Escribe: César Latorre

La reforma (in)constitucional de Morales en Jujuy, su votación exprés, el rechazo contundente del pueblo jujeño y la represión ya habían reflejado el aumento del nivel de confrontación social al que nos llevan los gobiernos patronales y sus planes de ajuste y recorte de derechos democráticos.

Este nuevo hecho represivo en pleno microcentro porteño no está aislado del contexto nacional. Larreta, sus aliados políticos y la justicia del régimen intentan de todo para instalar que no hubo responsabilidad estatal, lo que constituye una verdadera canallada.

Un nuevo asesinato político

El 10 de agosto, tres días antes de las PASO, un grupo de militantes de Rebelión Popular, entre los que estaba Molares, hacían una protesta pacífica «contra la farsa electoral» en la explanada del Obelisco. La policía de Larreta y su ministro Burzaco los provocó constantemente, como se pudo ver en infinidad de videos.

La infantería policial montó un operativo para aislar y detener a algunos manifestantes a los cuales retenían entre cuatro o cinco efectivos. A varios los arrojaron con violencia al piso y se les tiraron encima. Una periodista logró captar las imágenes y a la vez advirtió a la policía el colapso de Facundo. Tardaron en soltarlo ya en agonía, tardó en llegar el SAME y seguramente cuando lo ingresaron al Hospital Ramos Mejía ya estaba sin vida.
Los videos que se viralizaron tras la represión muestran con total claridad el hecho, más allá de que se quiera tender un manto de impunidad sobre los responsables materiales y políticos del asesinato. Como bien lo denunció el papá de Facundo, «quien ordena una muerte es un asesino».

La barbarie escondida en la palabra «científica»

El intento de impunidad también le cabe a Crescenti, el jefe del SAME, que sin autopsia y de manera hipotética le dio una cobertura pseudo «científica» al asesinato de Molares. Eso lo replicaron los grandes medios, como justificativo. Esa pretensión de validar la muerte por alguna enfermedad preexistente es como si tras acuchillar a una persona digan que murió por una infección ya que su sistema inmune estaba vulnerado. Sin embargo, la versión de que «pudo haber sido un infarto masivo» hizo cambiar los titulares de los medios. Ese intento de lavado de cara de Larreta, que hipócritamente le envió las condolencias a la familia, incentivó los discursos de odio en las redes sociales: «murió por ser gordo», «uno menos» y otras barbaridades por el estilo.

Pero tan seguros no estaban con la hipótesis «calificada», ya que la fiscal de la causa no les permitió a los defensores presentar sus peritos de parte ni participar de la autopsia. Es evidente que tratan de cubrir el crimen estatal. El abogado Eduardo Soares denunció a la fiscal por contravenir todas las disposiciones procesales al dejar a la querella fuera de la autopsia. Así, el primer «informe» le da cobertura a la policía: «congestión, edema, hemorragia pulmonar, cardiopatía dilatada». La cardiopatía la sufría Facundo desde antes, pero la que lo mató fue la policía. El régimen burgués utiliza todos los dispositivos a su alcance para construir impunidad e impedir que haya justicia.

Facundo Molares fue un militante y preso político. Participó años atrás en apoyo a las FARC en Colombia y luego fue amparado por los procesos de paz. Pero la justicia de la golpista boliviana Áñez pidió su extradición bajo cargos falsos y por eso Facundo estuvo detenido en el penal de Ezeiza. No obstante, la lucha en unidad nos permitió rechazar la extradición y lograr su libertad. Su condición de militante le valió descalificaciones y una campaña macartista en busca de justificar su asesinato.

Pero la respuesta popular fue rápida y contundente. El mismo 10 hubo una concentración importante hasta lograr la libertad de otros detenidos y detenidas. Y al día siguiente, una marcha enorme de un arco político muy grande en el Obelisco, mostró que una muerte por represión no pasa sin lucha y que seguiremos hasta lograr el juicio y castigo para los culpables materiales y políticos del homicidio.

El ajuste viene con palos, pero no pasa sin lucha

El mismo 10, la policía reprimía a los trabajadores que protestaban en Constitución a raíz de una medida de los trabajadores tercerizados del Roca que reclaman su pase a planta e igual salario por igual trabajo. La cana arremetió contra unos y otros con balas de goma y gases. Los hechos fueron registrados por usuarios, en un clima de mucha tensión. Los gobiernos no buscan solucionar los problemas, sino acallar los reclamos a palos.

Como si fuera poco, el 11 se conoció la noticia de que sobreseyeron a los gendarmes imputados por la desaparición de Santiago Maldonado. Por segunda vez el juez Lleral los eximió de su responsabilidad criminal. Ya lo había hecho en una sentencia que dictó en 2018. En 2019 la cámara de Comodoro Rivadavia revocó y ordenó mantener abierta la causa, investigar y realizar varias medidas de prueba. Pero esta justicia actúa en favor de los represores, que a su vez en el crimen de Santiago actuaron bajo las órdenes políticas de Patricia Bullrich, entonces ministra de Macri.

Como bien denuncia el texto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en repudio al asesinato de Molares, «este crimen es parte de la ofensiva represiva que se expresa en todo el país, desde Jujuy hasta la Patagonia, por los gobernantes al servicio del ajuste del FMI».

La reforma constitucional jujeña para prohibir la protesta social fue tema de debate público. En Jujuy la justicia usa figuras penales duras como la de sedición contra abogados de las comunidades originarias, en tanto que en Santa Cruz acusan absurdamente a docentes y estatales por intento de femicidio e intento de homicidio por una protesta salarial. La criminalización de la protesta social es parte de la orientación de «mano dura» de todo el arco político patronal para imponer el ajuste, desde el facho Milei hasta el «progre» Santoro que defiende el uso de las pistolas-picanas Taser.

La respuesta no puede ser otra que la unidad en la movilización para defender los derechos democráticos, incluido el derecho a la protesta. A la vez de apoyar cada lucha por justicia y contra la impunidad, desde el EMVJ -que integramos el CADHU y el MST junto a decenas de organizaciones- se empezó a preparar un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos para el 30 de setiembre. Sumate a esta campaña contra los políticos del sistema que pretenden «resolver» los problemas a palazo limpio.

Luchar sirve

En el marco de toda esta ofensiva, la movilización y la presión permiten algunos logros. En la causa penal por otro asesinato estatal y por la espalda, el del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 en Río Negro, el fiscal ordenó la detención de los cinco miembros del Grupo Albatros que participaron de la persecución y balacera contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que defendía sus territorios ancestrales.

Escribe: Emilio Poliak y Guillermo Pacagnini

Durante estos once meses de gobierno señalamos que lejos
de los discursos de cambio que Alberto prometía, sus medidas centrales favorecían a las grandes corporaciones capitalistas. Hay quienes adjudicaban a la irrupción de la pandemia y la herencia macrista la imposibilidad de encarar un rumbo progresista que priorizara a los más humildes.

