Escribe: Oscar «Pacho» Juárez, del Comité de Lucha de la huelga, militante del PST y hoy del MST.

El lunes 13 de noviembre a las 9 hs de la mañana tendrá inicio, en los Tribunales Federales de Rosario, el juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 en Villa Constitución.

Cabe destacar que el genocidio perpetrado contra la Lista Marrón y toda la clase trabajadora de Villa fue coordinado desde el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, su ministro Rocamora y la Triple A de López Rega, pero contó con la complicidad de Acindar, con su director José Alfredo Martínez de Hoz a la cabeza; la UOM Nacional, comandada por Lorenzo Miguel, miembros de la sociedad civil y diversas fuerzas públicas, que formaron parte de la represión y el asesinato sistematizado.

Este proceso judicial representa un hecho histórico para la ciudad y el país, puesto que se instala como una oportunidad de reparación fundamental en el camino de Memoria, Verdad y Justicia, trascendiendo el período comprendido por la última dictadura militar y colocando a los hechos represivos sobre el Villazo como el inicio del terrorismo de Estado en Argentina, luego profundizado por el gobierno de facto.

Invitamos a todas las fuerzas vivas de la ciudad, la zona y el país, así como a todo organismo internacional de derechos humanos, a formar parte de este momento clave de la historia acompañando a los sobrevivientes, al cuerpo de abogados querellantes, familiares, sindicatos, organizaciones y sociedad civil en general en este juicio histórico por el Villazo.

Villa Constitución: la histórica huelga de 60 días

El país entero se conmovió con la huelga de Villa. En 1975 Argentina estaba envuelta en una terrible ola fascista. La Triple A avanzaba asesinando militantes políticos y sindicales, y desde el Estado nacional había una embestida «legal» para frenar las numerosas luchas obreras. La represión tenía una gran cobertura con la «ley antisubversiva» votada el año anterior por el Frejuli(1) y la UCR de Balbín. La resistencia enfrentó a la burocracia, al gobierno y su aparato represor, que transformó a Villa en la prueba piloto de la represión y del golpe militar que vendría.

La huelga, la represión, los compañeros…

Los acontecimientos políticos en el país se sucedían a gran velocidad, las bandas fascistas de la Triple A asesinaron a nuestros compañeros del PST en sendas matanzas en Pacheco y La Plata, y comienzan a golpear con fuerza y saña todo lo que oliera a clasismo. Como dijo el diputado del peronismo combativo Rodolfo Ortega Peña en el acto de repudio a la Masacre de Pacheco: «La responsabilidad política por estos asesinatos tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón». El «Viejo» muere el 1º de julio y con la asunción de Isabel y López Rega se intensifica una ofensiva fascista que va a jugarse en Villa todas las cartas contra la victoriosa Lista Marrón que tres meses antes asumiría la conducción de la seccional.

Con el falso argumento del complot guerrillero en el cordón industrial y sostenido en la «ley antisubversiva» votada por el peronismo y el radicalismo, en la madrugada del 20 de marzo de 1975 desembarcaron cientos de autos de la Triple A de la JSP (brazo armado de la burocracia sindical), apoyados por divisiones especiales de las policías provinciales de Santa Fe y de Buenos Aires. La crónica de esos días cuenta que fueron detenidos en todo este cordón industrial y en Villa en especial, unos 150 compañeros, incluida la Comisión Directiva de la UOM Lista Marrón, casi todas las comisiones internas y cuerpos de delegados de las fábricas.

Comienzan así las tomas de fábricas y las asambleas a lo largo de cinco días que serían el prólogo de la huelga larga de 60 días de 1975 que estamos homenajeando.

«Dos colosos se enfrentan». De un lado el Estado con sus asesinos a sueldo y sus políticos serviles. Del otro, la Marrón, el Villazo del 74, el plenario clasista de Riberas del Paraná, los compañeros presos, la militancia de las organizaciones de la época y el heroico pueblo de Villa Constitución y aledaños; en resumen, las nuevas direcciones obreras antiburocráticas y clasistas que luchaban por un presente y un futuro de liberación para nuestra clase.

