El 23 de septiembre Alberto Fernández sancionó el DNU 761/2020 que prorroga la prohibición de los despidos y suspensiones “sin justa causa” por el plazo de 60 días. Posteriormente, mediante el DNU 766/2020, se prorrogaron también los plazos del decreto que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos.

Al respecto de este último, resultan relevantes los datos difundidos por Zonaprop que desde la sanción de la nueva ley de alquileres -junio de 2020-, el precio promedio de alquiler tradicional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió un 19,2%, con 14 barrios con incrementos superiores al 20% sólo en los últimos 3 meses [1].

En lo que va del 2020, el precio promedio de los alquileres acumula una suba del 39,6%, el doble que la inflación y por encima del ajuste de los créditos UVA (22,8%). Con respecto a los promedios en CABA, un departamento medio de 2 ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en $ 26.137 por mes. Por su parte, una unidad de 3 ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $ 36.184 mensuales. En los últimos 6 meses, los valores de alquiler aumentaron a una velocidad de 56% anual, la mayor suba desde 2012, un verdadero escándalo.

A su vez, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), -el seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que realizan economistas consultados por el BCRA[2]– prevén para los próximos 12 meses una inflación de 51,9%, de paritarias e indexación de salarios por inflación ni se habla.

¿Y con el DNU sobre despidos y suspensiones?

Como explicábamos al inicio de esta nota, el gobierno oficializó la prórroga de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días desde el 24 de septiembre. Durante el segundo trimestre de este año, pese a que se encontraba vigente el referido DNU, el INDEC informó que la desocupación creció al 13,1%[3].

A su vez, el Ministerio de Trabajo publicó el 10 de agosto un informe con datos hasta mayo de este año donde detalla que se produjeron 740 mil suspensiones (aproximadamente el 12% del sector privado) y 409 mil personas perdieron su trabajo registrado en relación de dependencia en el sector público y privado [4]

Entonces, si la desocupación crece, y se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, ¿están o no prohibidos los despidos?

Lamentablemente, si bien la prohibición de despidos y suspensiones es una medida por demás necesaria, el propio gobierno en el decreto previó la salida que necesitaban las grandes patronales para eludir el cumplimiento del DNU. Respecto de los despidos, vale destacar que no sólo no hay ningún control de las decisiones de las empresas, sino que se permite efectuar acuerdos que finalicen el vínculo laboral por cualquiera de las causales no especificadas en el decreto (despido sin justa causa o por falta y disminución de trabajo) y posteriormente dichos acuerdos son homologados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, están prohibidos en los papeles pero no “tan” prohibidos en la realidad. De más está decir que tales convenios, siempre son por debajo de los montos que debería percibir el trabajador despedido en concepto de indemnización (especialmente en la actualidad donde rige la doble indemnización).

Por otro lado, es el mismo decreto que permite efectuar suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT[5] es decir de manera “acordada” con el trabajador. El quid de la cuestión no es la suspensión en sí,  el problema es que en virtud de ese artículo se puede “concertar” con el trabajador la rebaja de su salario por estar suspendido.

Pareciera que se olvida el gobierno que la relación de trabajo –y por ende de explotación- es una relación profundamente desigual, el hecho de que en los papeles se “concerte” con lxs trabajadorxs las suspensiones y la rebaja salarial que conllevan las mismas, lo que hace es consolidar esta desigualdad y darle la posibilidad a los patrones de que impongan las condiciones que les plazca, máxime en esta situación de pandemia mundial y crisis económica en la que perder el trabajo posiblemente implique estar desocupadx durante muchos meses.

Párrafo aparte merece la burocracia sindical que no sólo no ha insistido en la realización de las paritarias, o que como mínimo las patronales cumplan con el decreto de necesidad y urgencia,  sino que ha permitido y avalado las rebajas salariales en distintos gremios y son los primeros que ponen la lapicera para el tipo de acuerdos que mencionábamos en el párrafo anterior. Tampoco ha puesto sobre la mesa para la discusión con los empresarios medidas alternativas para evitar las suspensiones, como por ejemplo el reparto de horas de trabajo en turnos diferentes sin afectar salario, que incluso reduciría la posibilidad de contagios en los centros de trabajo.