Las imágenes de las topadoras arrasando las casillas y la bonaerense prendiendo fuego las pocas pertenencias de quienes no tienen casi nada sepultaron el discurso progresista para develar el verdadero rostro del gobierno. La represión a las familias de Guernica dejó en claro hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno para defender los intereses capitalistas.

No fue la orden judicial ni la intransigencia de la izquierda. Fue una decisión política de Fernández y Kicillof ejecutada por el reaccionario Berni, que apenas pasado el desalojo difundió un spot oficial del gobierno de la provincia de Bs As donde dejaba en claro que la propiedad privada está garantizada aun a costa de la miseria de los sectores más postergados.

No existieron roces ni diferencias cualitativas entre los principales dirigentes del FdT. Como reconocieron los propios protagonistas, hubo acuerdo y contactos permanentes entre el presidente, el gobernador y la vicepresidenta. La acción represiva y los discursos –tan parecidos a los de la derecha- dejaron tan en evidencia los intereses defendidos por el gobierno que para intentar desviar la atención desataron una campaña macartista –y ridícula- contra la izquierda. Las imágenes de Patricia Bullrich en Entre Ríos y Berni en Buenos Aires festejando el triunfo de la sacrosanta propiedad privada fueron repulsivas para cualquiera que se considere mínimamente progresista.

El Gran Acuerdo Nacional en funciones

El desalojo en Guernica no fue un hecho aislado. El mismo día se desalojó Casa Nueva (Santa Elena) en Entre Ríos y como si fuera una señal de largada hubo desalojos en distintas ocupaciones de tierras a lo largo del país. El momento tampoco fue casual, pocos días antes Cristina había publicado la carta reclamando un acuerdo con todos los sectores para enfrentar la crisis. Curiosamente, o no tanto, Duhalde había pontificado en el mismo sentido. Al mismo tiempo Alberto dedicaba sus días a recibir a los dueños de las principales empresas del país con el mismo objetivo.

Los hechos hablan por sí mismos, el acuerdo propuesto es para descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Una versión aggiornada, en vías de institucionalización y que incluye a la burocracia sindical, del Pacto Social, de alianza de clases al servicio que los conflictos se apaciguen y el movimiento obrero y popular acepte mansamente el ajuste y las reformas estructurales reaccionarias de la mano de las recetas del FMI. Aún no formalizado, empezó a funcionar, aunque que cumpla cabalmente sus objetivos está por verse, con el horizonte conflictivo que está por delante.

El gobierno buscó en Guernica despejar la desconfianza de la burguesía en el kirchnerismo a pesar de que, como reconoce Cristina en su carta, nunca ganaron tanto como durante su gobierno. El acuerdo nacional enarbolado por Alberto, Cristina y hasta Duhalde hizo su debut en Guernica, pero siguió con nuevos desalojos y con el guiño de la oposición de derecha para aprobar el presupuesto del FMI. La celeridad en las medidas contra los sectores populares contrasta con el recule permanente de cualquier medida que afecte mínimamente las ganancias capitalistas, cuya última expresión es el sueño eterno del proyecto de impuesto a las grandes fortunas.

Con los tapones de punta

A partir de Guernica y con el Pacto Social en marcha, el gobierno tomó impulso para empezar a llevar adelante su hoja de ruta. Ante la oposición y movilizaciones crecientes contra el acuerdo de factorías porcinas con China impulsa acuerdos por provincia para intentar desarticular la resistencia. Relanzó la ofensiva megaminera conformando la «Mesa Nacional del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero» dispuesto a implementarla como sea en lugares que hace años vienen resistiendo el avance de esta industria depredatoria y de saqueo, como el pueblo de Chubut. Pagó U$D 300 millones de intereses de la deuda al FMI y se apresta a una nueva supervisión del organismo, a quien solicitaría un programa de facilidades extendidas, que significa una nueva entrega de soberanía y sometimiento para afrontar las reformas estructurales reclamadas por el organismo que preside Kristalina Georgieva. A todas luces una medida bien «ortodoxa».

El nuevo proyecto de movilidad jubilatoria es otro golpe al bolsillo de los sectores más postergados que ratifica el rumbo del gobierno. Renunciando definitivamente a toda movilidad y disponiendo una fórmula de cálculo a la baja que no toma en cuenta nada más ni nada menos que la inflación. Justamente una de las exigencias del FMI.

La finalización del ASPO, en función de garantizar la temporada turística -intentado apaciguar el malestar social- aumenta el riesgo de un rebrote de la pandemia cuando ni siquiera finalizó la primera oleada. Mientras tanto el personal de salud, que está luchando, sigue reclamando una mejora sustancial en las condiciones laborales y salariales.
Se trata de una hoja de ruta que no deja lugar a dudas: para los de arriba más beneficios, para los de abajo ajuste y represión. Ese es el contenido político del «acuerdo con todos los sectores.»

Crecen los reclamos

Mientras tanto la crisis sigue deteriorando las condiciones de vida de los sectores populares y queda en evidencia que la unidad por arriba es para ajustar al pueblo trabajador. Por eso cada vez más sectores salen a luchar a pesar del rol entregador de las conducciones sindicales y crecen las autoconvocatorias en el movimiento obrero: enfermeras, metalúrgicos, choferes, estatales en distintas provincias. La incorporación al pacto social de todas las alas de la burocracia sindical hace las peleas más complejas, porque ya no sólo habrá que enfrentar a las patronales y gobiernos, sino a la burocracia y sus maniobras o a sus patotas. De ahí la importancia de la solidaridad y la coordinación por abajo impulsando el surgimiento de nuevos dirigentes y un método democrático para decidir, apoyando a quienes se organizan de manera independiente de las conducciones burocráticas.
La dinámica de la situación, en el marco de la crisis y el ajuste es a que estas luchas crezcan y que se produzcan desbordes a las direcciones sindicales, procesos que desde la izquierda es preciso impulsar y apoyar en la perspectiva de ir forjando una nueva dirección clasista, democrática y combativa en el movimiento obrero. Nuestras agrupaciones sindicales articuladas en ANCLA, bregarán por ello y para que el Plenario del Sindicalismo Combativo supere su parálisis y pueda jugar un rol positivo en las luchas y el proceso de recambio de dirección.

Es la hora de la izquierda

Los hechos de las últimas semanas muestras que para los sectores populares no hay perspectivas de mejoras por el camino que impulsa el FdT. La repulsión a la derecha no puede ser una justificación para seguir apoyando un proyecto político que no sólo no enfrenta a la derecha, sino que decididamente sigue el mismo rumbo en las cuestiones principales. Es tiempo de asumir el desafío de construir una nueva alternativa política del pueblo trabajador. Que levante un programa anticapitalista, para responder a las necesidades sociales mayoritarias, apoyada en la movilización de la clase trabajadora, los movimientos socioambientales, juveniles, de las mujeres y disidencias. La ilusión de conciliar con la derecha y las patronales es un camino sin salida. Es necesario un camino que enfrente la dependencia del FMI investigando y dejando de pagar la deuda fraudulenta para volcar esos recursos a las necesidades obreras y populares; que se proponga que la crisis la paguen los capitalistas con una reforma impositiva progresiva, nacionalizando la banca y el comercio exterior para que sea el Estado, con control social, y no las corporaciones quien controle todos los recursos del país. A ese desafío que impulsamos desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad invitamos a sumarse a quienes no están dispuestos a seguir apoyando un rumbo que conduce a nuevas frustraciones.

