Escribe: Cele Fierro

Nuestra acción tuvo, y sigue teniendo, mil vueltas de calesita en la justicia. El tema tiene eco en los medios. Lo primero es reafirmar que gracias a nuestra lucha colectiva Bullrich se tuvo que sentar a dar explicaciones sobre su protocolo.

En las grandes marchas protagonizadas por la multisectorial independiente, formada por el sindicalismo combativo, asambleas barriales, el movimiento socioambiental, de derechos humanos, el colectivo Unidxs por la Cultura y por supuesto la izquierda, denunciamos esta política represiva. La misma que aplicaron cuando nos manifestamos y terminó con detenidos y heridos por las balas de goma, los palazos y los gases. En ese marco, Casanello asumió nuestra causa -que había sido paseada por ocho juzgados y una cámara- y le reclamó al Ministerio de Seguridad que se adecúe a las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Tuvimos la iniciativa junto al CADHU, nuestro Centro de Abogades por los Derechos Humanos, ni bien Bullrich anunció el protocolo. Porque en el país de la lucha vigente por la Memoria, la Verdad y la Justicia no podía pasar una medida que ataca no sólo nuestro derecho a la libre expresión, de reunión y de protesta, sino que también plantea otro paso haca un régimen político autoritario y casi un estado de excepción.

Pero todo lo que pasó después, el positivo fallo del juez, las audiencias cara a cara con Bullrich y sus abogados, que a la desesperada presentaron siete escritos a la justicia para suspender todo lo actuado, fue gracias a la lucha colectiva. Es decir, a Bullrich no le alcanzó tener al aparato judicial de su lado porque la movilización, los repudios nacionales e internacionales, el amicus curiae presentado por todos los organismos de derechos humanos y asociaciones de juristas y abogados laboralistas, ponen en jaque su protocolo ilegal.

En síntesis, luchar sirve. Por eso, aunque por ahora con presión y maniobras Bullrich avanzó un poco, le seguimos dando pelea. El 28 presentamos un recurso de casación ante la Sala II de la Cámara, ¡pero en menos de una hora Farah lo rechazó! Una actitud escandalosa, funcional al gobierno. Obviamente, iremos en queja directa a Casación. El 13 de marzo haremos una audiencia pública en la Legislatura porteña. Y lo principal: seguimos la lucha en las calles. El 1° de marzo en Congreso cuando Milei abra las sesiones, el 8M con las mujeres y disidencias, y el 24 a desbordar Plaza de Mayo. Con la más amplia unidad, en defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Nuestro recurso pasó por ocho juzgados y una cámara de tres fueros judiciales distintos -electoral, contencioso administrativo y criminal y correccional-, que fueron pateándose la pelota. Finalmente, días atrás el juez federal penal Sebastián Casanello, del Juzgado N° 7, se declaró competente en la causa iniciada por nuestro partido, el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Casanello recaratuló como hábeas corpus nuestra presentación iniciada como acción declarativa de inconstitucionalidad y le ordenó a la ministra de Seguridad de la Nación informar en el plazo de 72 horas qué antecedentes consideró, qué consultas hizo para elaborar su protocolo y qué respondió ante el informe crítico de tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU sobre el mismo.

Es que ya antes habíamos agregado al expediente judicial dicho informe, así como los absurdos telegramas que nos envió el Ministerio al MST pretendiendo en forma delirante cobrarnos 40 y 63 millones de pesos por los operativos policiales que Bullrich desplegó frente a las movilizaciones unitarias del 20 de diciembre a Plaza de Mayo y del 27 a Plaza Lavalle. Es el colmo: ¡recortan el derecho a la protesta y encima pretenden que les paguemos la represión!

Cuestiones en debate

Como Bullrich para armar su engendro no consultó a otras áreas del Estado, a organizaciones sociales ni a organismos internacionales y además contestó que las críticas de los relatores especiales todavía estaban «en análisis», el pasado martes 7 Casanello dictó una medida cautelar que consideramos muy positiva.

Dicho sea de paso, como en su respuesta la misma Bullrich nos considera al MST legítimos para mandarnos multas por marchar pero cuestiona la legitimidad de nuestras diputada y apoderada para querellarla, Casanello la refutó: «la Constitución Nacional establece que este remedio legal [el hábeas corpus] podrá ser interpuesto ‘por el afectado o por cualquiera en su favor’.»

Por ahora el juez no suspendió el protocolo como reclamamos y además falta resolver la cuestión de fondo de si éste es o no inconstitucional. Pero en su fallo hizo varios alertas significativos:
. «los términos del Protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitaciones de poder punitivo por fuera de la norma penal.» Dicho en fácil, el protocolo puede habilitar mayor represión que la que permiten las leyes.
. «La definición de los tipos penales es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, que se expresa mediante el dictado de Códigos y Leyes emanadas del Congreso. La determinación del alcance de las figuras penales, y de su aplicabilidad a los casos concretos, corresponde al Poder Judicial.» Como Bullrich se arroga la monárquica y repudiable potestad de considerar cualquier piquete, marcha o corte así sea total o parcial como un delito, el juez reafirma que las leyes que definen los delitos las hace el Congreso y las interpreta la justicia, no el Poder Ejecutivo.
. También reafirma la validez de la Observación N° 37 del Comité de Derechos Humanos y los cuestionamientos de los relatores al protocolo porque incumple los estándares internacionales de protección al derecho de reunión pacífica. Para el juez, considerar de antemano «a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección».
. Como mediante su protocolo Bullrich pretende además abrir un registro de las personas y organizaciones que participan en manifestaciones, el juez sostiene «que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, y no violar la privacidad de los manifestantes». Y cita otro fallo suyo, en donde afirma que «tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político».
. Asimismo, el juez afirma que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades-. Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático por lo que merecen especial protección».

La cautelar, un paso adelante

Por todas esas razones, Casanello exhorta al Ministerio de Seguridad de la Nación a que:
«1. En el marco de su competencia, adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho, incluido todo el bloque de constitucionalidad, debiendo sujetarse al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, entendidos como derecho constitucional reglamentado.

«2. Instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales.

«3. Tome razón del estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024 (OL ARG 3/2024), e instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a observar un comportamiento adecuado a ese estándar.»

Es decir, el juez le impuso claras limitaciones y condicionamientos al protocolo de la ministra Bullrich, cuyos brutales efectos represivos ya vimos y sufrimos en carne propia en estas jornadas de lucha frente al Congreso contra la ley ómnibus de Milei. Por último, citó a las partes a una audiencia el próximo miércoles 14 en los tribunales de Comodoro Py.

Seguir la pelea anti-protocolo

El mismo día en que cayó la ley ómnibus en el Congreso, martes 6, la noticia de este fallo significa otro duro golpe para el gobierno ultraderechista de Milei y Bullrich. Desde el CADHU y otros organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también algunos de la Mesa de Organismos estamos vamos a presentar en esta causa un recurso de amicus curiae en contra del protocolo. Adjuntaremos también la presentación que nos ofreció el CELS, realizada junto a los sindicatos SIPREBA y ARGRA, y al CEPRODH, ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta, integrado a su vez por los derechos de reunión, de asociación y de petición ante las autoridades y la libertad de expresión, seguimos esta batalla decisiva a nivel judicial y sobre todo en las calles, que en definitiva son nuestra única garantía de victoria.

Escribe: Cele Fierro

Estas semanas han sido una escuela de nivel avanzado sobre política y organización, quienes pintan canas ya las han pasado a todas, la juventud empieza esa escuela acelerada, que no por rápida deja de ser muy importante, sobre todo las conclusiones que se sacan para un futuro, no lejano.

En una entrevista a un medio televisivo un pibe decía, “el peronismo, los sindicatos no salen, al final, yo no soy trosko pero siempre terminan saliendo los partidos de izquierda, a poner la cara, a comer los palazos”. Corto, simple, y sobre todo claro.

