Al audio del ministro maltratando y despidiendo a Sandra Heredia, su empleada doméstica, le siguió la confirmación de que ella estaba empleada en negro. Pero la irregularidad no se terminó allí. Resultó ser que tanto ella como unas 200 personas más tenían cargos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, destapando que bajo la intervención del Ministerio de Trabajo se había transformado en una verdadera agencia de contratación y caja del oficialismo. A esto se sumó una catarata de cuestionamientos al hecho de que su esposa, dos hermanas y un cuñado ocupan cargos en el Estado nacional.
Golpeado en el núcleo de su discurso centrado en una supuesta “transparencia” en la gestión, el gobierno recibió críticas incluso de sus medios más allegados que llegaron hasta plantear la necesidad de que Triaca sea removido o renuncie a su cargo.

Maquillaje por decreto

Esta situación se da en el marco de un gobierno que salió debilitado y con su imagen en caída luego de las jornadas de diciembre y el robo a los jubilados. Se enfrenta, así, con la difícil tarea de seguir avanzando en sus planes de ajuste en un clima cada vez más hostil a su “reformismo permanente”.
Su apuesta por sostener a Triaca, quien proviene de una familia histórica de la burocracia sindical convertida en millonaria, incluso al costo de seguir perdiendo puntos en su imagen pública, se explica por este marco. No pueden darse el lujo de perder un ministro cuando necesitan avanzar con la reforma laboral que éste pactó con la burocracia de la CGT. Más aun cuando ingresamos a una coyuntura que estará marcada por fuerte conflictividad alrededor de las paritarias. El gobierno está jugado a mantener el ajuste, y busca para ello salvar la imagen de su ministro y del conjunto de su gobierno.
Para ello no alcanzaba con la defensa de la disculpa dada por Triaca excusándose en un supuesto “exabrupto”. Macri, al regreso de su gira europea, anunció una serie de medidas para generar un golpe de efecto que restaure la erosionada confianza en la transperencia del gobierno. Estas medidas no son más que maquillaje.
El decreto 93/2018 “Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables”, establece que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.”
Así la “lucha contra el nepotismo” no abarca siquiera a la totalidad de la planta política del estado. Secretarios sin rango ministerial, subsecretarios, directores de la administración central podran seguir nombrando familiares sin verse afectados por la norma.
Por otro lado, Macri anunció congelamiento del salario de ministros, secretarios y subsecretarios. Se trata de cargos con salarios por encima de los 150 mil pesos mensuales. Con esta medida pretende demostrar que se suman al esfuerzo de la austeridad. Es una verdadera tomada de pelo a lxs trabajadorxs que busca, además, condicionar las paritarias.

Entre el discurso y los hechos

No es la primera vez que un alto funcionario del gobierno nacional se ve fuertemente cuestionado por los vínculos entre su función pública y sus negocios privados, sean estos de familiares, de amigos, o de corporaciones a las cuales están vinculados.
Lejos del discurso de “transparencia” y “anticorrupción” que tanto enarbola el oficialismo, los llamados “conflictos de interés” han estado en el núcleo de este gobierno de CEO’s. Cabe recordar la deuda de 70 mil millones del Correo Argentino y el caso Avianca, por nombrar dos casos que afectan de manera directa los negocios de la familia del presidente, o los vinculos del ministro de Energía Aranguren con la Shell, del vicejefe de gabinete Mario Quintana con la aerolínea Flybondi y el fondo de inversión Axis y el ministro de Finanzas Luis Caputo. En los hechos existe toda una trama de negocios entre el Estado y grupos empresariales que derivan de manera directa en el enriquecimiento de funcionarios.
El macrismo ha construido gran parte de su capital político en el discurso de lucha contra la corrupción del kirchnerismo. Casos como el de Triaca muestran que esta “cruzada moral” tiene mucho de hipocresía y más aún de cálculo electoral y político. Así, utilizan la corrupción K como latiguillo para explicar que las medidas de ajuste son inevitables, que “ahora hay que pagar la fiesta”. Ocultan de esta manera que los beneficiarios de la “fiesta” han sido también ellos y toda la casta política y empresarial. El ejemplo del Correo Argentino es una clara muestra de una estafa en beneficio de un grupo empresarial (de la familia Macri) en la cual fueron partícipes necesarios el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo. Lo mismo podemos decir de la causa del dólar futuro. De esa operación se beneficiaron, entre otros, Luis Caputo y Mario Quintana.