Durante la movilización, hablamos con Cintia, querellante y hermana de Lucas.

Estamos con Cintia, hermana de Lucas Verón, el joven asesinado por la policía bonaerense en González Catán. Cintia, contanos un poquito cómo viene estando la causa hasta ahora, cómo fue avanzando en estos últimos tres meses desde el asesinato de Lucas

Buenas tardes, la causa sigue lenta, pero sigue. Justamente hoy marchamos porque mañana se cumplen tres meses del asesinato de Lucas y vinimos hoy, como mañana es fin de semana, para que alguien nos atienda. Sabemos que salió de sorteo la causa, pero no sabemos la fecha todavía. Necesitamos la fecha del juicio urgente, nosotros queremos que paguen por lo que le hicieron a mi hermano y todavía está en la nada. Nos meten la excusa de que como estamos en pandemia y está el tema del COVID tenemos que esperar. Nos enteramos estos días también que Cintia Duarte, la pareja del policía que asesinó a mi hermano, está en la comisaría de González Catán, donde encubrieron el hecho, donde ella misma trabajaba. Venimos a pedir una respuesta por eso también. Sentimos que nos están faltando el respeto, sentimos que nos están haciendo una burla, está a 40 cuadras de nuestra casa, está como en su casa porque es policía, cuenta con todos los privilegios y nosotros queremos que no tenga ninguno.

Hoy cuando llegamos nos encontramos con que había un fuerte operativo policial y también por parte del poder judicial informaron que se iban a iniciar causas por las pintadas que se realizaron acá y también en el barrio. ¿Qué pensás de estos hechos?

Sí, yo llegué y me encontré con esa noticia, no sabía nada. Que no se podía pintar la cara ni el nombre de mi hermano en la pared ni el piso ni en ningún lado. La verdad que es una vergüenza, nos sentimos peor. No entiendo por qué hacen esto, nos estaban esperando un montón de policías, con armas. Se pensaron que nosotros somos delincuentes, que venimos a hacer lío. Lo único que queremos es una respuesta, queremos justicia. También nos dijeron que, si pintábamos la cara de mi hermano en las paredes, o el nombre, ellos tenían el derecho de salir y reprimirnos. Estaban todos escondidos adentro en la fiscalía. La verdad es un desastre, se piensan que porque son policías pueden hacer lo que quieren cuando no es así. No nos van a callar. Nosotros vamos a seguir pintando la cara de Lucas en todos lados y Lucas va está presente en todos lados.

¿Ahora cuáles son los pasos a seguir para la familia y amigos junto con los abogados?

Ahora tenemos que esperar a que nos manden la fecha, se comprometieron. También los fiscales se comprometieron en ir al barrio a hacer la reconstrucción del hecho. Lo vamos a esperar con ansías para que ellos mismos lo vean. No sé qué más necesitan, nos piden pruebas y ya está todo dicho. A mi hermano lo mataron y fueron Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, no entiendo que más pruebas quieren.

¿Querés agregar algo más?

Quiero que no pase más esto, porque nosotros no venimos a hacer lío, venimos a buscar una respuesta. No nos pueden hacer esto, no pueden prohibir pintar la cara de Lucas y, es más, armarnos una causa a nosotros o a la persona que pinte la carita de mi hermano. Es una vergüenza, no lo vamos a permitir. La policía bonaerense me da mucha vergüenza y asco. Los odio porque mataron a mi hermano, desaparecieron a Facundo y a tantos chicos más, tantos casos más. Acompaño a todos en el sentimiento y les agradezco a ustedes por estar siempre.

Participamos del mismo casi 400 luchadorxes de todo el país, desde la querida Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), ex presxs políticxs y ex detenidxs-desaparecidxs, familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia policial hasta jóvenes militantes de partidos políticos de izquierda y agrupaciones sociales. Entre otrxs, destacamos a Sergio Maldonado, hermano de Santiago; Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, mamá de Facundo; Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga; Claudia Espinoza, hermana de Luis, asesinado en Tucumán; y una larga lista representativa de tantas luchas por justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra delegación al plenario estuvo compuesta por referentes del CADHU, el MST, Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”.

A lo largo de decenas de intervenciones se narraron casos que nos conmovieron a todxs, propuestas de acciones y campañas, reflexiones políticas. Al cierre votamos por unanimidad el texto consensuado que ofició de presentación (ver abajo), así como en el acompañamiento a las tomas de tierras de Guernica y otras en el interior, bajo amenaza de inminente desalojo; y preparar una Semana antirrepresiva nacional con marchas y acciones del 5 al 9 de octubre, todo ello a concretar a través de los espacios de coordinación antirrepresiva ya existentes en cada lugar, como el EMVJ y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Fue, sin duda alguna, un primer paso prometedor de una mayor y necesaria unidad antirrepresiva.

Pablo Vasco

Documento del Plenario

Desde la cuarentena que dictó el gobierno con su DNU 297 hubo110 muertes a manos de las fuerzas de seguridad y tres desapariciones seguidas de muerte. En paralelo al ajuste, estas duras cifras confirman que el accionar represivo recrudece en todo el país. La política de los gobiernos fue dejar en manos de las fuerzas de seguridad el control integral de la pandemia mediante represión. La violencia policial, la impunidad y el encubrimiento, lejos de cesar se agravan.

El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la represión policial y abusos sexuales a una familia qom en Chaco, la desaparición forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro, el despliegue represivo sobre niñes y adolescentes, entre muchos otros casos, dan cuenta del reforzamiento de ese aparato.

La “maldita policía” Bonaerense, fuerza responsable del asesinato de Maxi y Darío, la segunda desaparición de Jorge Julio López y hace poco de Facundo Castro, entre tantos otros pibes, muestra la impunidad y el encubrimiento político hacia ella y la necesidad de este plenario. En el caso de Facundo todas las pruebas señalan que es otro crimen cometido por la Bonaerense. El accionar de la jueza y el fiscal siguió un camino de desvío e impunidad. Y luego, la ratificación de Berni como ministro de Seguridad bonaerense reafirma el camino del gobierno del Frente de Todos de empoderamiento, represión, encubrimiento e impunidad de las fuerzas represivas. Por eso decimos: Fuera Berni. Justicia por Facundo y por todas las víctimas. Castigo a los culpables directos y a los encubridores. El Estado y los gobiernos son responsables.

