Escribe: Cele Fierro

Inflación imparable, devaluación, precarización laboral, salarios por debajo de la línea de pobreza, y millones de personas que no poseen ingresos suficientes para garantizar los básico para vivir. Esa situación, es la que se vive todos los días en nuestro país, y al mantener los objetivos de cumplir las metas con el FMI, no muestran en el horizonte una salida favorable propuesta por el gobierno para el conjunto de la población que vive de ofrecer su fuerza de trabajo que, en muchos casos directamente no tienen, el último dato del INDEC dice que en el país hay un 7% de habitantes que están desocupados. Y de los que sí tienen, una amplia mayoría no llegan a superar la línea de pobreza y en otros con una gran precarización no llegan ni a superar la línea de indigencia, sin derechos básicos como obra social o aportes jubilatorios, impulsando al pluriempleo. Ante esta situación es clave discutir y necesario implementar un plan integral para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y sectores populares.

Ahora bien, este plan o las medidas que hacen falta ¿se traducen en la implementación de un salario básico universal? ¿Está bien su implementación? ¿Es un efecto especial para distraer y seguir atacando a los movimientos sociales? ¿Lo que se propone en nuestro país es lo mismo que se proponía en países europeos?

Renta Básica Universal, Salario Básico Universal y Salario Universal

Son tres propuestas con nombres similares pero con un universo de beneficiarios diferentes y con ingresos diferentes:
Renta Básica Universal (RBU) es una transferencia de dinero que cubra las necesidades básicas a toda la población, sin distinción social ni económica y sin una contraprestación.
Salario Básico Universal (SBU) como está planteado en el proyecto presentado en mayo en la Cámara de diputados que tiene estado parlamentario, es una transferencia de ingresos equivalente a la canasta básica para una persona, destinado a una parte de la población la considerada más vulnerable y con una contraprestación.

Salario Universal (SU) es una transferencia de dinero para aquellas personas que están desocupadas o subocupadas, hasta tanto consiguen un trabajo digno, por un ingreso equivale al costo de vida real de una familia, y que sea actualizado con la inflación, sin contraprestación.

No son propuestas nuevas

Propuestas de asistencia universal con salarios mínimos no tienen nada de nuevo. Podemos nombrar a dos ejemplos: “Leyes para pobres” (poor laws) durante el reinado de Isabel I, destinadas a domesticar y forzar a trabajar a los pobres. A quienes tenían posibilidades de trabajar se los asignaba mediante subasta a un terrateniente y el gobierno le proporcionaba un salario mínimo, afrontado mediante un impuesto a la propiedad. Y, al calor de la Revolución Francesa y de la creciente crisis social, en 1795 se adoptan en Inglaterra los “Acuerdos de Speenhamland”. A través de este Acuerdo se creó un subsidio móvil a los pobres (en función del número de integrantes de las familias y del costo del pan) destinado a complementar la renta de las familias jornaleras que le permitiera hacer frente a las necesidades de vivienda y alimentación, amenazadas por la hambruna y la inflación.

Sobre estas medidas, fueron Marx y Engels quienes plantearon que las “leyes para pobres” eran para disciplinar en las nuevas ciudades capitalistas a quienes debían transformarse en asalariados, y servían para mantener los salarios bajos, ya que los terratenientes preferían que sea a través de estás leyes la mayor suma para el pago de los salarios de sus trabajadores.

En la actualidad, escuchamos a muchos defensores de la renta básica universal pararse desde el concepto de redistribución de las riquezas, que, ante la falta de trabajo, salarios depreciados y un ingreso concentrado de un sector económico, un ingreso universal creado a través de impuestos progresivos equipara ingresos y promueve el crecimiento. Durante la pandemia fue cuando se escuchó con mucha fuerza esta propuesta, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Desde multimillonarios, pasando por el progresismo en Europa y América Latina hasta el Papa plantearon alguna variante de una renta universal.

Lo cierto es que ante la situación de crisis profunda que se está viviendo, luego de la pandemia, ahora la guerra y una crisis capitalista que se desarrolla desde el 2008, los datos que en 2017 difundió OXFAM sobre la concentración de la riqueza en pocas manos y el crecimiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres se profundiza, en dicho informe quedó asentado que sólo 8 hombres poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Y plantea que el modelo económico y los principios que rigen su funcionamiento son los que nos han llevado a esta situación extrema, insostenible e injusta. Y finaliza diciendo que “es hora de plantear una alternativa”. El responsable es el sistema capitalista, acordamos con ello, como así también con la necesidad de plantear alternativas. ¿Pero la alternativa es el SBU para hacer frente a la producción descomunal de riquezas y la ampliación cada vez mayor de la desigualdad como plantean algunos sectores?

SBU: el proyecto que defiende un sector del Frente de Todos

El proyecto de ley de Salario Básico Universal se presentó en mayo por diputados oficialistas de Patria Grande y la UTEP. En las últimas semanas, y luego de que Cristina Fernández de Kirchner haga referencia en sus discursos, el Cuervo Larroque lo presentó en la Cámara de Diputados bonaerense, junto a Juan Grabois, quien es uno de los defensores mediáticos de esta medida. Fue a través de Twitter que ante la asunción de la nueva ministra de economía planteó lo siguiente: “Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”.

Ahora bien, veamos qué es lo que propone el proyecto:

• Crea a través de ANSES una prestación equivalente al monto de la Canasta Alimentaria para una persona adulta, que en el mes de mayo era de $14.400. Al límite de la indigencia.
• Solo cobrarán el 100 % del monto del SBU les trabajadores: desocupados, de la economía informal, de casas particulares y trabajadores rurales.
• Monotributistas “A” y trabajadores en relación de dependencia que no ganen más que un salario mínimo cobrarán el 50 %, es decir unos $7.200, siempre calculando al mes de mayo.
• Es incompatible con el Programa Progresar, el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.

Se tiene que realizar una contraprestación

El proyecto no estipula de dónde van a salir los fondos para llevarlo adelante.
Como podemos ver en los detalles, el monto propuesto en el proyecto de ley es mucho más bajo que, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, que es el plan de asistencia más importante con un ingreso de $22.700. Partiendo de compartir el reclamo que llevan adelante las organizaciones sociales y piqueteras nucleadas en la Unidad Piquetera, como nuestro Movimiento Teresa Vive, que exigen el aumento de los planes sociales porque ninguna familia puede vivir con ese ingreso, un ingreso aun menor es una miseria total. Además que ya ni siquiera alcanzaría a 9 millones de personas como expresaron en su presentación, en un universo de 17 millones que son pobres, estamos muy lejos de lo que hace falta.