Fuera Triaca. Luchar contra la corrupción, el régimen y el sistema

La corrupción y el nepotismo no son un mero problema moral de funcionarios y empresarios corruptos. La burguesía y la casta política han transformado el saqueo de lo público en un verdadero modelo de acumulación. La corrupción forma parte de la transferencia de riqueza desde el Estado hacia los bolsillos capitalistas. Las medidas cosméticas como el decreto de Macri sólo sirven para intentar sostener la imagen de transparencia al servicio de una política de ajuste.
Resulta evidente que Triaca se tiene que ir, y que hay que avanzar en una investigación a fondo sobre la caja negra de la intervención del SOMU. Para ir a fondo en ésta y en todas las otras causas que involucran a toda la casta política y empresarial hace falta crear una CONADEP de la corrupción, una comisión investigadora independiente de los poderes del Estado, y hacer públicos todos sus resultados.
Además hay que terminar con los privilegios de la casta política. Congelar salarios superiores a los 150 mil pesos es una verdadera tomada de pelo, todos los funcionarios tienen que ganar lo mismo que un docente. Que los ministros, jueces y fiscales sean electos por el voto popular y que sean revocables.
Hay que dar la pelea contra el sistema que alimenta la corrupción: el capitalismo. En un mundo donde las ganancias de unos pocos valen más que la vida de la mayoría, la corrupción será crónica. Esta pelea política requiere la construcción de una gran alternativa política de lxs de abajo para darla.

Luis Meiners

La empleada despedida por Triaca, Sandra Heredia, no solo sufrió el maltrato y los insultos del ministro, sino que además no cobró indemnización alguna. Esto es porque Triaca la tenía en negro. El jefe del ministerio que debería perseguir a las patronales negreras y proteger a los trabajadores de la precariedad del trabajo no registrado, tiene empleados propios en negro. No debería sorprendernos; el Estado, incluyendo el ministerio de Trabajo, tiene a miles de trabajadores contratados y precarizados. Pero no deja de resaltar el carácter hipócrita del ministro Triaca, que debe renunciar por negrero.

El escándalo destapó otra situación irregular: Sandra Heredia tiene un cargo en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que se encuentra intervenido por el ministerio. Resulta que ella es una de más de 200 personas “acomodadas” por Triaca en el SOMU. “Aparecen ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, de la Tesorería de la Provincia y el Renatre, entre otros organismos públicos provinciales y municipales. Esto marca un claro indicio de que el SOMU se convirtió en una agencia de contrataciones públicas más, a tono con una modalidad que tanto se criticó cuando el actual partido de gobierno estaba en la oposición”. (Perfil)

Además, Triaca es el funcionario del gobierno con más familiares en cargos des Estado. Entre ellos, destaca su esposa, María Cecilia Locciasano, que es subsecretaria de Coordinación Administrativa y se ha hecho conocida estos días por suspender hasta fin de febrero el envío de antivirales para pacientes de VIH a hospitales públicos. Triaca debe renunciar por corrupto y ser investigado y procesado.

La gestión de Triaca en Trabajo ha estado marcada por el plan de ajuste y represión del gobierno. El ministerio es una oficina de la patronal. Los despidos, la inflación y los bajos salarios, la continuidad y la expansión del trabajo precario que padecen los trabajadores no han encontrado más que un enemigo en el ministerio de Trabajo. Por esto, Triaca debe renunciar también por desempeño de su función pública.

Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP y de ANCLA, afirmó: “Debe irse ya mismo este ministro negrero, corrupto y defensor de los despidos. Proponemos un plan de lucha y mañana acompañaremos el corte de los trabajadores del Hospital Posadas.”

La docente Vanesa Gagliardi, secretaria gremial de ADEMYS, agregó: “Así como despedir a enfermeras y técnicos en el Posadas perjudica a la vez a los pacientes, el ataque del gobierno a la docencia va asimismo contra la escuela pública y los alumnos.”

El delegado de ATE Edgardo Castro señaló: “Además de echar a su empleada por whatsapp, mientras en todo el país se multiplican los despidos Triaca acomodó a familiares y amigos en el SOMU intervenido. Si tuviera un mínimo de ética pública, debería renunciar.”

Mónica Sulle, del Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, finalizó: “Cuando Mauricio Macri y el gobierno hablan de ‘controlar’ los planes sociales sabemos que significa recorte. Pero que sepan que los movimientos sociales no vamos a dejar la calle hasta parar este ajuste.”

Si algún desprevenido tenía alguna leve expectativa sobre la convocatoria al Confederal anunciado por Schmidt en la Plaza para el 25 y que allí se convocara a un paro, los hechos se han encargado de sepultar esa posibilidad. Incluso lo que ahora está en duda es la realización del propio Confederal. Salvo el moyanismo y Palazzo que siguen posando de críticos pero “sin abandonar el diálogo” y con el poder de fuego reducido, todas las demás facciones, los Gordos, los “independientes”, los del MASA… corrieron como corderitos asustados a reunirse con Triaca. En menos de 15 días hubo una serie de reuniones con el ministro, de conjunto y por separado. Incluso una mesa con el triunvirato y la mayoría de los sectores para abordar los tópicos de la reforma laboral.

«No es momento de hacer un paro general», dijo Andrés Rodríguez durante el fin de semana. «Salimos del acto de Plaza de Mayo peor que como llegamos. Hay que repensar la manera de actuar y de organizarnos. La nueva estrategia no pasa por hacer protestas», espetó Daer. A confesión de parte…

El colmo fue que UPCN puso su sede como lugar para negociar la reforma laboral. Una vergüenza… anunciada por cierto.

Triaca declaró muy suelto de cuerpo que hablaron de blanqueo laboral y de la urgencia en profundizar el proceso flexibilizador. Dice que no sería con una ley sino con acuerdos sectoriales. La fórmula es la que se empezó a aplicar con los petroleros de Vaca Muerta, Capitanes de Ultramar y peones rurales. Se trata de modificar, a la baja por cierto, los convenios laborales. Quieren avanzar en la reducción de cargas patronales y lo que llaman la “eliminación de rigideces normativas»… léase la eliminación de conquistas laborales que los trabajadores obtuvimos con el esfuerzo de la lucha.

Necesitamos una fuerte campaña con la mayor unidad de acción contra la reforma laboral y previsional y para pararle la mano al ajuste de Macri y los gobernadores. Hay que reclamar el paro y el plan de lucha, tiene que ser de la CGT y las CTAs, pero hoy no hay decisión y tenemos que tomar en nuestras manos su discusión y preparación desde los lugares de trabajo y gremios. Porque cada vez queda más en claro que no será con estos dirigentes traidores que vamos a avanzar. Hay que desalojarlos de los sindicatos. Necesitamos una nueva dirección combativa, democrática y clasista. La unidad del sindicalismo combativo y de base tiene que ser un paso en ese sentido.

Guillermo Pacagnini

leé nuestra opinión sobre la marcha

CGT. Y después de la marcha, ¿qué?

Antecedentes, hechos y falsedades

Desde hace años el sindicato tiene una conducción antiburocrática y combativa, que primero encabezó Carlos Ordoñez y que actualmente conduce Adriana Rodríguez. Esta dirección mantuvo siempre un perfil independiente del gobierno, democrático y de defensa de los derechos de todos los judiciales. En sucesivas elecciones, la base convalidó con su voto a esta Lista, que no sólo logró que durante años los judiciales de Mendoza fueran uno de los gremios más movilizados, tanto en la administración de Cobos como durante todos los años de kirchnerismo, sino que gracias precisamente a este nivel de movilización logró siempre acuerdos paritarios y aumentos salariales más altos que el resto de los estatales.