Represión a luchas obreras. En un cuadro de grave crisis social y económica, producto del ajuste por el pago de la deuda externa y el FMI, y de las continuas luchas de la clase trabajadora ante despidos y suspensiones, pérdida de salario, condiciones de salud por COVID, etc; también se refuerza una salida represiva. En Córdoba, la policía de Schiaretti entró al barrio Estación Ferreyra disparando balas de goma; la marcha de los choferes de UTA que reclamaban salarios adeudados fue duramente reprimida y también los municipales de Jesús María que reclamaban por salario y condiciones laborales. En el Frigorífico Penta, la feroz represión a los obreros garantizó el vaciamiento y los despidos. Entre otras luchas, también se reprime a les jóvenes repartidores en varios lugares del país.

Gatillo fácil. Bajo el gobierno de Macri creció la cifra de asesinatos por las fuerzas represivas, mientras Patricia Bullrich alentaba la doctrina Chocobar. Aun con otro discurso, bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández esos asesinatos continúan. Desde marzo se registraron 113 muertes: más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías; femicidios y tres desapariciones forzadas. Esta situación expresa que la doctrina Chocobar es de hecho una política de Estado. Berni es responsable directo de la política de empoderar y encubrir a la Bonaerense así como Bullrich lo hacía con la Gendarmería.

Con el agravamiento de la crisis económica, los efectos del acuerdo con los buitres y de la negociación con el FMI seguramente habrá nuevas luchas obreras y populares. Empoderar a la policía y gendarmería al darles el control total de la cuarentena, buscar reconciliar al pueblo con las FF.AA. mediante “operativos humanitarios” y otorgarles más presupuesto a todas esas fuerzas son medidas preparatorias porque, como siempre, el ajuste no cierra sin represión. Ante esta avanzada, es necesario organizarnos contra las políticas represivas y la criminalización de la protesta social y por la defensa irrestricta de los DD.HH.

Derecho a la vivienda. En Guernica, más de 2.500 familias luchan por el derecho a la vivienda. El viernes 11, a la noche, la Bonaerense ejecutó un violento desalojo contra 300 familias que estaban en terrenos en Ciudad Evita, La Matanza, causando 15 detenidos y decenas de heridos. Esto ocurrió apenas al otro día en que el gobierno les concedió a esa misma policía todos sus reclamos, desde un aumento salarial y el punto 14 de su pliego para lograr impunidad, lo que rechazamos. Este gravísimo hecho se da luego de que los gobiernos nacional y bonaerense hicieran campaña para justificar la represión a las tomas de terrenos. La lucha por la tierra y la vivienda es hoy una de las principales demandas populares, que ante la inflación y el desempleo en medio de la pandemia no pueden pagar un alquiler y se ven empujados a ocupar terrenos ociosos para tener un techo. Por eso apoyamos el derecho a la vivienda y repudiamos la criminalización de esa y de todas las luchas sociales.

Ni Una Menos. En lo que va del año ya van 206 femicidios y con la cuarentena crecieron las denuncias por violencia de género. El gobierno se limitó a anunciar un “plan bianual”, con un magro subsidio de $ 16.875 por seis meses a las mujeres y disidencias que sufren violencia machista, totalmente insuficiente para lograr autonomía. Además el plan desecha las casas-refugio, cuando el “quedate en casa” es insostenible para quienes conviven con el violento. A su vez, la policía no es ninguna garantía de control de las perimetrales y por eso muchas mujeres fueron desaparecidas y asesinadas en la vía pública o en sus hogares. Se calcula que una de cada cinco asesinadas había hecho denuncias ante el Estado y que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente policial o de “seguridad”. Por eso decimos: Ni Una Menos, basta de violencia de género.

Asimismo, siguen el hostigamiento y crímenes de odio hacia las diversidades sexuales y de género, a menudo por parte de la policía y en especial contra el colectivo travesti-trans. Pese a los derechos conquistados por la comunidad LGBTI+ con su lucha, la violencia institucional y de las iglesias continúa. Por eso decimos: basta de crímenes de odio y de violencia institucional y religiosa.

Mientras el 51% de les niñes y adolescentes está en la pobreza, el sistema de protección y promoción integral de derechos y sus organismos de control sufren precarización, vaciamiento presupuestario y de políticas públicas. Ante la falta de acceso a derechos, el despliegue de las fuerzas punitivas del Estado ha incrementado su accionar sobre la población de niñes y adolescentes pobres.

Desde la cuarentena crecen las denuncias por las violencias que aplican las fuerzas de seguridad en todo el país. Lo confirman los asesinatos de Lucas Verón, Valentino Correa, Franco Maranguello y otros. Y la muerte de jóvenes bajo custodia del Estado desnuda el abandono estructural de los gobiernos en cuanto a política social para les adolescentes y la violencia estatal por omisión.

Ante este fortalecimiento represivo hacemos este plenario nacional como un paso para unir los reclamos de les familiares y amigues de las víctimas de gatillo fácil. Por juicio y castigo a los responsables de la desaparición y muerte de Facundo. Contra la criminalización de la pobreza. Por el derecho a la vivienda. Apoyo a las tomas de tierras, luchas ambientales, de los pueblos originarios y demás luchas. No al Plan Centinela. Por los derechos de toda persona privada de libertad. Fuera Berni. El Estado y los gobiernos son responsables. Ni Una Menos. Infancias libres de violencia. Basta de crímenes de odio y de criminalizar a la comunidad travesti-trans. Continuidad de los juicios a los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura. Restitución de la identidad de les nietes apropiades. Por la defensa de los derechos humanos, gobierne quien gobierne.

Otras intervenciones y saludos al plenario: Marcela y Graciela Ledo (Madres de Plaza de Mayo, La Rioja), Sueco Lordkipanidse (EMCF), María Laura Bretal (ex presa política), Sandra Gómez, Maru Acosta (hermana de Paola, víctima de femicidio, Juntas y a la Izquierda), Romina del Pla (Suteba Matanza), Beto Olivares (Casa de la Memoria, Rosario), Pablo Arroyo (Salta), Julio (HIJOS La Plata), Liliana Martín (Movimiento Plurinacional de Mujeres, Capilla del Monte), Pablo Paolini (CADHU), May (Colectivo contra el gatillo fácil de La Plata), Nahuel Orellana (Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, Guernica), Osvaldo Barros (AEDD); Maine García, Carla Lacorte y Matías Aufieri (Ceprodh), Alejandrina Barry (PTS), Cintia Frencia (PO Córdoba), María Salvarezza, Erika Avalos, Sebastián Godoy, Eduardo Penello y Claudia Ferrero (APEL), Virginia (mamá de Cristina), Pablo Vasco (MST en el FIT Unidad), Cintia (hermana de Lucas Verón), Fede Casas (UJS), Laura Marrone y Nico Núñez (IS), Yanina Zarzozo (mamá de Camila, masacre de Monte), familia de Ignacio Seijas, Esther Cohen, Germán Campos (Rosario), Jonathan Gómez (MST, EMVJ La Pampa), Julio Cortez (Actuemos), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Luis Puente (EMVJ Pergamino), Cecilia (Ni Una Menos), Salvador (Espacio de Géneros FPDS), Bocha Rego (papá de Bochita, víctima), Mayra (Agrup. 1969), Keili González (Libre Diversidad), Alejandro (Mar del Plata), Lautaro Palma (ATEN Zapala), Pabla (Correpi), Fabián Domínguez (Colectivo de DDHH Pilar), Julia Lara (mamá de Agustín), Lautaro Tocchi (Córdoba), Susana Ancarola (MULCS), Marga Pinto (CMM), Eliana (Correpi Mendoza), Ernesto Aldana (Nuevo MAS) y Sheila (LSR).

