Pablo Vasco, CADHU-MST

Tal como lo había anunciado el 1º en su discurso ante el Congreso, el presidente firmó hoy 5 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 214 sobre la AFI. Apenas asumió en la Rosada, AF intervino dicho organismo y “transparentó” una parte de su presupuesto. Dicho sea de paso, más que blanquear todos esos fondos secretos, AF dispuso que la Agencia informe sobre el uso de una parte de los mismos a una comisión bicameral de seguimiento, que desde que se formó nunca hizo nada, y a la Sindicatura General de la Nación, o sea a él mismo. Por supuesto, el pueblo no se va a enterar en qué operaciones utiliza la AFI los fondos del Estado que salen de nuestros impuestos.

El flamante DNU de Alberto Fernández modifica el artículo 4º de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, de modo que en adelante los agentes de la AFI no podrán “cumplir funciones de investigación criminal”. Es decir, no podrán espiar a pedido de tal o cual juez como lo venían haciendo antes. Pero ese aparato secreto sí seguirá espiando a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, ahora con la excusa del “terrorismo” o de una “alteración del orden constitucional”. Ambas son figuras peligrosas, que el Estado utiliza para perseguir la protesta social.

Bajo el gobierno de los Kirchner y a pedido del imperialismo yanqui, en 2007 se aprobó la Ley 26.268 y en 2011 la Ley 26.734: son las leyes llamadas “antiterroristas”, que disponen penas de hasta 20 años de prisión por cometer algún delito para “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Así, quien cometa el “delito” de cortar una calle por aumento salarial o una ruta para que no se instale una megaminera contaminante podría ser acusado de terrorismo. Esas leyes represivas se han utilizado para criminalizar a asambleas ambientalistas en Catamarca, La Rioja y Tucumán, y a comunidades mapuches en Neuquén.

En síntesis, Alberto Fernández autoriza a que la AFI espíe a esas organizaciones sociales o, como sucedió en el Argentinazo del 2001, a otras que sean acusadas de “alterar el orden constitucional” por pedir la renuncia de un presidente.

Los sótanos de la democracia

“Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional. Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, dijo AF con tono firme ante el Congreso.

Quien escucha esas palabras se puede llegar a confundir. Porque en el doble discurso presidencial, “terminar para siempre” no es terminar para siempre. Si para cualquier persona terminar significa concluir, poner fin, clausurar o finalizar, para AF no es así: reducir una función de la AFI está muy lejos de “terminar para siempre”. Más que “terminar con los sótanos”, lo que ha hecho el gobierno es apenas pasarle una leve mano de pintura a ese aparato represivo secreto llamado AFI para que siga funcionando.

La AFI tiene más de 2.000 agentes, 600 de los cuales se dedican a tareas directas de infiltración en partidos políticos y otras organizaciones populares. Con la información que obtienen arman luego causas judiciales persecutorias, operaciones políticas o “carpetazos” según la conveniencia del poder de turno.

Además, la AFI no es el único servicio secreto en funcionamiento: también los tienen la Policía Federal (1.000 “plumas”), la Bonaerense (400 “patas negras”), la Metropolitana (50), la Gendarmería (200 “sapitos”), la Prefectura (350 “orejas de goma”), la Policía Aeroportuaria (100) y el Servicio Penitenciario Federal (250), así como el Ejército (2.000 “solapas”), la Fuerza Aérea (450 “sifones”) y la Armada (800). ¡Todo ese aparato secreto de infiltración y espionaje antidemocrático es el que hay que disolver!

Los archivos del atentado a la AMIA

Alberto prometió: “La calidad institucional que pregonamos sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”.

Según su Decreto 213, AF ordenó desclasificar con carácter público (art. 16 bis inciso c de la Ley 25.520) toda información que desde el Estado se haya brindado en los juicios sobre el atentado a la AMIA que ya tienen sentencia. Suena bien al oído, pero…

• Ese supuesto carácter público no lo es tanto, ya que el artículo dice “sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga”. O sea, nada saldrá del ámbito oficial si alguna autoridad no lo dispone.
• El decreto de AF excluye de la desclasificación a toda información y documentación que hayan brindado representantes extranjeros, un tema fundamental en este caso que como mínimo involucró a funcionarios públicos y agentes secretos de EE.UU., Irán e Israel.
• Como denuncia APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento por la Masacre Impune de la MIA), esta medida “es lo que viene sucediendo desde hace 17 años a través de una decena de decretos presidenciales que ya ordenaron desclasificar documentación y autorizar a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo diciendo que ello iba ayudar a investigar y esclarecer el atentado y se repitió hasta el cansancio. Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Fue puesta en manos de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, porque toda su energía está puesta en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer los intereses geopolíticos internacionales. Lo que se presentó como ‘desclasificación’ de los archivos secretos resultó lo opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación judicial del atentado ni al estudio, conocimiento y esclarecimiento político integral del mismo. ¿Por qué sería distinto ahora?”