Durante años también esta directiva tuvo una oposición sistemática por derecha de un sector de funcionarios (que se negaban a estar representados por el mismo sindicato que nuclea al resto de los trabajadores judiciales) y un sector de la base. Esta lista, que siempre perdió frente a los compañeros de la conducción, era claramente de orientación radical. Al subir Cornejo a la gobernación de la provincia con un 60% de los votos, se sintieron envalentonados y fueron preparándose para tomar el gremio a como diera lugar, contando con el apoyo implícito de jueces y el propio poder ejecutivo, que necesitaban desbancar a una conducción que no podía ser comprada y que los enfrentaba consecuentemente en defensa de los trabajadores.

Aprovechando como dijimos el apoyo que representaba el cambio de gobierno que puso a Cambia Mendoza (de hegemonía UCR) y cierto desgaste de la Lista que conducía el gremio por años, en las elecciones del año pasado, la lista Radical quedó a 33 votos de la conducción. Este fue el gatillo para que montaran una campaña dirigida a lograr la intervención del gremio, basada en todo tipo de falsedades.

Empezaron cuestionando que el sindicato había permitido que se presentara una tercera lista, con militantes del PO, que no cumplía con los requisitos formales para presentare. Es decir que cuestionaban a un gremio que permite que se presenten más listas, aún cuando claramente la Lista cuestionada significaba una probable pérdida de votos de la Lista oficial y no de la de los radicales. Luego cuestionaron que hubo fraude, cosa que no pudieron comprobar y finalmente terminaron argumentando que la junta electoral había actuado cuatro en lugar de cinco días. Con todos estos argumentos falaces y con el apoyo del gobierno nacional y provincial salieron a impugnar las elecciones y a pedir la intervención del sindicato. Y si bien el tema está en la justicia y la Cámara Nacional del Trabajo aún no se expidió sobre el caso y mucho menos sobre el pedido de intervención de manera arbitraria y atacando todos los derechos más elementales de la organización de los trabajadores, el Ministro Triaca nombró un interventor: Hugo Marcelo Parrino.

Ante esto los compañeros del Gremio manifestaron “La intervención no tiene otro sentido jurídico, gremial y político que destruir al gremio de los trabajadores judiciales” “estas prácticas no sucedían desde 1976, periodo negro de la historia nacional”; y movilizados no dejaron asumir al interventor exigiéndole una orden judicial de intervención. La pelea sigue abierta.

No a la intervención. Defendamos al gremio de Judiciales

Más allá de los matices que podamos tener en las visiones sobre la situación política gremial, es un hecho que se trata de la intervención por parte de un gobierno reaccionario, que pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Se trata de un paso sin precedentes como lo es la intervención, no casualmente, de uno de los gremios más combativos y movilizados de la provincia y contrario a las intenciones de Cornejo. Defendemos la más absoluta autonomía del sindicato respecto del estado y las patronales y la autodeterminación de los trabajadores. Por eso nuestro partido y nuestra corriente sindical estuvieron desde el primer momento a disposición y junto a la lucha de todos los judiciales. Llamamos a la más amplia unidad de todos los sectores gremiales, sociales, juveniles y políticos a movilizarnos para impedir que se concrete y avance esta intervención, ya que si triunfa será una derrota no sólo para los Judiciales sino para todos los trabajadores de Mendoza. Si pasa la intervención, se envalentonará el gobierno para tratar de profundizar su ataque sobre los derechos sindicales y democráticos de los trabajadores,  que ya empezó con el famoso ítem aula, siguió con la privatización del Trole-EPTM y ahora con esto. Si nos unimos y movilizamos podemos pararle la mano a Triaca, Macri y Cornejo.

