Si quedaba alguna duda, la conferencia de prensa de Macri luego de las elecciones de octubre, explicita su plan estratégico de ajuste estructural, o en “idioma Cambiemos”: reformas.

La clase trabajadora de conjunto se ve afectada con la reforma laboral, fiscal, previsional, de salud y educativa. Tenemos la clara tarea de enfrentar esos intentos, dando continuidad a la importante movilización del pasado 29/11.

Las universidades, además de haber sido llamadas a “reducir el gasto para ayudar a combatir el déficit” (recorte presupuestario); son atacadas en otro plano. La totalidad de las universidades de la provincia ya adhirieron al Sistema de Reconocimiento Académico de Macri, el Banco Mundial y la CONEAU. El SRA viene a compatibilizar la educación superior pública y privada, anulando las orientaciones y reduciendo los contenidos, para establecer ciclos básicos y profundizar el arancelamiento en posgrados, postitulos y maestrías. E intentarán hacer lo mismo hacia el tramo final de las carreras. Es la tarea inconclusa del menemismo, el método: un sistema de créditos.

Este golpazo a la educación superior argentina, joyita latinoamericana, fue anunciado en el boletín oficial, fue firmado por los rectores del PJ en el Consejo Interunivarsitario Nacional (CIN) en 2016 y revalidado en los consejos superiores por los claustros… también del PJ/FPV.

UNLaM: Derrotar el pacto Macri/Martinez/LFU

El año empezó con despidos de docentes en Medicina con dos objetivos: atacar su orientación social y a la organización sindical docente SIDUNLaM. Luego vinieron los despidos y el cierre del call center del cuñado del Rector, que funcionaba en la universidad. Martinez fue reelecto nuevamente durante el receso invernal. Hubo reuniones secretas con Vidal durante el día del estudiante con la universidad cerrada. Se realizó la ya clásica Expo-empleo de la LFU, que bien se puede comparar con la de Macri: una oda a la precarización de multinacionales a la juventud.

Por otra parte, la democracia no es moneda corriente en la UNLaM. Así es que todxs lxs opositores sufrimos múltiples avasallamientos a la libertad de expresión por parte de la seguridad de Martinez. Y para cerrar, hace unas semanas amanecimos con tres camionetas de Gendarmería adentro de la universidad, sumadas a infantería y policía que la rodeaban: nos visitaba el presidente.

Martinez y La Liga son un equipo inseparable, al servicio de cualquier gobierno de turno desde hace más de 20 años. Estuvieron con Menem, De La Rúa, Duhalde, los Kirchner y ahora, son la mano aplicadora del ajuste de Macri.

Para derrotar la reforma antieducativa necesitamos recuperar nuestras herramientas de mano de los cómplices de Cambiemos. En este marco nos encaminamos a las elecciones estudiantiles de abril de 2018.

Un desafío urgente: unir la oposición en la UNLaM

Ya describimos el cuadro de situación. Nada está dicho en el país y tampoco en la UNLaM. El lunes nos reunimos con Autoconvocados, Mov. SUR, el FIT, un compañero de Trabajo Social en Lucha y La Demo. Toda la oposición.

Debatimos acerca de la necesidad de dar una pelea unitaria por un piso democrático en estas próximas elecciones. El primer paso en ese sentido será una declaración unitaria con adhesiones.

Además desde el MST fuimos con una propuesta programática, que les repartimos a todxs. Planteamos la necesidad de conformar un frente político electoral con tres ejes claros: Enfrentar la reforma educativa, democratizar la UNLaM y dar la pelea por un Centro y Claustros independientes de los gobiernos y el rectorado. Hicimos también llamado público a lxs estudiantes que se quieran sumar a esta tarea, que ya podemos caracterizar de exitoso. Estamos a la espera de respuestas de lxs compañerxs de las organizaciones.

NUESTRO PROGRAMA:

Enfrentar la reforma antieducativa y privatista del PRO y sus cómplices:

– No a la aplicación del Sistema de Reconocimiento Académico, fuera el Banco Mundial de nuestra educación. Por una educación al servicio de las necesidades sociales.