Claridad que no tienen los que hasta hace poco eran gobierno, del campo “nacional y popular”, defensores de los DDHH, que en el parlamento hablan contra la ley de Milei, pero en la calle, que es donde sabemos se resuelven estas disputas, no estuvieron. Algunos incluso han dicho que aún no es tiempo, el ex-candidato a presidente de UxP directamente dijo que el paro fue muy apresurado. Lamentablemente, para quienes han acompañado este proyecto durante los últimos años, todas estás definiciones políticas actuales se suman al fracaso del gobierno de coalición peronista. Gobierno que al aplicar un fuerte ajuste y seguir la hoja de ruta del Fondo y las corporaciones, generó enorme descontento y así abrió la puerta para que hoy nos gobierne esta derecha reaccionaria.

Donde hay que estar para avanzar

Por supuesto, desde la izquierda estamos donde hay que estar. Cuando hay que defender una causa justa, ahí estamos, y siempre estaremos. Lo que es clave en este momento, es discutir y dar pasos para superar los límites que se alcanzan en términos de organización y representación política. Si bien, en el marco de la polarización política y social (no es un invento argentino) que se vive a nivel mundial, en esta danza de la disputa de clases, la ultraderecha ha logrado estructurarse en términos políticos-organizativos: armaron partido, crearon coaliciones, ganaron elecciones, pero les cuesta consolidarse y avanzar por la fuerte resistencia que tienen enfrente. Por ejemplo, en nuestro país, hasta ahora Milei no logra expresar su base social en la calle. Justamente, en la calle está el otro polo, antagónico, el que es más activo, dinámico, masivo, y ocupa las calles luchando por derechos sociales y democráticos. En ese polo estamos desde la izquierda, impulsándolo, potenciándolo, coordinando fuerte desde la multisectorial junto a las asambleas y la cultura. El desafío enorme es a la vez de mantenerlo, ampliarlo, cómo construimos y fortalecemos desde su seno una alternativa política con la fuerza y la dinámica de la calle.
Esa es la tarea que se presenta como inmediata: fortalecer una gran alternativa política junto a la izquierda, en el medio que transcurre la lucha, la resistencia en la calle. Porque no se puede confiar en aquellos que nos piden esperar, ¿esperar a que el pueblo sea más pobre? ¿Esperar a tener más compañeros detenidos, golpeados? ¿Esperar a tener más compañeros despedidos? No es por ahí. En la calle es luchando ahora y con miles convocados y organizados.

No hacer lo que ya fracasó, sino algo nuevo

En lo político es no repitiendo viejas frustraciones. No es dando la pelea por adentro del PJ como vendrán soluciones. Sus diferentes alas, desde las que apoyan a Milei hasta las que se pintan de progres, no pueden ofrecer un camino de soluciones. La historia ya ha demostrado que no la tienen, porque ese viejo partido es una estructura al servicio de los sectores del capital y el FMI. No escuchan a las bases populares, que son las que se manifiestan junto a la izquierda. No escuchan porque directamente defienden intereses de clase opuestos.

Para que la bronca no se transforme en resignación, y para que las expectativas no se vuelvan a frustrar, invitamos a miles de compañeras y compañeros con quienes compartimos la calle, a salir de esa coalición política dirigida por el PJ. Invitamos a que se animen a construir y fortalecer algo distinto, junto a la izquierda con una perspectiva anticapitalista y socialista. Así como le seguimos proponiendo a los demás partidos del Frente de Izquierda Unidad, que nuestro frente con su sólido programa tiene que convocar a miles de trabajadores y jóvenes, abrir canales de participación a independientes, a intelectuales, a organizaciones sociales y referentes. Desde el MST queremos un frente mucho mejor, sin electoralismo y con perspectiva de disputar en todos los terrenos, ayudando así a que la izquierda tengamos un mayor peso político con la incorporación de una parte importante de ese activo que hoy se mueve en las calles. De esa conjunción tiene que nacer algo superior y mucho más fuerte.

Dar vuelta todo

Los de arriba sacaron la conclusión que las medias tintas, lo tibio, lo gradualista no les rinde para salir de la crisis que se profundiza por la misma lógica capitalista. Tienen que ir a fondo y eso están intentando ahora con Milei y Bullrich. Esta conclusión, es buena tomarla también, para analizar y proponer alternativas de este lado de la vereda. Nosotras y nosotros también queremos ir a fondo, dar vuelta todo, pero en sentido opuesto a Milei y todas las derechas.

Hoy más que nunca la idea de socialismo o barbarie está sobre la mesa. Ellos quieren llevar al conjunto de las y los trabajadores, de los sectores populares a la barbarie. Y frente a eso propuestas que no se plantean romper con los límites de este sistema, no van a ser otra cosa que una nueva frustración. Por eso la tarea es fortalecer un proyecto que plantee y tenga como programa la transformación económica y social de fondo. Un proyecto integral, anticapitalista por los enemigos de clase que enfrenta y denuncia, socialista por el carácter de nuestras propuestas y medidas.

Queremos un proyecto donde las y los trabajadores gobernemos, y tomemos las riendas de todas nuestras riquezas y los grandes resortes económicos del país, para decidir que hacer y al servicio de quien, sin capitalistas, sin FMI, sin partidos tradicionales ni castas políticas privilegiadas. Sin podridas instituciones corrompidas y fortaleciendo organismos democráticos nuevos, de obreros, de sectores populares y de la juventud. Con esa fuerza de abajo construir una nueva sociedad y abrir un nuevo tiempo.

Escribe: Guillermo Pacagnini

La medida desmiente a quienes dicen que el gobierno no movió un dedo ante la tercera ola pandémica. Claro que, una vez más, lo hizo para favorecer a las patronales, como ha sido el sesgo de toda la política específica implementada desde que se declaró la pandemia. Justamente cuando la sala de situación marcha un nuevo récord superando los 134.000 casos positivos, el gobierno lauda a favor de las patronales. Si esto no es la “economía sobre la salud” … ¿qué es?

El nuevo protocolo

Tras la reunión con los ministros de Salud de todo el país que conforman el Consejo Federal de Salud (COFESA), el gobierno cambió en el protocolo las pautas referidas a los contactos estrechos asintomáticos, con clara direccionalidad para el ámbito laboral.

– Contacto estrecho asintomático sin vacunar o con esquema de vacunación incompleto (sin vacunar o con más de 5 meses de la aplicación de la última dosis): 10 días de aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado y seguimiento estricto.

– Contacto estrecho asintomático con esquema inicial completo de vacunación (dosis única, dos dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de 5 meses de completado el esquema) o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días: opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente) y realización de test diagnóstico entre el tercer y quinto día, evitar concurrir a eventos sociales o masivos, realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria (la App Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días).

– Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo y refuerzo con más de 14 días de la última aplicación: opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente), evitar concurrir a reuniones sociales o eventos masivos, realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria, la app Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días.

En síntesis: a quienes sean contactos estrechos con una, dos, tres dosis de vacunas, autocuidado y… la patronal podrá disponer de esa fuerza laboral en las empresas.

Un combo de medidas antiobreras

Primero fueron las patronales de la salud privada quienes bramaron por la merma de recurso humano “crítico”, pidiendo que los contactos estrechos no se aíslen, habida cuenta que el personal de salud está vacunado casi en su totalidad con dos dosis y en un 60% con el refuerzo.

Luego fue el gobierno de Kicilloff quien hizo punta a través de una resolución del 8/1 para que los contactos estrechos el equipo de salud no gocen de licencia. Por ser recurso “crítico”. En lugar de reforzar los planteles, recorta derechos y aumenta la exposición al riesgo.

Ahora esta política se generaliza. Aunque las jurisdicciones deban “adherir” a la recomendación nacional, ya sabemos cómo termina esta historia.

Esta medida es parte de un combo de medidas antiobreras y regalo de fiestas para las patronales, para estimular “la reactivación” y evitar un supuesto ausentismo. Comenzaron con el fin de la doble indemnización y la prohibición de despidos. Luego la eliminación del Covid como presunta enfermedad profesional. Aunque nunca estuvo “listada” entre las enfermedades profesionales para las ART, se le otorgaba un carácter de “presunción” como tal. Ahora lxs trabajadorxs tendrán que demostrar ante las nefastas “comisiones médicas” que se contagiaron en circunstancias relacionadas con el trabajo. O sea, marche preso.