Pero esto no es todo, fue el propio Itaí Hagman, uno de los que presentó el proyecto, quien explicó que el Salario Básico Universal permitiría “centralizar y ordenar una enorme cantidad de políticas sociales” en sintonía con el discurso de Cristina atacando a los movimientos sociales, garantizando el monopolio del Estado y el ajuste a la asistencia social. Lamentable, disfrazan el ajuste de progresismo.

Los límites de este proyecto se ven aún más limitados en las manos de un gobierno que está atado a las recetas del Fondo. Entonces, aquellos que presentan este proyecto como salida, mientras siguen siendo parte de un espacio político que ajusta y no ve cambiar ese camino, proponen algo irrealizable.

Con el FMI, no se puede

El financiamiento del proyecto de ley de SBU está en discusión, pero analicemos un poco. Si hasta la propuesta del “Fondo nacional para la cancelación de la deuda” era hacerlo con un aporte especial de aquellos que fugaron o tienen bienes no declarados ante el fisco, ¿por qué el gobierno no querría otra propuesta de recaudación para seguir pagando una estafa? Que la inocencia te valga podríamos decirles. Pero no son inocentes, y tampoco ingenuos. La realidad es que aquellos que posan de izquierda, que critican las medidas, que quieren diferenciarse, lo que les decimos es que de una buena vez rompan, dejen de bancar a un espacio político que sostiene no solo pagarle al FMI la estafa macrista (porque en lo que hay diferencia es en lo que se negoció, no en si pagar o no), sino que además defiende a capa y espada este sistema capitalista responsable de la desigualdad creciente.
Arroyo, cuando era ministro de Desarrollo Social, dijo que no se podía implementar el Salario Universal, ahora, alejado del Ministerio, participa de la presentación del proyecto. Antes acusaban a Batakis de defenderlo, hasta que llegó a economía. Guzmán no lo proponía. Ahora presentan un proyecto político y económico atado a las recetas del FMI, recortando partidas antes de destinar nuevas.

Queda claro que el problema no son los nombres, el problema es el rumbo que defienden. El Frente de Todos, y en esto sí tiene acuerdo con toda la oposición burguesa, está decidido a sostener los planes de ajuste exigidos por el FMI para cumplir con los pagos de deuda a cualquier precio. Ordenar las cuentas, el equilibrio fiscal y congelar la planta de personal del Estado fueron los ejes de la conferencia de prensa de la nueva ministra para “calmar a los mercados”, nada más alejado del SBU o cualquier medida para aliviar el bolsillo de trabajadores y sectores populares.

Salario Universal en camino de generar trabajo genuino

En los marcos de la crisis que padecemos día a día, las medidas que vengan a solucionar el desastre económico y social, no solo son necesarias, sino que son urgentes. Un salario universal que llegue a trabajadores desocupados, subocupados o precarizados a alcanzar un ingreso igual que la canasta familiar hasta que consigan un trabajo del que pueda vivir dignamente, es necesario. Hoy hay que comprender que la crisis golpea de diferente manera en los distintos niveles, tanto en aquellas familias que son indigentes, como en las que son pobres, hay trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas. La juventud es un sector social super precarizado. Para todos estos sectores una medida de estas características es más que positiva. La universalización con el objetivo de que sea un derecho, es uno de los reclamos que levantan las organizaciones sociales y piqueteras. El Salario Básico Universal como está planteado es insuficiente, y es utópico si se lo defiende mientras seguimos siendo un país sometido al Fondo Monetario Internacional.

Es central comprender que sin cortar con el FMI, no se va a poder avanzar. Pero también la propuesta tiene que superar el Salario Universal, que es una medida para dar una respuesta inmediata a una necesidad urgente. Pero siempre entendiendo que este Salario, está en el camino de crear trabajo genuino.

Hoy nos dicen que no estamos en los tiempos en los que podemos tener pleno empleo. Acá estamos quienes no aceptamos que sea imposible, acá estamos quienes peleamos porque el conjunto de la clase trabajadora llegue a tener trabajo formal, con plenos derechos, para poder vivir una vida digna.

Como no nos resignamos, tampoco engañamos diciendo que se va a lograr con las reglas actuales. Acá para conquistarlo hay que tocar los intereses de los que más tienen. No nos vamos a conformar con que 8 tipos tengan la misma riqueza que la mitad de la población más pobre en el mundo. El 1% que vive y se enriquece por nuestro trabajo, por lo que producimos, tiene que dejar de ganar a costa nuestra y nosotres tenemos que dejar de empobrecernos. En los marcos de las reglas de juego de este sistema siempre vamos a pagar los platos rotos, las y los de abajo. Por eso llegó el momento de discutir que hay que afectar los intereses de los que más tienen, con un impuesto permanente a los ricos. No por única vez, no por renta inesperada y, junto a los fondos que tendríamos por dejar de pagar la deuda, destinarlos a reactivar la economía, a obra pública, a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, así generar puestos de trabajos.

Nos dicen que la robotización nos deja sin trabajo, porque está al servicio de los empresarios, hay que ponerla a nuestro servicio, para que trabajemos menos horas y existan más puestos de trabajo. Basta de permitir que las corporaciones decidan por la población. Se tiene que poner fin a la concentración de la tierra, hay que avanzar en una reforma agraria y ponerla a producir en función de las necesidades sociales, sin extractivismo. Así se generarían más puestos de trabajo. Y también si se reduce la jornada laboral a 6 horas en las grandes empresas, sin reducir salarios, creando así nuevos puestos.

Todo se puede y se tiene que cambiar. No hay nada más utópico que creer que podemos seguir viviendo como hasta ahora.

Husson Michel. Revista Viento Sur 08/10/2019 – https://vientosur.info/desde-las-leyes-inglesas-sobre-los-pobres-a-la-denuncia-moderna-de-la-ayudantia/
Husson Michel. Revista Viento Sur 20/10/2019 https://vientosur.info/de-las-leyes-inglesas-sobre-los-pobres-a-la-denuncia-moderna-de-la-ayuda-social/
Informe INDEC https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_06_226144AF5583.pdf
OXFAM. 16 /01/2017. https://www.oxfam.org/es/tags/desigualdad-extrema
Proyecto de ley “Ampliación del sistema de seguridad social mediante el salario básico universal (SBU)” https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/2083-D-2022.pdf

Teletrabajo que vino para quedarse.

