Escribe: Luciana Echevarría, diputada MST-FIT Unidad (LIS-Argentina), vocera parlamentaria de la Comisión Internacional.

En 10 años de régimen, en Nicaragua fueron asesinadas más personas por razones políticas que en toda la primera década de dictadura pro-yanqui somocista. Es dato, no opinión. Más todavía, para aportar:

– En Nicaragua se suprimieron centenares de organizaciones y ONG´ s independientes, de las más variadas. La última ofensiva fue contra colectivos feministas a los que, además, les confiscan sus sedes y patrimonio.

– No hay derecho a la protesta, ni hay derecho de reunión, se confiscan pasaportes en la frontera, se despide de sus trabajos estatales a familiares de presos políticos.
– Los siete candidatos presidenciales opositores a la pareja dictatorial que se presentaron a la farsa electoral de noviembre pasado, están presos.

– No hay libertad de prensa. Todos los medios independientes del FSLN, fueron cerrados, confiscados sus bienes y operan desde el exilio. Además, hay periodistas presos, directores de medios.

– Ortega-Murillo operaron reformas en el Código Penal. Además de nuevas figuras como «ciber-delito» (penado con cárcel de años), «traición a la patria» o «amenaza a la integridad nacional», se modificó un artículo que habilitaba al Estado a retener como máximo hasta 48 hs por averiguación de antecedentes a una persona, y ahora puede retenerlo legalmente hasta 60 días. Es decir: la legalización del secuestro estatal.

Hasta aquí una parte, la más «suave» del dispositivo represivo-institucional. Pero sigamos.
La Masacre de Carazo y el caso de Rodolfo «Piel» Rojas

Carazo está al sur de Managua. Su ciudad cabecera, es Jinotepe. El 8 de julio de 2018, en el marco del llamado «Operativo Limpieza» por parte de la dictadura para levantar todos los tranques en el país, se produjo en Carazo una verdadera masacre. Ese departamento junto a Masaya y Monimbó, posiblemente hayan sido de los más combativos del proceso. Carazo es una región universitaria, pero también obrera y popular, y el tranque de San José, tuvo una particularidad: no pudo ser levantado por la política de «diálogo» a la que convocó la cúpula de la Iglesia Católica y a la que se subordinaron el gran empresariado y otros sectores. Cuando se comunicaron con los liderazgos del piquete para sugerirles que depusieron la medida, por mandatos de sus bases, la respuesta fue «vayan a comer mierda, aquí nos quedamos. Carazo no se rinde». Tuvo una segunda particularidad: el componente de apoyo, de obreros y vecinos experimentados provenientes de las filas del FSLN, le dieron una consistencia y capacidad de resistencia muy grande. Trancaron 50 kilómetros de enormes camiones, en esa zona que es corredor comercial clave del país. Y tuvieron, una tercera nota distintiva: ante las agresiones con balas de plomo de las fuerzas del ejército y los paramilitares de Ortega-Murillo, se defendieron y los repelieron también de forma armada. Carazo fue un alto ejemplo de auto-defensa armada, legítima, popular, con apoyo social (durante días y días, la población asistió con comida a la vanguardia del tranque), y logró derrotar el primer intento violento de la dictadura por desalojar la ruta. El 8 de julio, sin embargo, un operativo militar de cerca de 3000 efectivos, armados AK-47, fusiles Dragunov y M16, durante 12 horas de enfrentamiento, al final con un saldo de casi 30 muertos, Carazo se rindió. La Masacre fue brutal y el saldo sangriento. Uno de los liderazgos de ese tranque, fue Rodolfo Rojas, alias «Piel», ex-dirigente de las juventudes sandinistas de Carazo. Rodolfo estaba exiliado en Costa Rica, trabajando como obrero de la construcción. Hace 15 días, fue secuestrado en territorio tico, y ejecutado con varios tiros en el pecho y la cabeza. Su cuerpo apareció tirado en la frontera de Honduras y Nicaragua, con los dientes y las uñas arrancados. Secuestro extra-territorial, seguido de torturas y ejecución. Se la tenían jurada por «desertor». Gravísimo. Inédito. Hicimos un juramento con sus familiares y compañeros, con los cuales nos reunimos. Testimoniaron para la relatoría final de la Comisión. El mundo lo tiene que saber.

¡Abran las puertas del Chipote! Basta de incomunicación y torturas

En lo personal, no nos está resultando fácil recoger los testimonios de familiares y víctimas. Las torturas, las desapariciones, el exilio, las privaciones y la indefensión en otro país. Todo esto les toca vivir como drama cotidiano a las y los afectados por el régimen de Ortega-Murillo. Los métodos y la crueldad no tienen ningún límite: ninguno. Actualmente, en todas las cárceles donde están encerrados los presos políticos, hay torturas cotidianas y vejámenes de distinto tipo:
– Golpes, celdas de aislamiento.
– Tortura psicológica.
– Violaciones.
– Comida contaminada.
– Exposición permanente a la luz artificial o a la oscuridad.
– Prohibición por semanas y hasta meses de recibir visitas.
– Confiscación de comida y artículos personales enviados por familiares.
– Falta de atención médica.