Todo esto en medio de una pandemia que azota fundamentalmente a los más pobres no sólo enfermándolos sino dejándolos sin sustento, mientras Alberto Fernández habla de una medida como el IFE, totalmente insuficiente y tan irrisoria que quienes exigen desalojar gastan en dos o tres comidas y no todas las familias lo cobran.

La realidad es que un porcentaje importante de familias en el conurbano bonaerense no tiene acceso a una vivienda digna y se hacinan en “villas miserias” sin cloacas, sin agua potable, sin derechos a una buena alimentación, educación o sistema de salud. Gobierno tras gobierno de distinto tinte político durante años han llevado a la marginalidad a una parte importante de la población en beneficio de quienes hoy claman por desalojar a los pobres, que para muchas de esas familias la única manera que tienen de tener una vivienda es tomando tierras.

La derecha macrista junto a los medios afines junto a los que se dicen “progres” amigos del gobierno nacional accionan en sintonía, porque no hay grieta cuando se trata de defender el robo y saqueo de parásitos en contra de la mayoría de la población. Y la justicia actúa al unísono: así los jueces corruptos, declaran el desalojo por la fuerza bruta, olvidando leyes fundamentales tales como el artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos Humanos (1) y el artículo 14bis de la Constitución Argentina (2) que tiene entre sus puntos el derecho a una vivienda digna.

Esto sin entrar en el tema de que las tomas de tierras fueron la fuente de enriquecimiento de buena parte de esta lacra que hoy clama en contra de una miserable toma de unos pocos metros cuadrados cuando se repartieron entre pocos buena parte del territorio de nuestro país.

Las voces de quienes son responsables de la pobreza

Mientras tanto, Juntos por el Cambio presenta un proyecto en la Legislatura bonaerense para que quienes tomen tierras para vivir queden sin la mísera ayuda económica que reciben los pobres del conurbano bonaerense. Antes de esta presentación, Sergio Mazza ya había planteado la quita de la AHU.

Todo el peso de la ley para los pobres, impunidad para los ricos: habría que ver cuándo el peso de la ley recae en los ladrones que han llevado a esta situación porque, por ejemplo, los 60 mil millones de dólares que pidieron al FMI y que patinaron en días fugándolos al exterior (y que hoy nos obligan a  pagar) hubieran sido fundamentales para que no se llegara a esta situación. Son los que defienden a capa y espada a Vicentin, en manos de ladrones mafiosos y explotadores.

Hoy los ladrones que viven en Puerto Madero o en barrios cerrados exigen el peso de la ley contra los pobres que ellos mismos crearon. Porque no hay que equivocarse: somos quienes trabajamos los que producimos lo que se llama Producto Bruto Interno (PBI) y de esa torta que nosotros producimos se lo lleva un puñado de ricos, grandes corporaciones internacionales, y parásitos de todo tipo. Su riqueza es nuestra pobreza. Nada de lo que tienen y defienden como “propiedad privada” les pertenece, es sufrimiento, trabajo precario, pobreza, falta de educación, salud, vivienda, etc. para la mayoría. En un país como el nuestro es inadmisible la pobreza, que sólo puede solucionarse acabando con quienes nos parasitan que son peores que el Covid-1.

¿Y qué hacen los gobiernos nacional y provincial?

Intentando un discurso que no tenga tanto olor a la vieja derecha, lo real y concreto es que tanto la policía de Alberto Fernández como la de Axel Kicillof son las que desalojan por la fuerza. ¿Qué debieran haber hecho? Censar a todos los que tomaron esas tierras y si, tal como es en realidad, no tienen dónde vivir, hacer un loteo y entregar algunos de los tantos terrenos fiscales que existen para que esas familias puedan vivir como forma de evitar los “intermediarios” que generalmente existen.

Alberto Fernández ha subsidiado a las grandes empresas en esta pandemia con dinero que es del ANSES, al punto que la mitad de nuestros salarios fueron pagados por nosotros mismos, ¿no es momento de confiscar tierras ociosas, lotearlas o hacer viviendas para quienes la necesiten? ¿Acaso no se enteraron de la terrible miseria y del déficit habitacional que existe en el conurbano bonaerense?

La “grieta” entre peronismo y antiperonismo es un invento para cazar incautos. Es en estos casos cuando vuelve a quedar al descubierto que en realidad unos y otros responden a los intereses capitalistas y sólo le importamos los trabajadores como mano de obra para obtener ganancias. Siempre se tiran entre sí “la herencia recibida”, pero esa herencia fue apoyada implícitamente durante el gobierno macrista y hoy ante cada arremetida de lo que llaman derecha viran cada día un poco más hacia el mismo lado.

Impuestos mayores a los ricos, a las grandes empresas, al extractivismo, que las ganancias que se llevan las privatizadas queden aquí re estatizándolas, para un proyecto de país que sea para todos y no para unos pocos. Porque la realidad es que quienes producimos la riqueza, los trabajadores, somos quienes más impuestos pagamos.

Desalojos violentos y con represión

Las familias que ocupaban los terrenos de Victoria, San Fernando, desde hacía unas semanas, estaban pacíficamente con sus hijos y habían abierto un canal de diálogo con el municipio en busca de vivienda. Pero la única respuesta desde el Estado ha sido represión y violencia. Fuerzas policiales armadas como para una guerra, atacaron con saña a familias indefensas, las golpearon e hirieron a varias de ellas. La violencia y la represión ha sido la única respuesta para estas familias que en forma totalmente pacífica, solo luchaban por un reclamo democrático elemental: el derecho a la vivienda.

Pero no van a alcanzar los palos ni los golpes, ni en San Fernando, ni en Ciudad Evita, ni en Guernica. En todos lados crece la lucha por la vivienda y por la exigencia al Estado que ponga al servicio de las familias necesitadas los terrenos fiscales y ociosos. Desde el MST San Fernando y en todo el país, seguiremos acompañando estas luchas.

Isabel Morales

(1) Artículo 25.1 Declaración de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

(2) La Constitución de la Nación Argentina en su articulado 14 bis dice que: El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Si volcamos en un simple cuadro el detalle de esas “ocho claves”, basta con una rápida mirada para constatar que el verdadero objetivo del megaplan no es combatir la inseguridad, como anunció el presidente, sino que en lo fundamental es represivo. Salvo que considere, como Patricia Bullrich, Sergio Berni o el ingeniero Blumberg, que la solución esencial frente al problema de la falta de seguridad es la mano dura: saturar el Gran Buenos Aires con más policías, más gendarmes, más armas y más cárceles de las que ya hay.