Ni “democracia profunda” ni “calidad institucional”

• Por las razones que expusimos, a ese sótano negro llamado AFI no hay que reciclarlo sino disolverlo para siempre porque es parte del aparato represivo que este sistema capitalista monta contra los reclamos populares.
• A las leyes “antiterroristas” no hay que mantenerlas en vigencia, sino anularlas como venimos exigiendo desde el CADHU junto a todas las demás agrupaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
• Y no sólo hay que abrir un poquito algún archivo sobre la AMIA, sino abrir por completo todos los archivos de la dictadura militar. Sólo así habrá datos sobre el destino de las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y los cientos de jóvenes apropiados bajo el terrorismo de Estado.

Más allá de sus discursos, y de las expectativas de amplios sectores, Alberto Fernández no está dispuesto a cumplir ninguna de estas tres tareas democráticas elementales que aún siguen pendientes.

La AFI, como lo dijimos, sigue siendo la SIDE

El juego de los espías y los políticos no es nuevo en nuestro país, ni tampoco en el mundo. El último gran escándalo nacional estuvo relacionado con la “disolución” de la SIDE por parte del kirchnerismo y la creación de la AFI, una nueva agencia, fundamentalmente por el nombre, porque el personal y todo lo demás era lo mismo de siempre. Tanto la SIDE, como la AFI lejos están de jugar algún rol heroico como sucede en las películas de los agentes que salvan al mundo, muy lejos. El rol central de estas estructuras siempre fue la represión interna, el armado de “carpetas” de distintas personalidades, la recopilación de información de manera legal o ilegal para fundamentar causas judiciales o campañas políticas, etc. Es decir, no tienen ninguna utilidad social y al mismo tiempo son una cueva de bandidos que venden sus datos al mejor postor o los utilizan para cuidar sus posiciones.

Es por eso que desde hace muchos años proponemos la disolución de estos reductos del delito organizado, con la apertura de todos sus archivos y el juzgamiento a todos sus integrantes.

Quienes se negaron permanentemente a esa línea y pretendieron utilizarla a su favor hoy sufren las consecuencias de su maquinaria. La conversación filtrada entre Parrilli y Cristina no es más que la confirmación del accionar (a veces legal) de un aparato sin leyes, ni amos, un aparato que se retroalimente y que es utilizado siempre, siempre, al servicio de coartar la democracia y nunca de ampliarla, de amparar el delito y no de combatirlo, de generar confusión y nunca de aclarar el panorama.

La AFI sigue siendo la SIDE porque durante muchos años el kirchnerismo utilizó sus servicios, como los utilizo De La Rúa, Menem y todos los presidentes de esta democracia en la que es delito protestar y es legar escuchar teléfonos, donde la policía organiza el crimen en los barrios y quieren meter presos a los pibes de 14 años. Y no conformes con utilizar la SIDE idearon el proyecto X de gendarmería y los usaron contra los trabajadores y los dirigentes opositores como nuestra compañera Vilma Ripoll.

La AFI sigue siendo la SIDE porque en la democracia para ricos en que vivimos donde la información es una mercancía y no un bien común, los dueños de las cosas la manejan para reproducir su poder y para evitar los que debería ser la tónica: que los debates de carácter público y estratégicos, sean justamente públicos, donde los trabajadores y el conjunto de la sociedad puedan participar, opinar y decidir. Ahora la salida a la luz de la escucha a Cristina y Parrilli, incluso el grito que le propina la jefa al veterano dirigente, ponen en evidencia hoy, como ayer, es necesario disolver estos aparatos y democratizar la información.

