El plan de Milei contra la universidad y la ciencia públicas no da tregua. Con el pago de la deuda usurera e ilegítima como objetivo, desfinancia y ahoga a las universidades públicas y al CONICET, militarizando la entrada a sus centros, pasando lista de quienes están afuera y quienes adentro. En ese marco, el gobierno nacional arroja a las universidades y a la ciencia a que se financien de manera externa, con su modelo privatista para todo, profundizan la lógica de la venta de propios producidos e impulsan una modificación curricular al servicio de los negocios privados, con una formación estandarizada, despolitizada y de «rápida salida», batallando contra el pensamiento crítico y el espacio universitario cuyo demos democrático ha sobrevivido a décadas de ataques. Así, Milei y su plan promueven un acceso restringido a las universidades públicas y la permanencia de los pocos que puedan sostenerse sin becas, recursos, y aumentos constantes en los costos de vida.
En ese sentido, el plan del gobierno avanza sobre los organismos nacionales de sistema científico, empezando por el CONICET, cuyo desmantelamiento los trolls de Milei consideran la madre de las batallas. El CONICET opera dentro del marco presupuestario para el año 2023. Esto se traduce en la demora en la asignación de nuevas becas doctorales, en el nombramiento de nuevos investigadores que ingresaron al organismo y en la ausencia de anuncios sobre resultados de promoción de investigadores. Estos recortes en personal son acompañados de recortes de gastos corrientes, es decir, además de salarios, gastos de funcionamiento, también se recortan asignaciones presupuestarias para proyectos de investigación. En términos de salarios, todo el personal sufre los mismos recortes que causaron la disminución de un 20% del salario en relación a diciembre.
El sistema científico no está exento de contradicciones. Algunos de sus investigadores y centros de investigación son cofinanciados por capitales ligados a los agrotóxicos o a la minería metalífera, o la expansión del fracking asociado con YPF y otros similares que vienen de acuerdos establecidos por los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto Fernández. Muy probablemente el gobierno libertario elija preservar estas líneas de investigación, ya que en el fondo obedece a estos mismos intereses. A su vez, los trabajadores de CONICET no cuentan con Convenio Colectivo de Trabajo, el organismo se rige por un estatuto funcional sancionado durante el gobierno de Onganía, hace dos dictaduras. Ningún gobierno ha dado respuestas a la necesidad del pase a planta y han mantenido a sus trabajadores en una situación de total precarización, lo que los ha hecho blanco fácil para sus despidos. La transformación que el gobierno de Milei quiere hacer va de la mano de potenciar el complejo agro-minero-exportador, y poner al CONICET a disposición de las grandes empresas trasnacionales, con la lógica del mercado como eje rector.
En el horizonte, la tormenta se gesta
A pesar de ciertos vaivenes, la comunidad universitaria comienza a dar muestras de una resistencia gestada desde abajo. Se han realizado numerosas acciones que les han sido arrancadas a las conducciones sindicales y estudiantiles y que demuestran el desborde y la necesidad que existe de organizar un plan que enfrente a Milei. En UBA se realizaron banderazos masivos, clases públicas, abrazos, de la misma manera que en la UNSAM, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe. Todas acciones que las burocracias han tenido que convocar pero que expresan la fuerza que hay desde las bases para luchar.
Es necesario, entonces, amplificar cada acción y preparar con toda la fuerza posible la Marcha Federal del 23 de abril, para que esa potencia desborde la contención que las conducciones quieren imponer. Es en este marco que tanto el CIN, el Frente Sindical y las burocracias estudiantiles han sido arrojados a convocar acciones, no sin antes poner trabas con discursos centrados en la desmovilización, en que nadie quiere luchar, y que tanto la docencia como el movimiento estudiantil están en la pasividad. Todos estos discursos han sido combatidos por las convocatorias masivas que las acciones han tenido y que, en realidad, solo demuestran que la «pasividad general» es la de ellos mismos, una superestructura que refleja años de quietismo que se ha ido cristalizando con los años y que ha ido generando el rechazo de sus bases.