La vivienda propia y el trabajo como derechos inalienables

En el país unos 9 millones de personas alquilan y otros 3 millones carecen de vivienda digna. Para cambiar esta situación acuciante para los sectores mas vulnerados, el Estado debe promover planes de construcción efectivos: se estima que cada vivienda genera 2,5 puestos de trabajo, de modo que un programa para construir 200 mil viviendas implicaría crear medio millón de empleos[6]

Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto a favor de éste último. Por sólo dar un ejemplo, con los                   $ 37.681 millones que en una primera etapa Fernández destina al “megaplan” de seguridad bonaerense se podrían construir unas 38 mil viviendas populares, dar techo digno a unas 200 mil personas y crear 100 mil puestos de trabajo.

Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings. Exigimos que el derecho a la vivienda sea atendido con subsidios para la compra de materiales y acompañamiento para la construcción.

Lo mismo sucede con el trabajo y las condiciones dignas de acceso al mismo, durante esta pandemia, la desocupación creció de manera alarmante, con el asentimiento sin chistar de la burocracia se rebajaron los salarios de miles de trabajadores, y en otros gremios se han congelado las paritarias. Creemos que es necesario más que nunca salir a dar pelea a todos estos atropellos patronales avalados por el gobierno de Alberto Fernandez y pararles la mano, y construir desde abajo una alternativa política de lxs trabajdores y el pueblo.

Iara Saldungaray

[1] https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/para-inmobiliarias-la-extension-del-dnu-habra-menos-oferta-n5135523

[2] Banco Central de la Republica Argentina.

[3] https://www.pagina12.com.ar/294347-el-gobierno-oficializo-la-prohibicion-de-despidos-por-otros-

[4]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/trabajoregistrado/trabajoregistrado_2005_informe.pdf

[5] Ley de contrario de trabajo 20.744

[6] https://mst.org.ar/2020/06/16/nueva-ley-de-alquileres-necesaria-pero-insuficiente/

]]> https://mst.org.ar/2020/08/11/el-virus-cgt-sigue-avalando-suspensiones-rebajas-salariales-y-despidos/ Tue, 11 Aug 2020 20:30:24 +0000 https://mst.org.ar/?p=25741 Escribe: Carlos Miranda

Dos noticias sobre el nivel de vida de los trabajadores se conocieron el lunes 10 de agosto: el Ministerio de Trabajo produjo un informe sobre la situación del empleo y los salarios, y por otro lado la CGT volvió a avalar la continuidad de las suspensiones y una reducción del salario en un 25% para esos trabajadores.

El informe del Ministerio de Trabajo que mencionamos  más arriba, publicado[1] el 10 de agosto con datos hasta mayo pasado indica que se produjeron 740.000 suspensiones lo que significa el 12% en la plantilla de empleos registrados en el sector privado. Al mismo tiempo que se registró un 3,4 de pérdidas de puestos de trabajo en blanco, lo que significa medido interanualmente 409.000 personas perdieron un trabajo registrado.

Como señalábamos el 20 de julio[2] analizando el informe de una consultora privada cuyos datos son confiable: “Con casi un millón de nuevos desempleados desde el inicio de la pandemia, según la consultora Ecolatina, la tasa de desocupación estaría rondando el 15% el más alto en 20 años.”

Volviendo al informe del Ministerio de Trabajo que citamos, también señala una reducción del poder adquisitivo del salario superior al 4% en relación al año anterior, pero otras publicaciones señalan que si se compara con el 2018, la perdida alcanzaría el 12% de los salarios, pero sin tomar en cuenta las reducciones nominales que sufren los salarios en un 25% a los suspendidos, firmado entre la CGT y las cámaras empresariales aval que se prolonga hasta finales de septiembre, abriendo la puerta a que continúen las suspensiones a pesar de gran parte de las actividades económicas están abiertas.