En efecto esta ley  debía actualizar las escasas reglamentaciones que existían frente al uso tecnológico, y la virtualidad laboral, y  ante las transformaciones de cada sector, en el marco de la pandemia del año pasado, resultaban imprescindibles. A la vez existe  la presión de un sector de la burguesía por no hacer olas, y más allá del covid, continuar con un formato de virtualidad a medida de las ganancias, sin muchas inversiones, poco gasto y obligando a las y los trabajadores a convertir su casa en un espacio laboral. Frente a un 2021 que estará marcado por la “nueva normalidad” y la incertidumbre por la situación epidemiológica, esta reglamentación parcial, solo deja más sombras que luz, sobre el teletrabajo.

El Decreto en cuestión es el 27/2021,  establece claramente que las especificidades allí establecidas,  “no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”.

Una ley dictada por las empresas.

A pesar que  la norma estableció el “derecho a la desconexión digital”, o sea en aquellos casos en que resulte indispensable “por alguna razón objetiva, se admitirá “la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral”., pero “en todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada”, un derecho  que la mayoría de las patronales pasa por alto, lamentablemente, el cuestionamiento empresarial, dejó sin reglamentar los artículos 2, 3 y 4 referidos al contrato de teletrabajo, derechos y obligaciones y la jornada laboral, respectivamente. Esta laxitud en punto nodal de la reglamentación deja sombras y aplicaciones difusas sobre elementos que resultan cruciales para las y los trabajadores. La ambigüedad existente en el marco del teletrabajo, frente a las condiciones laborales  y jornada laboral, seguirán siendo terreno de negociación y quedara a buena suerte de los empleados.

Otra de las cuestiones  que había generado mayor controversia en el sector privado empresarial,  es el de la reversibilidad. Para las y los trabajadores era fundamental,  la posibilidad de  solicitar al empleador volver a desarrollar tareas en la empresa sin posibilidad de que se rechazara el pedido. En la reglamentación publicada este miércoles, se determinó que este derecho deberá ajustarse a los artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al ajustarlo a esos artículos deberá invocar una motivación razonable y sobreviniente, y el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los establecimientos al momento del pedido. Por lo que es permeable a que el empleador considere que no es razón suficiente, o lentifique el cambio apelando a la situación del lugar.

Por otro lado, si bien existe el derecho de interrumpir la tarea por razones de cuidado, este se  deberá comunicar con precisión, y  en forma virtual el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza. En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. Esta situación también es discutida, puesto que hay un sector muy importante de empresarios que insiste en terminar con las excepcionalidades frente al covid, entre ellas, las tareas de cuidado; ya sea para reducciones horarias, y licencias. El propio gobierno  de la provincia de Buenos Aires, hace unas semanas intento levantar esa excepcionalidad en empleados estatales; y fue el rápido mal humor y rechazo, lo que provoco la vuelta atrás de esa decisión, y la continuidad hasta ahora de esa licencia.

Sobre los elementos de trabajo, su provisión “no se considera remuneratoria, y en consecuencia no integra la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social “, por lo que seguirá siendo compensación de gastos, de  lograr esta negociación con la patronal. El sector estatal ha desarrollado su tarea mediante teletrabajo, y en muchos casos continua, pero los recursos y gastos nunca han sido compensados.

Basta de precarización

Es necesario organizarnos frente a esta tendencia mundial que ha reforzado  la pandemia, la precarización y flexibilidad laboral. Ven a las y los trabajadores, como caracoles, con su casita a cuestas, para ser utilizada también como espacio laboral, todo por el mismo precio, y sin derechos, ni condiciones de trabajo reglamentadas. ¡Un abuso! Ya sea presencial, o trabajo remoto debe tener todas las garantías, todos los derechos y debe ser marcadas las todas obligaciones de la patronal y de las empresas, que ven en esta reglamentación una puerta para seguir precarizando. Por eso desde ANCLA y el MST empezamos ya la campaña por su reglamentación total, y por una efectiva implementación en lo logrado hasta el momento, organízate con nosotros por esta pelea.

En un panorama mundial signado por la incertidumbre para cientos de millones de personas que están perdiendo sus empleos, los grandes ganadores son los empresarios que aprovechan la crisis para precarizar aún más las condiciones de trabajo de sus empleados. En ese sentido es que uno de los sectores más beneficiados, y que ha crecido exponencialmente, es el de las apps de reparto, dada la situación de aislamiento forzada en la que se encuentra parte de la población debido a la pandemia.

Estas plataformas utilizan una modalidad de contratación que no reconoce la relación laboral de dependencia, con un discurso de corte emprendedurista, detrás del que se oculta una realidad nefasta: tarifas bajísimas que obligan a tener que realizar gran cantidad de repartos en un tiempo corto, generando un gran desgaste físico, falta de protección ante robos o accidentes de tránsito que ya se cobraron cinco vidas durante la cuarentena, exposición al coronavirus, entre otras negligencias.

Ante tanta precarización: organización

Las y los repartidores no se quedan de brazos cruzados ante esta situación y se están organizando para enfrentar este atropello.

En este marco, el pasado 26 de agosto se realizó una asamblea internacional de repartidores, de la que participaron trabajadores precarizados de México, Inglaterra, Ecuador, Estados Unidos, entre otros, en la que se definió realizar un nuevo paro con movilizaciones y distintas acciones en numerosas ciudades alrededor del globo para el día de hoy. Es la cuarta vez que se internacionaliza la medida, con el último antecedente del 1° de julio, con amplia repercusión.

La Docta no fue la excepción y tuvo su propia acción, con una concentración en la explanada del Patio Olmos, en la que participaron trabajadoras y trabajadores de call center, tercerizados de ONGs y repartidores, convocados por la agrupación Dar Vuelta Todo del MST.

La misma contó con discursos de referentes de estos sectores, que reclamaron el reconocimiento laboral en relación de dependencia, seguro de riesgo de trabajo y cobertura médica, resarcimiento a través de indemnizaciones para los familiares de compañeros muertos en el marco del trabajo, aumento de tarifa y el cese del sistema de rankings, que fomenta una competencia desleal entre trabajadores.

Cabe destacar que hubo además un pronunciamiento de solidaridad con las familias que sufren la represión y desalojo en la toma de tierras de Guernica en Buenos Aires.