Actualmente, en El Chipote, la cárcel política emblema del régimen, los detenidos sufren aislamiento e incomunicación de sus familias. Un colectivo de DDHH construyó relatos «hablados» que comparan la figura actual de varias de las personas presas y cómo ingresaron. ¡Es desgarrador! Hay muchos casos tremendos y a la vez, los de Tamara Dávila, feminista o Félix Madariaga, ex candidato, al igual que Juan Chamorro o el director de La Prensa, Juan Hollman, son contundentes. No me quiero olvidar de Yader Parajón, al que conocimos en Argentina, de Jaime Navarrete, con cuyos familiares hablamos recurrentemente, de Ana Margarita Vijil y Dora Téllez, por quienes también exigimos preservación de la vida y libertad. Hay crímenes de lesa humanidad. Hay un plan de la dictadura, no son golpes aislados. Hay un objetivo de exterminio de personas por sus posiciones políticas. Es dictadura, sangrienta y siniestra. Sin ninguna duda.

Capitalista y estalinista: un Estado Policial, para defender negocios de la burguesía emergente

Los Ortega-Murillo expresan socialmente una nueva burguesía: la sandi-nista. Desde el pacto con Arnoldo Alemán a finales de los 90, que consistió esencialmente en un acuerdo de reparto de negocios y propiedades en el país, los Ortega-Murillo y su entorno, son grandes propietarios con negocios diversificados: financieros, forestales y de distinto tipo. Son millonarios que defienden sus privilegios. El poder, es instrumento de ese propósito. Matan, persiguen, reprimen, espían, destierran, hostigan, todo para asegurarse negocios e impunidad. Capitalista por su contenido de clase, bien estalinista por los métodos de Gulag y GPU que utiliza. ¿Cómo no calificar de dictadura a semejante monstruosidad? Obviamente, el uso de narrativas de «izquierda», «socialismo» o «antiimperialismo», tienen la meta obvia de confundir y encubrir lo que son: derechistas y burgueses enriquecidos como enterradores de una revolución hermosa que secuestraron. Pero, de nuestro viaje, de conocer tantas historias de vida y dignidad, en resistencia todavía, nos vamos con la firme convicción de que acá no se rinde nadie.

Escribe: Mariano Rosa, integrante de la Comisión Internacional

Para finales de la década del 70, el pueblo de Nicaragua sufría una dictadura de más de 40 años en el poder: el clan familiar de los Somoza, asentados en la temible Guardia Nacional desde 1936. El padre de Anastasio tenía en su haber el mérito pro-yanqui de haber asegurado el asesinato de Augusto Sandino, héroe antiimperialista nica. Los Somoza, sin embargo, atravesaban fuertes contradicciones y un creciente aislamiento por arriba y presión popular por abajo en esa fecha. El marco era el siguiente:

. A escala internacional el síndrome «Vietnam» limita las intervenciones militares directas del imperialismo yanqui: la paliza recibida en el sudeste asiático condiciona el injerencismo armado. La administración demócrata con Carter, plantea la línea de «transiciones» graduales a democracias burguesas tuteladas. Somoza, aliado, se resiste a coparticipar el poder.

. El terremoto que destruyó Managua en 1972 y los jugosos negocios de la reconstrucción los acapara el somocismo: tensiones inter-burguesas con sectores que van pasando a la oposición.

. La acción del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pese a su orientación foquista disociada de los núcleos obreros y urbanos, igualmente logra transformarse en la referencia política más consecuente contra la dictadura, ya que la oposición burguesa tiene pánico a la movilización y se limita a los artículos de denuncia de Pedro Chamorro desde las páginas del diario La Prensa.

Este cuadro general termina de inclinarse a favor de la revolución después del asesinato del mencionado Chamorro, lo cual desata como detonante final una semi-insurrección popular en todo el país, que termina conduciendo el FSLN hasta el derrocamiento de Somoza el 19 de julio de 1979.