Con excepción del rubro 8, los centros de aislamiento para el coronavirus, que además por su propia definición no deberían estar bajo el control policial sino del Ministerio de Salud y sus agentes sanitarios, todo el megaplan está destinado a fortalecer la represión policial y carcelaria.

Con respecto a los puntos 3 y 4, si bien es cierto que del total de 48.565 personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires 5.471 hoy lo están en comisarías, lo cual es totalmente ilegal, la solución no es abrir más penales para trasladarles allí sino liberar a quienes están en prisión preventiva por delitos menores y sin condena, o sea que para la justicia son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Según los informes oficiales[1], en esa injusta situación se encuentra la mitad de las y los detenidos. Se ve que Alberto prevé seguir elevando la tasa de encarcelamiento, que en nuestro país viene creciendo desde el 2001 en adelante.

En cuanto a los puntos 1, 2 y 6, significan un fortalecimiento directo del aparato represivo. En concreto, desplegar 10.000 policías y 4.000 gendarmes más implica duplicar el número ya existente en el GBA. Con semejante nivel de militarización, dicha región se iría a unos mil efectivos armados cada cien mil habitantes, casi el triple de los 300 que es el standard promedio que plantea la ONU.

Por cierto, todavía no terminó el tironeo entre los intendentes y la Provincia por el control de la formación y la distribución de esos nuevos policías. Pero el eje del problema no es ése, sino creer que más cana puede ser sinónimo de seguridad cuando más bien es lo contrario. La ministra Frederic y el propio Alberto al lanzar este plan reiteraron lo que ya es sabido en el mundo antero: que la causa básica de la delictividad es la desigualdad social. No obstante, su respuesta se limita a más represión.

Si los 37.700 millones de pesos -o 500 millones de dólares- que por ahora cuesta este plan de “seguridad” el Estado en cambio los volcara a construir viviendas populares de 51 metros cuadrados en terrenos fiscales, a un costo promedio de 25.000 dólares[2] cada una equivaldrían como mínimo a 20.000 nuevas unidades. Esta solución social no sólo permitiría garantizar un techo digno para unas 80.000 personas, sino que, a razón de 2,5 empleos por cada unidad dado el efecto multiplicador de la construcción, crearía 50.000 nuevos puestos de trabajo mediante autoconstrucción o cooperativas.

Como conclusión, la disyuntiva es bastante simple. El gobierno que no construye vivienda considera delito a las tomas de terrenos por gente que carece de techo. Por esa razón, entre otras expresiones del descontento popular que viene creciendo, prepara medidas represivas. Nuestra propuesta, por supuesto, es exactamente la contraria.

Pablo Vasco

[1] SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

[2] El diario La Nación (1º/9/20) estima el actual costo promedio de construcción por metro cuadrado en 467 dólares, en edificio. Si consideramos que la masividad de un plan público y la construcción en planta baja son dos factores que abaratan, estimar un costo de 25.000 dólares por unidad es incluso superior a lo real.

Hoy se cumple un mes del caso de gatillo fácil que conmocionó a Córdoba y puso en el centro de las críticas al accionar de la policía y al propio gobierno.

La madrugada del 6 de agosto, la policía de Córdoba fusiló por la espalda a Valentino Blas Correa, un pibe de 17 años que iba en auto con sus amigos.

Con el pasar de las horas y los días, se fueron dando a conocer detalles que incriminan cada vez más a toda la institución policial y ponen en escena responsabilidades judiciales y políticas.

¿Cómo un control policial callejero de rutina termina desplegando una balacera contra el auto en que iban un grupo de pibes y asesinan a uno de ellos por la espalda?. Son muchos los datos que podemos ir mencionando para comenzar a esbozar una respuesta que nunca vamos a poder completar. Porque nada justifica lo que pasó. Porque nada devuelve a Blas.

Dos oficiales que no deberían haber estado ahí

Los oficiales que estaban esa noche en el control eran Lucas Gómez y Javier Alarcón. Ambos con rango de cabo primero, en funciones y portando armas reglamentarias. Pero nada de eso debería haber sucedido.

Gómez, quien según las pericias fue el autor del disparo que asesinó a Blas, está imputado desde 2018 como encubridor de un violador serial de La Calera, Lendro Raúl Castañares, que fue condenado después de haber admitido que abusó a seis mujeres.

Alarcón está imputado desde 2013 por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas en una causa en Río Segundo.

La repercusión del caso de Blas aceleró ahora las causas que implican a estos dos oficiales y se dice que ambas serían elevadas a juicio en el próximo tiempo. Tarde, y después de que le costara la vida a Blas, las autoridades policiales y la Justicia balbucean explicaciones que hoy no sirven de nada.

Un arma y la persecución que no fue. Un accionar que se repite

Luego de los disparos, los oficiales Gómez y Alarcón, junto a sus compañeras Esquivel y Martínez, suben a sus patrulleros y realizan un recorrido sin sentido por la zona -demostrado por cámaras de seguridad- simulando y denunciando en la frecuencia policial una persecución que no existió, ya que el Fiat Argo donde iban Blas y sus amigos se había dirigido al Sanatorio Aconcagua en busca de atención médica, que les fue negada.

Los dos patrulleros se encuentran con un tercer móvil policial, se detienen y bajan a conversar con el subcomisario Sergio Alejandro González -también registrado por cámaras de seguridad-, y Alarcón saca algo del baúl y se lo entrega a Esquivel. La oficial arroja ese elemento en un baldío cercano desde la ventanilla de su móvil. Era una vieja arma no declarada que, minutos después, el otro patrullero encuentra por indicación de un supuesto llamado anónimo al 101 que no figura en ningún registro^[1].

A cualquiera sorprendería la “aparición” de un arma no declarada en manos de la policía y cerca de una escena del crimen, pero la aparición o desaparición de armas no es algo nuevo para la policía de Córdoba.

El 25 de julio de 2014 dos policías, Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, asesinaron por la espalda a Fernando “Güere” Pellico en barrio Los Boulevares en la ciudad de Córdoba. Inmediatamente después de cometer el crimen, los oficiales de policía intentaron plantar un arma a la víctima para simular un enfrentamiento, así fue reconocido por el Tribunal Superior de Justicia^[2].

En 2015, fueron robadas 72 armas oficiales nada menos que del edificio de la Jefatura de Policía. El robo fue denunciado 5 meses después del hecho.

A partir de ese momento, se revisan y realizan nuevos inventarios de las armas de la policía, y comienzan a figurar faltantes que variaron desde 5000 hasta llegar a un informe que establecía el faltante de 1500 armas de la policía. El mismo es denunciado en 2018^[3].

En febrero de 2018, un robo a una financiera ilegal en el barrio de Nueva Córdoba terminó con un tiroteo y dos muertes. De la escena del crimen a cargo de la policía, desapareció una de las armas homicidas^[4].

Es tal el grado de naturalización de estas prácticas delictivas en las fuerzas policiales, que después del asesinato de Blas Correa, el ex subsecretario de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad de la Nación y exdirector del Poder Judicial de Córdoba, Miguel Robles, reconoció a la prensa que: “muchos policías llevan armas truchas para plantar”^[5].

