Es más: la confirmación oficial de un aumento salarial no conformó a los efectivos, que exigen conocer la cifra precisa, una reunión con su jefe Sergio Berni y otras reivindicaciones. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que Berni sigue en su cargo. Ambos anuncios constatan que para el gobierno es prioridad su aparato represivo, mientras mantiene salarios de hambre, despidos y suspensiones para toda la clase trabajadora.

Por un lado, está claro que el rol de control social de la cuarentena y el constante aliento por parte del gobierno nacional y sobre todo de Sergio Berni han envalentonado a esa fuerza, cuya naturaleza es represiva como la de toda policía. El resultado de las continuas loas y arengas del poder político, más el reciente anuncio gubernamental de un multimillonario megaplan de “seguridad” para el conurbano bonaerense, sin duda ha sido el de empoderar a la mayor fuerza policial del país.

A la vez, este conflicto es una nueva expresión de la descomposición social más general que cruza todo el país. Al quebrar la verticalidad de su cadena de mandos, incluidos Berni y el gobernador Axel Kicillof, de hecho debilita su rol como aparato represivo. Y como efecto, la demanda policial de un 56% a 64% de suba salarial y el inmediato sí del gobierno alientan la bronca y el reclamo de trabajadores, en especial los del Estado, cuyos sueldos están más que relegados. Éstos deberían ser la prioridad: los verdaderos esenciales, como los de la salud que están en la primera línea de la pandemia, docentes, del transporte, de los supermercados y demás trabajadores, que merecen todos un inmediato y sustancial aumento salarial, así como las jubilaciones y planes sociales.

En ese sentido, repudiamos el caradurismo de la oposición política de derecha. Cuando el macrismo fue gobierno en la Provincia y en el país no sólo ajustó los salarios del Estado a la baja para “achicar el gasto público”, gobernó al servicio del FMI y desmanteló la salud y la educación públicas, sino que aplicó toda una serie de medidas represivas contra los reclamos sociales, la juventud y los pobres, con la doctrina Chocobar como su bandera.

Al mismo tiempo, tampoco creemos que el conflicto policial hoy esté poniendo en riesgo la vigencia del orden constitucional, de esta limitada “democracia”, como pregonan algunos sectores políticos y sindicales oficialistas con tal de defender incondicionalmente a los gobiernos provincial y nacional del Frente de Todos, responsables políticos de esta situación de crisis.

Pero junto a la suba salarial, democratizar la fuerza y derecho a sindicalizarse, el pliego policial de reclamos incluye el punto 14 contra las “represalias”: sumarios, arrestos, desafectaciones, traslados. Lo rechazamos de plano, ya que implica impunidad para la violencia y demás delitos de la Bonaerense. Es imposible desligar de este contexto la responsabilidad directa de esa fuerza en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, casos de gatillo fácil, abuso policial y delitos de corrupción.

Desde ya, el reclamo de los uniformados no levanta un punto necesario como la no represión a las protestas sociales: luchas obreras, tomas de tierras, marchas ambientalistas, etc. Además de que se vaya Berni ya mismo, una verdadera política de seguridad requeriría no sólo el combate a la desigualdad social como causa básica del delito, sino la disolución de esta Bonaerense y demás policías para construir un nuevo cuerpo de seguridad democrática totalmente distinto, de carácter preventivo, no represivo y con participación y control social, entre otras medidas de fondo.

Sin una perspectiva clara todavía, el conflicto policial en curso es otro síntoma de una enfermedad más estructural: la crisis social que se profundiza día a día bajo este sistema capitalista y la inviabilidad de los planes fondomonetaristas de ajuste y su correlato represivo para imponerlos. La verdadera salida pasa entonces por impulsar un proyecto económico y político de signo opuesto, antiimperialista, anticapitalista y socialista, cuyo eje sea el bienestar popular y no el beneficio de los ricos y las corporaciones ni la represión al pueblo trabajador.