Lo legal y lo ilegal en manos de una casta con múltiples relaciones

Clarín, que actúa como vocero de los intereses de la gran burguesía y de sostenimiento y apoyo a las medidas del gobierno de Macri, salió rápidamente a explicar que Parrilli estaba al tanto de las escuchas, que las mismas eran “legales” y se desarrollaban en el marco de una investigación judicial. Los argumentos de los afilados escribas a sueldo del régimen, pretenden ocultar que los jueces, los agentes de espionaje y los políticos se encuentran relacionados por una maraña de intereses comunes y encontrados donde el 99% de la población no tenemos voz ni voto. La legalidad es una pantalla que se prende y se apaga de acuerdo a los intereses del momento y es por eso que reconocidos espías a sueldo del macrismo como Ciro James, el Fino Palacios y otro hoy están libres a pesar de estar comprobadas sus actividades ilícitas. Es por eso que los responsables políticos de masacres como la de Cromagnon u Once aún están en su mayoría libres, es por eso que los responsables políticos de las corruptelas más grandes de la historia como la venta de armas a Croacia o Ecuador, la Banelco, la entrega del patrimonio público, las cuentas off shore y tantos otros crímenes que cometió y comente permanentemente la clase política (y empresaria) contra el patrimonio común e incluso contra nuestras vidas, se encuentra sin castigo alguno. O como sucede en el caso Amia o Nisman, que pasan los años y se esconden u ocultan pruebas, o aparecen interpretaciones o declaraciones de acuerdo a la conveniencia del poder de turno, todo a espalda de la sociedad que exige con todo derecho saber la verdad. Ahora, la denuncia por las coimas del servi macrista Arribas, parece seguir el mismo camino.

La justicia, en este sistema, no juzga según el acto sino según el cargo, las relaciones y los costos o beneficios de ese juicio y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las causas judiciales que más han avanzado son las que estuvieron acompañadas de la movilización popular, que es justamente la fuerza que rompe ese juego de poderes que se juega en las alturas.

Movilización popular, control social de la justicia y democratización de la política

Los políticos nombran a los jueces y a los espías, estos les devuelven los favores y entre todos se pelean y se amigan de acuerdo a sus intereses y a los distintos sectores que agarren la manija del Estado en cada momento. La legalidad y la institucionalidad se va construyendo sobre ese juego, para reproducirlo y aumentarlo y hay pocos elementos que logran alterarlo, pero estos son sin duda la clave para pensar en un ordenamiento político y judicial diferente si es que no queremos pasarnos la vida en esta mala película de James Bond o mejor dicho Tiburón, Delfín y mojarrita.

Como decíamos más arriba, los socialistas proponemos la disolución de la AFI y cualquier agencia similar de inteligencia, la apertura de los archivos y la investigación, juicio y castigo de todos los involucrados en su funcionamiento por parte de una comisión investigadora independiente del poder de turno.

También proponemos avanzar en la elección directa de jueces y comisarios, el establecimiento de mandatos acotados y revocables, el desarrollo de juicios por jurados y que el principio guía de esta “nueva Justicia” sea el de la intervención y el control social en su funcionamiento y esto solo se logra con los trabajadores y el pueblo movilizados, exigiendo, participando. Y para que se sepa la verdad en el caso Nisman y en otros ligados a corrupción de funcionarios anteriores o actuales, proponemos la conformación de una gran comisión independiente con personalidades reconocidas y ajenas al poder político, que investigue hasta el final, una especie de Conadep para que sepa la verdad de estos temas tan profundos.

La “política” no puede estar al margen de una transformación profunda si queremos cambiar de verdad, por eso proponemos que todos los cargos políticos (electivos o designados) tengan una remuneración acorde al de una directora de escuela, sus mandatos sean revocables y tengan la obligación de enviar a sus hijos a las escuelas públicas y atenderse en hospitales de igual característica, proponemos que los delitos cometidos por estos sean imprescriptibles y deban pagar con sus bienes si meten la mano en lo que es de todos.

Estas medidas, que son tildadas de utópicas por los que se esfuerzan para que todo siga como esta, nos permitirían abrir el camino hacia una sociedad diferente, donde la información no sea una mercancía y la justicia sea más que un título pomposo utilizado para encubrir una larga lista de ilegalidades. No son propuestas que hagan los partidos tradicionales, ellos defienden este orden de cosas aunque a veces les toque sufrir un “carpetazo” o una “parodia judicial”, saben que ese el juego que les conviene jugar para mantener sus privilegios como clase.

Para pelear por estas ideas y por muchas otras más en el camino de una transformación profunda, te invitamos a que nos acompañes en la construcción de una alternativa política que no sea parte de las viejas marionetas del poder, sin vínculos con los corruptos y represores, con un programa a favor de los trabajadores y el pueblo, sumate al MST y juntos fortalezcamos IZQUIERDA AL FRENTE Por el socialismo. Seamos capaces de encontrar un final diferente a la película de siempre.

Martin Carcione

Parrilli y Stiuso