Es que estos sectores solo se han dedicado a defender los privilegios de las gestiones y de la burocracia institucional, poniendo peros a la convocatoria de paros masivos, como lo demuestra la FATUN, que, salvo el 14 de marzo, no ha querido sumarse a ningún paro, y también la CONADU, que anunció un paro en confluencia con la CONADUH y ahora lo borra con el codo. Debemos estar atentos a combatir la insistencia en el desarme de un plan de lucha que las bases reclaman y que estas conducciones intentan, una y otra vez, levantar, correr, aletargar. Así como las gestiones, que en su mayoría se han dedicado a aplicar el ajuste en los primeros meses y que recién ahora, debido a la falta total de presupuesto con los tarifazos y aumentos, deciden convocar a la lucha.
Para esta tarea es central apostar a robustecer a los sectores independientes de la docencia, del movimiento estudiantil y de CONICET, que han sido centrales para desarmar el discurso de las burocracias que dicen «hablar en nombre de» y que son rebatidas por estos mismos sectores independientes en las reuniones y asambleas. Es necesario que se multipliquen, bajo nuestra exigencia e impulso, las asambleas autoconvocadas, las clases públicas y la organización de un gran 23 de abril, que sea el punto de quiebre de un proceso que desborde en defensa propia para derrotar el plan de Milei contra la universidad y la ciencia, y que luche hasta conquistar un presupuesto real para salarios, becas, boleto educativo real, investigación y condiciones laborales, acordes a la situación que atravesamos.
En todos los frentes, a todo o nada
La docencia e investigadores han ido profundizando su organización desde las bases en este último periodo, pero sigue siendo central que el movimiento estudiantil irrumpa con la fuerza que lo caracteriza para ganar la pulseada. Este sector ha sido siempre una caja de resonancia de la sociedad, y es por esto que en esta coyuntura exista una franja que se ha convencido del delirio libertario. Sin embargo, ya vemos muestras de que ese discurso tiene límites, los límites concretos de las condiciones materiales y es por esto que debemos impulsar la radicalización de las luchas, teniendo en cuenta que enfrentamos un plan general y global anti-pueblo, y cuyo desenlace también depende de la globalidad que podamos darle. Es decir, no podemos apostar a la reacción atomizada por lugar, sino que debemos confluir en una lucha colectiva, en una confrontación abierta y masiva, porque si Milei viene por todo, nosotros lo tenemos que dejar sin nada.
Por eso en cada asamblea, conversatorio, clase pública y reunión donde los sectores activistas e independientes intervienen, el reclamo a la CGT y las CTAs de un paro general se sostiene y las propuestas de paros activos, movilizaciones y plan de lucha escalonado hasta llegar a derrotar el programa de Milei son centrales.
En cada universidad, una trinchera
Tenemos que derrotar el plan de Milei de lleno para poder discutir realmente qué universidad y qué ciencia necesitamos. Este ataque brutal viene a querer dar la estocada final a un sistema que gobierno tras gobierno es puesto en cuestión. Porque el financiamiento externo no comenzó ahora, sino que viene generándose hace rato, con el sector privado interfiriendo en líneas de investigación, en proyectos, en los planes de estudio, en la modalidad de cursada. Por eso necesitamos poder discutir y construir una universidad y una ciencia al servicio de las mayorías sociales, contra el agronegocio, el modelo extranjerizante, extractivista y arrasador que se ha venido imponiendo. Así como una democracia real y directa, con mayorías estudiantiles, que definan democráticamente para qué destinar los presupuestos, terminando con los votos colegiados y los órganos de cogobierno estratificados y que solo han servido para aplicar las transformaciones de la LES, los ajustes y las líneas privatizadoras.
En ese camino la izquierda en las universidades tiene la tarea de reagrupar a lo más decidido del activismo, en el camino de generar un proceso que prepare la real coordinación entre luchadores con asambleas interclaustros e interfacultades para, de forma, horizontal y transversal, construir una articulación que combata y derrote las maniobras por arriba de las burocracias, que se han ido subordinando a los proyectos políticos capitalistas, que deciden salir a luchar o no dependiendo de la cara del comprador. Es necesario construir este polo alternativo para que, ante cualquier intento de paso atrás de las burocracias, la fuerza y la potencia que tienen la universidad y la ciencia cuando se ponen en pie de lucha tengan un espacio y un canal de expresión.
Esa tarea solo será posible si nos armamos decididamente a intervenir en cada lugar, impulsando la participación y el debate político, confiando en que las herramientas que la clase trabajadora se ha dado históricamente pueden descarrilar el tren de la historia, de una vez por todas, a nuestro favor.