A su turno, Lara Capovilla, trabajadora de Pedidos Ya y referente de Dar Vuelta Todo, expresó lo siguiente: «Nos vienen diciendo que este trabajo que tenemos es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que estamos viviendo es lo más parecido a la esclavitud del pasado. También nos dicen que al país se lo saca adelante trabajando, y que de esta crisis vamos a salir todos juntos. Esa es otra mentira que nos quieren meter, porque de acá, muchos de nosotros tenemos dos o tres trabajos y no llegamos a fin de mes.» Enfatizó también: «Por eso tenemos que dar esta pelea. No solo por nuestro futuro laboral, sino por nuestro futuro en general. Porque están incendiado nuestras sierras y la policía persigue a los jóvenes y a los pobres. Las empresas y los gobiernos usan al Estado como su kiosco, en donde sacan lo que necesitan, y los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Por delante nos queda luchar para empezar a tomar nosotros las decisiones sobre cómo sacar al país adelante y que a los platos rotos los paguen ellos.»

Finalizó remarcando la necesidad de continuar con la movilización en unidad de todos los sectores para lograr conquistar los derechos negados por las patronales.

Nacho Márquez

Periodismo de Izquierda: Comentanos Humberto, cómo está la situación de SENAF luego de las últimas medidas de lucha que realizaron pidiendo al Ministro la apertura de un canal de diálogo.

Humberto: Dale, te cuento un poco cómo estamos viviendo el tema, porque se va cada vez complicando más, con todo esto que está pasando nuevo.  Desde el punto de vista gremial seguimos a la espera de una audiencia con el ministro Julián López.  No hemos tenido mayores ofertas del Ministerio, salvo la reincorporación de la delegada a su lugar de trabajo. Algo que ofertó el secretario de SeNAF, José Piñero, en caso de que desactiváramos la última protesta frente al ministerio. Propuesta que rechazamos de plano porque no aceptaban reincorporar a la compañera injustamente despedida.

PI: ¿Desde las autoridades insisten con ese rumor que hicieron correr a través de algunos medios de que la despedida era alguien que no se desempeñaba bien o que no cumplía sus tareas?

H: Sí, después de la publicación en la Voz del Interior, en los medios no tuvo más repercusiones. Fue lo que ellos plantearon en un momento en forma anónima, perjudicando  a la compañera con calumnias sin fundamento. Desde ATE fueron desmentidos esos dichos, la compañera tuvo siempre un rol profesional incuestionable, incluso proactivo en la cantidad de propuestas de mejoramiento del trabajo respecto a les jóvenes que ella atendía.

Actualmente estamos abocados a colaborar con algunos pedidos de informe que se vienen desde la Legislatura. Se han hecho públicos datos alarmantes respecto al mal funcionamiento de la Línea 102 de Ayuda al Niño, adonde al menos siete de cada diez notificaciones que se reciben no tienen intervención.

PI: Un pedido por la vía legislativa.

H: Sí, un pedido de informe de cara también a visibilizar la responsabilidad de Piñero que ahora está con este plan nuevo de transformar el Complejo Esperanza en una cárcel de campaña.

Imaginate que pretenden que sea un centro socioeducativo ¿no? Es el desastre que siempre ha sido, pero hace unos años  se incorporaron  socio educadores, o sea que hubo algunas mínimas mejoras.  Pero a un pabellón del Complejo, que se llama Pasos de Vida lo van a transformar en una extensión de la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido, parte del sistema penitenciario de Córdoba). Y van a llevar a una ratonera a treinta y seis, por lo menos, presos comunes. Gente mayor de edad. Hay que tener en cuenta que los casos de COVID del Complejo Esperanza comenzaron porque trasladaron al complejo desde la UCA a un adolescente de 19 años mayor de edad y arrancó el brote, que al momento parece estar controlado.  Bueno, ya estamos activando con Defensoría del Niño de la Nación y otros ámbitos, también con el sindicato, para ver que se pueda revertir esta idea. Imaginate un motín de presos adultos… Es ilegal aparte, o sea, es absolutamente ilegal. No puede pasar que haya contacto de los chicos con adultos. Complejo Esperanza no es una cárcel, no está preparado como cárcel. Si vos metes 36 presos comunes adultos ahí, estás poniendo en riesgo a las poblaciones de los otros módulos en caso que haya un motín, por ejemplo.

PI: La legisladora Luciana Echevarría presentó ahora un habeas corpus por la situación en las cárceles, se ha descontrolado la situación con la COVID-19 y al parecer las autoridades están ocultando información sobre eso.

H: Las familia denuncian eso. Bueno, de hecho hoy se movilizó un grupo ahí en el ministerio de Justicia  por el traslado de la UCA y la situación de hacinamiento en las cárceles. La Provincia no invierte un peso ni siquiera para  salvar las apariencias. En vez de ampliar Bower, le quitan un espacio a les Adolescentes de SeNAF poniéndolos en riesgo. Todo en connivencia con los jueces de Penal Juvenil y el diario La Voz del Interior que les blanquea el desastre haciendo una nota totalmente complaciente.

PI: ¿Y en general como está la situación en la secretaría? Además de lo que me comentabas del Complejo Esperanza

H: Ya empezamos a tener contagios. Yo estoy ahora en el edificio nuestro de acá de Vélez Sarsfield que es como un área central de SeNAF donde están los equipos técnicos, los equipos zonales. Falta gente. Hay poca gente. Hay como una especie de calma a la espera de nuevos casos. En concreto han ocurrido contagios tanto de personal como de Jóvenes en el Complejo Esperanza, Residencia Primer Ingreso, Residencia Felisa Soaje, Residencia de calle Río Bamba, Línea 102, y nuestro edificio, de Vélez Sarsfield 771. En donde se vive lo más complicado es en las residencias, que es donde están en máxima exposición a que ocurra algo. Los insumos y medidas de bioseguridad son totalmente insuficientes.

Ahora, volviendo al tema de la precarización laboral, podemos dar como ejemplo de lo que pasa en toda SENAF lo que ocurre en la  UDER, (Unidad de Desarrollo Regional) de Río Cuarto, mirá como está conformada. Tiene cinco trabajadores   en planta permanente, y los nueve trabajadores restantes son personal ultra precarizado. Son 4 trabajadoras sociales, una psicóloga y cuatro administrativos y administrativas todes bajo la figura de becarios. Eso significa que cobran 10.000 pesos por mes, sin obra social, sin ART, sin aguinaldo, ni licencias, ni estabilidad  laboral. La de Río Cuarto es la cabecera más grande de las UDER. Es el fiel reflejo de lo que pasa en el resto de SeNAF. Tenemos más de 230 becaries, que ganan entre 7700 y 10000 pesos, realizando toda clase de tareas. Son las cuidadoras hospitalarias, las socioeducadoras que cuidan a les niñes en las residencias, son les profesionales, les administratives.

