La medida fue definida cuando los empresarios no depositaron los salarios del mes de julio, el aguinaldo, y no pagaron la nueva escala salarial correspondiente a la paritaria 2019. Las acciones de lucha comenzaron suspendiendo la salida de los colectivos y con la presencia de los trabajadores en los galpones. Con movilizaciones exigieron la intervención de la Secretaria de Trabajo, de la municipalidad de cambiemos y de la provincia del PJ, que en los primeros días jugaron al desgaste. Por la presión de las bases se instaló una carpa frente a la Municipalidad. Durante el conflicto se efectivizó un decreto municipal que aumentó el boleto de $22 a $29. Un nuevo guiño a los empresarios que no paraban de recorrer los medios diciendo que la quita de subsidios les generan una pérdida de 16 millones mensuales y que solo con el pago de “deudas millonarias” que el municipio y nación tienen sumado al aumento del boleto, se podría mantener el servicio. Este conflicto demuestra la política de los empresarios para que la crisis la paguemos los trabajadores, como pudo verse en el preventivo de crisis que buscaba despedir y suspender trabajadores, a tono con la orientación de la reforma laboral. Tras días de lucha, la provincia depositó un adelanto de 12 millones para levantar el paro. Las empresas pagaron pero descontaron cuatro días de paro previos que los trabajadores habían realizado. UTA terminó presionando para levantar las medidas, con la promesa de que junto al pago de haberes en septiembre se devolverían los días descontados. Sin embargo el panorama es incierto porque se sabe que en septiembre pueden volver a no pagar.

Buses Paraná orientado a las ganancias

Las empresas de transporte que operan en Paraná, Mariano Moreno y ERSA, están unificadas de hecho bajo la firma “Buses Paraná”. Se erigen como un monopolio que estafa a trabajadores y usuarios. El gobierno municipal actúa como garante de sus ganancias. El intendente Sergio Varisco y el Concejo Deliberante, con todo su arco político, radicales, properonistas, K, sostienen la relación monopólica y fomentan la especulación y el negociado de estos estafadores que han recibido subsidios millonarios. Los distintos gobiernos municipales han armado contratos de concesión a su medida y sin que su cumplimiento sea controlado. Siguen recibiendo abultados subsidios nacionales, provinciales y municipales mientras se les permite aumentar el pasaje cada vez que “las cuentas no cierran”. La movilización popular, para pedir mejorar el servicio o que se realice un control efectivo sobre las frecuencias, se ha mantenido durante años, y todos los gobiernos municipales han sosteniendo la estafa de estas empresas.

La salida es estatizar bajo control de trabajadores y usuarios

Desde el MST Nueva Izquierda en el FIT – Unidad acompañamos el reclamo de los trabajadores. Sostenemos que la salida a esta situación es estatizar el servicio con control social y gestión de sus trabajadores, respetando su convenio colectivo y entendiendo que esto permitirá mejorar salarios y condiciones de trabajo. Con la estatización se podría abaratar el costo del pasaje y mejorar el servicio. El primer paso es la apertura de los libros contables de las empresas para desarmar el argumento de que “no les cierran las cuentas” y demostrar que en esas cuentas están incluidos las ganancias y los salarios exorbitantes de gerentes y empresarios que son prescindibles para que el servicio funcione. El transporte público tiene una función social y es un derecho básico. Se necesita incrementar la oferta de servicios, y sacar de la ecuación a la ganancia empresarial. Esto incluye la reactivación de los trenes y poner en pie un sistema de transporte integrado, financiando con impuestos progresivos. Para ganar las luchas, defendemos un modelo sindical democrático y participativo para que sean las bases las que decidan cómo enfrentamos las embestidas de las patronales y los gobiernos. ¡Que crezca la unidad de trabajadores y usuarios hasta que recuperemos el servicio!

Nadia Burgos

El intendente Mestre ayer puso en pie un operativo represivo y mediático, y dio una conferencia de prensa, con el objetivo de amedrentar para quebrar la lucha. Lanzó un operativo de emergencia para que los colectivos salgan a la calle. Y enfatizó en el acuerdo que tienen los gobiernos nacional, provincial y municipal para garantizarlo, “recibiendo el apoyo de gendarmería” para que custodien los coches.

La militarización de la ciudad impulsada por Mestre, en acuerdo con Schiaretti, es un intento de dar una lección al resto de los trabajadores, allanando el camino para el ajuste.

Esto, lejos de doblegar la firme determinación que tienen los trabajadores, ha generado una ola de solidaridad de numerosos gremios y organizaciones políticas. Obligando a las vacilantes conducciones sindicales de las dos CGTs a convocar a una movilización hacia el edificio de la UTA en apoyo a sus reclamos para el día de hoy.