La revolución de la esperanza fallida

La caída de la dictadura somocista se dio en medio una enorme rebelión popular, de masas, violenta, imparable. La siniestra Guardia Nacional, de los asesinatos y torturas, huye en desbandada. Mientras avanzan las columnas del FSLN liberando ciudades se incorporan a sus filas masivamente sectores populares. Es una fiesta de las masas tomándose revancha histórica y ajustando cuenta con el somocismo. Se forman milicias populares, hay embriones de autoorganización, ajusticiamiento de personeros del régimen anterior. Se multiplican las ocupaciones de fábricas y haciendas del somocismo. Hay doble poder, de hecho en el campo y la ciudad. Esta fase inicial del proceso tiene fuertes puntos de contacto con la experiencia rusa de febrero de 1917: las bases del capitalismo se desmoronan y las masas tienen objetivamente a su alcance todo el poder. Sin embargo, el FSLN ya tiene un compromiso progra-mático asumido con la burguesía «opositora» al régimen: formar un gobierno de unidad nacional del sandinismo con la burguesía anti-somocista. Ese acuerdo se plasma en la llamada Junta de Reconstrucción Nacional, que de arranque limita la posibilidad de una expropiación total de la burguesía y la reforma agraria integral. La línea sandinista, siempre por detrás de las masas, fue la de aceptar la expropiación y ocupación de las fincas y fábricas de los propietarios somocistas. A los capitalistas «demócratas» se les respeta la propiedad privada. Esta orientación bloquea la radicalización anticapitalista que toma la revolución por la base desde la caída de la dictadura. Las aspiraciones del campesinado pobre de una reforma agraria total y de los sectores más combativos de la clase obrera nica (la construcción, del cuero, el magisterio) empieza a verse limitada desde la génesis. El desenvolvimiento de la revolución sorprende a la dirección del FSLN, y su curso independiente. De allí, por consejo de la burguesía aliada y los aparatos que actúan conscientemente para frenar el proceso, se despliega una acción represiva sobre fuerzas de izquierda independientes, como la heroica Brigada Simón Bolívar (orientada por la corriente internacional de la que provenimos, referenciada en Nahuel Moreno), a la que termina incluso expulsando del país entregándola a la policía panameña de Torrijos. ¿El «crimen» cometido? Fundar más de 70 sindicatos independientes y plantear un gobierno obrero y campesino, sin capitalistas: ni «anti-patria», ni «patriotas». Ninguno. Esa línea chocaba de frente con la concepción de colaboración de clases del sandinismo desde el minuto cero.

Operación «congelador»: la injerencia del estalinismo, la claudicación
Toda centroamérica se activó con el proceso nica. De hecho, El Salvador, limítrofe, vivió un proceso profundo también contra la dictadura de ese país. Las resonancias impactaron sobre toda la región y más todavía fueron un potente estímulo en el Cono Sur, atravesado de dictaduras genocidas. Por eso, ante el terror de sufrir una nueva «Cuba», el imperialismo yanqui actuó rápido:

. Primero, asesorando a la burguesía anti-somocista que se integró al gobierno con el FSLN y logró un primer objetivo: evitar frenar la dinámica anticapitalista y expropiadora de la revolución.

. Después, con el abandono de ese sector burgués del gobierno, reemplazó por ex funcionarios somocistas (¡para dar señales de confiabilidad!, decía el FSLN), el imperialismo cambia y pasa a una etapa contra-revolucionaria en el plano militar: financia los contingentes mercenarios de «los contras» que encabezan operaciones de sabotaje. Incendios, bombas en refinerías y puertos y atentados para generar pánico y confusión. Sin embargo, a un altísimo costo en vidas humanas, y a pesar de las vacilaciones de la conducción sandinista, la fuerza de las masas armadas derrota a la contra-revolución.

Sin embargo, en lugar de pasar a la ofensiva expropiando e imponiendo el control obrero, Ortega al frente del FSLN sigue los consejos de Fidel Castro e inicia el proceso de firma de pactos y compromisos que abortan la posibilidad de radicalizar y regionalizar la revolución. Así, aceptan pagar deuda externa, no represaliar a los mercenarios contras, devolver fincas y fábricas, y lo más importante: no colaborar con la guerrilla salvadoreña del Farabundo Martí y no intervenir en los conflictos regionales. La consumación de la catástrofe es aceptar el llamado a elecciones en los marcos de la democracia burguesa tutelada, y así, las consecuencias sociales y económicas del aislamiento de la revolución hacen que se deteriore la relación del FSLN con franjas de masas y un mega-frente electoral opositor burgués, con Violeta Chamorro a la cabeza, recupera para la burguesía todo el poder político en el país. Es 1990 y empiezan 17 años de neoliberalismo furioso en el país del pueblo que estuvo a punto de tomar el cielo por asalto. En todo caso, esta historia no hace más que confirmar la tesis principal de la Teoría de la Revolución Permanente de León Trotsky: proceso revolucionario que no avanza hacia ser más anticapitalista y socialista hacia adentro del país, e internacional y mundial hacia afuera, se estanca, retrocede y se transforma en su opuesto. Aprender, para no repetir. Esa es la moraleja política.