Y después está la otra forma fraudulenta de contratación en SeNAF que son los monotributos, donde la Provincia se desliga de su responsabilidad triangulando a través de ONG´s que se quedan con un porcentaje de los contratos de decenas de profesionales.

Quienes cobran a través de monotributos reciben una paga de 24.000 pesos mensuales, sin ART, sin APROSS (obra social provincial), sin estabilidad laboral. Tal es así que la compañera despedida fue desvinculada de SeNAF a las pocas horas de haber pedido en una reunión con el Secretario una simple ART para trabajar con jóvenes en situación de calle.

 La situación en general es muy grave,  pero bueno, hemos crecido mucho gremialmente, se han afiliado muchas compañeras y compañeros. La verdad es que este malestar laboral nos ha obligado  fortalecer la organización. Se vienen épocas muy difíciles y gracias al esfuerzo en la lucha nos encontramos rodeados por la solidaridad de organizaciones y compañeres de todos lados. No estamos solos, de a poco vamos consiguiendo visibilizar que la precarización en SeNAF  vulnera tanto los derechos de les trabajadores, como de les niñes y adolescentes con los que trabajamos.

Entrevistó: Iván Sosa

Se realizaron cartelazos y concentraciones en Alta Gracia y Villa María y en la capital una caravana que partió desde el Ministerio de Salud hasta la casa de gobierno, conocida como el Panal.

Decenas de autos y cerca de un centenar de trabajadores recorrieron las calles de la ciudad con sus autos decorados con banderas y carteles denunciando al gobernador Schiaretti y al ministro Cardozo que siguen sin tomar medidas para cuidar efectivamente a los trabajadores de salud.

La consignas más repetidas desde el camión con sonido y desde los autos con megáfonos fueron “la salud dice basta”, la denuncia de la falta personal, los bajos salarios y la profundización de la precarización laboral durante la emergencia. Otra de las consignas más repetidas fue que aunque el gobierno habla de las y los trabajadores de salud como esenciales, en los hechos los trata como descartables.

Al llegar a la casa de gobierno la secretaria adjunta de UTS Estela Giménez junto a una compañera enfermera del Hospital Rawson entregaron un petitorio solicitando audiencia con el ministro Cardozo para plantear estas problemáticas.

Finalmente se realizó un acto donde se hicieron presentes agrupaciones sindicales como la 15 de marzo, oposición en el SEP y la Marrón de ATE, Alternativa Colectivo de Salud y partidos políticos, también una delegación de compañeros de la CTA Autónoma y un importante grupo de enfermeros y enfermeras autoconvocadas. Y cerró el secretario general de UTS, Gastón Vacchiani, expresando el compromiso de seguir en la lucha en las calles hasta que el gobierno por todos estos reclamos y darle continuidad en los próximos días.

Iván Sosa

]]> https://mst.org.ar/2020/09/30/a-donde-va-la-argentina-mal-pronostico/ Wed, 30 Sep 2020 17:34:48 +0000 https://mst.org.ar/?p=28401 Datos duros. Las cifras difundidas por el INDEC la semana pasada dan cuenta de la profundidad de la crisis económica y social que atraviesa el país. La caída de casi 20 puntos del PBI supera a la registrada en plena crisis del 2001. Si bien es cierto que la caída es mundial y afecta a todos los países, el hecho de que la economía argentina se encuentre estancada desde hace 12 años y con una pronunciada caída en los dos últimos agravan el panorama, sobre todo porque no aparecen en el horizonte señales de que pueda haber una pronta recuperación económica. Los índices sociales dados a conocer por el organismo son más alarmantes todavía. La desocupación se ubica en el 13% con una pérdida de 3,6 millones de puestos de trabajo. La canasta básica alimentaria aumentó un 2,6% con respecto al mes anterior, con una variación anual del 41,7% y la canasta básica total 2,1 y 37, 8% respectivamente. Aunque falta conocer los índices de pobreza, casi todas las estimaciones coinciden en que a fin de año alcanzaría a casi la mitad de la población.

Una caldera social. Al analizar estas cifras no se puede desconocer la situación de la pandemia, pero queda en evidencia que el gobierno del Frente de Todos –más allá del discurso con tinte social- sigue profundizando los padecimientos de los sectores populares. Es esta realidad la que está provocando un hervidero social que se refleja, por ejemplo, en las ocupaciones de tierras que se extienden en varias provincias. En ese contexto se observa un gobierno muy diferente al de hace algunos meses, cuando el presidente daba conferencias profesorales acompañado por la oposición. Ahora aparece un Alberto Fernández sin respuestas frente a la crisis y al que la única bandera que le permitía mostrarse como un hábil timonel -el control de la pandemia- se le derrumbó al calor del aumento de contagios, muertes y saturación del sistema sanitario. La ausencia opositora en los anuncios muestra también que se resquebrajó la «unidad nacional» que se había costurado al principio de la pandemia. En ese cuadro la aparición de Duhalde comparando al presidente con De la Rúa no es casuales ni producto de una «psiquis alterada»; refleja la desesperación de sectores de la burguesía por construir un acuerdo nacional que evite un estallido social, perspectiva más que probable.

Crece la polarización. La derecha salió a disputar fuerte tratando de capitalizar el descontento creciente. Busca horadar al gobierno y postularse como alternativa electoral en 2021 ocupando las calles con banderazos y escraches. Aunque pueda haber algún sector que se sume a las movilizaciones como expresión del descontento con el gobierno, estas demostraciones son esencialmente reaccionarias, tanto por los convocantes -responsables del deterioro económico y social- como por la salida que proponen: más ajuste, precarización y represión. El envalentonamiento de esta oposición reaccionaria se explica por los permanentes retrocesos del gobierno, que siempre terminó cediendo a sus demandas. Así lo hizo con Vicentín, con el anuncio de centralización del sistema de salud, la renegociación con los bonistas, y la devaluación y ahora se dice que podría bajar las retenciones a las patronales agrarias. Es un debate muy importante porque cada vez queda más claro que el Frente de Todos es incapaz de frenar a la derecha. No sólo en su momento le abrió las puertas al macrismo en la medida que mantuvo lo esencial de la estructura política y económica heredada del neoliberalismo menemista, sino que ante las presiones, en lugar de avanzar en medidas concretas contra las bases económicas de la derecha, retrocede. La idea de que a la derecha se la puede neutralizar no resiste análisis, ni histórico ni presente. Por eso las medidas de Alberto Fernández la envalentonan cada vez más.