MST Nueva Izquierda – Mendoza

Reproducimos a continuación la reciente declaración pública que publicó el sindicato de Empleados y Funcionarios Judiciales de Mendoza.

ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA

La ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, frente a la decisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de designar un  “delegado normalizador” en el ámbito de nuestra entidad gremial, se ve en la obligación de consignar el actual estado institucional de la Organización y al mismo tiempo dejar al descubierto la maniobra intervencionista del Ministerio, violatoria de la Libertad Sindical, expresando al efecto que:

• En fecha 26-10-2016, la Asociación interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio ante el Ministerio de Trabajo, en virtud del dictado de la Disposición del 26-9-2016 por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de dicha cartera de Estado Nacional que determinara ilegal y arbitrariamente, la ineficacia jurídica de los comicios desarrollados con total normalidad en fecha 8-6-16.
• La arbitrariedad e ilegalidad de la Disposición consignada en el punto anterior se observa sin esfuerzo alguno, a poco que se analice que la autoridad laboral cuestionó absurdamente luego de seis (6) meses la realización de la asamblea que designó a la Junta Electoral del día 1-4-2016, por haber sido ésta convocada con cuatro (4) días hábiles de anticipación en vez de cinco (5) cuando quienes impugnaran dicho acto posteriormente presentaron lista de candidatos, la misma fuera oficializada como “Lista Bordó” junto con las Listas Verde y Naranja, participaron sin cuestionamientos del proceso electoral del 8-6-16 supervisados por el propio Ministerio de Trabajo y posteriormente resultaron perdidosos,  frente  la expresión clara del 75  % del padrón de los trabajadores judiciales de la Provincia, que ejercieron libremente su derecho al voto;
• En fecha 01-03-17, frente a la inacción del Ministerio del Trabajo en resolver el Recurso Jerárquico, la Asociación interpuso pedido de pronto despacho para que se dictara la Resolución correspondiente que dejara sin efecto el arbitrario e ilegal accionar llevado a cabo por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, pedido que a la fecha no fue resuelto, no obstante la obligación de parte de la administración de dictar el acto administrativo correspondiente en función de lo dispuesto por el art. 91 del Decreto 1759/72, incumpliéndose de esta manera con los deberes de funcionario público;
• En fecha 10-04-2017, en virtud de la negativa a resolver por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nación, conforme las previsiones establecidas en el art. 62 de la Ley 23.551, mediante presentación efectuada bajo Nro. 1.758.000/17 del MTESS, el Sec. Gral de la Asociación,  Carlos Ordoñez, presentó el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo previsto en dicha norma, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Bustos Fierro, abogado de la entidad gremial y de la FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA (FJA);
• El recurso interpuesto aludido en el punto anterior posee efecto suspensivo, por lo que ninguna actuación puede impulsar el Ministerio de Trabajo de la Nación en la medida que ha perdido toda atribución al salir de su órbita la resolución de la contienda, actualmente como se dijera, en manos de la Justicia Nacional del Trabajo;
• Sobre lo expuesto precedentemente no existe ninguna duda, habiendo incluso dispuesto la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un caso de aristas similares revocar la intervenciones determinadas por el propio Ministerio de Trabajo en los juicios tramitados por el Sindicato de Trabajadores de la Seg. Privada (UPSRA) y  la Federación de la Industria Azucarera, frenando de esta forma la prepotencia de la administración del trabajo;
• En virtud de la situación descripta y sin perjuicio de las denuncias judiciales pertinentes a fines de revertirse la decisión arbitraria e ilegal que habría adoptado el Ministro de Trabajo de la Nación, el sindicato se declara en estado de alerta y movilización, analizando la adopción de medidas legítimas de acción sindical, toda vez que el accionar del Ministerio de Trabajo conlleva una conducta subsumible en la figura penal de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que vulnera abiertamente las prescripciones de los arts. 6,57,62 y concordantes de la Ley 23.551, el art. 14 bís de la Constitución Nacional que consagra el principio de libertad sindical y organización libre y democrática y los convenios Nros. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “derecho de sindicación”;
• El accionar temerario y malicioso del Ministerio de Trabajo, violatorio de elementales normas nacionales e internacionales como las ya señaladas, en virtud de encontrarse en la esfera del Poder Judicial de la Nación la controversia, la cual –no dudamos al igual que en los casos anteriormente mencionados- será fallada conforme a derecho en contra de lo dispuesto por el Ministro de Trabajo de la Nación, solo puede entenderse como un favor político del Ministro para con sus correligionarios en la Gobernación de Mendoza y en la Corte Provincial, enemigos jurados de la combativa, democrática y honesta representación de los trabajadores judiciales que hemos encarnado durante varios años. De ese modo, el Estado provincial quiere negociar los derechos de los trabajadores judiciales sentándose a conversar con un empleado de ellos: el designado delegado normalizador. No hace falta agregar nada más para comprender el objetivo de esta maniobra.
• Hoy, 28 de abril, se presentó a la sede de nuestra organización sindical el “delegado normalizador” junto al delegado de la Regional Mendoza del Ministerio de Trabajo. Lo hicieron con la clara intención de tomar posesión ilegal de nuestro gremio. Se los informó, en presencia de escribana pública, que estando el caso en competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Ministerio de Trabajo carecía de la misma y por lo tanto ellos estaban actuando fuera de la ley. Se les requirió la orden judicial, la cual no poeían. Ante esto y la solidaridad demostrada por compañeros judiciales y de otras organizaciones gremiales, optaron por retirarse.
• Que no dude nadie: seguiremos en nuestros puestos de lucha, porque ese ha sido el mandato los trabajadores judiciales y a ellos nos debemos.