Ahora con la eliminación del derecho a licencia por contacto estrecho, terminan de eliminar algunas medidas excepcionales que, aunque muy parciales y de bajo alcance, podían ser utilizadas como una tabla de auxilio para el trabajador ante la exposición al riesgo que significa una pandemia sin malla de contención social.

Una vez más, la economía prima sobre la salud

Pero no solo va contra los intereses laborales. También es una medida antisanitaria. Vizzotti se escuda en que esta ola es diferente a las anteriores porque hay una disociación entre la explosión de casos y la tasa de internaciones y mortalidad. Esto es una verdad a medias. Porque la evolución en Europa y otras regiones muestra que la evolución no es tan benévola como se la presenta, los grupos de riesgo sieguen siendo blancos preferenciales y se han incorporado franjas etarias más jóvenes. Claramente por la insuficiencia en la vacunación.  Pero, además la ministra, olvida ex profeso referirse a otras tres cuestiones: a) que hay una política aperturista completa e indiscriminada (una vez más a requerimiento del establishment) que atenta contra el autocuidado, lo cual es una barbaridad sanitaria y que ello reproduce e incentiva la circulación viral comunitaria; b) que aún tenemos 5 millones y medio con solo una dosis y solo el 15% con la tercera que es la que se necesita ante la Omicron; c) que hay saturación del sistema de salud incluyendo los centros de testeo que están desbordados. Y que esta medida, además der exponer al riesgo al equipo de salud en particular y el movimiento obrero en general, va a aumentar la circulación viral sin lugar a dudas y sobrecargar más todavía al sistema de salud.

Seis medidas de emergencia

Hay que movilizarse para que se dé marcha atrás con esta disposición antiobrera y antisanitaria y reclamar un cambio de rumbo implementando cinco medidas urgentes:

1. Reforzar el personal y multiplicar los centros de testeo a los fines de masificar el mismo, incluyendo la detección domiciliaria. El índice de positividad no solo indica la alta contagiosidad, sino la insuficiencia de las pruebas diagnósticas. Aislamiento focalizado donde corresponda.
2. Disposición nacional restringiendo actividades con alta circulación de gente. Protocolos adecuados para garantizar disminuir la exposición al riesgo. Comités de crisis con participación de trabajadorxs en provincias, municipios y lugares de trabajo para elaborar los mismos.
3. Garantía salarial, prohibición de despidos y ayuda social para quienes requieran aislamiento.
4. Plan de vacunación masiva con tres dosis para todxs.
5. Comenzar a dar pasos firmes hacia un sistema único de salud estatal, universal y gratuito.
6. Ni un peso para la deuda e implementar un impuesto progresivo y real a las grandes fortunas y rentas para financiar este programa, que debe ser parte de un plan obrero y popular para que la crisis la paguen las corporaciones y el FMI y no el pueblo trabajador como vienen sucediendo.

El gobierno vaticinó el fin de la pandemia y vino la tercera ola. Desmontó las tibias medidas de protección comunitaria y votó presupuestos de ajuste. Negocia con el Fondo, paga la deuda y favorece a las patronales. Hay que pararle la mano y pelear por un cambio de rumbo.

El gobierno de Larreta, en vez de pagar la suba salarial que su ministra Acuña pactó en febrero, responder al reclamo docente y reabrir la paritaria, nos da un mísero bono por única vez. Y vuelve, cíclicamente, a plantear la vuelta al aula, proyecto que la comunidad educativa ya rechazó.

El martes 15 y con pocas horas de aviso previo, el ministerio de Educación porteño convocó a reunión de Mesa Salarial. Allí solo informó que les docentes cobraríamos un “bono especial” por única vez, de míseros $2.500 para cargos de jornada simple y de $5.000 por jornada completa. Montos que se irían reflejando en la escala jerárquica por los puntos índices, con lo que las conducciones y supervisiones recibirían un bono superior (de $7.000 para supervisiones, direcciones o rectorías).

Ni bien terminó esa reunión, nos mandaron un mail diciendo saber el “enorme esfuerzo y compromiso con el que están desarrollando cada una de sus tareas para sostener los aprendizajes desde la virtualidad. Somos conscientes de la importancia del trabajo que vienen haciendo”. Pero claro, nos agradecen semejante “esfuerzo”, otorgándonos 83 pesos por día y por solo un mes. Un “aumento” que permite comprar apenas un litro de leche y algunas pocas galletitas.

Aunque lo quieran hacer pasar por “aumento” salarial, al pagarlo solo este mes y en negro como suma fija para todes, nos siguen dejando por debajo de la canasta de pobreza, con una inflación que no para y ya asciende al 41,8% en los últimos 12 meses.

Nuevamente Larreta incumple el acta paritaria, que rechazáramos desde Alternativa Docente, Ademys y hasta la Celeste de UTE, pero firmada igual a principio de año. No sólo no garantizan que les docentes trabajemos un solo cargo, sino que profundizan nuestra necesidad de seguir tomando más trabajo para llegar a fin de mes.

Esto se ve más en el alto porcentaje de docentes que somos jefas de hogar. Es increíble que en el distrito más rico del país, y uno de los 30 más ricos del mundo, se use de excusa una pandemia para ajustar el salario de les trabajadores. Desde que se votó la Ley de Emergencia, que las burocracias sindicales permitieron pasar, no hubo más que ajuste a les trabajadores que hemos sido nominados como “esenciales”.

¿Qué está esperando la Celeste de UTE y la CTERA para convocar a una medida nacional? ¿Hasta cuándo van a seguir criticando a Larreta, pero bancando las medidas nacionales de congelamiento salarial y dejando pasar el ajuste en la Ciudad? Esa medida la debemos exigir desde cada escuela.

Insisten con el protocolo…

Además, luego de la reunión, la ministra de Educación Soledad Acuña, salió a los medios a informar que presentaron nuevamente un protocolo de vuelta a clases, el que quieren aplicar desde el lunes 28. Este protocolo, aplicable incluso a una población superior a la planteada primero, afectaría a 4 sectores: Para apoyo escolar, les 6500 niñes y adolescentes que no tengan vínculo con la escuela; les niñes de 1º grado que irían a leer porque recién se inician en su lectura; estudiantes de 5to y de Terciaria a quienes les faltan sólo las prácticas para recibirse.

Todo esto se haría en…. ¡las plazas y las calles! Sí, así como se lee: docentes y niñes deberíamos desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en lugares abiertos. Una salida inaudita y muy PRO… ¿El cuidado de una herramienta como nuestra voz? Nos la deben. ¿Qué hacer si se necesita utilizar un baño? También.

Para adolescentes de 5to año, el ministerio propone sacar “los pupitres” y cortar las calles, como hacen los bares. La comparación parece chiste, pero es real: «Así como los bares están sacando las mesas a la calle para atender, las escuelas van a sacar los pupitres a la calle», dijo la ministra Acuña en una entrevista a Telefé. Sin ponerse colorada esta Licenciada en Ciencia Política, con orientación en administración Pública como anuncia la web oficial, pero sin título docente ni carrera pedagógica.

¿Por qué no empieza la ministra, con Larreta y todos sus funcionarios a poner a sus hijes a estudiar en las calles, en lugar de mandarles a las escuelas privadas donde pagan altísimas cuotas? Y ahí, cuado hayan hecho la experiencia con sus propies hijes, hablamos sobre qué condiciones deben cumplirse para volver al aula.

Igual este protocolo debe ser aprobado por el ministro de Educación nacional, Trotta. Cuando siguen fuerte los casos, Argentina está entre los 10 países con más contagios y la Ciudad está entre los 1.000 y 1.300 casos diarios. Se reunirían el lunes 21, sumando a los ministros de Salud de CABA y Nación. Pero Trotta, más que definir protocolos, debería renunciar por todos los negociados que están saltando, con las corporaciones, convenios privados, con fundaciones, ONG’s, además de tener empresas off shore, tal como denunciábamos en la reciente nota: “Todo huele mal en Educación: Renuncias, negociados, privatismo”[1].

