Ante la rebelión de los policías bonaerenses, más sus concentraciones armas en mano y con los móviles en numerosos puntos de la Provincia, muchos sectores políticos, sindicales y sociales afines al gobierno nacional salieron pronunciarse en contra del «golpe» y en «defensa del gobierno democráticamente elegido». Palabras más, palabras menos, el tono predominante fue como si estuviéramos frente al inicio de un levantamiento no sólo salarial sino político, que ponía en cuestión la estabilidad institucional, el «orden constitucional» de esta democracia burguesa tan condicionada.

No podemos negar que un movimiento importante e inusual por parte de los efectivos de la mayor fuerza policial del país, la Bonaerense, que totaliza unos 90.000 efectivos, es un motivo de preocupación. Que la derecha macrista y grandes medios le dieron aire. Y en especial, que las concentraciones de policías ante el domicilio de Kicillof y ante la Quinta de Olivos, estando allí Alberto Fernández, evidenciaron un cierto carácter de desafío.

Pero el eje central de este reclamo policial, más bien empujado por la suboficialidad, a la que luego se plegó el servicio penitenciario bonaerense, eran sus malos salarios y condiciones de servicio: otra expresión más del deterioro generalizado, de la descomposición social que viene afectando al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Si a eso le sumamos que el jefe de la fuerza, Sergio Berni, tiene sus reflejos disminuidos por estar más abocado a autopromoverse como candidato, el reclamo desbordó los «mandos naturales».

Dicho sea de paso, en el ridículo quedan aquellos oficialistas traga-escuerzos que defendían a Berni porque «tiene calle» y «manejo» de la Bonaerense…

Desde ya, si realmente la movida policial hubiera sido el inicio de un auténtico intento golpista o un levantamiento al estilo de lo que fueron las rebeliones carapintadas del Ejército entre 1987 y 1990 -de las que Berni además participó en Santa Cruz-, que reclamaban la impunidad para los genocidas de la dictadura, sin duda hubiese correspondido que la izquierda y todo otro sector que se considere defensor de los derechos democráticos llamáramos al pueblo trabajador a movilizarse en contra. Así actuó nuestra corriente política en aquel momento, convocando a movilizar, a rodear los cuarteles y a la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país como se hizo masivamente. No para apoyar al gobierno de Alfonsín, que luego traicionaría el reclamo popular y les concedería a los carapintadas las leyes de impunidad, sino que llamamos en forma independiente.

Pero no fue así ni por su magnitud ni por sus objetivos declarados, ni tampoco por la respuesta gubernamental. En pocas horas, Fernández y Kicillof «les equiparan los salarios a los que hoy cobra la Federal, con un mínimo mensual de $ 44.000. Les triplican el valor de las horas extras (cores) de $ 40 a 120. Les suben el adicional por uniforme de $ 1.130 a 5.000. Les destinan dos hospitales para su atención exclusiva. Les crean un instituto universitario para ‘profesionalizar’ la fuerza. Y además, como ya lo había anunciado días atrás el gobierno en su ‘plan integral de seguridad’, les compran móviles nuevos y les mejoran el equipamiento. Todo ello será solventado con fondos del punto de coparticipación federal que Alberto Fernández le saca a la CABA para traspasarle a la Provincia»1.

Raro «golpe» es éste, en el cual el gobierno nacional supuestamente amenazado, en vez de disolver a la fuerza «desestabilizadora» y detener a sus jefes, les otorga de inmediato a los alzados prácticamente todos los puntos que demandaban, incluida la no aplicación de sanciones disciplinarias pese al sesgo extorsivo del reclamo policial. Esta vez, en la izquierda sólo el Nuevo MAS cayó en el grosero error de ver un golpe en puerta.

Aparte de alarmistas sin motivos verdaderos, y de inconsecuentes ya que hablaron de golpe pero no movilizaron, en realidad la CGT, CTAs, CCC-CTEP-Barrios de Pie, Patria Grande y compañía buscaron llevar apoyo político al gobierno que viene en desgaste, aceptaron sin chistar las concesiones de éste a los «golpistas» y omitieron la responsabilidad política que Fernández y Kicillof sí tuvieron en alentar y empoderar a la Bonaerense.

Desde el mismo día en que asumió, de palabra y de hecho, Alberto y todo su espacio político vienen fortaleciendo a las policías, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Ese curso autoritario, que se profundizó al darle a los uniformados el control total de la cuarentena, sólo se explica por su necesidad de prepararse para imponer nuevas medidas de ajuste a fin de descargar sobre el pueblo los costos de la crisis capitalista, agravada por la pandemia.

Por caso, el ministro nacional de Defensa, Agustín Rossi, pocos días antes de este conflicto policial se ufanaba: «Las FF.AA. están realizando una acción excelente. En todo el territorio argentino realizamos 90 acciones diarias… en la lucha contra la pandemia. Desde apoyar a las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país hasta el apoyo en el armado de carpas sanitarias en distintos lugares de Salta… Sin dudas, a mi criterio, la acción de las FF.AA. se ha convertido, por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica, en el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas»2.

Ni qué hablar de los permanentes elogios de Fernández a todas las fuerzas represivas, llamándolos «héroes», diciendo que «el pueblo les tiene que agradecer», fortaleciendo a la Bonaerense con $ 37.700 millones más de presupuesto y luego la concesión salarial, y de Kicillof avalando todo, y por supuesto de Berni arengándola y encubriéndola por la desaparición y muerte de Facundo, entre tantos otros casos de violencia y corrupción policial.

Si acariciás y alimentás mejor a tus perros de presa cada vez que ladran y muerden, no hacés otra cosa que envalentonarlos para que sean más feroces. Ésa es la (i)responsabilidad política del gobierno del Frente de Todos que corresponde denunciar.

1 Bonaerense: Kicillof les aflojó, ¿y a los estatales?, en www.mst.org.ar (10/9/20).
2 Reportaje de la Agencia Paco Urondo(3/9/20).

Jeanette Cisneros

Si de expectativas hablamos, para mucha gente que con toda razón veía en las manos de Macri y Bullrich la responsabilidad por la muerte de Santiago, el cambio de gobierno iba a poner fin al autoritarismo. Sin embargo, la persistencia de la crisis, la cuarentena y la necesidad de la clase dominante de garantizar el control social y el ajuste están demostrando que, en materia represiva, el gobierno de Alberto mantiene una continuidad.

Al asumir, habló de los derechos humanos. Pero a poco de comenzar su mandato, en la despedida de un contingente militar al exterior llamó al pueblo a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, es decir a la reconciliación.

Luego vino la pandemia. Entonces a las policías, la Gendarmería y demás fuerzas de seguridad el gobierno las consideró “esenciales” y les aumentó todas sus atribuciones, poniéndolas a cargo del control de la cuarentena. En menos de un mes, detuvieron o demoraron a más de 27 mil personas. Además puso al Ejército a repartir comida. Entretanto, nos llamó una y otra vez a “agradecerles” a los canas y milicos. Y para monitorear el malestar social, encima nos ciberpatrullan las redes sociales…

Si arriba alientan, abajo violentan

En este contexto, el gobierno siguió legitimando a sus fuerzas y los abusos policiales se convirtieron en regla. Según el último informe de la Corrrepi1, actualizado al lunes 31 de agosto, desde el inicio de la cuarentena ya tenemos 102 asesinatos por la violencia del Estado: gatillo fácil, muertes en comisarías y cárceles. Los casos recorren todo el país, con la Bonaerense a la cabeza.

Facundo Castro salió caminando desde Pedro Luro a Bahía Blanca. Los retenes de la Bonaerense lo detuvieron, lo esposaron, le sacaron fotos y lo trasladaron, pero siguen libres e impunes.

En Tucumán, Luis Espinoza salió a hacer un trámite y nunca volvió. Al tiempo encontraron su cadáver, el arma homicida es del oficial José Morales y hay nueve policías implicados.

En Córdoba, el joven Blas Correa fue a tomar algo con sus amigos y tampoco volvió. La policía provincial le plantó un arma, lo persiguió sin causa y lo mató a sangre fría.

En Lomas de Zamora, Franco Martínez también iba a casa de un amigo, “desapareció” y días después apareció colgado de un árbol en la Reserva Ecológica porteña.

En las comisarías de San Luis ya van tres personas detenidas “suicidadas”. Y la lista sigue…

Aunque cambien los distritos o la fuerza, el accionar brutal se repite. Es que cuando desde el poder político se los empodera, se los alienta y se los felicita, abajo, en las calles y los barrios, sus agentes armados actúan con mayor violencia e impunidad que de costumbre. Bien lo decía Rodolfo Walsh: “El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

Combaten la desigualdad con represión

Alberto llegó al gobierno con una crisis económica grave, que a partir de la pandemia se profundizó. Los despidos dispararon la tasa de desocupación. La pobreza ya golpea a más de la mitad de la población del país. Crece la precarización, por ejemplo con los repartidores. Se desconocen los índices de deserción escolar, pero el impacto de la brecha tecnológica post pandemia podría llevarla al 45%. Y ahora se suma el aumento de la falta de vivienda, que empuja a familias enteras a tomar tierras para hacerse un techo.

La tendencia de las burguesías y sus gobiernos ante el agravamiento de la crisis y los problemas sociales es la misma en todo el mundo: responder con más autoritarismo y medidas represivas. Pero quienes aquí aplican esa política son el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobernadores provinciales de todo signo. Por eso apalean luchas de obreros, docentes, estatales, desocupados. Por eso reprimen con saña a los manteros que se ganan el pan. Por eso en vez de jóvenes pobres asistidos ahora hay jóvenes pobres enjuiciados. Y por eso mandan la policía a reprimir a quienes ocupan terrenos.

Tampoco se salva la juventud que sale a defender los derechos ambientales. Días atrás, en la marcha a Plaza de Mayo contra los incendios intencionales y el acuerdo con China por los chanchos, la cana detuvo a dos chicas. Después de rodear los móviles, las tuvieron que liberar. Hasta por pintar un paredón del tren por Facundo detuvieron ilegalmente en Banfield a dos militantes de la Juventud del MST.

Los conflictos sociales sin duda van a crecer. Como el gobierno lo sabe, se prepara para responder. Por eso organiza una ofensiva destinada a frenar las protestas populares. Un argumento ya conocido para militarizar es la inseguridad. Pero su verdadero objetivo es otro: amedrentar al pueblo trabajador y, si no hay caso, “combatir” la pobreza y los reclamos a palos, gases y balas. En fin, allí en donde haya policías o gendarmes, si sos pobre, joven o trabajador/a, corrés riesgo.

Alberto felicita, Massa arenga y Berni ejecuta

Hace unos días, Alberto decidió convocar una reunión cumbre en Olivos. Participaron Santiago Cafiero, Kicillof, Máximo, Wado de Pedro y varios intendentes. El fruto de la cumbre es el “Plan Centinela”, a anunciar en estos días.

“Se anticipó que el plan prevé un extraordinario aporte del gobierno nacional al provincial y los municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos, según la fuente, dinero que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 200 a 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia. Y todo ello, además, con el aporte de otros 3.000 efectivos de fuerzas federales desplegados en las mismas zonas”2. Con semejante militarización, la provincia de Buenos Aires tendría mil uniformados cada 100.000 habitantes, muy superior a los 300 “recomendados” por la ONU.

No necesitamos más arengas de mano dura de Massa o Berni ni “centinelas” que sólo traerán más inseguridad y violencia. Lo que necesitamos es unir fuerzas para frenar todo este avance represivo. En ese camino, un nuevo compromiso será seguramente movilizar este jueves 3, como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, si las pericias confirman que el cuerpo hallado en Villarino es el de Facundo. Vamos por verdad y justicia por él y por todas las víctimas de la violencia policial. Por una investigación independiente. Basta de gatillo fácil y castigo a los culpables. Fuera Berni. Disolución de todo el aparato represivo. Ésas son las consignas de la hora.

1. Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
2. «Plan Centinela», inseguridad asegurada; CORREPI; 26/08/2020; en www.correpi.org.

La excusa del gobierno nacional de Cambiemos, que acompañan no pocos voceros del PJ y el massismo, es que con su proyecto la inseguridad va a disminuir. Y que ellos para nada pretenden criminalizar a los niños, niñas y adolescentes, sino poner en pie «un régimen penal juvenil» con programas de reinserción educativa y social…

Las organizaciones presentes en la protesta, con muchas trabajadoras y trabajadores estatales de áreas de Niñez y Adolescencia, que conocen la problemática en forma directa, denunciaron la hipocresía de esos funcionarios que hablan de «cuidar» y «reinsertar» a quienes descuidan y excluyen todos los días mediante recortes presupuestarios y vaciamiento de todos los programas vigentes. ¡Les pibes precisan comida, techo, educación y recreación, no balas ni cárceles!

Habilitar el ingreso al sistema penal a una edad más temprana, aparte de regresivo respecto de los estándares internacionales de infancia, incumple las recomendaciones del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, de mayo de 2018. Las conclusiones de ese organismo fueron contundentes: «Adoptar una ley juvenil integral adecuada a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los estándares de justicia juvenil, especialmente en relación a asegurar que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y por el menor lapso posible, que no incluya previsiones de incrementar la duración de las penas ni reducir la edad de responsabilidad penal».

Reproducimos abajo la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario que integramos desde el MST y el CADHU. El EMVJ acompañó la protesta del 19F y llama a marchar a Congreso el jueves 28.

No a la baja de edad de imputabilidad. Basta de represión y gatillo fácil

El próximo 28F un amplio arco de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos nos movilizaremos contra la avanzada represiva del gobierno macrista, cuyos principales puntos incluyen impulsar la baja de edad de imputabilidad, mantener presos y presas políticas, y el aumento de los casos de gatillo fácil en el marco de la «doctrina Chocobar».

Esta política represiva que persigue a las y los luchadores y busca disciplinar a los sectores populares es la otra cara del ajuste que aplican: los tarifazos, los despidos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social sólo pasan con represión. Además, en un marco electoral y de «bolsonari-zación» de la política, tanto el macrismo como aquellos representantes del PJ que posan de opositores hacen promesas de «mano dura» buscando aumentar su popularidad.

En ese marco, desde el macrismo se arenga nuevamente la baja de edad de imputabilidad, como años atrás hiciera el gobierno de CFK con su régimen penal juvenil como supuesto medio para aminorar el delito. En realidad es un salto represivo contra los más jóvenes, que no tiene ningún impacto en los problemas de seguridad ya que menos del 1% de los delitos graves son realizados por menores de 18 años, pero que avasalla los derechos de niños, niñas y adolescentes e incluso contraviene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de rango constitucional.

El gobierno miente con descaro: presenta esta reforma con la supuesta finalidad de fomentar la responsabi-lización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante servicios y programas socio-educativos. Pero lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.

Según el último informe del INDEC, de diciembre de 2018, del total de desocupados del país el 55,4% son jóvenes. Del total de la población, el 27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29 años la pobreza sube al 32,9% y entre 0 y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos etarios son los más golpeados por la pobreza y la indigencia. Además son el sector más golpeado por los abusos sexuales y las redes de trata y explotación sexual.

Mientras tanto, el disciplina-miento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Bajo el gobierno kirchnerista aumentó a un caso cada 28 horas. Y con Macri pegó un salto, llegando a un caso cada 21 horas. La «doctrina Chocobar» de Macri y Bullrich busca legalizar el asesinato policial.

Asimismo, en vísperas del 8M, denunciamos que en lo que va de 2019 hubo 25 femicidios y 10 travesticidios de los cuales el 37% fue cometido por las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía siendo del 20%, o sea que la participación de dicha fuerzas en femicidios casi se duplicó.

Al día de hoy no solo siguen impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad, sino que se pretende cerrar las causas para consagrar la impunidad. Bullrich empezó el 2018 reincorporando a 11 policías y gendarmes antes destituidos por acusación de homicidio, y lo terminó con los asesinatos de Marcos Soria y Rodolfo Orellana.

En igual sentido va el decreto que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el contexto del G 20. Habilitar el uso de pistolas Taser (de hecho, una picana eléctrica) no hace más que agravar este cuadro. Por su parte, Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, corrió por derecha a Bullrich al señalar que «cada policía debería portar una Taser».

Esta política se da en una escalada represiva, que apunta en especial contra quienes se oponen y enfrentan las políticas de ajuste y entrega, como se vio cuando presentaron el «protocolo antipiquetes». Así, importantes movilizaciones populares son duramente reprimidas. Además se persigue y procesa a quienes participan en ellas, contándose por decenas los procesados por luchar. La ley antiterrorista sigue pesando como una espada de Damocles sobre las cabezas del activismo popular. Esta persecución llega hasta encarcelar a opositores y luchadores, como Daniel Ruiz, preso desde hace más de cinco meses, y Milagro Sala, presa desde hace más de tres años.

Como parte de esa política, el gobierno de Macri-Bullrich viene atacando a los organismos de derechos humanos y buscando vías para liberar a represores de la última dictadura militar, como fue el intento de aplicar el «2×1» a delitos de lesa humanidad.
Ante esta escalada represiva, que ahora pone en primer lugar la baja en la edad de imputabilidad, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos decimos:

• Basta de represión y ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.
• No a la baja de edad de imputabilidad, basta de gatillo fácil.
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Pablo Vasco

Luciana Echevarría, candidata a legisladora por el MST Nueva Izquierda, planteó: “A los compañeros de La Plata los asesinaron por exigir el boleto estudiantil, pero fundamentalmente por luchar contra la dictadura. Y como continuamos con su lucha, hoy enfrentamos el represivo Código de Faltas de De la Sota y la escalada represiva que impulsa el gobierno nacional con el xenófobo de Berni a la cabeza.”

“Hace tiempo ya que el gobierno nacional bajó la bandera de los DD HH y hoy hasta La Cámpora defiende al fascista de Sergio Berni y reconocen que podría ser su candidato a gobernador. No se puede defender lo indefendible y pretender quedar bien con todos. O se defiende a Berni o a los DD HH.”

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