Con el pueblo nica: antes, ahora y siempre

Desde su retorno al gobierno en 2007 en el marco de la ola «progresista» continental, el FSLN con Ortega ejecutó una política de administración capitalista, representando a la nueva burguesía sandinista y pactando con las fracciones capitalistas desplazadas. En los años de oposición, el FSLN cohabitó con los gobiernos derechistas pro-yanquis, e incluso su hermano Humberto siguió al frente del ejército todo ese tiempo. Los rasgos más bonapartistas, además de la política clientelar hacia las masas se fueron consolidando. Los petrodólares del chavismo colaboraron durante una década, pero esa situación empezó a cambiar radicalmente y la crisis económica al agudizarse tensó las relaciones con las cúpulas del gran capital local y la iglesia. En abril de 2018, una rebelión popular encabezada por la juventud estudiantil enfrentó la represión del régimen y sus medidas fondomoneta-ristas de recorte de derechos a los pensionados. La violencia brutal desatada por Ortega-Murillo radicalizó todavía más a ese nuevo activismo juvenil, hijos y nietos de militantes sandinistas, y a la vez, consolidó el alejamiento de dirigentes emblemáticos del FSLN en un proceso que ahora confluye en la resistencia común. Las derivas de la política siniestra de la pareja gobernante con asesinatos, destierro, exilios masivos, cárcel por protestar, torturas, espionajes, juicios-farsa, y todo el dispositivo típico del peor estalinismo, no hace más que reafirmar que estamos frente a una dictadura burguesa por su contenido de clase y estalinista por los métodos de su régimen político. De nuestra parte, como corriente histórica, siempre estuvimos con las causas justas del pueblo nica: desde la Brigada Simón Bolívar en 1979, hasta las campañas contra el bloqueo y el asedio imperialista. Siempre independientes de la dirección sandinista, siempre críticos de su rumbo enterrador de la revolución. Hoy, el impulso de la Comisión Internacional de diputados de izquierda y referentes de DDHH ratifica ese compromiso de toda la vida, y colabora en la unidad de acción para una muy positiva confluencia internacionalista. Porque llevamos al pueblo nica y sus luchas heroicas en nuestras conciencias y corazones. Porque ninguna dictadura es para siempre. Porque tu lucha Nicaragua, es nuestra lucha. Allá vamos.

No somos indiferentes. Nicaragua nos convoca

Llevamos desde siempre a Nicaragua y las luchas de su pueblo rebelde centroamericano en nuestras conciencias y corazones. Porque su poderosa revolución en 1979 contra la dictadura siniestra de Anastasio Somoza fue un punto de referencia latinoamericano y mundial, y porque hoy la realidad que le toca sufrir a su pueblo no nos es indiferente.
En abril de 2018 frente a las medidas aplicadas por Ortega-Murillo por indicación del FMI, y especialmente, por la indignación antes el ataque al derecho de los pensionados, el régimen acudió a la brutal represión ante las protestas. Estalló, entonces, un enorme proceso de movilización popular, con especial protagonismo de su juventud.
No fue un rayo en cielo despejado: el ajuste económico-social y el autoritarismo, venían desde hacía años. Más allá de los discursos falsamente “antiimperialistas” y de “izquierda”, el gobierno actual del FSLN aplica medidas de ajuste desde su retorno al poder. De allí, que Nicaragua es hoy un país capitalista en todos sus términos y con las tasas de pobreza más altas del continente. La Rebelión de Abril, fue un punto de inflexión ante ese cuadro general.

El panorama actual es de más de 180 personas presas políticas, entre ellas, dirigentes históricos de la lucha anti-somocista, activistas del movimiento estudiantil, feminista y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país.

Por eso, hemos resuelto la conformación de una Comisión Internacional de parlamentarios, referentes de organizaciones de DDHH, de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y del campo de la cultura, que con independencia de todo injerencismo imperialista y sus aliados locales en Nicaragua, tiene el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua, tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país. Por supuesto en el camino de una exigencia que es causa y bandera básica para nosotros y nosotras: la libertad incondicional de todos y la anulación de sus condenas. Esta Comisión viajará con el fin señalado el 6 de julio a Costa Rica y desde allí hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Llamamos a fortalecer esta iniciativa, sumando adhesiones de todo el mundo en respaldo a la propuesta.

Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua

Escribe: Pablo Vasco

En abril de 2018, una rebelión popular se alzó contra las medidas fondomonetaristas dispuestas por el gobierno de Ortega-Murillo. Sí, el mismo que en 1979 había sido uno de los comandantes de la guerrilla sandinista que condujo la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, ahora como presidente de Nicaragua aplicaba las recetas del FMI. En dicha rebelión, que incluyó paros, movilizaciones y tranques (piquetes), el protagonismo central lo tuvo la juventud. Y la respuesta, como la de cualquier otro gobierno capitalista neoliberal y dependiente, por más que con toda hipocresía se autodenomine «socialista», fue la represión pura y dura.

La movilización acorraló al gobierno, pero si éste no cayó fue por la ausencia de una conducción centralizada y también por la política de «diálogo» de la oposición burguesa Azul y Blanca, comandada por el gran empresariado local con apoyo de la Iglesia. Así la dictadura de Ortega logró sacar a la gente de las calles, ganó tiempo y desplegó primero una represión selectiva y luego, a partir de julio, una política de tierra arrasada. En total hubo al menos 355 muertos y cientos de heridos. A partir de ese momento se dio un repliegue de las masas, y miles y miles partieron al exilio. Por ejemplo, sólo en Costa Rica se estima que hay actualmente más de 300.000 nicaragüenses.