Las asambleas votan la huelga larga

Mientras los trabajadores ocupábamos las fábricas, éstas estaban acordonadas por los policías y nadie podía entrar. La Triple A amedrentaba a los familiares, entraban en los domicilios de los compañeros a saquearlos, y el odio popular crecía y nos reclamaba a los obreros para que nos uniéramos venciendo el cerco represivo. Fue así que las asambleas de Acindar, Metcon y Marathon votan por unanimidad desalojar las fábricas. Se generó una gran movilización de los obreros junto al pueblo que nos esperaba en la ruta ante la impavidez de los represores.

Fueron dos meses de duros enfrentamientos en los barrios, la represión seguía secuestrando y asesinando. El comité de huelga organizaba la resistencia con delegados en los barrios, con fondos de huelga, boletines de huelga, piquetes de autodefensa, asambleas relámpago en distintos barrios y pueblos aledaños, paros regionales, con la adhesión de comerciantes y trabajadores de otras industrias. El 22 de abril de 1975 hubo una gran movilización que enfrentó a la represión, en donde cayó asesinado el compañero García y tuvimos varios compañeros heridos y más detenidos.

Dimos todo

La represión no paraba y el hambre asolaba a los trabajadores y sus familias. Llevábamos cinco quincenas sin cobrar y los camiones que nos traían víveres en solidaridad desde otras partes del país eran interceptados en las rutas. Los sitios donde almacenábamos alimentos eran volados por bombas de los fachos. A la vez, las patronales mandaban miles de telegramas intimidándonos con el despido y por otra parte alentaban el carneraje. Pero había que seguir. Con todo adverso los trabajadores sus mujeres, sus hijos, los comerciantes y el pueblo todo demostraron un coraje y una valentía que los envolvió con dignidad por siempre.

La última asamblea

El Comité de Lucha y los delegados en los barrios peleábamos contra el desgaste y decidimos llamar a una asamblea para el 17 de mayo en la cancha de fútbol del club Riberas del Paraná. La hacemos en medio de un fuerte despliegue represivo: el día anterior la guerrilla había matado al gerente de relaciones industriales de Metcon, Martín Larzábal. Para entrar a la asamblea había que mostrar a la policía el carnet de afiliado a la UOM, que ellos cotejaban con el padrón sindical (ese era el requisito para que nos dieran el permiso). Había tres propuestas: levantar la huelga en ese momento, continuarla por tiempo indefinido, o la que se votó, que era la que propuso Pepe Kalauz, integrante del Comité de Lucha y del PST, que planteaba prolongarla por 10 días más agotando las pocas instancias de negociación que nos quedaban.

En este apretado relato rendimos homenaje a todos los que directamente o con su apoyo desde lejos participaron en la huelga, escribiendo esta página heroica en la historia de nuestra clase. Un homenaje a nuestros más de 70 compañeros asesinados durante y después de la huelga, y durante el golpe de Estado, a quienes recordaremos cada día.

La Triple A fue la expresión más cruda de una política reaccionaria que incluyó un progresivo recorte de las libertades democráticas durante el gobierno peronista, listas negras, intervención universitaria, patotas sindicales, la Juventud Sindical Peronista, la CNU, el Comando de Organización de la JP y otras bandas conexas. Los decretos de «exterminio» en 1975 habilitaron la utilización del Ejército en la represión que luego pegó un salto con la dictadura.

Los gobiernos que se sucedieron en estos 38 años de democracia burguesa se negaron explícitamente a investigar hasta el final a la Triple A. La información que se obtuvo y divulgó ha sido mérito de periodistas (1) y sectores de derechos humanos y de izquierda, que se movilizaron y desnudaron sus organigramas y entrelazamiento con la policía, la burocracia y el aparato del estado. Producto de ello algunos de sus miembros pasaron por la cárcel, pero ninguno recibió el castigo que correspondía.

El manto de impunidad apunta a encubrir a sus responsables políticos: el PJ, la dirigencia de la CGT y, sobre todo, el mismísimo General Perón, ideólogo y creador de esta herramienta represiva. Cada vez que el tema se ventiló en los juzgados, la causa terminó cajoneada.