– No al recorte presupuestario, aumento del presupuesto bajo control estudiantil.

– Basta de despidos. Reincorporación inmediata de todxs lxs docentes cesanteadxs. Basta de precarización, pase a planta.

– Asambleas abiertas del centro de estudiantes para definir medidas en defensa de la educación pública.

– Unidad estudiantil docente para enfrentar las reformas antieducativas.

Democratización de la UNLaM y su Centro de Estudiantes:

– Independencia del Centro de los gobiernos y el rectorado.

– Elecciones anuales a Centro de Estudiantes, convocadas en fecha de clases, garantizando la difusión democrática de ideas y la participación en la votación y a las listas.

– Basta de trabas burocráticas, basta de proscripción.

– Democratización de los órganos de gobierno. Elección directa de las autoridades, de decano, rector y coordinadores de carrera. Una persona un voto, para que toda la comunidad educativa elija.

– Por la mayor libertad de expresión y disposición de los espacios en la UNLaM. Basta de autoritarismo de la seguridad del rectorado.

– Fuera la policía, gendarmería y todas las fuerzas represivas de la Universidad.

– Centros de estudiantes por departamentos.

Por el ingreso, permanencia y egreso de la UNLaM:

– Basta de arancelamiento encubierto. Gratuidad en los trámites, el ingreso y materias de verano.

– Apuntes al costo.

– Por un comedor al servicio de lxs estudiantes. Con gestión estudiantil y menú nutritivo y al costo. Que los puestos de trabajo sean para estudiantes.

– Eliminación del Curso expulsivo de Ingreso, prohibido por ley. Por un curso nivelatorio y gratuito.

– Creación de un jardín materno-paternal para lxs hijxs de la comunidad educativa. Creación de la Secretaría de géneros del Centro de Estudiantes. Creación de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. Creación de un equipo interdisciplinario institucional bajo control estudiantil para actuar en situaciones de violencia de género.

– Becas de 100% para comedor y fotocopias para quien la solicite.

Por una educación de calidad:

– Por planes de estudios discutidos por el conjunto de la comunidad educativa. Basta de tomar decisiones a nuestras espaldas.

– Por libertad de cátedra y cátedras paralelas.

– Por mayor oferta horaria en las materias transversales.

– Perspectiva de género en todas las cursadas.

– Eliminación del corralito de materias y la sanción para quienes tienen que abandonar una transversal.

– Rechazamos la Ley de Educación Superior del menemismo. Proponemos una Ley discutida por toda la comunidad educativa al servicio de las necesidades sociales

– Rechazamos la injerencia de la CONEAU en nuestras universidades

Por un Centro de Estudiantes al servicio de lxs trabajadores y el pueblo:

– Derrotemos las reformas de Macri. No a la reforma laboral, jubilatoria y fiscal.

– Por un Centro que se ponga a la cabeza de la necesaria unidad obrera-estudiantil para enfrentar las reformas. Exigimos la convocatoria de plenarios y asambleas para discutir cómo organizarnos. Acompañamos la exigencia del sindicalismo combativo a la CGT y CTAs para que convoquen a un paro y plan de lucha. Que la base decida todo!

–  Basta de represión. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Libertad a Jones Huala. Comisión independiente para investigar a las fuerzas represivas. Renuncia ya de Bullrich y Noceti!

– Basta de gatillo fácil. Juicio y castigo a todos lxs responsables del asesinato de Luciano Arruga. Justicia por Ismael Sosa y todas las víctimas de gatillo fácil.

– #NIUNAMENOS. El estado es responsable. Por una Ley Nacional de Emergencia en Violencia de Género y presupuesto para su reglamentación.

– Fuera Monsanto, la Barrick Gold y Chevron de la Argentina.

– Por la autodeterminación del pueblo catalán, no al 155.