La burocracia sindical no sólo no ha insistido en la realización de integral de las paritarias, ni en que las patronales cumplan con los decretos de necesidad y urgencia en relación a la prohibición de despidos que vienen siendo violados sistemáticamente. Tampoco ha puesto sobre la mesa para la discusión con los empresarios medidas alternativas para evitar las suspensiones, como por ejemplo el reparto de las horas de trabajo en turnos diferentes que incluso reduciría la posibilidad de contagios en los centros de trabajo.

Toda la actividad conocida de la cúpula sindical se ha reducido a facilitar las necesidades de las patronales. Primero acompañando un documento de todas las cámaras empresarias exigiendo reducción de impuestos, tampoco acompaña decididamente la implementación del impuesto a la riqueza, igualmente acepta los despidos, y por si todo esto fuera poco facilita las suspensiones avalando las reducciones salariales.

Si alguna vez fue evidente que los trabajadores necesitan una nueva conducción en los sindicatos y la central, es este. La CGT, su dirección actúa como un virus tan perjudicial como el Covid19.

[1]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/trabajoregistrado/trabajoregistrado_2005_informe.pdf

[2] https://mst.org.ar/2020/07/20/perspectiva-economica-2020-en-numeros-pronosticos-y-realidades/

El 24 de marzo de este año se me informa que no poseo seguro para trabajar por lo cuál se me suspende hasta nuevo aviso. Al consultar por mi contrato/beca me informan que el mismo será respetado. El día 11 de mayo, se me cita a una reunión de carácter informal donde allí de manera verbal, se me informa que no se renovará la beca, bajo los argumentos de que me encuentro recibida y sin matrícula, sumado a que no poseo seguro y «estamos bajo una pandemia» a la que no me pueden «exponer».

Dos años estuve trabajando dentro del Hospital Zonal de Esquel, llevando adelante tareas sin seguro. En el año 2019 nos atravesó el Hanta Virus y yo estaba allí. Trabajé un año en un servicio de riesgo como lo es el Servicio de Salud Mental. Y ahora tengo mi matrícula, la cual me entrega el mismo Ministerio de Salud. ¡Exijo mi reincorporación con mejores condiciones laborales!

Es gravísimo que en plena pandemia y a días de tramitar la matrícula (la cual ya tengo en mano) se me desafecte, dejándome sin  posibilidad de ingreso y  de poder acceder al sistema en mejores condiciones laborales. Sin matrícula y precarizada, servía, ahora matriculada y pidiendo mi pase a planta, ya no.

Todo esto responde a una política clara, de despedir trabajadores. Y encima de servicios esenciales. Esto lo hacen en este contexto y en casos vulnerables como el nuestro. No podemos permitirlo. Si se lo permitimos ellos ganan y avanzarán hacia otros sectores en los que hay compañeros precarizados y cobrando miseria.

Mi reincorporación inmediata es una exigencia más de las que levanta toda la comunidad de Chubut. Hoy 9 de junio, entregamos a las autoridades del hospital decenas de hojas con un petitorio exigiendo que pueda volver al trabajo en el hospital. La Red NI UNA MENOS de Esquel y Trevelin, la lista Lila de ATECH y muchísimos sectores sociales acompañaron el reclamo. Por el pago de todos los salarios adeudados. Basta de despidos y suspensiones. Por la mas amplia  unidad de los trabajadores y el pueblo de Chubut.

Erica Ainqueo

]]> https://mst.org.ar/2020/05/17/mondelez-explotadores-evasores-y-corruptos/ Sun, 17 May 2020 21:17:48 +0000 https://mst.org.ar/?p=23367 Esta multinacional, acordando con el burócrata sindical Daer y con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo ha suspendido a sus trabajadores bajándole el salario en un 25%.  Esta medida la toma luego de haber obligado a sus trabajadores a laborar con la excusa de que es una empresa alimenticia, decretadas como esenciales durante la cuarentena. En realidad su producción no puede considerarse como “esencial” ya que produjo golosinas todo este tiempo. Durante cuarenta días se dedicó a producir Mantecol, Beldent, Catbury, Halls, Lenguetazo, Shot y Toblerone al punto que se “stockeó”  y por ese motivo hoy suspende recurriendo al artículo 223 del Código de Trabajo que se crea durante el gobierno peronista de Menem, que los peronistas gobiernos de los Kirchner no cambiaron y que el también peronista Alberto Fernández reconoce y mantiene.