Mendoza, 28 de abril de 2017.

El fallo avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5%. Esa conquista lograda por los bancarios rompió el techo miserable del 18 % que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri. El gobierno se negó a reconocer esa paritaria para no sentar un precedente de acuerdos salariales por encima de su cifra, pero ante la amenaza de un paro bancario, y como le pasa con muchas de las medidas que viene tomando, tuvo que recular y terminar homologando el acuerdo.

Los trabajadores bancarios también acudieron a la Justicia cuando se demoró la homologación. La Cámara de Apelaciones del Trabajo instó a las cámaras que nuclean a los bancos a pagar el acuerdo paritario y al Poder Ejecutivo a no intervenir. No obstante, Triaca y el vicejefe de gabinete Mario Quintana se reunieron en la Casa Rosada con directivos de los bancos agrupados en la cámara ABAPPRA y del Banco Central para ordenar que no se liquidaran los sueldos de enero con el aumento pactado. Esto confirma que su única intención es beneficiar a los banqueros y perjudicar a los trabajadores.

Aunque parecía que el conflicto se había resuelto la semana pasada cuando los bancarios y las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo salarial y se levantó el paro de 72 horas previsto, el gobierno, aun vencido en su intento flexibilizador, terminó acusando a Arias Gibert y Marino por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional”.

“Hay una policía de pensamiento”

Arias Gibert

Así definió Arias Gibert al pedido de juicio político presentado en su contra, en función de que lisa y llanamente propone sancionar a las personas por opinar sobre temas dentro de su esfera de competencia. En una entrevista radial, aseguró que piden juicio político porque “no les gustó la sentencia. El Estado puede intervenir, pero con razonabilidad. No puede hacerlo sin dar razones. No debe interferir en lo que es la negociación entre las partes, en un derecho reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. Consideró “grave” que “exista una amenaza de juicio político porque uno falla lo que no le gusta a una de las partes. No se puede judicializar la política, ni politizar las decisiones judiciales fundadas en las normas… Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos…”

Con la decisión del Poder Ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial, “se le estaba sacando” a los trabajadores “el derecho de tener paritarias”, algo que “no es un derecho de la Justicia ni del Poder Ejecutivo”. Según el juez, detrás del pedido de juicio político en su contra hay un mensaje a los magistrados que fallan contra una decisión del Poder Ejecutivo: “Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’. Está complicado creer en el derecho en Argentina hoy.”