Ahora la tarea en Nicaragua consiste en preparar las condiciones para fortalecer la resistencia popular al régimen dictatorial e impulsar el retorno de la movilización, así como avanzar en la construcción de una alternativa política que le dé una salida positiva para la juventud y el pueblo trabajador nica. La tarea principal e inmediata es lograr la liberación de las presas y presos políticos, en el camino de echar a la dictadura de Ortega-Murillo y transformar Nicaragua sobre nuevas bases, antimperialistas, anticapitalistas y socialistas.

Campaña de solidaridad

En este difícil contexto político, desde la Liga Internacional Socialista (LIS) y su sección nicaragüense Alternativa Anticapitalista, junto al Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica, colectivos de migrantes nicas en este último país y otras agrupaciones de Centroamérica venimos impulsando una campaña internacional por la libertad de los presos políticos, entre los que se cuentan desde dirigentes juveniles hasta antiguas lideresas del Frente Sandinista, heroínas de la revolución. Sus condiciones de detención son terribles, sufren torturas, se les priva de atención médica y se les impide la visita de familiares. En febrero pasado murió en prisión el general Hugo Torres, héroe sandinista.

En la Argentina ya han firmado un pronunciamiento solidario por la libertad de los presos políticos nicaragüenses 16 organismos de derechos humanos, algunos que son integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otros no. En la marcha del 24 de Marzo, compañeras y compañeros exiliados nicas alzaron pancartas con los nombres de las presas y presos. Asimismo, en Buenos Aires, el martes 19 se realizó una protesta frente a la Cancillería, en Plaza San Martín, y luego una marcha y acto ante la embajada de Nicaragua, en Santa Fe y Callao. Participaron Alejandro Bodart, coordinador de la LIS; Cele Fierro, Vilma Ripoll y Mariano Rosa, dirigentes del MST en el Frente de Izquierda Unidad, al igual que Bodart. Jóvenes militantes llevaban carteles con los nombres de las detenidas y detenidos políticos.

Ante la Cancillería, luego de las palabras de una militante nica exiliada en nuestro país, Bodart expresó: «Hoy se cumplen cuatro años del levantamiento popular en Nicaragua contra el ajuste dictado por el FMI, que pretendió aplicar la dictadura capitalista de Ortega-Murillo en ese país. Desde entonces, la represión sobre dirigentes estudiantiles y sociales no se ha detenido. Al día de hoy se contabilizan 185 presas y presos políticos en condiciones aberrantes. Venimos a plantear que el gobierno nacional condene ese régimen y rompa relaciones». Y se entregó una nota con dicho pedido.

Luego Bodart agregó: «En pocas semanas, junto a diputados y diputadas de izquierda y referentes de derechos humanos, en acuerdo con una amplia coordinación de organizaciones nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, se conformará una comisión latinoamericana que viajará para exigir el ingreso a territorio nicaragüense y certificar las condiciones de salud y encierro de las y los presos».
¡Sigamos respaldando con firmeza esta campaña democrática!

El miércoles 6 de abril a las 10 horas se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la Cámara Penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso.

Las organizaciones firmantes entendemos que no se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso.

Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales. Extendemos este llamado a movilizar y solidarizarse al conjunto de las organizaciones obreras, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Por todo lo expuesto, en un amplio espacio de unidad y en las calles les exigimos a los jueces, fiscales y al poder político de turno que liberen a nuestros compañeros, por el desprocesamiento y el cese de la persecución a lxs que luchan ¡Libertad a lxs presxs políticxs! ¡Luchar no es un delito!

Miércoles 6 de abril, 10 horas en el Obelisco, para marchar a Libertad 1042. CORREPI, AGENCIA AR, CEPRODH, PTS, JUVENTUD GUEVARISTA, MTR HISTORICO, PCT, FAR, BARRICADA TV, DEMOCRACIA OBRERA, MTR VOTAMOS LUCHAR, FOGONERXS, CADHU, MST, SECRETARÍA DE TRABAJADORXS MIGRANTES Y REFUGIADXS UTEP – MP NUESTRAMÉRICA, PRML, CADEP, MTL REBELDE, PSTU, TRABAJADORES DE BASE, LSR, BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.RE, OTL, AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA), VENCEREMOS PT, COMPAÑERXS Y AMIGXS DE JARU, CAPOMA, COLUMNA BOLI LESCANO, CUBa-MTR/MIDO, MOVIMIENTO REBELION POPULAR, ERyS, PARTIDO OBRERO, APEL, COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL, MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FPDS CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS, MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – IGUALDAD SOCIAL, FAR Y COPA EN MARABUNTA, FOB AUTÓNOMA, OLP RESISTIR Y LUCHAR), PRSA, RESISTENCIA POPULAR, MOV. ANA MARIA VILLARREAL, MOV. 19 y 20 DE DICIEMBRE, FTC – M29, AEDD ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS, POLÍTICA OBRERA, LIBRES DEL SUR – BARRIOS DE PIE, OPINIÓN SOCIALISTA, CONVERGENCIA SOCIALISTA, RAZON Y REVOLUCIÓN, MARABUNTA CORRIENTE SOCIAL Y POLÍTICA, NUEVO MAS, IZQUIERDA SOCIALISTA, FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA), PAÑUELOS EN REBELDÍA, PARTIDO SOCIALISMO y LIBERTAD, CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL, COORDINADORA SIMON BOLIVAR, AGRUPACION CLASISTA LUIS PONS MUNICIPALES AVELLANEDA, RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES, HILO ROJO COLECTIVX MILITANTE, ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN EMCF, COMISION DE VECINES JUSTICIA POR CAMPOMAR, RESUMEN LATINOAMERICANO, POLO OBRERO, MTR 12 DE ABRIL, MOVIMIENTO ARGENTINA REBELDE, COLECTIVO DOCENTE EN CLASE, CONTRAHEGEMONIA WEB, JUVENTUD EMERGENTE, TUN 29 DE MAYO – 29 DE MAYO TERCIARIOS, CORRIENTE SINDICAL JORGE WEISZ, PPC, FRENTE DE L A TOSCO, LA WILLIAM COOKE