Pero la medida está muy por detrás de lo que hace falta. Tras ocho días de conflicto podemos decir que el rol de las conducciones sindicales es lamentable. Comenzando por la UTA nacional, que dejó a los choferes cordobeses librados a sus suerte, aumentando la bronca, no solo de estos sino de otras seccionales del país. Y siguiendo por Luz y Fuerza, SUOEM y otros que son los próximos en la lista de ajuste y aprietes del gobierno y por lo tanto deben unirse hoy para derrotar el ajuste y torcerle definitivamente el brazo al gobierno.
Por eso el paro provincial es una necesidad urgente. Y debe ser convoca de inmediato y sostenido hasta que los choferes triunfen.
A pesar de las vacilaciones de las CGTs, la enorme solidaridad y el gran apoyo se expresará en las calles y seguramente hará temblar la ciudad.

Desde la corriente sindical del MST apoyamos y acompañamos las medidas que las bases definan.

La lucha de los trabajadores de UTA Córdoba es ya una lucha del conjunto del pueblo cordobés. La más amplia solidaridad debe ser desplegada y garantizada por todas las organizaciones que dicen apoyar.

Para ganar hay que ir a fondo. Tenemos que impulsar un comité de lucha, que sesione frente a UTA donde todas las organizaciones podamos debatir y coordinar, en base a la decisión democrática de los trabajadores, las medidas y acciones a impulsar.

Si la CGTs se han declarado en «Alerta y Movilización» que sesionen de manera permanente en el acampe frente a la sede sindical.

Hoy más que nunca podemos decir que si las y los trabajadores del transporte ganan ganamos todos!

Bodart indicó: “Con el Metrobús, el jefe de gobierno financia con fondos públicos un negocio privado que además contamina. En cambio el Premetro sería una inversión pública, no contaminante, que se integra mejor con los otros medios de transporte y tiene bajo costo energético.”

El diputado concluyó: “Entendemos la alternativa del Premetro como parte de la recuperación del subte, un servicio esencial olvidado por los gobiernos de Macri y de Cristina.”

Bodart fundamentó: “El Premetro no es contaminante, respeta las áreas verdes, tiene bajo consumo, menor costo en infraestructura al del subte, fácil acceso y convive con otros medios. Desde hace un cuarto de siglo no hay inversiones en Premetro, mientras que Macri instala metrobuses para no hacerse cargo del subte.“

El legislador concluyó: “El Premetro es regular, seguro y fiable. Su implementación es un salto hacia la eficiencia en una Ciudad cada vez más congestionada.”

Bodart, autor de un proyecto sobre el Subte que la Ciudad necesita, agregó que «Para tener un Subte barato, eficiente y seguro, la única solución es que vuelva al Estado, y sea controlado socialmente.»

Sergio Paz

El ataque a Cáceres se suma a otra decena de denuncias y hechos que la patota de la UTA en connivencia con la patronal MONSA, vienen cometiendo contra los trabajadores y delegados antiburocráticos. Así ocurrió el año pasado con el incendio del coche de otro delegado de la 60, Néstor Marcolín; la agresión a la familia de otro delegado del 60, Daniel Farella; la golpiza al chofer de la Línea 135, Germán Amor; y la embestida contra Marcelo Wissoc, otro trabajador de la 135 hace apenas unas semanas.

Además de los hechos descritos, los delegados plantearon el grave acoso laboral y las enfermedades laborales que padecen, como la diabetes nerviosa y dolencias ligadas a la salud mental, las cuales no están contenidas en ninguna ley sobre patologías propias de los conductores.

Se informó que ya existen 17 causas abiertas ante las persecuciones y agresiones de delegados y trabajadores del sector, sin resultado alguno hasta el momento. «Sabemos que se trata de facciones pagadas de la hinchada de Chicago y Unidos», aseguró el delegado afectado.

Por su parte, la esposa de Cáceres señaló que lo ocurrido «es un ataque a toda la clase trabajadora», y agregó que «no nos han puesto a un solo policía a cuidar la puerta de mi casa».

Los delegados comunicaron que solicitarían una entrevista con el Ministerio de Justicia y Seguridad «para que tome cartas en el asunto». Paralelamente a ello, los trabajadores continúan con su plan de lucha por la reincorporación de los conductores despedidos y demandas laborales, y se mantienen en asamblea permanente.

Cáceres hizo sus declaraciones acompañado de dirigentes de su organización, del subte, de agrupaciones de derechos humanos. En la ocasión contó con la presencia solidaria del diputado porteño Alejandro Bodart.

«El uso de patotas es repudiable y muestra la desesperación de la patronal y la burocracia frente a un sindicalismo de lucha que crece», expresó Bodart.