El proceso para decidir si se produce o no la extradición de Puigdemont sigue su camino sobre el otro delito marcado en la euroorden, la malversación de caudales públicos. El plazo máximo para la definición llega a los 60 días.
Sí Puigdemont fuera extraditado por malversación, el Tribunal Supremo de Madrid sólo podría juzgarlo por ese mismo delito, sin poder imputar la rebelión. Así las eventuales penas pasarían de hasta 30 años de cárcel hasta entre 5 y 8 años.
Por supuesto, llegarán las respuestas del poder central. Cabe recordar que, en el mes de diciembre, Llarena retiró la primera euroorden sobre Puigdemont, Comín, Ponsati, Serret y Puig que estaban en Bruselas, para evitar que las autoridades judiciales belgas redujeran la posibilidad de juzgarlos en forma “homogénea” por rebelión, sí fueran extraditados a España por prevaricación.
Hay trascendidos que indican la posibilidad que Llarena acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La presentación de la cuestión prejudicial ante el tribunal supone la paralización del procedimiento hasta que haya una respuesta desde Luxemburgo. Esto se plantea cuando un juez o tribunal estima que para continuar con un asunto necesita que el TJUE le aclare el alcance de una norma comunitaria, en este caso la que en 2002 puso en marcha las euroórdenes. De brazos cruzados no se van a quedar porque están dispuestos a ir hasta el final, en lo político, en lo judicial y en la represión.
Un tiro por la culata
Más allá de cómo respondan desde España, la decisión que tomaron en Alemania tiene una gran importancia porque le dio la espalda a la principal argumentación de Llarena en las causas contra los independentistas catalanes: “rebelión y violencia”. Es la figura fundamental que les aplican a: Oriol Junqueras (vicepresidente), Carme Forcadell (presidenta del Parlamento), Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolors Bassa (ex consellers), Jordi Sánchez (ex presidente de la ANC y diputado de JxCat) y a Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural). También se les imputa a Toni Comín, Clara Ponsati y Marta Rovira, que actualmente están exiliados en Bélgica, Gran Bretaña y Suiza respectivamente.
Por otro lado, la justicia belga dejó en libertad sin fianza a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig (consellers), aunque no pueden salir del país. Y en Escocia, Clara Ponsati (conseller) también se encuentra en libertad.
Los procesos son largos y complicados, los márgenes de maniobra de los regímenes democráticos burgueses son amplios y los gobiernos de la Unión Europea nefastos. Igualmente, los dictámenes recientes son positivos, implican un mandoble político a la mandíbula del presidente Rajoy y los suyos que ya habían anunciado una vinculación estrecha con Europa, sin inconvenientes para castigar a los “fugados”. También es un golpe para PP, PSOE y Ciudadanos cuyas figuras hacen campaña por el castigo a los independentistas.
Las causas a los independentistas son totalmente inventadas, a partir de un funcionamiento en tándem apenas disimulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El argumento de la violencia es falso y el de malversación también lo es. Los verdaderos violentos, golpistas y antidemocráticos no son ni el pueblo catalán, ni los CDR, ni los independentistas; son el gobierno del PP y sus socios Cs y PSOE, con las porras de la Guardia Civil, las arbitrariedades del Juez Llarena y el aval del Rey.

Más los lazos que las togas

A partir de estas buenas noticias, hay quienes emiten loas a las “justicias avanzadas” europeas. No es nuestro caso. Lo sucedido sí demuestra que la justicia española es arbitraria, vengativa y no tiene independencia. También que el régimen nacido de la Constitución del ¨78 está agotado. Sin embargo, no implica depositar confianza en las leyes, ni en los gobiernos de otros países europeos que le dan la espalda a la autodeterminación catalana y castigan a los pueblos que se rebelan.
Sí hay pasos adelante se deben fundamentalmente a que el pueblo catalán sigue de pie, movilizado y peleando. A que se extiende el reclamo por la libertad de los presos políticos y achica los márgenes para ignorar que el Estado español recorta libertades y pretende avasallar al que opina distinto. El mérito más grande por lo sucedido no está simbolizado en las togas de los jueces sino en los lazos de los miles y miles de catalanes movilizados y en aquellos que aún sin ser independentistas rechazan el 155 y sus consecuencias. Es necesaria la unidad de acción de todos los trabajadores y los pueblos oprimidos, sean de donde sean.
El 1-O está vivo en la voluntad por la autodeterminación catalana. Para que la libertad de todos los presos políticos y la anulación de las causas se haga realidad, para que los exiliados puedan regresar sin ser perseguidos, es necesario continuar y profundizar la movilización. Es necesario hacer del 15 de abril un nuevo hito de movilización masiva, en Cataluña e internacional, en el camino de la huelga general y el plan de lucha que hace falta.