Juventud Socialista del MST Nueva Izquierda en la UNLaM

4/12/2017

Ripoll agregó: “Pretender combatir el narcotráfico, los desarmaderos, la trata o la corrupción policial con celulares y tablets oculta el problema de fondo. Si la gente no quiere ir a la comisaría a denunciar es porque hay complicidad con el delito. Una App no permite el control social que proponemos sobre la policía y la justicia. Más que marketing 2.0 hay que depurar la policía, ir por los jueces y políticos corruptos que saben y son parte del delito organizado. Y que sean ley la revocatoria de mandato y la elección de comisarios, jueces y fiscales por el voto popular”.

Presentimo = cambio de derechos por migajas
Días atrás UPCN firmó el acuerdo paritario más entreguista de los últimos tiempos. No sólo otorgarán sólo un 20% y en tres cómodas cuotas, sino que además avanzarán en la implementación de un sistema de “aumentos salariales adicionales” por “pautas de rendimiento cuantificables” que serían el presentismo y la productividad. Es un nuevo ataque a los estatales, avalado por la traición de Andrés Rodríguez.

El Estado nacional es el empleador con mayor precarización de nuestro país. Casi el 50% de los trabajadorxs somos contratados, eso incluye a compañerxs con más de 10 años de antigüedad. En vez de resolver un problema tan grave como la inestabilidad laboral, ahora avanzan con la flexibilización vía “plus por presentismo”. ¿Cómo se traduce esto en nuestras vidas diarias? Nos reducen la cantidad de días por estudio de 28 a 14. Si faltas porque vos o un familiar directo está enfermo, si bien te justifican el día, te descuentan el presentismo. Si fallece un familiar y faltas, también lo perdés. Y en el extremo de la opresión hacia las mujeres, si tenés unx hijx, tampoco lo cobrás. Un claro avance en la precarización laboral y en la pérdida de derechos, a cambio de migajas.

La implementación de este novedoso “plus flexibilizador”, entró en vigencia el 1º de junio. A partir de dicha fecha el Estado pretende atacar nuestros derechos laborales, pero no vía la modificación de los convenios colectivos, sino vía “Sálvese quien pueda”. Traen al Estado el viejo verso de las patronales privadas de hacernos trabajar más a cambio de unas migajas para los que se “pongan la camiseta”, en este caso, del gobierno ajustador.

Si quieren pagar presentismo y productividad, reconocen que plata para aumentos salariales hay, sólo que pretenden “reducir el gasto estatal” precarizando el salario y flexibilizando las condiciones laborales. Buscan dividir a los trabajadores entre “los que cumplen y los que no” haciendo del derecho a un salario digno que cubra la canasta familiar, una cuestión de accionar individual.

Ministerio de Modernización reaccionario
Un párrafo aparte en el ataque a los derechos laborales, merece la nueva medida publicada en el Boletín Oficial. En busca de concentrar toda la información de lxs trabajadorxs del Estado en el Ministerio de Modernización, quieren crear un registro único de empleados estatales.

En dicho registro, figurará la «afiliación sindical, aplicación del régimen de tutela gremial según Ley N° 23.551”. Un dato que hasta ahora es considerado “sensible” por la Ley de Protección de Datos y que el gobierno podría usar para perseguir políticamente a los compañeros que se organizan.

Para muestra de ellos, basta con el caso de los dirigentes estatales de Río Negro que se encuentran presos por salir a luchar. Rodolfo Aguiar (Secretario General de ATE – Río Negro) y Aldo Capretti (Secretario Adjunto) fueron detenidos luego de haber participado de una movilización hace pocos días atrás. En una clara muestra de persecución política acordada entre el gobernador Weretilneck y el gobierno de Mauricio Macri.
Que la bronca se haga organización
Ante estos avances, crece la voluntad de lxs compañerxs por salir a enfrentar el ajuste que Macri intenta aplicar. Muestra de ello es el corte que protagonizaron los sectores de Ciencia y Técnica la semana pasada en la General Paz. Más de 500 compañerxs de INTI, CNEA, CITEDEF, ATE – CONICET, ATE – Exactas, entre otros, salimos a cortar la General Paz, a la altura de Constituyentes, en el marco del Paro Nacional convocado por ATE Nacional.