La mañana del 13 de junio de 2021, fue detenida Dora María Téllez; heroína de la revolución sandinista a finales de los años 70´s. Junto a Dora María, también fue apresada Ana Vijil, integrante del Movimiento Renovador Sandinista.

El 1 de febrero de 2022, se retomaron los juicios contra 36 presos políticos que fueron detenidos en junio de 2021, considerados peligrosos para el gobierno de los Ortega, entre ellos, Dora María Téllez, el joven activista Yader Parajón, cuyo hermano fue asesinado en las jornadas de Abril por la represión de la dictadura y el líder estudiantil Lesther Alemán quien enfrentó públicamente a Daniel Ortega durante el levantamiento del año 2018, después que el gobierno sandinista implementara un plan de ajustes dictado por el Fondo Monetario Internacional. Entre esos planes, se impulsó un ataque al sistema de pensiones que provocó un levantamiento popular encabezado por jóvenes universitarios al grito de «con los abuelos no». La revuelta fue aplastada, dejando un saldo de 300 asesinadas, mil personas heridas, 115 presos políticos y 70 mil más en el exilio.

El 3 de febrero, Dora María y Lesther Alemán fueron sentenciados a 15 años de cárcel bajo los delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «conspiración». Yader Parajón a 10 años de prisión por los mismos delitos. Esta noticia nos indigna y llena de rabia, así como el trato inhumano que se ha venido dando a los presos políticos, golpizas, tortura y faltas al debido proceso. Familiares y testigos oculares denuncian que, en su detención, Dora María fue golpeada. A su vez, Ana María Vigil también ha sido condenada bajo los mismos cargos.

Los juicios se han realizado a puerta cerrada, con total hermetismo, dentro de las mazmorras en donde el gobierno capitalista de Daniel Ortega tiene secuestrados a todos aquellos que él considera «opositores», a sus familias se les ha negado el derecho al estar presentes durante el juicio. A decir de los abogados de Dora María, los juicios deben celebrarse en los tribunales, no en prisión. Los familiares de los presos políticos han denunciado esta maniobra del gobierno para que no se filtren imágenes a los medios de comunicación que evidencien el deterioro físico y emocional en el que se encuentran, producto de la tortura que están sufriendo.

Por esta razón, organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, así como personas solidarias con la causa del pueblo nica contra la dictadura de los Ortega y el FSLN, exigimos que se organice una comisión internacional para visitar y documentar las condiciones en las que se encuentran las y los presos políticos en Nicaragua, su estado de salud físico y mental, que el gobierno nica retire todas las acusaciones contra los presos políticos y sean puestos en libertad.

Solidariamente

Primeras adhesiones
Alternativa Anticapitalista de Nicaragua-LIS; Grupo de Trabajadores Socialistas (Colombia); Impulsó Socialista de (Colombia-LIS);  Dave Turpin, Committees against War and for the People´s Self-Determination- Comités contra la Guerra y por la Autodeterminación de los Pueblos (Estados Unidos de Norteamérica);  Movimiento Socialista de los Trabajadores MST-LIS en el FIT-Unidad de Argentina; Alejandro Bodart, coordinador de la Liga Internacional Socialista-LIS; Jesús Valdez, editor de @Revolucion / La Marx México; Tomás Andino Mencía, ex diputado nacional de UD y activista popular (Honduras); David Velasco, Sección 22 CNTE / La Marx México; Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE / La Marx México; Ofelia Rivera, Sección XXII CNTE (México); Guillermo Carvajal Alvarado, catedrático Universidad de Costa Rica; Jennifer Valeska Sánchez Morales, economista (Nicaragua); Humberto Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro «Libertad» (México); Víctor Segura Ramírez, Secretario de Organización del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Costa Rica; Franklin Quesada Campos, directivo de la Central General de Trabajadores (CGT), Costa Rica; Generando Movimiento de General Motors de Silao, Guanajuato (México); Carlos Lanza, curador y crítico de arte (Honduras); Vladimir de la Cruz, Historiador, Miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica); Raymundo Hernández, Coordinador General de las Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-México); María José Herrera, madre de la Comisión de la Campaña Internacional ¿Dónde está Camila Cinali? Desaparecida por Trata (Argentina); Ernesto García Linares, activista popular (El Salvador); José Ángel Garrido, militante trotskista y especialista en lengua castellana (Panamá); Allan Duarte, abogado internacionalista (Guatemala); Profesor Rafael Capellán (República Dominicana); Greta Roquero, periodista (Argentina); Rebeca Monteiro, Abogada (Brasil); Gisele Sifroni, Profesora Universidad Federal del Amazonas, (Brasil); Celina Contu, abogada (Argentina); Movimiento Revolucionario Socialista (Brasil); Juventud Socialista (Honduras); Patricia Ramos Con, abogada Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Stella Chinchilla, comunicadora popular independiente (Costa Rica); Juan Carlos Zamora Ureña, sociólogo, profesor universitario (Costa Rica); Dra. Luisa Liliana Hermosilla, Salta, (Argentina); Daniel Campos, Economista Marxista (Argentina); Mariano Cordero, abogado laborista, Chihuahua (México); Tobías Fernández profesor escuela pública (Republica Dominicana); Rafael Encarnación de Militantes Revolucionarios Socialistas (MRS) de República Dominicana; Adrián Jaén España, sociólogo y dirigente nacional Bloque de Vivienda, (Costa Rica); Grace Serrano, integrante Bloque de Vivienda, Upala (Costa Rica) ; Socorro Trejos, María José Lechado y María de los Ángeles Téllez, Comité de Lucha por Vivienda Monte Alto Alajuelita, Bloque de Vivienda (Costa Rica); Mariano Cordero, abogado laborista, Chihuahua (México); Ana Laura Hernández / La Marx México; La Marx Mujeres / Plataforma internacional contra los Feminicidios y Desapariciones; La Voz del Anáhuac (México); Frente Popular Francisco Villa Independiente (México); Frente del Pueblo (México), Mariano Díaz / Grupo Socialista Obrero México; Dr. Olivo García / La Marx México; Miguel Barrios Gutiérrez obrero de construcción y militante del PRT Costa Rica; David Morera Herrera, sociólogo Universidad Nacional de Costa Rica; Alejandro Benedetti, periodista, Argentina / Editor de @Revolución y militante del Nuevo PST; Jean Moreno, profesor de Secundaria (Costa Rica); Rafael Morera Ramos, Estudiante de Secundaria (Costa Rica); La Marx (México;) Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (Costa Rica); Grupo Socialista Obrero (México); Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores (Argentina); La Marx (Brasil); La Marx (México); Núcleo Trotskista Internacionalista-Cuarta Internacional (México)
Angélica Lagunas, Diputada mandato cumplido por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda de Trabajadores – Unidad- (FIT-U), actual Secretaria General de Aten Capital (Argentina); Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano, diputada y diputado nacional electos Izquierda Socialista en el FIT-U (Argentina); Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista en el FIT-U (argentina); Mercedes Trimarchi y Pablo Almeida, legisladores electos CABA Izquierda Socialista en el FIT-U (Argentina); Noelia Aguero, legisladora Córdoba Izquierda Socialista en FIT-U (Argentina); Blanca López, legisladora por Neuquén Izquierda Socialista en el FIT-U (Argentina); Pablo Heller y Rafael Santos, por Dirección del Partido Obrero (PO) en el FIT-U (Argentina);

Según el presidente, son meras “detenciones arbitrarias por parte de la justicia”. Otros funcionarios más bien del ala kirchnerista, en cambio, afirman que se trata de “presas y presos políticos”. Y algunos otros, como Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostienen que más allá del debate semántico tales personas merecen la libertad.

Bajo la dictadura era más simple aplicar la categoría de preso político: por decreto, había “detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, en su mayoría bajo la excusa de la “seguridad nacional”, sin intervención de la justicia. Desde la vuelta de la democracia burguesa, la cuestión se complica. Como es obvio, ningún gobernante que se diga democrático va a reconocer “yo mandé a detener a tal persona por cuestiones políticas”. Veamos, entonces:

Por un lado, la justicia de este sistema capitalista, como parte del poder y con su mirada de clase, juzga y castiga con multas, cárcel y otras penas a quienes transgreden sus normas: es lo que llamamos criminalización de la protesta social. Hoy hay unos 5.000 delegados gremiales y activistas de muy diversos movimientos sociales bajo proceso penal por cortes de rutas o calles, acampes, tomas u otras medidas de lucha. Si están detenidos, los consideramos presos políticos y merecen estar libres y ser anuladas sus causas.

Por otro lado, altos funcionarios políticos condenados por delitos de corrupción utilizan la confusión para victimizarse: se autodefinen como “presos políticos” con tal de eludir el castigo que les corresponde. En estos casos, como esta justicia actúa según el gobierno de turno, la única salida imparcial es formar una comisión investigadora independiente: una CONADEP de la corrupción. Si aún no se dictó condena y no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la causa, no corresponde ninguna detención arbitraria y deben seguir libres mientras el proceso sigue.

En algunos casos se pueden dar distintas combinaciones de ambas circunstancias. Pero siempre predomina una y eso debe ser lo determinante para reclamar o no su libertad, aunque sigan procesos penales por motivos ajenos a las luchas sociales.

Por supuesto estas consideraciones valen para toda persona detenida, coincidamos o no con su política y/o con su metodología. En el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala, fue detenida en el marco de un acampe de varios movimientos piqueteros. Es decir, es claramente una persecución por razones políticas y por eso reclamamos su libertad. Y esta demanda es independiente de las acusaciones posteriores por hechos de corrupción, que a su vez pueden ser reales o montados. Lo mismo en el caso de Luis D’Elía, preso por la movilización y toma de una comisaría porteña ante el asesinato de un referente de su movimiento, a manos de un sicario, por denunciar a una banda de narcos con participación policial. Y tuvimos los casos de Daniel Ruiz y César Arakaki, injustamente detenidos y procesados por participar de la movilización a Congreso contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017.

No es el caso de detenciones como las del ex ministro Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou y otros ex funcionarios. En casos así correspondería, como dijimos antes, constituir una comisión investigadora independiente para ir a fondo contra toda la corrupción y terminar con la impunidad, tanto del gobierno actual como del de Macri y todos los anteriores.

De molestias, lawfare y proyectos

AF dijo: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo… Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá”. Primero, es bastante servil: pide “prudencia” porque al FMI y demás buitres a veces les cae mal pactar con gobernantes autoritarios. Pero segundo y principal, si bien no tiene presos políticos en el sentido que no fueron detenidos bajo su gobierno, los mantiene entre rejas.

Por esa razón de fondo el pasado lunes 10F, los once organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia1 entregamos en la Casa Rosada un documento con nuestras diez exigencias al gobierno nacional. Su segundo punto expresa: “Exigimos la inmediata libertad de lxs presxs políticxs, frente a quienes niegan su existencia, así como el cierre de las causas contra lxs luchadorxs populares”.

Como su postura antidemocrática genera rechazo en muchos ámbitos, AF viene promoviendo una “reforma integral” en nombre de evitar el uso de la justicia para persecución política: el llamado lawfare. El 1º de marzo anunciaría proyectos más concretos, que se están cocinando bajo la batuta de su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y su ministra de Justicia, Marcela Losardo.

El problema es que esa reforma no sería más que tunear el fallido intento de CFK en 2013, que planteaba una “democratización” tramposa: elegir por voto popular al Consejo de la Magistratura, cuando en realidad la única forma genuina de democratizar es elegir por voto popular directo a todos los jueces y fiscales, en elecciones separadas de los comicios políticos, desde el último tribunal hasta la Corte Suprema, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño. Mientras haya Consejos de la Magistratura, en donde se tejen los pactos políticos para designar y remover a los jueces, no habrá una justicia realmente independiente.

A su vez, el viernes 14 AF mandó al Congreso su proyecto de reforma al régimen jubilatorio de los jueces y diplomáticos: sube la edad jubilatoria de 60 a 65 años, aumenta un 7% el descuento al salario y no cobrarán el 82% móvil del último salario sino sobre el promedio de los últimos 10 años. Que los jueces tienen privilegios es sabido. Pero el proyecto está mal: nivela para abajo y de paso mete una cuña para subir la edad jubilatoria en general como exige el FMI. Lo que hace falta es otra cosa: rebajar sus salarios a lo que gana un director de escuela de doble turno con 10 años de antigüedad, pero respetar el 82% móvil real sobre el último haber, por supuesto también para toda persona que se jubile. Asimismo, como no pocos jueces se jubilarán ahora para no perder plata, el gobierno aprovechará para ocupar esas vacantes con magistrados afines. La “independencia de la justicia”, te la debo.

En síntesis, libertad a las presas y presos políticos, CONADEP de la corrupción, respeto al 82% móvil para todes y democratización efectiva del sistema judicial mediante la elección de los jueces por voto popular y los juicios por jurados populares. Lo demás es doble discurso.

Pablo Vasco, miembro, del CADHU y del EMVJ

1. AEDD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), APEL (Asociación de Profesionales En Lucha), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), CMM (Colectivo Memoria Militante), CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman), Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S Zona Oeste y SERPAJ (Servicio Paz y Justicia).

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Fax: +505 2266 3102
daniel@presidencia.gob.ni

Dr. Paul Oquist
Secretario Privado de la Presidencia
paul.oquist@sppn.gob.ni

Dra. Alba Luz Ramos
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
aramos@poderjudicial.gob.ni

Dra. Ana Julia Guido
Fiscal General de la Republica
anajuliaguido@ministeriopublico.gob.ni

La solidaridad internacional es un asunto muy importante para lograr la libertad de Medardo Mairena, apoyar la lucha contra la represión y para detener las masacres en Nicaragua.