Además, esta patronal pidió el Procedimiento Preventivo de Crisis (crisis inexistente) ante el Ministerio de Trabajo, y el 12 de noviembre de 2019  llegaron a un acuerdo empresa, sindicato y gobierno (Macri) por el que desde diciembre 2019 hasta mayo 2020 se la exceptúa de las contribuciones a la Seguridad Social. Es decir, los trabajadores subvencionan a la multinacional.

Diez multinacionales que deciden qué comemos y a qué precios

Mondelez que es una compañía norteamericana, es una de ellas. Son tres plantas: Pacheco y Victoria en provincia de Bs. As. y otra en Villa Mercedes,San Luis.

Grandes evasores

Al igual que otras grandes corporaciones no alimenticias es muy poco lo que aportan como impuestos, pero además tienen sus artimañas para evadir. Según la AFIP “en la Argentina la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de planificación fiscal nociva utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,4% del PBI.” Ambito financiero 16/05/2020.

¿Cómo hacen esto? Cuando exportan manipulan los precios de venta entre empresas vinculadas (es decir, de la misma multinacional) para generar márgenes de ganancias artificiales y lavar dinero. Y pueden hacerlo porque al estar el Comercio Exterior en manos de los exportadores y no del Estado no hay ningún control. Mientras que para los trabajadores los impuestos son compulsivos: impuesto al trabajo; 21% de IVA e impuestos provinciales y municipales. Un 40 por ciento de nuestros salarios van al Estado. Las grandes corporaciones ganan fortunas, las llevan al exterior y para colmo evaden impuestos.

La gran mentira

Los  gobiernos de uno u otro signo nos sumen en la desocupación, el trabajo mal remunerado,  la precarización, con la excusa de que necesitamos que esas grandes corporaciones creen empleos por “nuestro” bien. Es así como durante esta pandemia el Estado, aduciendo la necesidad de mantener empleos, paga el 50% de nuestros salarios con dinero del ANSES. Y nos encontramos que en un país con jubilaciones miserables, los jubilados tenemos que subvencionar a estos parásitos. O pagaremos nuestro petróleo un 100% más que el precio internacional para mantener Vaca Muerta.

Desde todo el aparato del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial, educativo) junto a los partidos del régimen, las iglesias y los medios de comunicación nos hacen creer que el capital genera trabajo cuando en realidad es al revés: el trabajo genera capital. Si no producimos el capital entra en crisis tal como lo vemos con esta pandemia, y por eso están desesperados porque volvamos a producir sin importar cuántos de nosotros perdamos la vida.

Por la apertura de los libros contables de Mondelez y de todas estas multinacionales

Estas grandes corporaciones deben garantizar los salarios al 100% durante la pandemia. Ni un peso más a quienes dicen que pierden por uno o dos o tres meses sin producir, porque las inmensas fortunas que acumulan la generamos nosotros con nuestro trabajo. Que se abran los libros contables y veremos las enormes ganancias de estas multinacionales durante los últimos tres años y que esos salarios representan una ínfima suma en relación al capital que, con nuestro trabajo, venimos generando.

Y si los empresarios insisten en que tienen una crisis, entonces que se vayan, que el Estado de haga cargo de estas empresas y las ponga a producir en forma inmediata. Manteniendo los salarios y los puestos de trabajo, manteniendo las condiciones laborales. Mondelez bajo gestión del Estado y con control de sus trabajadores puede producir toneladas de alimentos para escuelas públicas, para hospitales, para comedores populares y barrios enteros. El Estado y sus gobiernos aceptan los chantajes de estas multinacionales porque solo aspiran a gestionar el capitalismo que es ganancia para unos pocos y miseria, hambre y desocupación para las grandes mayorías.