Sin embargo, las direcciones de ATE, que sólo miran sus propios intereses políticos y financieros, en vez de coordinar medidas conjuntas, para fortalecer esta pelea, convocan a acciones dividas, que terminan siendo débiles y aisladas. Lo cual deja correr el ajuste de Macri.

Hay que reclamar e impulsar que las Juntas se pongan a la cabeza de los reclamos. Y al mismo tiempo avanzar por abajo, organizándonos democráticamente con lxs compañerxs más consecuentes. ATE necesita una nueva conducción tanto en Capital como a nivel Nacional.

Al mismo tiempo que impulsamos la unidad en la lucha, creemos que para ganarle la pulseada al macrismo, es importante fortalecer una alternativa en las elecciones legislativas que defienda nuestros derechos.

Por ello desde el MST en Izquierda al Frente, daremos la pelea con Alejandro Bodart en Capital, Vilma Ripoll en provincia de Buenos Aires y con muchos otros luchadores en todo el país. Porque estamos convencidos que para fortalecer las luchas de verdad, necesitamos en el Congreso diputados que vayan al frente.

Flor Salgueiro

Delegada ATE – INTI

En ese cuadro, el ataque a la universidad pública tuvo una primera manifestación en 2016 con un intento de recorte presupuestario que logramos derrotar con un potente movimiento educativo que lo impidió, pese a las limitaciones que todas las conducciones docentes y estudiantiles mostraron, cerrando apuradamente el proceso.

Vino en la segunda mitad de ese año, una ofensiva sobre el CONICET, que otra vez expresó una lucha desde las bases muy fuerte, y una conducción que se apresuró a firmar -no sin críticas de sectores importantes del propio movimiento- un acuerdo que le concedía parte de lo que el PRO-Barañao querían, a saber: avanzar en legalizar el recorte de ingresos anuales al CONICET

Así, las primeras pruebas de confrontación entre la universidad pública, docentes del sector y CONICET contra la orientación privatista PRO, mostraron la tónica de una etapa: movimientos que por la base desenvuelven una enorme energía, y conducciones que limitan o entregan esa fuerza en negociaciones a la retranca. Así, arrancó el 2017 con la paritaria docente universitaria.

La estrategia de unificar la defensa de la universidad y el sistema científico, ausente

Lo planteamos en cada instancia donde nos tocó intervenir: el macrismo tiene un plan global capitalista de reconvertir la universidad y el sistema científico. En la primera, retomar la agenda de multiplicar el ingreso de las corporaciones en la vida de la educación pública. También seguir devaluando los títulos de grado, transferir más contenidos a posgrados pagos y negocios de esa naturaleza. En el CONICET, lo dicho: ponerlo al servicio del modelo agro-minero exportador, de carácter capitalista-extractivo.

Por lo tanto, las variables del salario docente, la violencia sobre el Convenio Colectivo -en especial en la UBA a lxs docentes del CBC-, el vaciamiento presupuestario o las maniobras en CONICET, son una única orientación global. Por lo tanto, ameritaba desde el principio, una respuesta global construida de conjunto en instancias interclaustros de coordinación por abajo, tal como lo propusimos en asambleas de base de la UBA, en Congresos de CONADU (H) y en plenarios nacionales de trabajadorxs de CyT. Nunca se hizo de forma consecuente.

En el movimiento estudiantil, la conducción de FUBA compartida entre PO y Patria Grande, convocó tarde a un testimonial y vacío congreso que resolvió medidas que el conjunto del estudiantado ni conoce. La rosca y disputa electoralista por arriba de unos y otros embarra la cancha. En la docencia y el CONICET, tampoco se tendieron puentes de unidad en la acción con otras federaciones -en docentes-, ni se desplegó el potencial del movimiento de CyT. Así llegamos a la marcha del próximo 16 de mayo. Sin preparación ni el impulso necesarios.