Una bomba de tiempo. El aumento otorgado por el gobierno a la policía bonaerense provocó el reclamo de muchos sectores obligando a tener que abrir algunas paritarias. En este cuadro el ministro Guzmán presentó el proyecto de presupuesto 2021, elaborado con la supervisión del FMI y en función de la renegociación de la deuda con ese organismo. Por eso en una primera lectura se puede ver que es un presupuesto de ajuste, que provocará un crecimiento de las luchas obreras y populares. En un marco donde la burocracia sindical sigue atada al gobierno y abandonando a su suerte las luchas en curso, no se puede descartar que se produzcan desbordes como el que está sucediendo entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, que este 1° de octubre preparan un paro por fuera de las conducciones burocráticas. Con esa perspectiva por delante, el descontento de sectores cada vez más amplios de la base de votantes y simpatizantes del Frente de Todos tenderá a acentuarse. Para esa perspectiva, que puede anticipar cambios bruscos en la situación política tenemos que prepararnos los luchadores y la izquierda.

Las tareas de la izquierda. Las medidas que viene tomando el gobierno de Alberto Fernández no solucionan las necesidades de las mayorías, por el contrario, siguen favoreciendo a los mismos de siempre. Las propuestas que venimos levantando desde la izquierda se ponen a la orden del día. Unificar toda la estructura sanitaria en un sistema único de salud estatal controlado por sus trabajadores y trabajadoras es la única forma de evitar una catástrofe sanitaria. Para frenar la fuga de capitales y el acaparamiento de dólares es imperiosa la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Suspender todos los pagos de la deuda permitiría volcar miles de millones de dólares a un plan de viviendas que solucione la demanda habitacional y la desocupación. Con una reforma tributaria donde paguen más los que más tienen y el proyecto de impuesto a las fortunas del FIT Unidad se podría garantizar un ingreso de $40 mil para trabajadores desocupados e informales. Todas estas medidas, como parte de un plan económico obrero y popular permitirían solucionar los graves problemas del pueblo trabajador. Junto al apoyo y la solidaridad con las luchas en curso, alentando el surgimiento de nuevas direcciones y un nuevo modelo sindical democrático y combativo, postular este programa ante millones es una tarea prioritaria. Para que el descontento de las bases del FDT encuentre una alternativa que no sea la derecha reaccionaria, es fundamental que el FIT Unidad se postule políticamente ante millones con una salida alternativa, superando el estadío de frente electoral y actuando de manera común en la realidad, fortaleciendo la unidad y abriéndose a la incorporación de nuevos sectores. En esta edición de Alternativa Socialista se desarrollan las propuestas del MST para avanzar por ese camino.

]]> https://mst.org.ar/2020/09/17/plenario-de-delegadxs-generales-de-ate-capital/ Thu, 17 Sep 2020 15:48:14 +0000 https://mst.org.ar/?p=27697 El gobierno, luego de otorgarle un 40% de aumento salarial a la bonaerense, finalmente abrió las paritarias de lxs estatales nacionales. A partir de este anuncio, ATE Capital convocó a un Plenario de Delegadxs Generales. Lamentablemente, como nos tienen acostumbradas ambas Verdes, la adhesión al proyecto de Alberto Fernández anula toda instancia democrática del conjunto de lxs trabajadorxs para desarrollar el plan de lucha que necesitamos. Ingrid Urrutia, Delegada General del INCAA e integrante de Alternativa Estatal, levantó una posición alternativa que desarrollamos en esta nota.

Plata para salarios, no para represión y el FMI

Aunque UPCN y las verdes de ATE se atribuyen como un triunfo propio la apertura de paritarias, no se le escapa a nadie que dicha apertura es producto de la presión y los debates que despertó entre lxs estatales el aumento salarial a la bonaerense del 40%. De hecho, las conducciones de UPCN y ATE fueron cómplices del cuarto intermedio de cuatro meses en la discusión paritaria.

Esto no es secundario, ya que lxs estatales arrastramos casi 60% de atraso salarial fruto de consecutivas paritarias a la baja, aumentos por debajo de la inflación y en cuotas. Además, hasta un 50% de trabajadores siguen precarizadxs, situación que se profundiza por el trabajo remoto. Todo esto sin que nuestro gremio moviera un dedo. Y es con esta misma estrategia (de inmovilidad servil) que la conducción Verde y Blanca de ATE Capital ahora plantea encarar la negociación paritaria con un gobierno que ni siquiera ha hecho una oferta porcentual.

Propuestas: inconsultas e insuficientes

Lejos del “acuerdo y consenso” que expresan en las Resoluciones del Plenario, la realidad es que no fueron consultadas a lxs trabajadxs estatales ni fueron puestas a consideración del Plenario. Como lo expresó Ingrid Urrutia del INCAA y otrxs delegadxs generalxs, hubo voces críticas y desacuerdos en varios puntos. Es decir, de acuerdos y consensos, nada. Tampoco se votó. Los reclamos y propuestas, no son ni más ni menos que los que decidió la Verde y Blanca.

Por otro lado, los reclamos y propuestas son insuficientes. El secretario de organización Hugo Bellón expresó que no se podía pedir menos de 40% de aumento salarial, para después cerrar diciendo que reclamarán una suma fija de $10.000 y aumento solo del 25%. Pero esto no es todo. Si miramos las resoluciones publicadas, luego del listado de reclamos, se desarrollan dos párrafos dirigidos al gobierno en los cuales se les transmite: “comprendemos la complejidad del contexto actual y valorizamos el esfuerzo del Estado”. La pregunta es: ¿comprenden más al gobierno o a lxs trabajadorxs contratadxs con salarios por debajo de la línea de la pobreza? ¿Hasta qué punto están dispuestxs a rebajar los reclamos en pos de la profunda empatía que tienen por el gobierno?

De los dos lados del mostrador

La adhesión de las Verdes al proyecto de Alberto Fernández ha subordinado nuestros reclamos a la agenda del gobierno, patrón de lxs estatales. Esta pérdida de la independencia política de nuestra herramienta gremial es aún más grave cuando la política económica, popularizada con el “crecer para pagar”, significa profundización del extractivismo contaminante al servicio de pagar deuda externa. No vamos a abundar en ejemplos, sólo alcanza mencionar que las paritarias, presupuesto y designaciones del Estado se congelaron para poder acordar con los bonistas, y ahora, aún en medio de la pandemia y la crisis sanitaria, se orienta toda la economía para acordar el pago de la deuda macrista con el FMI.

Bajo estos términos de subordinación de nuestro gremio, la conducción de ATE Capital rechazó cualquier tipo de movilización por nuestros reclamos. Es decir, entran a una negociación paritaria expresando que “no hay ajuste” y como dijo el Sec. Gremial Luciano Fernández que “la propuesta que ofrezca el gobierno va a ser la mejor”, pidiendo menos de lo que el gobierno le dio a la Bonaerense y negándose a cualquier medida para presionar.

Contradictoriamente, sólo una semana atrás, ellos mismos convocaran a movilizar contra la extorsión policial. Sin embargo, es tan burdo su servilismo, que a pesar de considerar que se estaba produciendo un golpe de Estado, levantaron la movilización ante el pedido de Alberto Fernández ¿Así actuarían ante un golpe real? ¿Así se va a enfrentar a la derecha? La inconsistencia llega al ridículo de decir apoyar el derecho a la vivienda y el pedido de justicia para Facundo, sin hacer mención a Berni ni rechazar la política de criminalización de la pobreza.

Nosotrxs somo clarxs: no se puede estar de los dos lados del mostrador. O se levantan los reclamos y se desarrolla democráticamente un plan de lucha para conseguirlos o se espera que el gobierno y el FMI nos den las sobras.

Nuestra propuesta: organizarnos democráticamente para luchar

Como lo planteamos en el Plenario, no queremos seguir perdiendo, ni discutir si vamos a ser más o menos pobres. Queremos un sueldo y condiciones de trabajo dignas e impulsar las medidas necesarias para lograrlas. Vamos a una mesa paritaria frente a un gobierno cuyas prioridades son claras: va a desembolsar 37 mil millones de pesos para reforzar el aparato represivo y otros 30 mil millones para financiar el aumento a la Bonaerense. La deuda externa se llevó millones de dólares más. Plata hay, pero no está destinada a las verdaderas necesidades de lxs trabajadorxs.

Se puede revertir el atraso salarial, lograr el pase a planta, la reincorporación de lxs despedidxs y el reconocimiento del teletrabajo, pero necesitamos organizarnos democráticamente y definir las medidas y acciones necesarias para lograrlo.

Frente a la política del gobierno y también de la derecha reaccionaria, desde Alternativa Estatal y el MST creemos que es necesario organizarnos por otro proyecto de país, en el cual no seamos lxs trabajadorxs la variable de ajuste. Por eso, hoy volvemos a salir a las calles junto al Sindicalismo Combativo y este sábado realizaremos un Encuentro Nacional de Trabajadorxs Estatales. Te invitamos a participar.

Alternativa Estatal, CABA

Es indignante que desvinculen a tres enfermeras, cuando logran sus títulos y obtienen excelentes calificaciones en su desempeño como pasantes. ¡Todos sabemos que es precarizacion laboral! En las cámaras de TV concuerdan en la falta de personal, pero por lo bajo despiden enfermeras.

Basta de hipocresía ¡Reincorporación ya, de las compañeras despedidas en resguardo de la Salud Pública!

Reproducimos a continuación el video sobre esta lucha:

Mientras asomaba el sol en un día que había comenzado lluvioso, nos fuimos reuniendo un numeroso grupo encabezado por los delegados y delegadas de ATE de la secretaría.

Estuvimos presentes diversas corrientes y organizaciones sindicales como UTS, organizaciones sociales y la Asamblea Ni Una Menos. También llegaron más de un centenar de adhesiones.

Ahí el delegado y la delegada del sector señalaron las pésimas condiciones de trabajo, bajos salarios y los maltratos de los funcionarios para amedrentar a quienes reclaman condiciones dignas de trabajo. En SENAF además hay un altísimo nivel de precarización laboral: más de la mitad de los y las trabajadoras del organismo están en negro como monotributistas la gran mayoría y otros como becarios e incluso falsos «voluntarios». Estos últimos cobran 7700 pesos al mes por jornadas de 20 horas semanales y no cuentan con ningún derecho laboral.

En ese marco, una compañera monotributista que se desempeñaba en el área Penal Juvenil fue trasladada a un programa que trabaja con chicos y chicas en situación de calle. Se dirigió a sus jefes para pedir cobertura de riesgos de trabajo para ir a la calle y fue despedida el mismo día. También se produjo el traslado compulsivo y arbitrario a la localidad Malagueño de una delegada que se desempeñaba en la capital, violando todas las reglamentaciones vigentes sobre tutela sindical. Así trata el gobierno a trabajadoras y trabajadores esenciales que cumplen la función de resguardar los derechos de las niñas y niños y jóvenes vulnerados.

Quien encabeza esta política en el organismo es el secretario José Piñeiro con el amparo y apoyo del ministro Julián López. Hoy López se negó a recibir en una audiencia a los delegados, que entregaron un petitorio y quedaron en evaluar los próximos pasos.

Desde el MST nos hicimos presentes llevando el saludo de nuestras agrupaciones sindicales y de nuestra compañera legisladora Luciana Echevarría que en ese mismo momento estaba presentando un proyecto de declaración para denunciar esta situación y que sea tratada en el recinto. Señalamos que este no un caso es aislado sino una política general del gobierno de Schiaretti y dejamos planteada la necesidad de una gran unidad en las calles de la izquierda, las corrientes y organizaciones sindicales combativas, los movimientos sociales y de derechos humanos para torcerle el brazo al gobierno del PJ y dar vuelta esta política antipopular y antiobrera que ataca todos nuestros derechos en plena pandemia. Y nos pusimos a disposición para seguir apoyando la lucha de los compañeros y compañeras por la reincorporación de la compañera, la restitución de la delegada a su lugar de trabajo y plenos derechos para todos y todas.

Iván Sosa

Mentira #1: “No contamos con el dinero para pagar el aguinaldo“

Primero debemos aclarar que Green Eat pertenece al rubro alimenticio, y por ello es considerado esencial, por lo que mantuvieron locales facturando desde el día uno de cuarentena.

Segundo, los trabajadores sabemos que Green Eat en el 2019 se ha volcado de lleno a las ventas por plataformas y ya a fin de año la mayor cantidad de ventas provenían de delivery. Hoy sabemos que las ventas por pedidos representan un promedio de 60 tickets por turno, que muy lejos está de ser el 20% de lo que vendían, cómo nos quieren hacer creer.

Tercero, Green Eat hace casi 5 meses está exento del gasto más significativo que tiene una empresa: el pago de los salarios de sus trabajadores. La totalidad de nuestros sueldos se paga por ATP y Green Eat no abona más que $1000 o $1500 pesos (en algunos casos, esto no abarca a todes les trabajadores). También nos descuentan la mutual y la obra social que, en contexto de confinamiento, deberían abonar ellos. Sin nombrar las diferencias salariales que reconocen pero no saldan y la rebaja salarial del 30% que nos hambrea desde Marzo.

Para ser concretos: con lo que facturan en 2 días los locales abiertos, con un promedio de 240 tickets por jornada, se podrían pagar 170 aguinaldos aproximadamente. En menos de una semana, si quieren, nos pagan a todes. También sería positivo que los dueños de Green Eat abran sus libros contables y demuestren las supuestas pérdidas, porque estamos grandes para creer en los reyes magos y en la supuesta crisis de CEOs como Pablo Lorenzo.

Por último, pero no menos importante, nosotres no somos socies, Green Eat no nos da regalías o bonos ante sus cuantiosas ganancias, lo cual podemos contar como otra excusa en torno a nuestros aguinaldos: todo lo que han facturado gracias a sus trabajadores, ¿No debería estar ese dinero contemplado desde antes de la pandemia? Claro que sí, pero la pandemia no es más que una excusa. Si no compartimos las ganancias, no vamos a compartir las pérdidas. El aguinaldo nos corresponde por derecho y vamos a ir hasta las últimas por lo que es nuestro.

Mentira #2: La mayoría de los trabajadores bancan a la empresa y entienden la situación

En realidad, eso es lo que nos quieren hacer creer. Nos caracterizan a les trabajadores de Green Eat (como también al resto de trabajadores de comidas rápidas) como jóvenes con un desconocimiento total sobre nuestros derechos laborales y sindicales (Pasteleros es responsable en parte de esto). Y así juegan con ajustarnos las horas de acuerdo a nuestro rendimiento y con el miedo de que perdamos nuestro trabajo si no mantenemos cierto perfil. Estos son factores que incitaron al miedo y en un principio complejizaron la organización, pero eso ya no es así: el descontento crece cada vez más porque no pagan el aguinaldo, porque las diferencias salariales son enormes, porque nos adeudan Marzo. Cada vez somos más les trabajadores que nos sumamos a las reuniones por Zoom y a activar por nuestros reclamos. Y ojo, porque el miedo está cambiando de bando.

Mentira #3: Los que hacen lío por el aguinaldo son un pequeño grupo ideologizado

Si por ideología se entiende socializar nuestras realidades, sacar conclusiones colectivas y tomar decisiones a través del debate democrático de todes, bueno, sí, estamos haciendo ideología, pero esta vez por nosotres, y no por sus cuentas bancarias. Dentro de nuestra organización hay trabajadores con distintas posturas políticas y eso no nos impide saber cuando están vulnerando nuestros derechos y cuándo debemos actuar unitariamente en consecuencia. Esta situación, al menos, hizo que muches nos uniéramos y entendiéramos que si no peleamos por nuestros derechos, nos pasan por encima.

Mentira #4: Hace semanas la empresa decidió y comunicó pagar el aguinaldo en cuotas

Diez minutos antes de que comience la mesa de trabajo, los gerentes de los distintos locales mandan este comunicado por los grupos de WhatsApp:

Una táctica deshonesta que se podía esperar de una patronal explotadora pero que no deja de ser un esfuerzo inútil para intentar desacreditar nuestro reclamo. No sólo es falso que comunicaron esto hace semanas como dijo la directora de RRHH (no es casualidad que el aviso no tenga fecha) sino que estamos convencidos de que fue gracias a la presión ejercida por nosotres al lograr la mesa de trabajo, que la empresa se vió obligada a jugar sus cartas. A este planteo fuimos categóricos: no aceptamos ningún pago en cuotas. Estamos llegando a los 2 meses desde que nos adeudan y ahora hablar de cuotas y encima 4, es un chiste. No sin presión, logramos que el sindicato levante este reclamo básico y elemental o quede en evidencia en el intento.

El miércoles de esta semana se dió otra instancia de la mesa de negociación, ya sin nosotros, sólo entre Pasteleros, Green Eat y el Ministerio de Trabajo. Desconocemos la presión ejercida por el sindicato pero sí sabemos que Green Eat no propuso algo distinto, siguen apelando a la idea de que somos unos pocos organizades y que van a pagar (si es que lo hacen) en 4 cuotas de acá a diciembre.

Se nos ríen en la cara 

Sabemos que esto no sólo pasa en Green Eat, sino que ocurre en Wendy’s, KFC, Mc Donald’s, entre otros, y que actúan así porque en lo concreto no existe un freno real al plan que estas patronales tienen para sus trabajadores.

¿Qué hay de Pasteleros y del Ministerio de Trabajo, instituciones que existen justamente, para protegernos? ¿Cómo puede ser que ninguno de éstos haya insistido en el cumplimiento de derechos básicos? Porque nuestros reclamos no son información que no se haya sabido desde un principio. No vamos a dejar de denunciar que las patronales de este país están encarando una reforma laboral encubierta, con la complicidad de las cúpulas sindicales y del gobierno nacional.

Pero lo que rescatamos de esta experiencia que hoy nos toca vivir es que nos llevó a organizarnos para luchar. El esfuerzo de todes les trabajadores ha permitido sentar al Ministerio para que nos escuche, e insistir al Sindicato para que levante nuestros reclamos, luego de meses de pactar rebajas salariales y no hacer nada. Estamos dispuestos a ir por todo, se han terminado las negociaciones y ahora se abre una nueva etapa en nuestra lucha.

Como el 20 de julio en la puerta del Ministerio de Trabajo, hoy nos toca salir a la calle para pelear por nuestros derechos. No vamos a permitir que un empresario que se pinta de verde y amigable siga levantando fortunas a expensas de nuestro sudor, de nuestro sustento y nuestro futuro.

Por eso, a partir del día martes 18 iremos a todos los locales de Green Eat a realizar asambleas democráticas entre les trabajadores, esperamos que el Sindicato de Pasteleros acompañe estás nuevas instancias como prometió en las reuniones. Vamos a seguir peleando por nuestro aguinaldo íntegro, por el 100% de nuestro salario, por la reubicación de todes les compañeres que no tienen local y por todo lo que nos deben.

Queremos ser más, porque sabemos que nuestra pelea es justa. Contamos con el apoyo de trabajadores rápidos de otras cadenas, repartidores, trabajadores de call center y otres precarizades, la solidaridad de clase sobra y queremos que sepan que acá hay resistencia.

Les invitamos a sacar los uniformes al sol.

Nicolás Doglio y Abril Berantem, trabajadores de Green Eat

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