Isabel Morales

Cele Fierro finalizó: «Grandes cadenas de comida rápida, aerolíneas y electrodomésticos, que han tenido cuantiosas ganancias, ahora descargan la crisis sobre los trabajadores y sus familias. Hay que ser inflexible con estas patronales, imponiendo duras multas y hasta la expropiación bajo control de su personal. Es la única forma de garantizar los puestos de trabajo, que valen mucho más que la ganancia empresarial».

En su último discurso, Alberto Fernández, debió tomar cuenta de ello. Como para suavizar el anuncio de la prolongación de la cuarentena obligatoria y sus diatribas contra la gente que saca los pies del plato, se quejó de los despidos en tiempo de pandemia y dijo que no dejaría que lo hagan. El periodismo lo reflejó como un simple “reto”. Pero en ningún momento anunció ninguna medida concreta. Tampoco los ministros de trabajo o desarrollo social que viven de gira por los medios de prensa. Es decir, por ahora es chamuyo para la platea. Hubo medidas de contingencia para los empresarios, pero nada para lxs trabajadorxs.

Quien rápidamente salió al ruedo a cubrirse, fue Paolo Rocca, dueño de Techint y tristemente célebre por negrero y explotador. Al tiempo que estaba transando una conciliación obligatoria con el ministerio de trabajo para negociar una salida a la “crisis” de su emporio que, por supuesto no incluye disminuir sus ganancias, justificó los despidos, apelando al conocido argumento que no eran cesantías sino “finalización de contratos” y amparándose en la legalidad de la precarización laboral. Justamente desde su sector informaron que el convenio de la construcción prevé «un régimen de trabajo temporario e interrumpible». Desnudando no solamente el apego patronal a la precarización como política habitual, sino el rol nefasto de la burocracia sindical cómplice de despidos y suspensiones. En este caso del jefe vitalicio de la UOCRA y amigo del presidente, Gerardo Martínez.

Pero quien una vez más cruzó la raya del cinismo y la complicidad con las patronales, fue otro amigo del presidente, el secretario general de la CGT y del gremio de la sanidad, Héctor Daer. Con todo desparpajo salió a justificar los recortes salariales que se vienen sucediendo en las empresas hasta el 75%, con el viejo argumento de evitar los despidos. Fueron tan duras las críticas que recibió que luego intentó relativizar sus dichos aclarando que no era la política “oficial” de la CGT.

¿Quién puede creerle? Si todos los dirigentes de las centrales, con la CGT a la cabeza, han cerrado filas con el gobierno y de hecho con las patronales, renunciando a toda posibilidad de medida de fuerza centralizada. Y están abocados a transar lugar por lugar. Como se destapa cada vez que se anuncian despidos o suspensiones y estos dirigentes en lugar de estar organizando el conflicto del lado de los trabajadores, están transando en la vereda de enfrente con los empresarios.

Aunque ahora la conciliación imponga un impasse de 15 días en Techint, el panorama recesivo es negro. Los empresarios de la construcción advirtieron que en el sector habrá «pérdidas de empleo para 100.000 trabajadores en los próximos dos meses» y recordaron que «la actividad lleva 22 meses de caída continúa, perdiéndose 47.000 puestos de trabajo entre noviembre y febrero».

Si frenar los despidos era una emergencia antes de la pandemia, con el salto en la crisis recesiva, se impone una medida contundente, no declaraciones demagógicas. Como lo venimos planteando, tenemos que reclamar una ley o DNU de emergencia laboral. Que, entre otras medidas, plantee: prohibir los despidos y suspensiones y penalizar a toda empresa que no cumpla con la expropiación con control obrero; abrir los libros contables de toda empresa que aduzca crisis; reincorporar a todxs lxs despedidxs. Y establecer una garantía salarial con pago completo de los sueldos y beneficios sociales de todxs lxs trabajadorxs que están en cuarentena.

Guillermo Pacagnini

Mediante su Resolución 207/2020, el 16 de marzo el Ministerio de Trabajo determinó que ciertos sectores de trabajadores serán exceptuados de prestar tareas, pero cobrando sus sueldos íntegramente. Estos son los considerados grupos de riesgo: mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal crónica, y agrega a la persona a cargo de menores ya que estos no asistirán a clases. Quedan exceptuados les trabajadores de la salud, cuyas tareas resultan esenciales ante la pandemia.

Luego, el 19 de marzo mediante el decreto 297/2020, se dispuso el aislamiento social obligatorio con la prohibición a las personas  de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Se establecen también excepciones a esta prohibición general: la producción y comercialización de alimentos, medicamentos y otros enseres, trasporte público, fuerzas de seguridad, periodistas y servicios públicos entre otros.

Si bien el decreto señala que les trabajadores “del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”, la realidad nos muestra que amplios sectores de trabajadorxs privados no sólo no perciben sus sueldos completos sino que muches están siendo suspendides y hasta despedides por las patronales. Esto ya afecta al sector gastronómico, pero amenaza extenderse a otros rubros.

No es el coronavirus, es el capitalismo

Con las crisis es cuando más saltan a la luz las desigualdades del sistema. Cuando los capitalistas se llenan los bolsillos y cuentas bancarias, nunca reparten sus ganancias con su personal. Pero ahora, con la complicidad de la burocracia sindical, quieren que los costos de la inactividad por la pandemia los paguen les laburantes con rebajas de salario o directamente dejando gente en la calle. Como siempre, quien más expuesto está es el sector contratado, tercerizado o precarizado bajo distintas modalidades.

En sus decretos, el gobierno no dispuso qué castigo tendrán las patronales que incumplan con el pago de sueldos y/o despidan. De esta forma, deja a la voluntad de los empresarios si pagan o no los salarios. No hay ninguna pena impuesta, más allá de las que determina la legislación laboral para tiempos normales: el derecho de les trabajadores a reclamar judicialmente o considerarse despedido. ¿Pero quién, con semejante incertidumbre y un pronóstico de recesión, se daría por echado?

Prohibir los despidos por ley

Es sabido hasta por un niñe que, si no hay un castigo genuino, difícilmente se cumpla un mandato que afecte el bolsillo de un capitalista, cuyo único interés es su ganancia. Tampoco sirve la doble indemnización, que encima muchos empresarios buscarán eludir con la excusa de que despiden por “causas de fuerza mayor”. Lo que hoy se necesita urgente es una ley que realmente prohíba despedir y que, en caso de incumplir, la empresa sea nacionalizada bajo el control de su personal. Es la única forma efectiva de preservar los puestos de trabajo.

Otra medida oficial contra los derechos laborales es la Resolución 238/2020 del Ministerio de Trabajo, que suspende por 30 días el ejercicio de derechos sindicales como la realización de elecciones gremiales, asambleas o movilizaciones. En este escenario, con les trabajadores sin protección real ni eficiente de sus fuentes de ingreso, en aislamiento y con menos derechos sindicales, el gobierno desprotege a la clase trabajadora.

A les abogades que defendemos a les trabajadores, cuando se reabran los juzgados nos tocará enfrentar numerosos litigios para exigir indemnizaciones y reinstalaciones. Pero la magnitud del problema que se viene excede largamente a un tema de justicia laboral. Hay que unir fuerzas, desde cada lugar de trabajo, por las redes sociales, como sea, para motorizar la exigencia de prohibir los despidos. Se trata de cada trabajador o trabajadora y sus familias. Que la crisis la paguen los que más tienen, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.

Mariana Chiacchio, CADHU

El dirigente Barros ¿habrá consultado al Papa para urdir semejante traición?

La cuestión es quién paga la crisis

La debacle de la industria automotriz como expresión de la crisis mundial capitalista, es evidente. En nuestro país, solamente en 2019, las patronales adujeron que la producción y las ventas mayoristas en el sector cayeron al nivel de 2004. Podemos agregar que las exportaciones se redujeron un 16,7% en ese período, cifra que en el rubro principal, automóviles, asciende al 35,2%. El salto en la crisis de los primeros meses de este año y en particular en la relación comercial con Brasil se agravó y contribuye al escenario recesivo de la producción nacional.