Una vez más: por un Encuentro Federal en Defensa de la Universidad Público y el Sistema Científico Estatal

Por todo lo anterior, volvemos a plantear una salida política y organizativa clave: hace falta una instancia de coordinación que discuta, resuelva y planifique de abajo/arriba un plan de acción para avanzar en el conjunto de demandas pendientes -que no son pocas- en la docencia, el movimiento estudiantil y el sector de CyT.

Esto implica reorientar el movimiento, darle protagonismo a la democracia por la base y desechar las disputas superestructurales de conducciones que especulan con elecciones, ubicaciones y no con las reales necesidades de la educación pública y el CONICET: salario, respeto al CCT, presupuesto, boleto educativo, ingresos al sistema científico.

Este martes 16 de mayo, obviamente convocamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, pero no podemos dejar de plantear la necesidad de provocar un cambio rotundo en la orientación general del proceso de lucha. Y a la vez, señalar que se desaprovechó la oportunidad de responder con la contundencia del año pasado al ataque de la ceocracia gobernante.

Con Macri en el gobierno, con las complicidad de las camarillas y el CIN, con la coexistencia cómplice del PJ/FPV, hace falta una perspectiva que ubique en el centro de gravitación a los verdaderos protagonistas: la base estudiantil, la docencia y los trabajadorxs de CyT.

En ese camino, con esa orientación, militamos en todo el país.

Juventud Socialista – MST en Izquierda al Frente

Proyecto de Ley: 

Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en hospitales públicos 

Artículo 1°. Para ser Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, Legislador/a o funcionario/a político/a con nivel de Director General o superior del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea o no electivo su cargo, constituyen requisitos:

a. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.

b. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

Art. 2°. Todo/a funcionario/a incluido/a en el artículo 1º debe presentar anualmente una declaración jurada en la cual consten los siguientes datos:

a. Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.

b. Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.

Art. 3°. El plazo de presentación de la declaración jurada vence el día 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de los datos es causa de las sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Art. 4°. Lo establecido en los artículos precedentes es aplicable también a los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, a los/as funcionarios/as de los Órganos de Control, a los miembros de las Juntas Comunales y a los/as directores/as del Banco Ciudad, de los organismos descentralizados y entidades autárquicas y de las empresas y sociedades del Estado de la Ciudad, así como de los entes interestaduales y del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

Art. 5°. Comuníquese, etc.

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 4º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º.

Fundamentos
Señora Presidenta:

La salud y la educación públicas son derechos básicos de cada ciudadano y ciudadana, esenciales a su vez para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Tal es su jerarquía, que la Constitución de la Ciudad los reconoce a renglón seguido de los derechos y garantías fundamentales.

Pero en el Presupuesto 2014, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri ha decidido recortar los fondos destinados a ambos rubros: Salud se rebajó del 20.1% del total el año pasado a un 19.6% para este año y las partidas para Educación cayeron de un 24.2% en el 2013 a un 21.6% para el corriente ejercicio: es decir, casi tres puntos menos.

En relación con la salud, el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad establece:

“Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

“El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.

“Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de pago directo. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o privada, por sus respectivas entidades. De igual modo se procede con otras jurisdicciones.”

En similar sentido, en cuanto a la educación, su artículo 24º establece:

“La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.

“Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.

“Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles.

“Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función social.

“Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema.

“Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos.

“Contempla la perspectiva de género.

“Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual.”

No obstante dicha jerarquía, y aunque Buenos Aires es la ciudad más rica del país y el distrito nacional con mayor PBI per capita, los indicadores sobre la situación de la salud y la educación estatales dejan mucho que desear. Lamentablemente, y más allá del esfuerzo cotidiano de las maestras, médicos, enfermeras y demás trabajadores de ambas áreas públicas, las falencias existentes empujan a importantes franjas de la población a buscar respuestas en el sector privado. Ese diagnóstico no se basa únicamente en nuestras apreciaciones sino en las propias estadísticas oficiales, incluidas las elaboradas durante la actual gestión de gobierno.

Educación 

En lo que respecta a la educación pública porteña, por ejemplo en primaria, se informa: “Durante el período 2001-2008 el volumen de alumnos matriculados en el nivel primario creció un 2.3%, esto implica que se incorporaron un total de 6.065 estudiantes en las escuelas de dicho nivel en la Ciudad. Sin embargo, esta variación no afectó de igual modo a los sectores estatal y privado, ya que la matrícula experimentó un fuerte aumento en las escuelas de gestión privada (8.690 alumnos) y una disminución de menor cuantía en las estatales (2.643 alumnos)”.

Asimismo, respecto del nivel medio, se informa:

“El análisis de la información estadística producida desde la Dirección de Investigación y Estadística dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el período que va de 1998 a 2010 da cuenta de que:

“…En el período 1998-2010 la matrícula disminuyó un 6% en el sector estatal y un 9% en el privado… Un 5.9% de jóvenes de este grupo etáreo no asiste a ningún nivel de enseñanza…”

Entre los “principales argumentos que explicarían la disminución de matrícula en la Ciudad”, se señala:

“La repitencia y la sobreedad han aumentado: esto opera sosteniendo situaciones de fracaso escolar que impactan en el incremento del abandono (aunque temporario) de los estudios, o inducen al pasaje a otra modalidad: la sobreedad aumentó un punto en el período analizado: de 47 a 48%; la repitencia aumentó dos puntos: de 14 a 16%.

“Todos los años unos 9.000 alumnos dejan de asistir sin pedir pase a otro establecimiento… La mayor pérdida se registra en el 1º año.”

Es alarmante que en el nivel medio disminuya la matrícula y que en el sector estatal aumenten los alumnos repetidores y con sobreedad, ya que ambos factores empeoran el nivel de deserción. Máxime si tomamos en cuenta que desde setiembre de 2002 rige en la Ciudad la Ley 898 de secundario obligatorio, que establecía que a fines de 2007 se debía cumplir plenamente tal obligatoriedad. Hoy, a más de una década de aprobada dicha ley y a seis años de vencido su plazo, no solo no se alcanzaron sus objetivos sino que estamos peor que cuando se aprobó.

Por otra parte, el incremento de la matrícula privada no es un problema exclusivo de la Ciudad sino que afecta a todo el país, lo cual es responsabilidad de los respectivos gobiernos provinciales y, más globalmente, del gobierno nacional. La Ley Federal de Educación menemista, que desguazó el sistema educativo nacional y cuyos devastadores efectos aún no se han revertido, contribuyó en buena medida al fenómeno privatista.

Un informe de 2012 del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP) en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que tuvo amplia difusión mediática, concluye que “el 37.5% de los chicos argentinos iniciaron su educación primaria en una escuela de gestión privada en el año 2011, mientras que en el año 2003 ese número era el 25.9%”. Es decir, hay un aumento de más de 11 puntos en detrimento de la matrícula estatal. Lo mismo se da en el segmento de chicos de 5 años, en edad de preescolar: si en 2003 tenía matrícula privada el 25%, en 2011 pasó a ser del 34%. La conclusión es bastante simple: cada vez más alumnos empiezan a estudiar directamente en las escuelas privadas, sin siquiera probar primero en las del Estado.

En la Ciudad, las cifras oficiales sobre matrícula son las siguientes:

En una entrevista en el programa televisivo de Mirtha Legrand, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri destacó pomposamente que “por primera vez en 30 años se anotan más chicos en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires -primaria y jardín- que en la privada”. La web chequeado.com lo desmiente con datos precisos y señala que esta afirmación es “exagerada” y que “es prematuro hablar de un cambio de tendencia”.

Los diputados del PRO han reiterado los mismos argumentos que su jefe político en el debate de la sesión extraordinaria del 26 de febrero pasado en la Legislatura de la Ciudad sobre la crisis de las vacantes escolares.