Manel Pere Lecha – Portal Anticapitalista

Más de 30.000 catalanes estaban movilizados en las puertas de su parlamento. Esperaban la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, tal cual lo exigían el veredicto de las urnas del 1º de octubre y la enorme movilización popular. Sin embargo, Puigdemont optó por declarar la independencia y luego suspender sus efectos por varias semanas, para «negociar» con Rajoy y la UE. La CUP, una formación anticapitalista que no participa del gobierno pero que es clave para completar la mayoría parlamentaria del sector independentista, se negó a aprobar esa suspensión. Pese al llamado a dialogar, los representantes del régimen español han puesto el grito en el cielo y amenazan con lanzar graves represalias en forma inmediata. Es que la inmensa mayoría de las declaraciones y acciones del gobierno español, los líderes de Europa y la gran burguesía española y catalana coinciden en rechazar frontalmente la independencia. Ese frente incluye a los que se movilizan junto a los fascistas por la «unidad» de España, como los que se visten de blanco y llaman «al diálogo y la paz». Como lo señaló el vocero del Partido Popular en el parlamento catalán, ¿qué quiere negociar con Rajoy el presidente Puigdemont? ¿Los plazos en que se va a concretar la independencia? Pero el gobierno español está totalmente en contra, considera ilegal el plebiscito del 1º-O, ya mandó la policía a reprimir, sigue metiendo tropas, intimaciones judiciales, leyes de aplicación inmediata para que las empresas trasladen sus casas centrales y amenaza con aplicar el artículo 155 de la reaccionaria Constitución española para intervenir política y militarmente Cataluña. Y esas declaraciones son solo el anticipo de más medidas represivas que Rajoy, en base al autoritario régimen español, se apresta a lanzar contra Cataluña en respuesta a los ambiguos anuncios independentistas de Puigdemont.

A toda revolución le sigue un intento contrarrevolucionario

En Cataluña hay una verdadera revolución democrática. Una revolución popular que tiene a su frente a una dirección burguesa y pequeño-burguesa expresada en la alianza gobernante de «Juntos por el Si» (PdeCAT y ERC). De esa dirección son parte los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium, y en forma minoritaria la izquierdista y anticapitalista CUP. Estos sectores están en conflicto con la gran burguesía española y catalana, que está furiosamente en contra de la independencia. Están al frente de una enorme movilización del movimiento de masas, que tiende a realizar acciones cada vez más importantes, sobre todo después de haber derrotado el intento de golpe de estado del 20S.

A esa revolución le siguieron los movimientos contrarrevolucionarios y cada uno de los personajes va dejando en claro su rol a medida que se crispan las aguas. Rajoy, el rey, Ciudadanos, el aparato estatal y la gran burguesía no dudan en reprimir y utilizar todos los recursos para detener una causa independentista que puede derrumbar al régimen bonapartista monárquico del Estado español.

pañol. Por eso frente al triunfo del Sí el 1º-O, al paro general y al repudio nacional e internacional a la represión no se replegaron, sino que volvieron a la carga. El rey exigió que la conducción catalana deseche la independencia bajo amenaza de intervenir Cataluña y el gobierno español facilitó que grandes empresas catalanas muden su sede social, reforzó sus medidas autoritarias y favoreció fuertes movilizaciones de la clase media acomodada, que es la base social que aún conserva el viejo régimen político en crisis. Los que han llamado al diálogo en forma engañosa, como importantes líderes de la UE o el PSOE, en realidad juegan el rol del «policía bueno», ya que su «diálogo» no incluye de ninguna manera debatir la independencia. La UE ha sido muy clara en su negativa al ingreso de una futura Cataluña independiente. Y el PSOE se prepara para apoyar a Rajoy en la aplicación del represivo artículo 155. Pablo Iglesias, de Podemos, que ha tenido una actitud centrista durante todo el proceso independentista, ha quedado atrapado en esa política funcional a los intereses del Estado español.

Para defender la independencia, movilización

La revolución democrática está tomando un curso en el cual sus tareas chocan contra la estructura capitalista y el régimen político en que se sostiene. Solo sería posible alguna negociación con esos enemigos de la independencia catalana sobre la base de desarrollar con toda fuerza la movilización y la organización obrera y popular. En ese sentido es muy importante la entrada en escena de la clase obrera catalana, organizada a través de sus sindicatos, en el paro del pasado martes 3. También el desarrollo de expresiones territoriales como las Asambleas o Comités en defensa de la República Catalana que constituyen organizaciones muy progresivas y que es urgente desarrollar. Y se hace necesario enfrentar cada agresión, como los cambios de sede de las grandes empresas o las movilizaciones unionistas, con una respuesta política contundente

Por eso esta declaración de independencia «a medias» solo genera confusión, cuando lo que hay que dar es la mayor claridad y no alentar expectativas en «diálogos» o «negociaciones» pantanosas. Menos todavía cuando el régimen centralista español se apresta a redoblar sus acciones represivas a partir del miércoles 11. Solo luego del resultado final de los choques que se avecinan podría lograrse alguna negociación favorable a la causa independentista. Al contrario de lo que dice la gran prensa mundial, hoy el régimen español y la burguesía española y europea atraviesan una importante crisis. El mismo día que Puigdemont hablaba en el parlamento catalán se desarrollaba en la vecina Francia la más importante huelga y movilización de los trabajadores públicos en décadas y la primera ministra de Escocia se pronunciaba a favor de Cataluña anunciando un nuevo plebiscito hacia su independencia de Gran Bretaña. La revolución catalana es la batalla actual más importante de los pueblos de Europa y su resultado marcará el rumbo de los próximos acontecimientos de la lucha de clases mundial.