Vamos por todos nuestros derechos

Ante el primer protocolo de vuelta a clases, la respuesta de la comunidad educativa fue contundente: en pandemia no volvemos. Hay que retomar toda la organización que tenemos en las escuelas para volver a plantearlo con más fuerza. Y exigir que se reabra la paritaria, para que haya un aumento salarial real, no un miserable bono que no alcanza para nada.

Seguir exigiendo conectividad y dispositivos para todes, garantizados por Larreta y Trotta con fondos del Presupuesto Nacional y habilitar el control social sobre los destinos del presupuesto de la Ciudad, distritos con más riqueza del país. Que se resuelva urgente el reclamo de docentes que sufrieron ceses en plena pandemia, y quienes no consiguen cargo, se quedaron sin obra social o el gobierno no les dio ni un mísero salario de emergencia.

El protocolo de vuelta a las aulas en CABA se enmarca en el Protocolo nacional. Hay que seguir resistiéndose a ambos, por inaplicables y precarizadores con su bimodalidad. Que la UTE, CTERA y demás gremios llamen a una urgente medida nacional para hacerlo realidad. Para coordinar y unir las luchas para que triunfen en Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Misiones, La Rioja, más los conflictos encarados desde Ademys y los SUTEBA Multicolor.

Necesitamos ser les docentes, junto con la comunidad educativa, quienes discutamos cómo y cuándo volvemos, en consulta con gremios combativos de la salud, comprometidos con el pueblo y no los de arriba. Pero también con qué planes educativos, ante el nuevo intento de avanzar con Unicaba y la Secundaria del (Sin) Futuro.

Por eso, planteamos exigir que se llame a un Congreso Pedagógico Nacional, con instancias democráticas y congresos en cada distrito para que docentes, estudiantes, familias y la comunidad decidamos la transformación que necesita la educación estatal. Por un polo de unidad de la izquierda y el sindicalismo combativo para dar salida a la crisis, ante el PJ y la derecha. Sumate a luchar por estas propuestas. ¡Vamos por todo!

Vanesa Gagliardi, Ademys

Alternativa Docente, ANCLA

MST en el FIT Unidad

NOTA:

[1] https://mst.org.ar/2020/09/08/todo-huele-mal-en-educacion-renuncias-negociados-privatismo/

Ya es oficial. ¡La docencia organizada logró hacer retroceder a ambos gobiernos! En la carta que se adjunta (descargar ⇒ aquí), ante la indignación generada en la docencia y la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y la organización para impedir su avance, no se dio acuerdo al protocolo presentado por Larreta y su ministra Soledad Acuña. Se pretendía abrir las escuelas para que funcionaran como un ciber desde el Estado, donde niñes y jóvenes de sectores más vulnerables fuesen a conectarse, al no estar garantizada la provisión de dispositivos (computadoras, notebook, Tablet o celulares) ni la conexión gratuita en la Ciudad y el país.

En lugar de garantizar desde el gobierno porteño y el nacional este derecho vulnerado, se dejó correr la propuesta de “abrir los gabinetes informáticos” como habilitó en su momento el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta. Pero el revulsivo y la organización en las escuelas, los innumerables pronunciamientos y acciones para asegurar el rechazo, desde la base docente hasta directivos y personal de supervisión, fue tan grande que no supieron cómo hacer para impedir la erupción de ese volcán de indignación.

Esto dejó a ambos gobiernos y a las patronales privadas y la Iglesia Católica que se prestaban para abrir las escuelas, en total falsa escuadra. Justamente, ratificando esa intención de ir a las aulas, el ministro de Salud porteño Quirós, salió temprano con sus declaraciones para defender que era “seguro” esta reapertura de las escuelas, porque la línea oficial es abrir. Así lo reconoce Trotta en su carta a la ministra Acuña.

La protesta fue tal que finalmente en la carta se tuvo que afirmar: “este Ministerio no presta conformidad para el desarrollo del proyecto precitado”. En concreto, lo que reclamamos que el protocolo fuese rechazado en su totalidad se hizo realidad. Y no se “prestó conformidad” a la propuesta abrir las escuelas-ciber. Un triunfo importante en el cual apoyarse.

Ahora vamos por más: exigir y lograr la conectividad y dispositivos para todes, garantizados por Larreta y Trotta con fondos del Presupuesto Nacional y habilitar el control social sobre los destinos del presupuesto de la Ciudad, uno de los distritos con mayor riqueza del país. Exigir que Larreta pague el aumento salarial a la docencia y trabajadores de la educación. Y se reabra la paritaria, así como mayor presupuesto, tanto en la Ciudad como a nivel nacional. Que se resuelva urgente el reclamo de docentes que sufrieron ceses en plena pandemia, y de docentes que tampoco consiguen cargo, se quedaron sin obra social y a quienes el gobierno no les dio ni un mísero salario de emergencia en esta situación.

Hay que luchar también por rechazar el Protocolo nacional de vuelta a las aulas por inaplicable y precarizador con su bimodalidad. Que la UTE, CTERA y demás gremios docentes convoquen urgente a una medida nacional para hacer realidad estos puntos. Para coordinar y unir las luchas para que triunfen en Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Misiones, La Rioja, más los conflictos encarados desde Ademys y los SUTEBA Multicolor.

Por un Congreso Pedagógico Nacional, con instancias democráticas y congresos en cada distrito para que docentes, estudiantes, familias y la comunidad decidamos la transformación que necesita la educación estatal. Unidad de la izquierda y el sindicalismo combativo para dar salida a la crisis, ante el PJ y la derecha. Sumate a luchar por estas propuestas. ¡Vamos por todo!

Vanesa Gagliardi, Ademys / Francisco Torres, FND

Alternativa Docente, ANCLA / MST – FIT Unidad

Avanzada la noche del martes 25, distintos medios fueron informando que finalmente no habría sido aprobado el Protocolo presentado por la derecha de Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, para abrir escuelas-ciber en la Ciudad de Buenos Aires. Se habla también de una probable reunión el miércoles, entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con el gobierno porteño para definir que no se habilitarán las clases presenciales en la Ciudad. Sin embargo, por los múltiples rumores no estaría descartado que quisieran avanzar en abrir clubes-ciber o alguna otra variante similar, que implica el mismo riesgo de contagio.

Volver a clases presenciales en la Ciudad no es aún lo que está en cuestión. Ya que el plan se llama “Conectate en la Escuela” y por eso lo denunciamos como escuelas-ciber o plan “contagiate en la escuela”. Por eso debemos confirmar que efectivamente el proyecto se retire en su totalidad y que no maniobren las autoridades, diciendo que no habrá vuelta a clases, sino una habilitación como auxiliar para la conexión y acceso a las computadoras como propone Larreta y Trotta le dio aire al pedir que avanzara con el protocolo para “abrir los gabinetes informáticos”, tal cual consta en la cuenta de tuiter de Trotta.

Por eso no debemos bajar la guardia. Si se confirma que efectivamente el proyecto cayó en su totalidad, será producto de la bronca, protesta y organización de la docencia en las escuelas, montando asambleas y pronunciamientos en contra. Y tenemos que seguirla. Porque el Protocolo nacional aprobado entre el ministro Trotta, Larreta y demás gobernadores, junto a la Iglesia y las otras patronales privadas más la burocracia docente de los gremios de CTERA y la CGT, les da margen para esto. Y demuestra lo que venimos denunciando: a medida que abren la economía, necesitan abrir las escuelas como guarderías y auxiliares de la producción y lucro capitalista.

Por eso insisten en Formosa, Catamarca, en San Juan donde tuvieron que dar marcha atrás y también en reuniones de Trotta todos estos días, con los gobernadores de Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén o La Pampa, que presentó también un cronograma de pronto regreso a las aulas. Por todo esto, si logramos hacerlos retroceder en la Ciudad, habrá sido un golpe a ese plan oficial de regreso a las aulas, en plena suba de casos y muertes por COVID-19 en el país.