Pero si bien es cierto que en el año 2013 la matrícula estatal de los niveles inicial y primario común creció un 1.3% y un 0.4% respectivamente con relación a esos mismos índices del año 2012, a nuestro entender las causas de dicho incremento están más vinculadas al aumento de las cuotas en los colegios privados y al retroceso del poder adquisitivo de la población fruto de la crisis económica que a las supuestas mejoras que la gestión de gobierno del PRO llevó adelante en el sistema de educación pública.

La crisis generada por el sistema de inscripción online implementado por el ministro de Educación Esteban Bullrich, la falta de vacantes que todavía mantiene en la incertidumbre a cerca de 15.000 alumnos y a sus familias, y la vergonzosa “solución” de las aulas containers nos están indicando que la realidad de la escuela pública porteña se encuentra muy lejos de las afirmaciones del oficialismo macrista.

Salud 

Además de los principios constitucionales ya citados anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 153 Básica de Salud, cuyo artículo 14º establece: “Subsector estatal. Objetivos. Son objetivos del subsector estatal de salud: …Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud, dando prioridad a las acciones dirigidas a la población más vulnerable y a las causas de morbimortalidad prevenibles y reductibles…”

Es sabido también que el sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solamente atiende a pacientes porteños, sino también a otros pacientes provenientes del conurbano y del interior del país cuyo volumen se estima en un 30% del total atendido.

Por otra parte, como lo muestra el siguiente cuadro, la proporción de habitantes que carece de toda forma de cobertura -sea obra social, prepaga privada, mutual o plan estatal- no es muy distinta a la de la década de los ’90.

Porcentaje de la población sin ninguna cobertura de salud

Podemos comparar también algunos otros parámetros sanitarios de la Ciudad, siempre tomando como base las últimas cifras oficiales disponibles :

En once años, los egresos permanecen igual. En cambio, mientras aumentaron un 12% los partos y un 13% las consultas externas -sobre todo en urgencias y hospitales especializados-, hay una reducción de casi mil camas -un 12% menos-, casi todas ellas precisamente en los hospitales especializados.

Del mismo modo en que ocurriría con la escuela estatal, una mejora significativa de la calidad de atención en el sistema público de salud conllevaría que menos sectores se vieran empujados a recurrir a los servicios privados.

Dos ejemplos: Cuba y Finlandia 

Ambos países tienen historias, estructuras económico-sociales y culturales muy diferentes. Mientras Cuba es un país latinoamericano, de desarrollo acotado y no capitalista, Finlandia es un país nórdico, altamente desarrollado y capitalista-imperialista. No obstante, y más allá de nuestras divergencias con sus respectivos regímenes, ambos son considerados verdaderos paradigmas internacionales en cuanto a sus sistemas de salud y de educación. Cuba, por ejemplo, es vanguardia reconocida en América Latina. Y el sistema de enseñanza de Finlandia ostenta, desde hace varios años, la más alta calificación mundial.

Los principales indicadores generales y en ambas áreas, brindados por organismos internacionales -todos ellos insospechados además de tener posturas de izquierda-, así lo confirman:

Desde ya, es obvio que todos los indicadores porteños son mejores que los nacionales. Por caso, el promedio trianual 2008-2010 de mortalidad infantil porteña fue de 7.4: la mitad del nacional. No podría ser de otro modo ya que, como lo hemos dicho arriba, se trata del distrito de mayor capacidad económica en relación con su población.

Sin embargo, del cuadro comparativo surge una constatación ineludible: ¿qué característica especial, qué elemento en común tienen Cuba y Finlandia, dos países -insistimos- tan distintos, para que la calidad de su educación y su salud públicas sean superiores a las nuestras?

No es el tipo de país, por cierto. Tampoco su grado de desarrollo ni su régimen político, muy desiguales. No hay mucho secreto, entonces: en Finlandia y en Cuba, la salud y la educación son sistemas estatales. A los datos del cuadro podemos agregar, asimismo en comparación con la Argentina, que en ambos países son menores los índices de desigualdad social y desigualdad de género.