Sin embargo, lo central no es solamente reconocer la crisis macro, sino abordar dos cuestiones clave: quién causa la crisis y quién la tiene que pagar. Porque ni el gobierno de AF, ni la burocracia y menos las patronales quieren abordar la responsabilidad de las corporaciones en la crisis más general, quienes con el único objetivo de preservar sus ganancias, practican la superexplotación con la excusa de “bajar el costo laboral”, fugan capitales y tienen clara responsabilidad en la serie de mecanismos perversos que desencadenaron y agravaron la actual recesión con inflación. Respecto de quién la paga, no tienen la menor duda: lxs trabajadores con rebaja salarial, flexibilización, procedimientos de crisis, suspensiones y despidos.

Según reconoce el Ministerio de Trabajo –seguramente con subregistro-  en los últimos cuatro años 235 mil trabajadorxs perdieron sus empleos asalariados en empresas privadas. Asimismo su capacidad de compra resultó severamente devaluada. En particular, la remuneración media expresada a valores constantes, de los asalariados registrados en empresas privadas cayó un 16% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Hay otra salida

Este panorama fue caballito de batalla en la campaña electoral de Alberto y el Frente de Todos. Pero, apenas aumido, lejos de “encender la economía” y poner plata en los bolsillos populares, el gobierno encendió las tratativas con el FMI y los usureros sin auditoría alguna y puso plata en el bolsillo de… los acreedores. Por ello la crisis económico social se gravó, las empresas salen a hacernos pagar los platos rotos y la burocracia gobiernera y aplaudidora, a cumplir su rol de felpudode las patronales. Como acaba de hacer el SMATA de Rosario, pero vienen haciendo los dirigentes de las centrales aceptando la política salarial oficial, enterrando las cláusulas gatillo, evitando volver a levantar la ley antidespidos y abandonando todo reclamo serio, asilando conflictos y librando a su suerte a lxs trabajadorxs.
Ante el ajuste de las patronales, que extorsionan con “preventivos de crisis” para echar y recontratar con precarización, que suspenden y despiden sin freno, hay que aplicar un programa de emergencia obrero y popular, cuyas primeras medidas sean:

• Prohibir por ley los despidos y suspensiones y penalizar a toda empresa que no cumpla con la expropiación con control obrero. Abrir los libros contables de toda empresa que aduzca crisis. Reincorporar a todos los despedidos.
• Para garantizar pleno empleo, repartir las horas de trabajo entre toda la mano de obra disponible. Reducir la jornada a 6 horas con un salario mínimo de $ 65.000, actualizado automáticamente según inflación real.
• Prohibir los contratos-basura: trabajo en blanco y pase a planta.
• Ante la inflación, anular el IVA a la canasta familiar y aplicar aumento general con cláusula gatillo a salarios, jubilaciones y planes sociales.
• Ruptura con el FMI y los bonistas usureros. Impuestos crecientes a las corporaciones y grandes fortunas. Para financiar un plan de obras públicas y desarrollo que garantice trabajo genuino.

Sin dudas arrancando de la solidaridad con lxs trabajadorxs de la General Motors, hay que preparar la lucha contra el ajuste de Fernández y las patronales. Preparando reuniones de activistas, reclamando y organizando asambleas, para discutir el apoyo a los conflictos en curso y en el camino de un plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas y el FMI y no lxs trabajadorxs. El sindicalismo combativo tiene una responsabilidad de hacer avanzar esta pelea y en ponerse al servicio de la pelea por echar a la burocracia y avanzar en una nueva dirección democrática y de lucha.

Guillermo Pacagnini

Pacagnini, quien integra la mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo, reclamó: «una verdadera emergencia ocupacional implica cuatro medidas: reincorporar a los despedidos que el propio decreto reconoce que son miles; prohibir despidos y suspensiones penalizando a las empresas que no cumplan; reducir la jornada laboral sin merma salarial para repartir las horas de trabajo; y la implementación de un plan de obras públicas para generar trabajo genuino».

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