Que caiga todo el Protocolo. Nacionalizar el reclamo y democratizar la educación

La Celeste de la UTE y de CTERA, como conducción integrante del gobierno de Alberto Fernández, Kicillof y el PJ-Frente de Todos, quiere cargar las fichas en Larreta, pero acá son responsables también de haber aprobado un protocolo precarizador con su bimodalidad educativa. Y avalar que se volviera a las aulas en San Juan, Formosa y Catamarca. Se rasgan las vestiduras contra Larreta, en una politiquería de bajísimo nivel porque tienen tanto derecho a no ser expuestos les niñes y jóvenes de San Juan, donde gobierna el PJ y debieron dar marcha atrás, frente a la suba en los contagios, como los de la Ciudad, donde gobierna la derecha del PRO.

Por eso llamamos a reforzar esa organización, con instancias democráticas para debatir entre quienes hacemos la escuela pública, qué hacer con la educación, cómo se garantiza la virtualidad para la totalidad de estudiantes, familias y docentes y cuáles son las condiciones que necesitamos en las escuelas, no sólo en pandemia.

Si se concreta, debemos ir por más: A exigir y lograr la conectividad y dispositivos para todes, garantizados por Larreta y Trotta con fondos del Presupuesto Nacional y habilitar el control social sobre los destinos del presupuesto de la Ciudad, uno de los distritos con mayor riqueza del país. Exigir que Larreta pague el aumento salarial y se reabra la paritaria, así como mayor presupuesto, tanto en la Ciudad como a nivel nacional. Que se resuelva de manera urgente el reclamo de docentes que sufrieron ceses en plena pandemia, y de docentes que tampoco consiguen cargo, se quedaron sin obra social y a quienes el gobierno no les dio ni un mísero salario de emergencia en esta situación.

Para ello, votar en cada escuela y espacio de organización la exigencia a la Celeste kirchnerista de la UTE y la CTERA que convoquen urgente a medida nacional. Para rechazar el Protocolo nacional de vuelta a las aulas por inaplicable. No están garantizadas las condiciones de salubridad, infraestructura, agua, sanitarios, elementos de limpieza, desinfección, testeos en las escuelas y toma de temperatura por personal de salud en cada establecimiento, el tema de la circulación en un transporte que no se sature y multiplique el contagio, etc. Además de rechazar también el experimento que propone el Protocolo de una «bimodalidad» que precariza la enseñanza, así como las condiciones laborales de les docentes y trabajadores de la educación.

Para pensar en implementar un sistema bimodal, si las condiciones de salud e infraestructura, circulación viral, etc. se dieran, será necesario implementar un proyecto pedagógico particular, junto a una masiva designación de parejas pedagógicas por grado y cursos, para poder afrontar la simultaneidad entre la enseñanza presencial y la virtual que este protocolo plantea. Todo esto solo lo puede decir una instancia híper democrática de quienes hacemos la educación a diario. Exigir también esa medida nacional para poder coordinar y unir las luchas para que triunfen en Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Misiones, La Rioja, más los conflictos encarados desde Ademys y los SUTEBA Multicolor.

Por un Congreso Pedagógico Nacional, con instancias democráticas y congresos en cada distrito para que docentes, estudiantes, familias y la comunidad decidamos la transformación que necesita la educación estatal. Basta de decisiones tomadas por funcionarios, tecnócratas, burócratas sindicales y empresarios de la educación, siguiendo los lineamientos de la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial y la Coalición Mundial para la Educación que saturan de documentos y papers planteando a las burguesías del mundo cómo regresar a la escuela en época de pandemia, al servicio del capitalismo imperialista. Vamos por la unidad de la izquierda y el sindicalismo combativo para concretar una gran jornada nacional que levante una salida a la crisis, ante el PJ y la derecha.

Vanesa Gagliardi, Ademys / Francisco Torres, FND

Alternativa Docente, ANCLA / MST – FIT Unidad

El miércoles 19, San Juan fue noticia por dos nuevos casos de COVID positivo. Esta vez en el departamento de Caucete. En dos barrios distintos y sin tener contacto con posibles fuentes de contagio, como sí lo fue en las últimas semanas con camioneros o repatriados. Por lo tanto la provincia mantenía un status sanitario sin casos autóctonos.

Ahora San Juan ya tiene casos propios y todavía no se sabe si hay circulación comunitaria del virus. Desde el miércoles, los dos barrios del departamento fueron aislados. Pero para el jueves 20 el gobierno de Uñac y el PJ, en conferencia de prensa, tuvo que anunciar otros 9 casos positivos de contagio. Y dar marcha atrás para volver a fase 1 en Caucete y el aislamiento social y la obligada suspensión de clases junto a otros departamentos cercanos de 9 de Julio, 25 de mayo y San Martin. Al mediodía de este viernes 21 ya se sumaron otros 9 casos más, y son 22 los contagios solamente en Caucete en 48hs.

También el gobierno aseguró no saber aún como se iniciaron los contagios, pero es evidente que los controles fallaron. Se prohibió toda actividad deportiva, el transporte en el departamento, como la salida y entrada de toda persona. Con el correr de las horas más departamentos pedían suspender sus actividades.

En la zona del gran San Juan, toda actividad escolar también comenzó a suspenderse. Cómo la presencialidad en la universidad, en colegios con docentes que tenían contactos con Caucete y hasta suspendieron los llamados virtuales para designar cargos docentes, los que sí pueden y deben realizarse sin inconvenientes, para no implicar ajuste.

Suspender las clases y garantizar derechos

Todavía el gobierno de Uñac no puede confirmar si hay o no circulación viral. Toda la provincia se encuentra con una débil estructura sanitaria, ya que antes y durante la cuarentena, el gobierno no hizo ninguna inversión en salud, no tomó más personal ni se garantizaron elementos de protección a sus trabajadores.

Cuando se anunció la vuelta a clases, con el solo objetivo económico de garantizar ganancias a las patronales del campo, sin importar la salud de las familias, desde Alternativa Docente y el MST, dijimos que no era el momento, ya que no estaban dadas las condiciones para garantizar la salud, no se realizaron las refacciones ni acondicionamiento de la deteriorada infraestructura escolar (provisión de agua potable, sanitarios, ventilación, salones, etc.) y rechazamos este experimento de la educación “bimodal” fijada en el Protocolo, que exige en simultáneo la enseñanza presencial y la virtual para quienes no asisten. Porque implica sobrecarga y flexibilización laboral de docentes y trabajadores y precarización de la escuela pública. Nada de todo esto se ha resuelto y ahora saltan los contagios.

La provincia sufre la misma crisis económica que el país. Cuando se flexibilizó la cuarentena, eso significó para muchas familias no poder llevar un mango a la casa. Ahora el gobierno puso al departamento de Caucete en fase 2.

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad, proponemos una verdadera marcha atrás para no seguir arriesgando la vida y salud de miles de estudiantes, docentes, trabajadores, directivos y familias. Exigimos la inmediata suspensión de las clases en toda la provincia, hasta que estén garantizadas las condiciones sanitarias, edilicias, de bioseguridad y elementos en cantidad y calidad para reabrir las escuelas.

Vemos muy importante cumplir la cuarentena, pero con derechos, los que hoy no están asegurados para la comunidad. Como garantizar un subsidio universal de $40.000 a quienes no tengan ingresos suficientes para quedarse en casa. Aumento de salarios y jubilaciones, cumplir con el aumento otorgado a la docencia, y sobre todo, mayor presupuesto para asegurar la conectividad gratuita y la distribución de computadoras o notebook a cada docente y familia.

Es insuficiente una cuarentena si no hay testeos masivos en todo Caucete para detectar dónde está el virus y no atemorizar a toda la población. La suspensión de toda actividad no tiene que significar más pobreza en las familias. El gobierno al frente del Estado tiene que garantizar asistencia alimentaria, económica y social a cada vivienda, para que la totalidad de las familias trabajadoras y sectores populares puedan cumplir con la cuarentena y que eso no signifique profundizar la crisis económica que ya padecemos.