Nuestra propuesta 

Nos oponemos de plano las estrategias tendientes a que la escuela estatal y el hospital público se destinen a la mera “contención” de los sectores sociales de menores recursos. No queremos educación ni salud públicas “para pobres”: queremos recuperar y superar los niveles de merecido prestigio que ambos sistemas supieron tener alguna vez. Si en nuestro distrito adoptáramos medidas que den prioridad categórica a la educación y la salud estatales, podríamos elevar su calidad y contribuir a revertir el cuadro actual.

A nuestro juicio, ello es factible a condición de que todos los funcionarios políticos que pretendamos serlo -en cualquiera de los tres poderes del Estado- nos comprometamos de manera concreta y directa con los sistemas públicos de educación y de salud. Y esto vale, creemos, para la Ciudad como para toda otra jurisdicción.

Por supuesto, esta ley no obliga de ningún modo al ciudadano o ciudadana común. Pero si ejercemos o nos postulamos para cargos ejecutivos, legislativos o judiciales, que incluyen poder de decisión sobre los recursos públicos y por ende sobre la vida de otras personas, debemos asumir a fondo la responsabilidad y el compromiso ético con la cosa pública. Y no hay mejor estímulo para velar efectivamente por dicho compromiso que la pertenencia personal del funcionario y su familia al sistema estatal de salud y educación. Por eso rechazamos el doble discurso de aquellos gobernantes, legisladores y dirigentes políticos que dicen defender la enseñanza pública pero educan a sus hijos en escuelas privadas.

Como antecedentes legislativos, conocemos al menos dos. En el año 2007, en Brasil, el senador Cristovam Buarque (PDT) presentó un proyecto de ley estableciendo para todo funcionario público electo la obligación de enviar a sus hijos a la escuela estatal. En 2010, en Neuquén, el diputado Rodolfo Canini (Bloque Frente Grande MUN) presentó otro proyecto de ley en similar sentido (Expte D-195/10).

Para finalizar, reproducimos a continuación la columna del periodista Martín Caparrós publicada el 1º de marzo de 2009 en el diario Crítica, titulada “Lucha de clases en la escuela pública”, cuyas reflexiones hacemos nuestras:

Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar.

Hoy empiezan las clases y no empiezan las clases: para la mayoría de los alumnos argentinos, esta mañana no hay escuela. Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar. Son sueldos tan elocuentes, tan didácticos: dicen, antes que nada, que a la sociedad argentina la educación le importa tres carajos. O, mejor: que a la sociedad argentina le importa tres carajos la educación de sus pobres.

Soy un producto de la escuela pública argentina y a veces, cuando me distraigo, me da orgullo; mi hijo también fue a la escuela pública y acaba de terminar su quinto año. Pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado -inferior- nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo -hijos de la clásica clase media porteña- sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado -y la mayoría no lo hace.

La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Las cifras precisan lo que ya sabemos: que los padres quieren mandar a sus hijos al privado porque -mejores o peores- por lo menos les garantizan que van a tener clases. Cosa que el Estado no consigue hacer. Así que, entre 2003 y 2006, en apenas tres años kirchneristas, 800.000 argentinitos -casi todos los que pueden- pasaron del público al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.

El fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para “redistribuir” -y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. Es una característica de muchos estados actuales -sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes- y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?

Así que tengo una propuesta populista para encarar la cuestión educativa. Es una ley que habría que votar cuanto antes: “Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado -de un nivel equis para arriba- manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases.

Por todos los argumentos arriba expuestos, promovemos el debate y la aprobación del presente proyecto de ley de ética pública, que fue presentado originalmente por mí en marzo de 2012 bajo el Exp. Nº 29-D-2012.

1)Informe temático Nivel primario común – Análisis distrital de la evolución de la matrícula. Período 2001-2008 (octubre de 2009).
2)Anuario Estadístico del Ministerio de Educación del GCBA.
3)Informe de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.
4)Fuente: Censos nacionales 1991, 2001 y 2010.
5)Fuente: Estadísticas Ministerio de Salud de la Ciudad.