Estas declaraciones, junto a los intentos de encubrimiento de la policía ante el caso de Blas, fueron denunciados en la Justicia por la Legisladora del MST en el FIT Unidad Luciana Echevarría^[6].

No se puede dejar de mencionar que estamos hablando de la misma policía que, según datos de CORREPI, asesinó a casi 400 personas en los casi 20 años de gobierno del PJ, y sólo en 2019 a más de 20.

Un mes de fuertes cuestionamientos

La causa del asesinato de Blas Correa está a cargo de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 3 de José Mana. A un mes del crimen, los imputados hasta el momento son:

• Cabo primero Lucas Gómez, imputado por homicidio agravado y tentativa de homicidio, se encuentra detenido.
• Cabo primero Javier Alarcón, imputado por homicidio agravado y tentativa de homicidio, se encuentra detenido.
• Agente Wanda Esquivel, imputada por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público, se encuentra detenida.
• Suboficial ayudante Yamila Martínez, imputada por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público, se encuentra detenida.
• Subcomisario González, imputado por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público, se encuentra detenido.
• Comisario inspector Walter Soria, imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento, está en libertad.
• Comisario inspector Jorge Galleguillo, imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento, está en libertad.
• Subcomisario Enzo Quiroga, imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento, está en libertad.
• Oficial de la división Motocicletas Ezequiel Henot, imputado por lesiones leves calificadas, está en libertad.
• Además, hay tres empleados del Sanatorio Aconcagua imputados por abandono de persona.

El 13 de agosto sus familiares y amigos, junto a miles de personas marcharon por las calles de Córdoba reclamando Justicia por Blas. Aunque gran parte de la sociedad se conmocionó con este hecho, y aunque las responsabilidades judiciales y políticas se hacen cada vez más evidentes, el Gobernador de la provincia no pronunció una sola palabra al respecto. «Esperaba un gesto de humanidad de Schiaretti» declaró en la prensa Soledad Laciar, la mamá de Blas, ante un silencio tan evidente.

El Martes 1 de septiembre, a través de un comunicado oficial, se pronunció por primera vez el Jefe de policía Gustavo Vélez, reconociendo lo que ya era evidente a los ojos de todos: “el avance de la investigación judicial tendiente al esclarecimiento de la dolorosa y lamentable muerte de Valentino Blas Correas, tiene seriamente implicados a funcionarios policiales de distintas jerarquías, desde suboficiales hasta oficiales jefes que revistan en la Institución”.

A un mes de aquella madrugada donde dos policías que no tenían que estar ahí asesinaron a un pibe de 17 años que había salido con sus amigos, la policía aparece cada vez más complicada por el asesinato, la manipulación de la escena del crimen, los intentos de encubrimiento y hasta por haber maltratado a los amigos de Blas. La Justicia tiene muchas explicaciones que dar respecto de la impunidad que garantizó a los oficiales que estaban imputados por causas anteriores y en vez de ser separados de la fuerza y juzgados, fueron trasladados y siguieron en funciones. Y las respuestas más necesarias, las que hacen falta para la familia y toda la sociedad, son las de los responsables políticos de un crimen que no es, a todas luces, un hecho aislado. Las políticas de fortalecimiento de las fuerza represivas, de hostigamiento a los sectores populares, de impunidad para los amigos del poder, se pagan con muertos, y casi siempre los pone el pueblo.

^[1] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/revolver-que-le-plantaron-a-blas-salio-del-baul-de-un-movil-policial

^[2] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/cordoba-tsj-confirmo-perpetua-dos-policias-por-asesinato-de-guere-pellico

^[3] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/armas-la-historia-del-secreto-mas-guardado-en-jefatura

^[4] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/allanan-policias-en-busca-de-la-pistola-robada-en-el-tiroteo-de-nueva-cordoba

^[5] https://eldoce.tv/sociedad/grave-denuncia-muchos-policias-llevan-armas-truchas-plantar-escena-crimen-cordoba_101991

^[6] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/por-crimen-de-blas-una-legisladora-presento-una-denuncia-penal-contra-policia

Ripoll afirmó: “Desplegar miles de policías y gendarmes más no trae seguridad al conurbano, sino más control social y represión como ya pasa desde el inicio de la cuarentena. Habrá más abuso policial, gatillo fácil, represión al reclamo social y casos como el de Facundo. Alberto cita la desigualdad social como causa del delito, lo que es cierto, pero como su plan económico no la combate sino que la agrava, la inseguridad va a crecer aunque saturen de policías todo el Gran Buenos Aires”.

A su vez, Cele Fierro también cuestionó la medida: “El gobierno nacional alineó a todos sus funcionarios bajo un mismo discurso: el manodurismo represivo de Sergio Berni, el jefe de la Bonaerense que desapareció y seguramente asesinó a Facundo. Más allá de algún tramposo, la inmensa mayoría de las familias que toman terrenos es porque están literalmente a la intemperie. Es muy fácil para el poder político acusar de ‘delito’ cuando se tiene el techo asegurado. Los 10.000 millones de pesos los deberían destinar a viviendas, no a más policías, más armas y más cárceles.”

Inseguridad, abuso de poder y xenofobia: es la institución

Hablando con Ulises y sus compañeros, nos cuentan que ellos siempre que se juntan a esperar pedidos en el Burguer King de Rivadavia al 4100, el oficial de la policía Leandro Romano, se les acercaba a insultar, con todo tipo de comentarios xenófobos y denigrantes. El jueves sería Ulises quién respondería a las agresiones verbales del policía, cuando éste comienza con los golpes, incluso en un momento, antes de la filmación llegó a sacar su arma reglamentaria y apuntó al trabajador para que se someta, cuando se da cuenta de que lo iban a filmar guarda el arma, saca el garrote desplegable y le da un golpe en la cabeza, provocándole una herida y sangrado. Ulises en ningún momento golpeó al policía, únicamente se resistió a ser aprehendido por un xenófobo que lo humillaba constantemente.

Finalmente llegó un contingente de policías de la comisaría 5 de caballito y lo llevaron detenido. Le abrieron una causa por «resistencia a la autoridad, rebeldía  y lesiones leves». El acta está sostenido sobre falsas declaraciones y testigos inventados, no quisieron tomar el testimonio de los testigos repartidores y amenazaron a la Gerente del local de Burguer King por contar la verdad y desenmascarar a la policía.

Ya en la comisaría no le permitieron la asistencia ni la asesorial del abogado que se ofreció voluntariamente a ayudarlo.

Está claro que no es sólo un policía, porque luego llegaron otros oficiales para ayudarlo a terminar el trabajo sucio y en la comisaría se encargaron de encubrir y proteger al oficial xenófobo mientras Ulises seguía siendo humillado.

Finalmente el viernes desde Dar Vuelta Todo, que ya estábamos en contacto con los amigos Ulises, lanzamos la convocatoria para ir a las 15hs a la comisaría ubicada en Corrientes y Billinghurst a exigir su inmediata liberación. Cortamos la calle, hicimos radio abierta y estuvimos agitando y gritando hasta que 30 minutos después de iniciada la acción callejera logramos su libertad. Los repartidores estallamos en alegría y festejos. Se demostraba así que la movilización callejera es la determinante a la hora de luchar contra los atropellos y por el respeto de nuestros derechos como trabajadores.

Estos hechos son parte de la constante violencia policial que se repite en toda la república Argentina, en especial la Provincia de Buenos Aires donde la policía bonaerense de Sergio Berni y Kicillof ya asesinó a unos 50 jóvenes y desapareció a Facundo Castro. Además están en los casos de racismo en EE UU y Brasil que se desataron grandes rebeliones en esos países.

No es uno sólo, es toda la institución policial. Se trata de un ente encargado para reprimir, discriminar y violentar a los trabajadores, la juventud y los migrantes pobres. Por eso su ensañamiento con un grupo de repartidores venezolanos, por eso asesinan constantemente a una persona negra en EE UU, por eso asesinan a los jóvenes en los casos de gatillo fácil en los barrios. Al mismo tiempo, es la policía la que se encarga de proteger las ganancias privadas de unos pocos empresarios y banqueros multimillonarios. Cuando los trabajadores convocamos a una lucha en pos de nuestros derechos aparecen ellos para intimidarnos y en el peor de los casos reprimir la protesta social. Entonces, es lógico y sano que los trabajadores seamos bien anti policia, porque la policía es antitrabajadores.

Vamos por una campaña antirrepresiva y por el desprocesamiento de Ulises

Desde Dar Vuelta Todo nos ponemos a disposición de seguir organizados y en estado de alerta ante cualquier hecho. Debemos seguir coordinando para lograr el desprocesamiento del compañero e ir hasta el fondo para densemascarar a la maldita policía xenófoba y represora.

No está de más recordar que los repartidores en DVT estamos impulsando junto a otras agrupaciones en una decena de países un paro mundial de repartidores en pos de nuestros derechos laborales, el 8 de octubre con movilizaciones y caravanas por ciudades de toda América, Asia y Europa. Así, luchar por el aumento de tarifas, el seguro contra robos y accidentes, la eliminación del sistema de rankings, puntos y bloqueos y lle agregamos la consigna de basta de abuso policial y el desprocesamiento de Ulises. Invitamos a las y los repartidores a sumarse y dar esta pelea hasta el final.

Carlos Mareco- Repartidor e integrante de Dar Vuelta Todo

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Así actúa la policía con los trabajadores! En el video se ve cómo somete a un compañero venezolano que estaba con una herida en la cabeza. Cuando una mujer intenta pasarle gaza para que seque la sangre y tape la herida el policía tira la gaza ¡Ni si quiera le permite taparse la hemorragia! Después se acercan más oficiales, 8 en total para llevarse detenido a un trabajador. Le armaron varias causas judiciales y está detenido en una comisaría en Caballito. Desde Dar Vuelta Todo lo decimos claro y fuerte ¡La Policía no está para cuidarnos! Su función es reprimir y perseguir a la clase trabajadora, migrantes y juventud pobre con el fin de mantener a la sociedad aterrorizada, que no luchemos por nuestros derechos y defienden los negocios y privilegios de los empresarios multimillonarios. Basta ya de abuso policial!

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Liberaron a Ulises Gracias a la lucha y a la movilización de todos los repartidores que se acercaron a la comisaría y ayudaron a difundir BASTA DE VIOLENCIA POLICIAL

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Tamara Ávila

Ayer por la tarde, Lucas circulaba en bicicleta por Villa Morra cuando a la altura de la Escuela 45 lo frenaron agentes de la policía porque aunque llevaba puesto el barbijo lo tenía bajo. Al identificarlo le exigieron abrir su mochila, pero ante su negativa comenzaron a agredirlo. Lucas relató: “Me quisieron revisar la mochila pero no accedí porque no tenían causa para hacerlo, me resistí y les pedí que se identificaran y no lo hicieron, ahí empezó el hostigamiento”.

A pesar de su resistencia, lo metieron en un patrullero y lo trasladaron hasta la comisaría. Durante el trayecto lo agredieron y se burlaron de su sexualidad, sus medias color arcoíris y su tatuaje de CFK. Lo violentaron y acusaron por tener un porro. Una vez en la comisaría, lo tuvieron casi cuatro horas en un calabozo. No le permitieron hablar con un abogado ni avisarle a alguien que estaba ahí. Además un oficial lo burlaba: “dónde está tu presidente ahora para defenderte”, insultándolo por su ideología y su orientación sexual. Asimismo, por procedimiento le hicieron sacarse la ropa.

Apenas enterades lo sucedido, desde la Asamblea LGBT+ de Pilar decidieron organizar una marcha de repudio. Con el correr de las horas, fueron sumándose distintas organizaciones sociales y políticas. Hoy, a las 11, tuvo lugar la manifestación ante la Comisaría 1ª, sobre la calle Tucumán, en el centro de Pilar. Todo el frente estaba vallado, porque según ellos nosotrxs somos “los peligrosos, los agresivos”. La protesta la convocó la Asamblea Permanente LGTB+ de Pilar y participaron Libre Diversidad-MST, Asamblea de Mujeres de Pilar, ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Movimiento Evita, Frente de Igualdad, Infancias Libres, FORJA, ACN (Asociación Cannabicultores del Norte), Movimiento Libres del Sur, Mumalá, Pan y Rosas, Colectivo de Derechos Humanos, FORA y CNCT, entre otras.

No debemos permitir que se repita semejante hecho aberrante. Estamos cansadxs de padecer y enterarnos de maltratos por parte de las fuerzas represivas, que se meten con la juventud sin ningún motivo, por llevar un pañuelo verde, por tener los colores de la bandera LGBTI o porque no les gusta cómo están vestidxs.

En representación de Libre Diversidad-MST, Preta dijo: “No puede suceder que por tener una opción de vida diferente o una orientación sexual distinta nos acosen y maltraten”. Mónica, también militante de la agrupación, agregó: “Estamos cansades de la violencia institucional que ejerce la policía. Queremos libertad para poder transitar libres por Pilar con una bandera trans, con un pañuelo verde o con lo que sea… No hay que acostumbrarnos a estos hechos ni resignarnos, ni muchos menos que este abuso de las fuerzas represivas se naturalice. Queremos respeto e igualdad porque somos seres humanos y porque nuestras vidas también valen”.

También se exigió que el comisario dé la cara, porque Lucas y su madre merecen una explicación, y que los agentes responsables sean removidos de sus puestos porque vulneraron sus derechos, lo humillaron, lo maltrataron y violaron la libertad de expresión. Además exigimos que los organismos del Estado capaciten a todo su personal en perspectiva de género, como lo ordena la Ley Micaela, y que respeten nuestros derechos. Basta de discriminación, represión y abuso policial. Fuera la policía violenta, las cúpulas que reprimen a les compañeres y Fuera Berni. Basta de gatillo fácil, desapariciones, discriminación y hostigamiento policial.