Por último, hay que fortalecer el sistema de salud tomando más personal, más presupuesto para insumos de seguridad y unificar el sistema privado y toda su estructura en un único sistema estatal. De esta forma se puede garantizar el acompañamiento pedagógico, cuidar la salud de la población y enfrentar cualquier amenaza de la pandemia.

Cristian Jurado

Alternativa Docente, San Juan

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda Unidad

Primero fue San Juan, luego Formosa. Aunque hubo mucho anuncio y solo “regresó” el 3% de estudiantes. El 18 sigue Catamarca. Mientras Larreta quiso abrir escuelas a estudiantes sin conexión en los sectores más humildes. En pleno aumento de contagios y muertes por COVID-19, ¿por qué insisten…?

El pasado 10 de agosto, arrancó primero el PJ en San Juan. El 12 lo hizo el kirchnerista Insfrán en Formosa. El 18, el PJ anuncia el regreso a las aulas en Catamarca. También la derecha, a través de Larreta, planteó reabrir escuelas para estudiantes pobres, sin conectividad. Todo en plena curva ascendente de casos y el mayor número de muertes por COVID-19. La pregunta por qué insisten, cobra validez. Ya que los gobiernos y patronales de la enseñanza privada y confesional exponen la salud y la vida de docentes, auxiliares, estudiantes y familias.

Apenas el 3% de la matrícula, 22 a 28 estudiantes por escuela

Con exagerada difusión, el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta y el gobierno de Uñac y el PJ anunciaron un supuesto regreso a las aulas de San Juan. En verdad alcanzó apenas al 3% del total de estudiantes, con un promedio de 28 estudiantes por cada una de las 250 escuelas anunciadas [1].

Vuelta a las aulas en San Juan

Formosa fue el segundo distrito en plantear volver a clases presenciales, en 10 de las 19 delegaciones de la provincia, pero de zonas rurales. Según Trotta y el eterno gobernador kirchnerista, Gildo Insfrán, serían 408 instituciones y más de 8.800 estudiantes de todos los niveles, lo que linda el ridículo por la pompa de los anuncios. Es que así solo volvería un máximo de 22 estudiantes por escuela, en las 408 que mencionan. Lo que implica una apuesta máxima de asistencia del 5% de la totalidad de estudiantes de la provincia [2].

Mientras en Catamarca, el gobierno de Jalil, el PJ y su ministro Gordillo confirmaron el regreso a las escuelas rurales desde el martes 18, lo que incluiría a 567 escuelas y 14.938 estudiantes. Por lo que también podría asistir un promedio de 26 estudiantes por cada una de las escuelas involucradas. De cumplirse, sería solo el 12,5% del total de estudiantes de Catamarca [3]. Esto marca los acotados de la franja que debería regresar, de manera voluntaria, ya que se trata de otra ínfima porción de estudiantes.

En las 3 provincias se prevé solo la vuelta de los últimos grados de Primaria, de Secundaria y el último curso de Terciaria para completar el ciclo de cada nivel. Los anuncios resultan así un bluf mayúsculo. Entonces, ¿qué buscan al insistir tanto…? Quieren generar titulares de prensa que ayuden a construir, en el imaginario colectivo, la idea de “nueva normalidad” y “pospandemia” de la que hablan Alberto, el PJ y la derecha.

Con esa intención se sumó Rodríguez Larreta, anunciando la reapertura de escuelas para 5.100 estudiantes de primarias y secundarias públicas porteñas, que no habían podido conectarse en la virtualidad. En vez de garantizarles el derecho social y humano a la educación, dándoles conectividad y dispositivos, prefieren exponer al COVID-19 a miles de estudiantes y docentes, de los sectores humildes. Larreta lo consensuó con Trotta, como reconoció el ministro en su tuiter personal. Pero generó tal ola de repudio que obligó a la Celeste kirchnerista de CTERA a tener que rechazarlo “enérgicamente”, diciendo que no se juega con la vida.

Lamentablemente, parece que toda la “energía” de Sonia Alesso, Baradel y CTERA se gastó en el comunicado porque se siguen negando a llamar a alguna medida de protesta. De todos modos, la indignación obligó a Trotta a dar una parcial marcha atrás. Al dejar correr “la apertura de gabinetes informáticos”, pidiendo a Larreta los protocolos para que vayan a conectarse 5.100 estudiantes, inaugurando lo que denunciamos como “escuelas-ciber”. Un desprecio por la vida y la educación pública que no es posible permitir.

Rechazo de la docencia, familias y comunidades educativas

Trotta está feliz diciendo que el sistema educativo dio un paso importante en la pandemia con San Juan y Formosa, que habrían iniciado un “regreso seguro a las escuelas” (¡?). Manda saludos a maestras y profesores, y destaca el “esfuerzo” de la comunidad educativa. Pero eso no es lo que piensan docentes, auxiliares, directivos y familias en estas provincias que no enviaron a niñes y adolescentes a las escuelas. Las fotos difundidas son más que elocuentes, al mostrar aulas con 4, 6 o 10 estudiantes máximo.

En Formosa, los gremios Voz Docentes y GDA Autoconvocados denunciaron la negativa de Insfrán a convocarlos para definir el protocolo sanitario que garantice la bioseguridad de estudiantes y docentes y alertan que el sistema educativo no está en condiciones edilicias ni operativas.

Regreso a las aulas en Formosa

Para los gremios, hay una decisión inconsulta, antidemocrática y arbitraria. Sospechan y reclaman un abastecimiento de artículos de limpieza y desinfección que no se limite a una semana o 15 días para después descargar la responsabilidad en docentes y familias. Marcan que en las escuelas del interior falta agua, no hay red y se usan cisternas, lo que complica el funcionamiento de los baños, en precarias condiciones.

Denuncian también que las escuelas no recibieron nada y la docencia debió asistir a limpiar. Que tuvieron que llevar los elementos de desinfección ya que después serán calificados en su concepto profesional, en el rubro colaboración. Algo que ya sucede con docentes a quienes les bajan el puntaje, si no ponen plata para pagar una persona que limpie.

En San Juan, la Asamblea de Alternativa Docente denunció que el único objetivo de reabrir las escuelas rurales es garantizar la producción del sistema capitalista en el campo, que padres y madres puedan retomar sus trabajos, poniendo en riesgo la salud de docentes y familias. Nada se consultó con la comunidad, lo que explica que un gran porcentaje de familias no quieran enviar a sus hijes.

Sin resolver problemas ya existentes, en un sistema educativo totalmente precarizado, se decide volver a las aulas con un protocolo con pocas garantías de ser cumplido con el tiempo, con aulas burbujas y la bimodalidad para les docentes, que provoca un doble trabajo y reduce la calidad educativa.

En Catamarca, las cúpulas de la Intersindical Docente, entre ellos la de ATECA en CTERA, dijeron oponerse a la vuelta a clases y se reunieron con el ministro de Educación, aduciendo un posible no inicio. Pero salieron firmando el reinicio del ciclo anunciado por el ministerio. Eso sí, a cambio consensuaron una intervención en la junta de calificaciones y tribunales de disciplina para poner gente del gobierno y la propia Intersindical, relegando a Aduca (de la Federación Nacional Docente, FND).

Pese al aval de las burocracias cómplices, la situación es tal que no pueden menos que alertar por el estado de la infraestructura escolar, a lo que el ministerio responde que el establecimiento que no esté en condiciones, no regresaría… Aspectos que también señala Aduca, además de la necesidad de agilizar las asambleas para la toma de cargos.

2.300 millones de razones para exponer y precarizar a docentes y estudiantes

La burocracia abre el paraguas y marca la supuesta preocupación porque “exista una suerte de flexibilización laboral”, cosa que pasará cuando cada docente cumpla con sus horas, “pero se mande solo a la mitad al curso y la otra mitad será virtual. ¿Quién le dará la tarea virtual a los chicos?”, cuestionan.