Repudios en masa al gobierno macrista

Distintos sectores repudiaron la actitud persecutoria del gobierno:

• Los trabajadores judiciales advirtieron que “se busca disciplinar” a la justicia “detrás de los objetivos políticos” de la administración macrista. La comisión interna del fuero laboral manifestó su “más enérgico repudio” ante un hecho “más tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del gobierno nacional y que se repite la misma forma con que desde el poder político se teledirige a la justicia federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires”.
• El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, declaró que “se intenta intimidar a los jueces para luego instaurar una justicia macrista desfavorable para los trabajadores”.
• La Asociación de Abogados Laboralistas manifestó que se trata de “uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, fundado en el contenido de sus sentencias. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”.
• La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional señaló: “La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”.

Desde el MST en Izquierda al Frente repudiamos la presentación del ministro Triaca y el gobierno macrista y defendemos el derecho de los trabajadores a negociar en paritarias libres. La organización y la lucha del movimiento obrero es la herramienta para frenar los intentos de ajuste, despidos y todo tipo de flexibilización laboral.

Vanesa Paola López,

Equipo de Abogadxs del MST

Hace un mes, los trabajadores tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo. La amenaza de cierre del grupo comandado por Héctor Magnetto se produce para liquidar a una conducción sindical combativa y hacer pasar la flexibilización; para eso cuenta con el aval del gobierno de Macri y la tregua de la burocracia sindical.
En un contexto de ataque generalizado contra los trabajadores y sectores populares la lucha de los obreros de AGR es uno de los puntos más altos de la resistencia que se desarrollan contra los planes de ajuste. Enfrentando el lock out de Clarín han tomado la planta, desarrollan un importante fondo de lucha y convocaron en tres plenarios a las diversas conducciones y agrupaciones sindicales combativas que apoyan su pelea y múltiples acciones.
Como parte de las medidas votadas en asamblea y en continuidad a las que ya habían realizado, se sumó una jornada nacional de cortes de rutas. En la ciudad de buenos Aires se bloquearon los diferentes accesos y también varias arterias en las principales ciudades del país. Para el cierre de esta edición se realizaba en el Obelisco una jornada de difusión y festival artístico en apoyo a la lucha.

Si a Triaca lo excede, que responda Macri

La jornada de cortes tuvo un primer logro, el compromiso firmado por la directora nacional de Relaciones del Trabajo de otorgarle a la Comisión Interna una audiencia con el ministro Triaca. De todos modos, no hay que depositar confianza en el gobierno que hasta ahora sólo intervino en el conflicto para jugar a favor de la patronal, enviar a la policía y la gendarmería a reprimir y a sus servicios a espiar.
Con la solidaridad y el apoyo de cada una de las organizaciones que somos parte del acampe, los trabajadores de AGR continúan con su lucha, porque como se escucha en los portones «sabemos que lo que está pasando acá fortalece a todos los conflictos obreros que están surgiendo en el país».
Si desde la cartera de Triaca no hay respuesta, hay que ir a exigirle una solución al responsable político fundamental: Macri. Fuerza para hacer una gran movilización a Plaza de Mayo hay. Esto se demuestra en cada acción en unidad que se realiza en las calles. En los apoyos que reciben al fondo de huelga y en los pronunciamientos que van surgiendo en cada uno de los lugares de trabajo.

Vamos los obreros

El conflicto gráfico está marcando la dinámica de lo que le espera a Macri en un año electoral y si sigue con el ajuste.
En este caso la patronal y el gobierno se apoyan mutuamente. Tanto es así que en plena democracia volvió a haber censura y el programa de Santiago Cuneo fue levantado del aire por pasar un informe sobre esta lucha. Sin embargo, el pasado lunes 13 lograron que los recibieran en los estudios de América TV para difundir su pelea.
Hay que seguir por ese camino. Instalando el conflicto en cada rincón del país, radicalizando las medidas, impidiendo que salga Clarín, por ejemplo, sacando pronunciamientos por un paro y plan de lucha ya, como medida unificada de la CGT y la CTA.
También es indispensable mantener y hacer crecer el fondo de huelga. Esto es posible gracias a la enorme solidaridad de los que ponen plata de su bolsillo para que el conflicto no sea derrotado por hambre.
Además vos podés dar otra mano, difundiendo entre tus vecinos, amigos y compañer@s de trabajo la campaña No compre Clarín, para que el pulpo mediático sienta en carne propia el rechazo de la gente a su accionar antiobrero.
Es un conflicto que puede ser largo porque Clarín juega al desgaste. No es fácil. Pero en ningún lugar está escrito que no se pueda ganar. Por eso, desde el MST en Izquierda al Frente, con Vilma Ripoll, militantes, delegados y activistas de Alternativa Estatal, Alternativa Docente, Agrupación Bordó de Sanidad y otros, estamos desde el primer día junto a los obreros. Por eso, seguimos diciendo: reapertura de AGR con todos adentro. Si ganan los trabajadores, ganamos todos.

Reflexiones sobre una lucha ejemplar

Los trabajadores de AGR vienen dando un gran ejemplo que hay que difundir en el movimiento obrero que enfrenta el ajuste y los despidos. En distintas publicaciones venimos destacando los importantes avances que lograron.
Queremos ser tajantes en este conflicto no hay dos orientaciones sino una: la que decidan democráticamente los trabajadores de AGR, de la cual nosotros seguiremos estando a disposición. No obstante, sin intención de «iluminar» a nadie, queremos expresar algunas opiniones. En una pelea que puede extenderse más aún, porque la patronal se juega al desgaste, pero los obreros y sus familias han dado sobradas muestras de fortaleza.
Un primer punto es la necesidad de radicalizar las medidas para quebrar el cerco mediático, porque no alcanza con los valiosos minutos conseguidos en distintos medios. Las movilizaciones, los cortes y el bloqueo a la planta de la calle Zepita daban para más. Daban para generar hechos que politicen el conflicto y obliguen a la patronal y el gobierno a abrir un canal de negociación y que una parte de la población, que aún no conoce lo que pasa, tome partido por los trabajadores.
El gobierno quiere evitar los costos políticos de su plan de ajuste porque en el año electoral pone en juego cómo continuará su gestión. Hasta ahora la orientación propuesta por la mayoría de la comisión interna ha sido jugarse a que quien se desgaste sea la patronal.
Hasta ahora la Federación Gráfica Bonaerense (cuya conducción es de la Corriente Federal de Palazzo) sólo ha donado plata para el fondo de huelga y si bien llamó a un paro luego de 30 años, no se jugó a que se garantizara en cada gráfica. Hay que exigirle a la Federación y a las direcciones kirchneristas que salgan de su pasividad y acompañen esta pelea contra la Corpo a la que tanto dijeron enfrentar en los últimos años de su gobierno.
Por último, los plenarios realizados en la puerta de la planta colocan un debate fundamental: la necesidad y posibilidad de unir a la izquierda y el sindicalismo combativo para postular una dirección alternativa ante la capitulación de todas las alas de la burocracia, para así exigir con más fuerza el paro nacional que hace falta para que triunfe AGR y empezar a derrotar la ofensiva del gobierno y las patronales.
Hasta ahora, lamentablemente, esa posibilidad no se concreta por la reiterada negativa de los integrantes del FIT de los cuales el PO tiene una importante responsabilidad en AGR. Esta lucha puede ser un paso y para eso propusimos en el último plenario realizar una columna unitaria del sindicalismo clasista, combativo y de izquierda en la marcha convocada por la CGT para el 7 de marzo.

Flor Salgueiro

Ivan Sosa