Como entre 2007 y 2008, en vida de Kirchner, cuyo discurso estaba barnizado con las banderas de los derechos humanos, se incriminó a Isabel Perón y parecía que se iba a poder avanzar. Pero el gobierno pactó con la burocracia y el aparato pejotista y luego de empapelar las paredes con la leyenda «No jodan con Perón», todo quedó en la nada.

La responsabilidad del General

La literatura y las investigaciones realizadas suman suficiente evidencia de la responsabilidad de Perón y la intervención orgánica del PJ en la génesis y el accionar de la banda criminal.

Pese a que suele afirmarse que la Triple A comenzó a actuar después de la muerte del General, la cronología criminal lo desmiente. Tampoco es real que la responsabilidad política se agote en el ministro López Rega o a lo sumo en Isabel Perón. Cuando «el Brujo» fue tumbado por una huelga general, se encontró un arsenal en su Ministerio de Bienestar Social. Sería infantil suponer que Perón desconociera tamaña parafernalia. La teoría del «cerco» sanitario tendido alrededor de Perón fue sostenida por sectores de la izquierda peronista hasta que el propio general los llamó «imberbes» y los echó de la Plaza de Mayo.

La propuesta de Perón de crear un somatén -grupo paramilitar catalán que luego daría origen a las falanges franquistas- está bien descripta en El presidente que no fue, libro de Miguel Bonasso. Lo mismo la masacre de Ezeiza, cuyo responsable el teniente coronel Osinde fue designado por el propio Perón y confirmado de inmediato como responsable de las relaciones militares, trabajando en colaboración con López Rega.

Tal vez la muestra más palmaria del dedo de Perón en la génesis de la AAA, es la llamada «Orden secreta». Cinco días después del asesinato del burócrata José Ignacio Rucci, secretario de la CGT, en octubre de 1973 el Consejo Superior Peronista bajo la batuta del entonces presidente Perón genera su «Documento reservado», luego conocido como «Orden secreta». En una reunión con gobernadores, burócratas sindicales y funcionarios, habilita a las patotas a que actúen contra «los marxistas» y define que hay que «impedir por cualquier medio» la proliferación de las corrientes políticas y gremiales clasistas.

La confluencia de elementos de las fuerzas policiales y de seguridad, militantes de organizaciones peronistas de derecha como el CNU y el C de O y de las patotas armadas de los sindicatos están en el origen de la Triple A. Van gestando un comando central, financiado, armado y dirigido desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, con el visto bueno de las patronales que quería «limpiar» de activistas sus empresas.
Estas bandas empiezan a accionar en común y a subordinarse a las Fuerzas Armadas. Dos ejemplos de ello son el llamado Operativo Independencia en Tucumán y la operación conjunta contra la heroica huelga de 60 días en Villa Constitución. Así los sectores operativos de la Triple A terminan integrados totalmente a los «grupos de tareas» de la dictadura, compartiendo el objetivo común de liquidar a una generación de luchadores obreros y populares.

Socios en la impunidad

El pacto de silencio para preservar la responsabilidad de Perón y de burócratas sindicales y dirigentes políticos aún en actividad, no sólo involucra al PJ y su Movimiento Nacional Peronista. La UCR, cuyo líder de la época Ricardo Balbín, denunciaba al activismo combativo como «guerrilla industrial», y demás sectores de derecha acuerdan en sostener la impunidad. Y por supuesto la burocracia sindical de todo pelaje.

Si realmente existiera voluntad política de avanzar se podrían reactivar los procesos para esclarecer toda la verdad sobre la Triple A y castigar a todos los responsables. Esclareciendo de una vez las responsabilidades políticas de la creación de la AAA, las listas de implicados, quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron. Y se debería disponer la inmediata apertura de todos los archivos de la época, tanto de la ex SIDE como de los servicios de inteligencia policiales y militares, así como de los ministerios y sindicatos. Haciendo públicas todas las «órdenes secretas» dictadas entonces.