Dicen no querer docentes recargados, reclaman el derecho a la desconexión y que la tarea sea en un horario prudente. Pero es justamente eso lo que estipula el protocolo firmado por Trotta y los gobernadores, con la “bimodalidad” educativa que también avalan CTERA, sus entidades de base y los gremios docentes de la CGT. Todo a espaldas de la docencia y la comunidad educativa. Un sistema bimodal, con simultaneidad entre la enseñanza presencial y virtual, que precariza.

La burocracia en Catamarca habla de “ausencias” en el protocolo local, pero son las que avaló CTERA en el protocolo nacional. En ninguna de estas 3 provincias se debe aceptar el regreso, si no se aclaran y resuelven esos puntos, y se garantiza resolver la crisis edilicia, sanitaria, de provisión de agua y demás elementos a cada escuela. Al no hacerlo desde los gremios, queda en manos de la docencia, lugar por lugar, intentar oponerse a esto y labrar un acta para no volver al aula por no estar dadas las condiciones que, incluso, el protocolo estipula.

Como se dice en las redes y escuelas, resulta un verso este reinicio de clases presenciales. Los gobernadores armaron todo de apuro para cobrar la plata que envía la Nación. Y no es que vayan a usar esos millones en educación. Siempre se las ingenian para ajustar y desviar fondos educativos a otros gastos. Es que Trotta, en video conferencia con Insfrán, aclaró que toda provincia que regrese a clases presenciales, recibirá parte de un presupuesto adicional de $2.300 millones para acondicionar escuelas.

Según el ministro, esos $2.300 millones se dividen en 500 millones en transferencias directas de hasta $50.000 a las escuelas para insumos (alcohol, lavandina, artículos de limpieza, tapabocas, etc.). Más $1800 millones para obras de provisión de agua, sanitarios y acondicionamiento de higiene y seguridad. Como esto no se garantiza o se hace parcialmente o solo en los primeros días a fin de mostrar a la prensa esa “nueva normalidad”, el desvío de fondos será norma. Queda a la docencia organizarse con la comunidad educativa para exigir el control social de los fondos educativos y el aumento del Presupuesto al 10% del PBI.

Un fracaso tras otro. Antes que lo presencial, garantizar la virtualidad

Para el 3 de agosto se había anunciado la vuelta a la presencialidad en 22 de las 24 provincias, con el protocolo de Trotta, los gobernadores del PJ y la derecha, la Iglesia Católica y demás patronales educativas privadas, más la burocracia docente. Pero tuvimos razón a inicios de junio, al decir que eso era imposible, según el análisis de la dinámica de la pandemia y la situación mundial, de los establecimientos, del transporte y otras variantes.

Un «aula burbuja» en San Juan

La virtualidad deja todo registrado. Cualquiera con inquietud y conectividad podrá hallar lo que dijo el gobierno y lo que planteamos entonces como socialistas del MST y el Frente de Izquierda-Unidad. Trotta y los gobernadores que acompañaron su irresponsabilidad, debieron dar marcha atrás en cada anuncio. La realidad fue acotando las expectativas, pero la burguesía insiste con su plan de retornar a las escuelas, poniendo la escuela como auxiliar de la producción, al garantizar el lugar de contención de niñas, niños y jóvenes para que padres, madres y familias garanticen la productividad y renta capitalista.

Queremos entonces responder a dos preguntas determinantes, ya que podrían afectar la vida de cientos de miles: ¿La propuesta de regresar a las escuelas, es posible? ¿Es viable el protocolo oficial? Parte de esto lo respondemos en esta nota. Pero vamos a continuar en una 2da entrega referida al balance de la virtualidad educativa. Y una 3ra nota, con un análisis crítico del protocolo nacional.

En ese marco debemos señalar que, con este regreso parcial, los gobiernos y patronales pasan por alto algo fundamental y es que antes de ir a una nueva etapa, es imprescindible resolver las enormes desigualdades existentes, que la pandemia solo evidenció. Por dos razones: Primero, porque si llegara a retornar el 100% de estudiantes previstos en San Juan, Formosa, Catamarca y la Ciudad de Bs. Aires, sumarían apenas 39.284. Esto implica solo el 0,34% de los más de 11.5 millones de estudiantes del país. El resto deberá seguir en la enseñanza virtual, es decir apenas 4 de cada 1.000 estudiantes asistirán en forma presencial.

Segundo, incluso en esos 4 distritos, si se encamina correctamente la bimodalidad que proponen, sin implicar una sobrecarga de trabajo, habrá también que seguir con lo virtual. Mayor razón para garantizar primero toda la demanda pendiente de conectividad y entrega de dispositivos, servicios e insumos a docentes, estudiantes y familias de todo el país.

Rechazar el protocolo y su bimodalidad que precariza

Rechazamos este protocolo porque implica una mayor precarización educativa y laboral de la docencia y el personal de las escuelas, al generar una gran sobrecarga. Como señalamos en San Juan, la docencia debe duplicar la actividad educativa, al tener que cumplir su horario en la escuela, garantizar la presencialidad y atender en simultáneo a quienes siguen en la virtualidad. Más las grandes tareas de limpieza que el personal debe hacer, a cada momento. Al punto que el protocolo ubica a estudiantes y docentes como responsables también de limpiar las aulas, al concluir la actividad (punto 7.7, pág. 7). Además de no haber resuelto los déficit de infraestructura escolar, agua potable, sanitarios, etc.

Formosa: Insfrán hizo volver hasta las primeras infancias

Todo esto implica un enorme despropósito. ¿Por qué no lo aplican Trotta, Larreta y los gobernadores del PJ mandando a sus hijes? Se trata de una oportunidad para exigir que se apruebe el proyecto de ley que presentamos con Alejandro Bodart y el MST para fijar la obligatoriedad de todo funcionario político a tener que asistir y atenderse con su familia en la escuela y el hospital público.

Aplicar la experiencia bimodal de clases presenciales y virtuales en simultáneo, demanda un proyecto pedagógico específico y una masiva designación de parejas pedagógicas en cada curso y escuelas, para evitar la sobrecarga laboral y la precarización educativa. Esta bimodalidad, ajena a un modelo de educación emancipadora, solo se les puede ocurrir a estos gobiernos, gerentes del capitalismo semicolonial argentino. Que ubican a la escuela pública como auxiliar de la producción, los servicios y lucro capitalista. Con una visión sin grieta entre el PJ y la derecha de una escuela-guardería, más de contención que como espacio para una educación crítica, contra hegemónica y al servicio de un proyecto para las mayorías sociales, no las corporaciones, banqueros y el FMI.

Por todo esto llamamos a rechazar este “regreso” a las aulas, a hacer actas en cada escuela ante la falta de garantías, de presupuesto, acondicionamiento edilicio, sanitarios. Y exigir a la CTERA, sus entidades de base y a los gremios docentes de la CGT que retiren su aval y rechacen la precariedad laboral que implica el protocolo con su bimodalidad (Punto 8, pág. 14).

Hay plata de sobra para elevar el Presupuesto Educativo al 10% del PBI como CTERA le reclamó al macrismo durante cuatro años. Falta decisión política. Es necesario dejar de gobernar para los ricos, empresarios de la educación, los bonistas extranjeros y el FMI. Para suspender todo pago de deuda externa, poner impuestos progresivos a las riquezas y eliminar los subsidios a la enseñanza privada y confesional. Te invitamos a sumarte con Alternativa Docente y el MST, a dar en común esta lucha.

Francisco Torres

Alternativa Docente, ANCLA

MST FIT-Unidad

REFERENCIAS:

[1] El 10 de agosto regresaron poco más de 7.000 estudiantes, sobre un total de 210.037 que tiene la matrícula sanjuanina.

[2] En Formosa hay una matrícula total de 174.634 estudiantes, entre todos los niveles.

[3] Anuario Estadístico Educativo, edición 2019 ministerio de Educación, hay un total de 119.779 estudiantes en Catamarca.