9 de septiembre de 2020

A la noche del pasado lunes 7, en varias localidades bonaerenses familiares de efectivos de la policía provincial y personal retirado se convocaron para reclamar aumento salarial. La respuesta no tardó de parte del Ejecutivo, ya que casi instantáneamente Axel Kicillof cedió al pedido. Luego el ministro de Seguridad Sergio Berni y el jefe de gabinete provincial Carlos Bianco, a las 8 de mañana de este martes dieron a las apuradas una conferencia anunciando una “mejora salarial importante” para la Policía Bonaerense, pero sin dar una cifra precisa. Clarín hablaba de una posible suba entre el 40 y el 45%…

Pese al anuncio de dicha suba, al cerrar esta nota continuaban protestas policiales en La Plata, Avellaneda, San Martín, Tres de Febrero, Merlo y otros distritos. Exigen una reunión con Berni, quizás para confirmar el monto de aumento salarial y/o elevar otro tipo de reclamos ya que en algunos sectores hay descontento con su conducción.

Mientras transitamos una crisis sanitaria y económica de gran magnitud, y no hay nuevas medidas para reforzar el sistema sanitario bonaerense, ni aumentar los salarios de su personal ni tampoco para paliar la difícil situación social, el gobernador Kicillof cedió de inmediato al reclamo de la policía. Después del anuncio del Plan Integral de Seguridad[i], al que Alberto piensa destinar casi 40.000 millones de pesos, Kicillof respondió al toque que sí. Sin dudas, como lo indicó Bianco, el aumento salarial era algo ya previsto para reforzar las garantías del aparato represivo, pero la demora hizo enojar a algunos díscolos.

La atención casi instantánea a este pedido demuestra la prioridad política real de este gobierno. En lo que va del año no ha dado aumentos de salarios dignos y como se debía a los trabajadores estatales ni a los docentes. Antes que la salud y la educación públicas, para este gobernador “progresista” está la Bonaerense, que este año ya produjo varios casos de gatillo fácil, muertes en comisarías y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

La Bonaerense no va más

Al hacer su anuncio, Bianco volvió a destacar el “esfuerzo y compromiso” de la Policía Bonaerense durante la pandemia. Toda esta inversión salarial, en armas, equipamiento e infraestructura que significa el “megaplan” de seguridad que lanzó el gobierno sólo tiene como finalidad fortalecer el mayor aparato represivo del país, con unos 90.000 agentes. Y necesitan fortalecerlo porque saben que están yendo a contramano de las necesidades de las mayorías.

Por ejemplo, el ataque a las familias que han ocupado algunos terrenos vacíos buscando instalar al menos un techo refleja que desde el Estado, el gobierno y la policía van a defender la propiedad privada a palazos antes que a garantizar un derecho social básico como es el acceso a una vivienda digna.

Muy lejos está la Policía Bonaerense de ser una solución para los delitos y la inseguridad. Es necesario terminar con ese nicho de corruptos y represores, disolviéndolo. Y lo mismo en cuanto el resto de las policías del país. La salida pasa por combatir la desigualdad social que genera delito y por la autoorganización de los vecinos en los barrios. Esto forma parte de una seguridad ciudadana que, como hemos expuesto en otros artículos[ii], debe ser preventiva, disuasoria y no represiva, democrática y con participación social.

[i] Un megaplan que no es seguridad, sino represión, https://mst.org.ar/2020/09/06/un-megaplan-que-no-es-seguridad-sino-represion/

[ii] Sin militarización, con control social. Una respuesta socialista ante la inseguridad, https://mst.org.ar/2020/08/06/sin-militarizacion-con-control-social-una-respuesta-socialista-ante-la-inseguridad/

Si volcamos en un simple cuadro el detalle de esas “ocho claves”, basta con una rápida mirada para constatar que el verdadero objetivo del megaplan no es combatir la inseguridad, como anunció el presidente, sino que en lo fundamental es represivo. Salvo que considere, como Patricia Bullrich, Sergio Berni o el ingeniero Blumberg, que la solución esencial frente al problema de la falta de seguridad es la mano dura: saturar el Gran Buenos Aires con más policías, más gendarmes, más armas y más cárceles de las que ya hay.

Con excepción del rubro 8, los centros de aislamiento para el coronavirus, que además por su propia definición no deberían estar bajo el control policial sino del Ministerio de Salud y sus agentes sanitarios, todo el megaplan está destinado a fortalecer la represión policial y carcelaria.

Con respecto a los puntos 3 y 4, si bien es cierto que del total de 48.565 personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires 5.471 hoy lo están en comisarías, lo cual es totalmente ilegal, la solución no es abrir más penales para trasladarles allí sino liberar a quienes están en prisión preventiva por delitos menores y sin condena, o sea que para la justicia son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Según los informes oficiales[1], en esa injusta situación se encuentra la mitad de las y los detenidos. Se ve que Alberto prevé seguir elevando la tasa de encarcelamiento, que en nuestro país viene creciendo desde el 2001 en adelante.

En cuanto a los puntos 1, 2 y 6, significan un fortalecimiento directo del aparato represivo. En concreto, desplegar 10.000 policías y 4.000 gendarmes más implica duplicar el número ya existente en el GBA. Con semejante nivel de militarización, dicha región se iría a unos mil efectivos armados cada cien mil habitantes, casi el triple de los 300 que es el standard promedio que plantea la ONU.

Por cierto, todavía no terminó el tironeo entre los intendentes y la Provincia por el control de la formación y la distribución de esos nuevos policías. Pero el eje del problema no es ése, sino creer que más cana puede ser sinónimo de seguridad cuando más bien es lo contrario. La ministra Frederic y el propio Alberto al lanzar este plan reiteraron lo que ya es sabido en el mundo antero: que la causa básica de la delictividad es la desigualdad social. No obstante, su respuesta se limita a más represión.

Si los 37.700 millones de pesos -o 500 millones de dólares- que por ahora cuesta este plan de “seguridad” el Estado en cambio los volcara a construir viviendas populares de 51 metros cuadrados en terrenos fiscales, a un costo promedio de 25.000 dólares[2] cada una equivaldrían como mínimo a 20.000 nuevas unidades. Esta solución social no sólo permitiría garantizar un techo digno para unas 80.000 personas, sino que, a razón de 2,5 empleos por cada unidad dado el efecto multiplicador de la construcción, crearía 50.000 nuevos puestos de trabajo mediante autoconstrucción o cooperativas.

Como conclusión, la disyuntiva es bastante simple. El gobierno que no construye vivienda considera delito a las tomas de terrenos por gente que carece de techo. Por esa razón, entre otras expresiones del descontento popular que viene creciendo, prepara medidas represivas. Nuestra propuesta, por supuesto, es exactamente la contraria.

Pablo Vasco

[1] SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

[2] El diario La Nación (1º/9/20) estima el actual costo promedio de construcción por metro cuadrado en 467 dólares, en edificio. Si consideramos que la masividad de un plan público y la construcción en planta baja son dos factores que abaratan, estimar un costo de 25.000 dólares por unidad es incluso superior a lo real.

Ante el hecho, Vilma Ripoll del MST en el FIT-U, quien ya habló reiteradas veces con las autoridades, expresó: “Es increíble, que en el día en que Facundo cumpliría 23 años, la misma policía cuestionada y claramente sospechada por su desaparición, detenga a jóvenes de nuestro partido que estaban realizando una pintada pidiendo justicia por Facundo Castro. Por eso les exigimos al intendente Insaurralde y al gobernador Kicillof, la inmediata libertad de los compañeros”.

Andrea Lanzette, también dirigente del MST y presente en la comisaría, también agregó: “Acá estamos esperando que liberen a nuestros compañeros ahora mismo, exigiendo información y que aclaren porque los detuvieron injustamente, ya que todo es muy irregular y las autoridades aquí presentes no informan nada. De acá no nos vamos hasta que liberen a nuestros compañeros. Y vamos a seguir exigiendo justicia por Facundo, le guste a quien le guste”.

Cele Fierro y Alejandro Bodart, también se manifestaron en las redes sociales exigiendo la libertad de los detenidos. También la CTA Lomas expresó su solidaridad. Y también nos hicieron llegar su apoyo diversas organizaciones.

El 30 de abril fue la última vez que se vio Facundo Castro arriba de la patrulla de la policía Bonaerense. Hace 75 días la familia y amigos no obtienen una respuesta clara. Lo único que han obtenido han sido incongruencias en la causa, amenazas por parte de la policía y una gran ausencia del Estado. Y los principales responsables son Sergio Berni, Axel Kicillof y la policía Bonaerense.

En la conferencia de prensa Cristina, mamá de Facundo, denunció la falta de respeto que presencia todos los días por parte de las autoridades. Como los medios de comunicación obtienen mucha más información por parte de la policía y la fiscalía que ella y sus abogados; haciendo referencia a la foto en color en la que se ve a Facu apoyado en la patrulla de la bonaerense y la foto del Carnet de conducir, fotos que supuestamente habían sido borradas y no existían.