En la radio abierta realizada ante el juicio a la CNU en los Tribunales Federales de La Plata, los dirigentes del MST, Francisco Torres y Yamile Almeida, candidatos a diputados bonaerenses de Izquierda al Frente por la 8º Sección, participaron junto a la Comisión por la Memoria de la Masacre de La Plata, Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora, abogados querellantes, organismos de DD.HH, la CTA y organizaciones políticas como el MST en Izquierda al Frente.

Torres señaló: “Este primer juicio a la CNU en La Plata sigue siendo recortado. Acompañados por Norita Cortiñas, se pidió castigo a estos genocidas. Fueron los primeros alegatos de las querellas y esperamos que la sentencia sea cárcel común, perpetua y efectiva para los imputados: Carlos ‘Indio’ Castillo y Juan José ‘Pipi’ Pomares. Aunque se los juzga por sólo 7 casos, ocurridos entre febrero y abril de 1976, dejando fuera a más de 60 casos comprobados en La Plata de la CNU. Este grupo, junto a la Triple A y otras bandas fascistas, asesinaron a más de 1.000 compañerxs, entre ellos, a nuestros militantes del PST, asesinados en la Masacre de La Plata”.

Almeida agregó: “Antes del golpe del ‘76, Castillo y Pomares actuaron bajo el gobierno del PJ de Calabró e Isabel Perón, con gran impunidad y despliegue. Y siguieron bajo la dictadura. La responsabilidad del PJ y el amparo estatal es innegable. En los testimonios surgieron incluso otros implicados, pero ni siquiera se los ha llamado. La justicia no se puede limitar a una sentencia ‘ejemplar’ a sólo un par de estos genocidas. Seguimos reclamando que se investigue la Masacre de La Plata, en crímenes que deben considerarse de lesa humanidad”.

En 1975, entre otros conflictos obreros, los trabajadores de la fábrica Petroquímica Sudamericana, hoy Mafissa, ubicada en Olmos, en las afueras de La Plata se encontraban en conflicto. Nuestra corriente, que en ese momento se llamaba PST, apoyaba el conflicto y realizaba tareas de solidaridad con los laburantes. En ese marco, cinco compañeros que iban a volantear en la madrugada del cuatro de setiembre y llevar dinero al fondo de huelga a la puerta de la fábrica, Roberto «El Laucha» Loscertales, dirigente estudiantil y miembro de la dirección regional, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Ana María Guzner Lorenzo y Lidia Agostini fueron levantados por un grupo de la Triple A, organización fascista de la derecha peronista que actuaba al amparo del gobierno justicialista de Isabel Perón. Fueron llevados a una dependencia policial, todo en pleno centro platense. Allí al Laucha le dieron tan duro que lo desfiguraron. Fueron llevados a La Balandra donde fueron acribillados. A Adriana Zaldúa se le contabilizaron 79 balazos.
Rápidamente el partido, que ya se encontraba en una situación de semi clandestinidad, reaccionó organizando la solidaridad y el repudio a tan terrible hecho. Al día siguiente, el 5, otros compañeros salían a recorrer los laburos, ministerios y facultades. Particularmente Obras Públicas donde trabajaban Frigerio y Zaldúa y donde luego se realizó un paro en repudio. Ese día, tres compañeros más fueron secuestrados por la misma banda facha: Oscar Lucatti, Carlos «Dicky» Povedano y Patricia Claverie. Sus cuerpos también aparecieron acribillados.
La situación política era extremadamente compleja. En La Plata había prácticamente una zona liberada. El gobernador Calabró (hombre de la derecha sindical peronista puesto para desplazar a Bidegain y los sectores de izquierda peronista que habían ocupado lugares tras el triunfo de Cámpora) y sus ministros ni siquiera estaban en la ciudad. Esto se evidenció también en la respuesta a tan tremendo crimen. Un año y medio antes, nuestra corriente fue sacudida por la Masacre de Pacheco, uno de los primeros golpes de los grupos fascistas contra la clase obrera, que perseguían, alentados por el propio Perón, disciplinar a sangre y fuego a los trabajadores y jóvenes que estaban en pleno ascenso y movilización. Ante ese hecho la respuesta de amplísimos sectores fue contundente, en el marco de otras reacciones del movimiento obrero al ajuste como el Rodrigazo. Pero ahora la burguesía estaba dispuesta a avanzar contra todo el ascenso obrero, y a la represión legal sumó a estas bandas parapoliciales que actuaban no sólo con el amparo del gobierno peronista, sino incluso en colaboración con las fuerzas de seguridad. De hecho muchos de ellos se incorporaron a los grupos de tareas de la dictadura genocida. Una mano grande fue la que dieron las direcciones burocráticas sindicales, que retrajeron todas las luchas e incluso aportaron mano de obra para los grupos como la Triple A, CdeO, CNU y demás. Era la respuesta a la creciente organización de la clase obrera, que se alzaba junto a la juventud en todo el mundo y en particular en Latinoamérica y nuestro país.
Estos hechos que golpearon a nuestra corriente y a varias organizaciones de izquierda y el campo popular se encuentran prácticamente todas impunes. Salvo un juicio en Mar del Plata y un juicio que actualmente se lleva a cabo contra dos asesinos (el Indio Castillo y el Pipi Pomares) en La Plata la justicia no ha avanzado. Esta impunidad se mantiene porque empezar a destapar estas ollas podría abrir una caja de pandora de responsabilidades que incluye al Partido Justicialista, los radicales, la burocracia sindical (como Moyano y Gerardo Martínez entre otros), los empresarios, la justicia y las fuerzas represivas estatales.
Esta impunidad es parte de la continuidad que el Estado burgués necesita para reprimir y disciplinar al movimiento obrero y la juventud, por eso más allá de los regímenes dictatoriales o democráticos sigue presente. Pero la pelea está abierta. Este pueblo demostró en el 83 que se sacó de encima la dictadura genocida con un terrible proceso de movilizaciones protagonizando una verdadera revolución democrática. Y lo sigue demostrando ante cada hecho que nos sacude, como vimos ante el 2X1, en las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, o en estos once años de movilización a lo largo y ancho del país por Jorge Julio López.
Te invitamos a sumarte con nosotros en esta pelea contra la impunidad, y al igual que hicieron lxs compañerxs dar la batalla por un mundo sin desigualdades, sin la opresión del hombre por el hombre, un mundo nuevo, un mundo socialista. Compañeros del PST: ¡presentes! ¡Hasta el socialismo siempre!

Juan Bonatto, Secretario de DDHH AJB Dep. La Plata

Este lunes 15 a las 9hs en los Tribunales Federales de La Plata (en calle 8 y 50), la dirigente del MST, Vilma Ripoll y candidata a senadora nacional por Izquierda al Frente en Buenos Aires, convocó a concentrar junto a Justicia Ya!, la Multisectorial, la Comisión por la Memoria de la Masacre de La Plata y otros organismos y personalidades de los DD.HH. y fuerzas como el MST en Izquierda al Frente.

Ripoll señaló: “Es el primer juicio a la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, en La Plata que, junto a la triple A y otras bandas fascistas, se cobraron la vida de más de mil compañerxs en el país, entre ellos nuestros compañeros asesinados en la Masacre de La Plata”.

Ripoll agregó: “El juicio es contra dos imputados: Carlos ‘Indio’ Castillo y Juan José ‘Pipi’ Pomares y por sólo 7 casos de tres hechos ocurridos entre febrero y abril del ’76. Aunque dejan por fuera a más de 60 casos comprobados en La Plata de la CNU. Castillo entró y salió de la cárcel por robo y tenencia de armas, fue carapintada y parte del Modín de Rico. Pomares trabajó en la municipalidad con Alak y Bruera y fue asesor del bloque del FPV en el senado bonaerense. Ambos actuaron en el gobierno del PJ de Calabró, antes del golpe del ’76 y siguieron en la dictadura. La responsabilidad del PJ y el amparo estatal a estas bandas son innegables. Estos crímenes también deben ser considerados de lesa humanidad. Vamos por justicia”.