El gobierno de Uñac y el PJ, junto a los tres gremios docentes, decidieron reabrir las escuelas en San Juan, sin resolver ningún problema de fondo. Este lunes 10, estudiantes de 14 de los 19 departamentos, comenzarían las clases presenciales, pero solo quienes cursan el último año de primaria y secundaria en estos departamentos: Angaco, Albardón, San Martín, 9 de julio, 25 de mayo, Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, Ullum, Zonda y Caucete.

Sobre 70 mil estudiantes de toda la provincia, según el gobierno, unos 10.446 son los que deberían volver este lunes a las aulas. Según el gobierno, se trata de la provincia con menos casos de COVID-19 (declaran 23, sobre 800 mil habitantes) y así, los niveles educativos que vuelven son: Primaria, Secundaria Orientada, Secundaria Técnico Profesional, de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior.

En la provincia natal de Sarmiento, Uñac y el PJ se proponen para hacer punta en el regreso a las clases presenciales para asegurar un “titular” mediático al gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien vino fracasando en toda la línea con las otras 23 provincias argentinas.

Pero entonces, es que en San Juan, ¿hay presión social para hacerlo? ¿La docencia lo está demandando? ¿Están dadas las condiciones para ello? Más bien es lo opuesto. Docentes, Estudiantes y familias nunca fueron consultadas. Por eso una encuesta dice que el 70% de padres no van a enviar a sus hijos a la escuela.

El viernes 7, denunciamos en una nota que nos hacen volver sin haber arreglado nada. Y esto se pactó con la burocracia sindical, sin ninguna consulta a la docencia. La Celeste de UDAP (gremio de base de CTERA) y los otros dos gremios docentes, UDA y AMET, pactaron con el gobierno, la Iglesia Católica y las demás patronales privadas, reabrir las escuelas sin resolver ningún problema de fondo.

¿Entonces por qué se reabren las escuelas? Lejos de priorizar la salud, como dicen Fernández y Uñac, el sistema capitalista que gerencian, necesita volver a una normalidad para garantizar la productividad patronal y que padres, madres y familiares a cargo cumplan con ese rol.

De esta forma la escuela no proporciona una educación de calidad, sino que solo se dedique a contener a niñes y jóvenes en las aulas y las familias trabajando, para garantizar la producción capitalista. Por estos motivos el gobierno quiere abrir las escuelas sin consultarle a docentes, estudiantes y familias.

El protocolo, sin presupuesto y garantías, no resuelve nada. Y además, precariza

El protocolo nacional (ver y descargar aquí), votado por San Juan en el Consejo Federal de Educación con Trotta y todas las demás provincias, entidades privadas y la burocracia sindical, plantea reabrir las escuelas y condiciones ideales que nada tienen que ver con la realidad provincial. En particular, no se especifica quien se hará responsable de cada aspecto ni se destina el presupuesto para garantizar las condiciones sanitarias, de infraestructura y cuidados para preservar la salud.

El protocolo dice que se debería comenzar por las zonas rurales porque hay menos población, pero localidades como Pocito, Caucete o Jachal, no son pequeños pueblos. Tienen mucha población estudiantil con grandes escuelas. Además, antes de la cuarentena, muchas escuelas funcionaban sin tener agua potable. Ninguna escuela tenía conectividad. Tampoco elementos de limpieza y personal suficiente para hacerlo. En las zonas rurales, la deserción estudiantil por ir a trabajar al campo, es muy alta. El gobierno no se propuso resolver ninguno de estos problemas antes de reabrir las escuelas como está estipulado.

Uñac dice tener todo listo. Pero ya no se cumplió con los puntos 1, 2, 3, 5 y 7 del protocolo (pág. 1 a 3, 5 y 7 a 9 de la Resol. CFE N° 364/20 Anexo I), donde detallan todos los arreglos en la infraestructura, provisión de agua, baños, kits y elementos de higiene y desinfección donde los directivos, docentes y auxiliares, antes de abrir, tienen que organizar cómo será la vuelta de les estudiantes. Porque ellos son quienes conocen a los estudiantes y la dimensión de los cursos de la escuela, las carencias de las escuelas, etc. Pero los arreglos y el presupuesto, debe asegurarlo el gobierno y las patronales en colegios privados y confesionales.

Los informes que da Infraestructura nunca dicen haber resuelto los graves problemas de agua y sanitarios suficientes y en condiciones, sino problemas menores de cloacas o vidrios rotos. No se tomó más personal de maestranza para higienizar las aulas antes y después de cada clase, solo supervisores con el aval de UPCN para controlar los trabajos en cada escuela. Sin embargo, el ministro de Educación ya anunció que, a finales de septiembre, se reabrirían las escuelas en el Gran San Juan, lo que agudiza los problemas y falta de cumplimientos.

El protocolo, con el trabajo “bimodal”, tanto presencial como virtual (punto 8, pág. 14) profundiza la flexibilización laboral que ya padecía la docencia en cuarentena. Porque se divide el curso en dos, con una parte de estudiantes que van al colegio y otra porción que sigue en forma virtual, alternadamente en días de la semana o entre semanas. Así, cada docente se tiene que hacer cargo de clases en forma simultánea a los dos grupos, duplicándole la tarea, como si tuviese dos cursos a cargo, en detrimento de la calidad educativa y una aguda precarización y sobre carga laboral.

El ingreso a la escuela, donde se tiene que tomar la temperatura y hacer cuestionarios a cada ingresante al establecimiento para detectar síntomas, así como destinar un salón para primeros auxilios, para nada de esto se informa que hayan tomado más personal para cubrir estas tareas.

Por lo tanto, como docentes debemos exigir la conformación de comisiones de trabajo, infraestructura y bioseguridad, conformadas por docentes, estudiantes y familias para verificar que se cumplan todas las reparaciones, acondicionamiento de la infraestructura, de los sanitarios, las aulas, lugares comunes, así como la permanente entrega y reposición de kits, elementos para preservar la salud y demás cuestiones que el protocolo dice que deben garantizarse. Incluso el gobierno habla ahora, según el protocolo, de máscaras personales a entregar por cada docente, cuando antes hablaban de una máscara por curso. Deben asegurar todo el alcohol en gel, sanitizantes, barbijos, elementos para tomar temperatura, etc., etc. Si esto no se cumple, se debe hacer un acta para dejar constancia por qué no hay condiciones para retomar la presencialidad.

Solucionar los problemas primero, después se vuelve

Desde Alternativa Docente, ANCLA / MST, reafirmamos nuestro rechazo al protocolo que profundiza la desigualdad social y precariza el trabajo docente. No hay garantías sobre la salud de docentes, estudiantes y las familias, se pone en riesgo al haber mayor circulación en transporte y escuelas.

El gobierno, antes que pensar en reabrir las escuelas, tendría que resolver los problemas de conectividad, garantizando computadoras y conexión a internet gratuita para estudiantes y docentes. Algo fundamental ya que se va a seguir utilizando por mucho tiempo más, incluso volviendo al aula.

Con salarios de pobreza hay que retomar paritarias y devolver los aumentos anulados. Para acondicionar todas las escuelas hay que aumentar el presupuesto educativo al 10% del PBI y anular los subsidios a las privadas.

Este protocolo para escuelas «ideales», sale de tecnócratas, gobiernos, patronales y la burocracia sindical que no pisan un aula. Por lo tanto, también se necesita convocar urgente un Congreso Pedagógico Nacional y en la provincia, para debatir todo. Donde tengamos protagonismo quienes hacemos la escuela todos los días y podamos opinar y decidir sobre los cambios radicales que necesita el sistema educativo.

Sumate con nosotros para organizar el rechazo a esta vuelta a las aulas sin garantías y a un protocolo que precariza a la docencia y escuela pública. Para elaborar propuestas socialistas para cambiar por un sistema educativo que sirva para desarrollar a la sociedad y no para aumentar su desigualdad como lo hace el actual sistema. Se necesita un sistema educativo socialista.

Alternativa Docente, San Juan

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad