la propiedad privada de los medios de producción y los privilegios de la burguesía, que es la clase dominante en el capitalismo.

Cada vez que en la sociedad surge alguna lucha o movilización popular, ya sea de índole sindical, ambiental, estudiantil, por el derecho a la vivienda, por cuestiones de género o cualquier otra, cuando intervienen las policías y las fuerzas de seguridad lo hacen siempre, sin excepción, para defender al mismo bando: a los poderosos. Ésa es su naturaleza, su razón de ser: mantener «el orden» establecido, el orden burgués. Jamás reprimen a un empresario, un terrateniente o un gobernador.

Es que todas ellas, así como las fuerzas armadas, el servicio penitenciario y los organismos de inteligencia, forman parte del aparato represivo del Estado al servicio de defender los intereses económicos y políticos de la clase capitalista. Ésta, que es un segmento numéricamente mínimo de la sociedad, sólo puede mantener su poder político y su explotación de la clase trabajadora y el pueblo por la fuerza, mediante su brazo armado policial y militar.

No son trabajadores

Los policías, gendarmes y militares cobran un salario, cumplen un horario y su empleador es el Estado. A menudo, al menos en los rangos más bajos, sus miembros provienen de sectores obreros y populares. En algunas zonas del país, incluso, ingresar a alguna de estas fuerzas es a veces casi la única posibilidad de salida laboral y de lograr alguna mejora social.

Pero nada de esto debe confundir. No juzgamos ni nos referimos a sus integrantes como personas, ni a su origen social ni tampoco al hecho de que el Estado les pague sus sueldos: hablamos de la institución policial. Como tal, su «servicio público» primordial en este sistema consiste en reprimir a los trabajadores y sectores populares cuando salen a luchar y cuestionan de alguna manera los intereses capitalistas.

León Trotsky lo explicaba así: «Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero»1.

Son parte de la inseguridad

En 2019 hubo en nuestro país 2.291 homicidios dolosos2, o sea intencionales. Ese mismo año, los casos de gatillo fácil policial y muertes bajo custodia del Estado -en comisarías y cárceles- sumaron unos 4503. Es decir, el aparato represivo es el ejecutor y responsable directo de un 22,5% del total de asesinatos: más de uno de cada cinco.

El hecho brutal más reciente cometido por la Bonaerense, de desaparición forzada seguida de muerte, es el de Facundo Astudillo Castro. Son los puntos más altos de la violencia policial, que por supuesto incluye miles de abusos, golpes, detenciones arbitrarias y torturas, así como operativos de represión a luchas sociales.

A esto hay que sumarle toda otra gama criminal, desde las coimas por tránsito hasta liberar zonas al delito y desde reclutar menores para delinquir hasta robos directos a mano armada. Más grave es la complicidad o connivencia policial con los llamados delitos económicamente organizados: narcotráfico, trata y explotación sexual, juego clandestino, contrabando, tráfico de armas. No hay ningún desarmadero de autos, red de trata de personas ni cocina de cocaína que pueda funcionar sin la intervención mafiosa o el aval policial.

Y ojo, no se trata sólo de suboficiales y oficiales, sino de altos mandos, en especial los de áreas como Drogas Peligrosas y Asuntos Internos. Ejemplos sobran, en CABA y en todo el país. Además, se sabe que desde los penales se organizan salidas de detenidos para robar y compartir el botín con los jefes.
En semejante panorama, ¿de qué «seguridad» policial nos vienen a hablar?

Disolver esta policía

Entonces, si el rol fundamental de esta policía es el control social y la represión a las luchas, y si encima no garantizan la seguridad y son parte del delito, la conclusión obvia es que no alcanza con hacer tal o cual reforma. El problema no es una o dos manzanas podridas, sino el cajón. No es un policía: es toda la institución. Por eso lo que hace falta es una medida mucho más radical: su desmantelamiento y disolución.

· En primer lugar, la seguridad de toda persona debería incluir que el Estado garantice seguridad en el trabajo, en el salario, la vivienda, la educación, la salud, la tercera edad. Seguridad de que va a contar con un plato de comida, un techo digno y demás derechos básicos. Es que dirigentes políticos que no son de izquierda, como el peronista Alberto Fernández o hasta la macrista Florencia Arietto, reconocen que la causa central del delito es la creciente desigualdad social, no la pobreza. Pero luego no atacan ni proponen atacar esas causas con políticas económicas que reduzcan esa brecha, no que la ahonden. Como parte de esas medidas económicas alternativas, un plan de inclusión educativa y laboral para los jóvenes, que les abra verdaderas perspectivas, ayudaría a desalentar muchas conductas delictivas.

· Segundo y en línea con lo anterior, rechazamos de plano el «megaplan» de seguridad para el conurbano bonaerense que lanzaron Fernández y Kicillof con acuerdo de todos los intendentes. Destinar $ 37.000 millones a formar 10.000 agentes bonaerenses más, desplegar 4.000 gendarmes más, construir más cárceles y comprar más armas no va a resolver la inseguridad sino que va a agravar la violencia policial y el gatillo fácil. Lo que sí ayudaría a combatir la inseguridad en los barrios es la autoorganización de los vecinos, que conocen mejor que nadie los nichos de la delincuencia y sus cómplices.

· Y tercero, junto a aplicar un plan económico opuesto al actual, proponemos disolver esta policía y formar un nuevo cuerpo de seguridad comunitaria, democrático, totalmente distinto, con prohibición absoluta de reprimir la protesta social. Ese nuevo cuerpo debe tener un carácter esencialmente preventivo y de disuasión del delito; jefatura civil y mandatos revocables si hay mal desempeño; control de su accionar y de las comisarías por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales; y el derecho de sus agentes a sindicalizarse. En suma, un proyecto íntegra y radicalmente diferente.

Entre otros puntos, el reciente conflicto policial reactualizó el debate sobre la conveniencia o no de su sindicalización. Pero en el caso de esta Bonaerense, por su actual estructura, formación y composición -y lo mismo vale para la Federal y demás fuerzas provinciales- un sindicato jugaría un rol negativo, corporativo y encubridor de la impunidad policial. No olvidemos que el reaccionario punto 14 de su petitorio era poner fin a los sumarios, traslados y arrestos. Y no se referían a las sanciones derivadas del propio reclamo, ya que eso era su punto 1. Por eso el planteo de la sindicalización policial no es adecuado para todo tiempo y lugar.

La tendencia general de las policías, como parte del giro global autoritario de los gobiernos, es a una mayor elitización y dureza represiva (ver nota pág. 12). En ese marco, por ejemplo, ante la rebelión negra y popular en los EE.UU. los sindicatos policiales presionaron para que no se hagan públicos sus prontuarios y así preservar su impunidad. Es más: el mayor sindicato policial yanqui, la Orden Fraternal de Policía (FOP, según sus siglas en inglés), por unanimidad apoya públicamente la reelección del represor racista e imperialista Trump.

No descartamos que en otras circunstancias políticas concretas, extraordinarias, la consigna de sindicalización pueda contribuir a dividir y debilitar el aparato represivo. Pero no es éste el caso. Por eso hoy nuestra propuesta clara hacia la Bonaerense y demás policías, repetimos, es su disolución y su reemplazo por una fuerza nueva y cualitativamente distinta.

1 ¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán, 1932.
a3 Informe Correpi 2019.

]]>