Cristina denunció también que en el último rastrillaje que se hizo en el basural de Buratovich, donde se creía que estaba Facundo pero hallaron restos óseos correspondiente a un perro, la policía Bonaerense amenazó a unos de los abogados. Alegando «cuando pase esto, yo sé muy bien lo que tengo que hacer». A los pocos días relevaron del cargo al Sub Comisario Pablo Reguillión.

Denunció también que la policía bonaerense sigue participando de la causa. Y exigió que Marcos Herrero sea quien lleve adelante el rastrille canino, pero solo le vienen dando vueltas al asunto. Diciéndole que no es posible.

Desde el MST vamos a seguir exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro.

¡A Facu vivo se lo llevaron y vivo lo queremos!

]]> https://mst.org.ar/2020/07/12/marcha-por-la-aparicion-de-facundo-castro/ Sun, 12 Jul 2020 21:14:00 +0000 https://mst.org.ar/?p=24731 Día 72 sin Facundo Castro, en Bahía Blanca realizamos un corte exigiendo la Aparición Inmediata de Facundo y en Pedro Luro se sintió al unísono la exigencia por Facundo Castro y su aparición inmediata, donde marcharon familiares y amigues de Kufa cuando al pasar por la comisaría del pueblo su hermano responsabilizó a toda la policía por encubrir la causa.

Fue el 19 de junio cuando un oficial de Teniente Origone de apellido González, le dijo a la madre que le había hecho una multa en esa ciudad a Facu, que no llevaba el DNI y hasta mostró en su celular una foto de la licencia de conducir de Facundo. Luego dijo ver subir a Facu a una camioneta rumbo a Bahía Blanca. Cuatro días después, cuando declaró cambio la versión a que se fue caminando.

El 8 de julio gente vecina a la zona informó a la familia que en la rotonda de entrada a la localidad de General Cerri, la Policía Bonaerense paraba autos y mostraba una foto de Facundo diciendo que si lo veían, no lo levantarán con sus autos porque era un delincuente y estaba armado.

El mismo día luego del allanamiento a la comisaría donde lo habían demorado se dio a conocer la última foto en la que se lo ve de espaldas junto a un policía, delante de una camioneta, la cual será peritada para buscar rastros de Facu. Esta foto no es lo único que relaciona a la policía bonaerense con la causa, ya que anteriormente tres testigos afirman haberlo visto ser demorado por la misma.

Berni dijo “Si la madre tiene dudas, sacó a la Policía Bonaerense de la investigación» así la causa pasó a estar a cargo de la Policía Federal, eso no sirve porque Facu sigue sin aparecer y la causa aún no se esclarece.

El 9 de julio la misma policía bonaerense mató a Lucas Verón en La Matanza. Lucas festejaba sus 18 años y salió en moto con un amigo a comprar. Cuando regresaban, una pareja de policías los persiguió, los chocó de atrás y les dispararon. Lucas murió en el hospital de un disparo en el pecho.

Es la policía quien vio por última vez a Facundo Castro y quíén mató a Lucas Veron. No queremos más desaparecides, ni muertes por gatillo fácil, basta de represión policial.

Justicia por Lucas Verón, basta de Gatillo Fácil.

Vivo se llevaron a Facundo Castro y vivo lo queremos.

]]> https://mst.org.ar/2013/06/11/muerte-de-hincha-de-lanus-scioli-casal-sostienen-bonaerense-represiva-corrupta/ Tue, 11 Jun 2013 16:49:56 +0000 http://www.mst.org.ar/?p=4187 Ante la muerte de Javier Gerez, hincha de Lanús producto de los disparos de la Policía Bonaerense en La Plata, la dirigente y candidata en la provincia Vilma Ripoll (MST) dijo: “Scioli y Casal son responsables por sostener una policía bonaerense represiva y corrupta. Scioli busca lavarse las manos eliminando tarde los proyectiles letales y prohibiendo el público visitante, pero no va a fondo.”

Ripoll agregó: “Hace falta depurar y democratizar la policía, separando de sus cargos a toda la cúpula, otorgar el derecho a la sindicalización de la tropa policial, la elección de comisarios y jueces por voto popular con control social y revocatoria de mandatos.”