Francisco Torres

El miércoles 5, en un salón de ATE en La Plata colmado por cientos de compañeros, se recordó a los 8 compañeros asesinados del PST a manos de la Triple A. En el acto, convocado por el MST y familiares de las víctimas, estuvieron la agrupación HIJOS, directivos de la CTA, ATULP, APL (legislativos), La Mosconi, delegados del Hospital San Martí, ex Casa Cuna y el Niños, Proyecto Sur, Unidad Popular, el GEN, PCR y el Frente Darío Santillán.
El Juez Arias, destacado por sus fallos a favor de los trabajadores, expresó: “Debemos conocer la verdad y conocerla en juicio. Los responsables deben ser juzgados. Esto también fue un genocidio propiciado desde organismos paraestatales como la Triple A que todavía andan en las calles. Se avanza en los juicios contra la dictadura, pero muy poco con las organizaciones paraestatal”.
Celia Pereyra, compañera de Dicky Povedano del PST, lo recordó diciendo: “Que alivio poder recordarte en voz alta y juntos, todos. Construyendo justicia con tu nombre, con estos 8 nombres”. Marta, hija de Juan Jáuregui del MP17, señaló: “el mayor porcentaje de asesinados o desaparecidos por las bandas parapoliciales, la policía, el CNU y la Triple A, pertenecían al movimiento obrero. La pobreza, desocupación, la represión están en el contexto actual, y hoy también el movimiento obrero resiste”.
Alejandro Bodart, diputado porteño del MST, en Mov. Proyecto Sur, cerró el acto diciendo: “Con la Triple A hay un intento de parcializar la historia y que solo aparezca la represión desde el golpe militar. La verdad completa es que antes hubo represión para-estatal. Se quiere proteger a la cúpula del Partido Justicialista que armó la Triple A. Su dirigente, Juan Perón, en su último período fue el iniciador y el ideólogo de esto.
Somos respetuosos de los que recuerdan al primer gobierno de Perón por sus conquistas, pero eso no nos niega decir que en la última etapa de su gobierno y con Isabelita, fue de las más negras de nuestra historia; el inicio de lo que continuaría con el golpe.
También es responsable la cúpula del partido Radical que decía que había que liquidar a las guerrillas fabriles y golpear la puerta a los cuarteles.
Muchos de ese gobierno todavía siguen teniendo cargos. Tampoco se quiere avanzar porque hay responsabilidad grande de la burocracia sindical. Quieren parcializar la historia para hacerla funcional al poder de turno, algunos de los cuales hoy se acuerdan de los DD.HH. pero entonces no hacían ni un habeas corpus porque se enriquecían con la 1.050.
La clase obrera estuvo a la vanguardia y puso la mayor cantidad de víctimas. Porque hubo la intención de destruir el proceso de nueva dirección que estaba surgiendo. No solo sindical, sino el germen para una nueva dirección política porque ya los viejos partidos estaban caducos.
Debemos defender la tradición. Los compañeros eran militantes socialistas revolucionarios, dieron su vida peleando por una sociedad socialista y creían que, sin organizar un partido, anclado en la clase obrera, no iba a ser posible llegar al socialismo.
Todo esto es muy debatido hoy. Nosotros seguimos defendiendo la esencia por la que ellos peleaban. La miseria, la explotación no son del pasado. Son males con nombre y apellido: este sistema capitalista y las organizaciones que lo defienden. Lo utópico no es el socialismo ni la posibilidad de construir una gran organización, sino creer que dentro del capitalismo vamos a vivir mejor.
Necesitamos discutir qué herramienta construir. El capitalismo las tiene contra nosotros: partidos, instituciones, el ejército, la represión. ¿Por qué no hacer una organización donde tener diferencias no sea un problema sino que ayude a buscar la verdad?
Unimos aún con matices. Juntarnos para dar una alternativa a nuestro pueblo. Sin sectarismo, pero también sin oportunismo de creer que lo que se da hoy es lo mejor que puede darse.
Recordemos a los 8 compañeros y a todos los muertos por la Triple A, por justicia completa. Ellos querían una sociedad socialista. No dejemos de luchar por eso”.