 Aitor Vuoto

En el plenario del CIN se aprobó el monto solicitado para el presupuesto universitario 2021, el cual asciende a 242 mil millones de pesos aproximadamente. Esta cifra, que resulta prometedora, exige cuatro mil millones de pesos menos de lo exigido por el propio CIN para el supuesto Presupuesto 2020^[1]. Es de público conocimiento que para este año el gobierno de Fernández no presentó presupuesto por las expectantes negociaciones de la deuda externa con los acreedores y el FMI. Sin embargo, las universidades han funcionado con el Presupuesto 2019, el cual tuvo una naturaleza de ajuste ya que fue hecho a imagen y semejanza de las exigencias del FMI para el pago de la deuda. Pero ¿por qué el CIN pide lo mismo, incluso menos, para el año próximo que lo que reclamó para este? ¿Estos valores alcanzan para solventar las necesidades y funciones de la universidad pública? ¿Qué es lo que hace falta para garantizar este derecho básico bastardeado por los gobiernos y sus autoridades? Nos proponemos aquí esbozar algunas líneas para responder estas preguntas.

Presupuestos de ajustes

El presupuesto 2019 para las universidades nacionales rondó los 140 mil millones de pesos, contando las transferencias directas del Tesoro Nacional y los programas de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)^[2]. Bajo el gobierno de Mauricio Macri, con la tutela del FMI y la mirada de los mercados financieros; el Presupuesto para ese año fue un verdadero laboratorio de ajuste. Para dicho año el gobierno estimaba una inflación que rondaría el 34% anual y un dólar a $40^[3], pero al final de 2019 ésta terminó siendo del 54% (según el propio INDEC) y el dólar ascendió a $63.

En base a esas estimaciones se definió el presupuesto universitario de 140 mil millones, lo que significó una pérdida de 20 puntos con respecto a la inflación, más los ajustes y subejecuciones del presupuesto en los años anteriores. Para el 2020 el CIN se proponía pedirle una cifra de 248 mil millones al gobierno de Macrí frente a los 195 mil que éste proponía para el Presupuesto 2020. Sin embargo, Macri no lo presentó y Fernández en funciones tampoco. La universidad, sin un reclamo por parte del CIN, funcionó con el presupuesto de ajuste del 2019. Para el año que viene los rectores le hacen un pedido al presidente inferior al de este año. La cifra de 242 mil millones deja a un lado, la pérdida de 20 puntos del presupuesto del año pasado, y también el alza de precios de este año que al mes de agosto ronda en un 20% y un 42% interanual ^[4].

La subordinación a la deuda

“El 83° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), (…) expresa su apoyo a la propuesta de reestructuración de la deuda externa presentada por nuestro Gobierno nacional”^[5]. Así comienza la declaración del anteúltimo plenario del CIN, celebrado el 14 de mayo, en apoyo a la reestructuración de la deuda por el gobierno de Alberto Fernández. Los rectores se sumaron al amplio arco político que celebró el acuerdo entre los acreedores y Fernández. El propio CIN desliza en sus últimas palabras, que con la propuesta se “busca honrar las deudas para preservar el bienestar del pueblo argentino” (Idem). Estamos en desacuerdo en dos sentidos: la propuesta del gobierno no honra, sino legaliza una estafa y, en segundo lugar, deuda externa y bienestar del pueblo son incompatibles. Si observamos la universidad veremos de qué hablamos.

Si tomamos el Presupuesto 2019 el único gasto estatal que aumentó fue el del pago de la deuda, que ascendió a más de 900 mil millones de pesos al terminar ese año, lo que representó un aumento del 60% con respecto al 2018 que fue de 540 mil millones^[6]. La hoja de ruta de Macri fue clara, priorizar la deuda externa con el capital financiero en detrimento de los gastos sociales del Estado. Rubros como la salud, educación, ciencia, universidad y otros fueron ajustados en términos reales por su distancia de la inflación, mientras que los pagos de deuda crecieron exponencialmente desde un principio.

Sucede que este año, a pesar de no tener presupuesto, los gastos de deuda se han sostenido. El gobierno de Fernández pagó al FMI en menos de seis meses más de U$S 630 millones de dólares. La prioridad de Fernández es clara también.

Con presupuestos de ajustes durante estos años, la universidad está en rehabilitación con sueldos docentes precarios, predominio de dedicaciones simples mal pagas, recortes de becas y bienestar estudiantil, ajuste en el financiamiento de programas de investigación y extensión, en el marco de la pandemia, sin plata para financiar soportes técnicos para sostener la virtualidad, niveles de deserción alarmante y precarización laboral con el teletrabajo. La urgencia presupuestaria está a la vista, sin embargo, la condescendencia de los rectores al ajuste está latente. Hace tiempo que reparten las migajas del presupuesto nacional, se amoldan a las necesidades políticas de los gobiernos y responden al espíritu mercantilista y neoliberal de la Ley de Educación Superior^[7].

El acople de los rectores a las demandas de ajuste de los gobiernos, a las del mercado y los organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OMC (Organización Mundial del Comercio) o el FMI, imprime a la universidad una visión gerencial de los recursos de ésta.  En este sentido, sostenemos la necesidad de la derogación de la LES, presupuesto genuino y único del Tesoro Nacional sin atarse al PBI.

^[1] https://www.cin.edu.ar/conclusiones-del-84-plenario-de-rectoras-y-rectores/

^[2] Ver información más detallada en: https://conadu.org.ar/wp-content/uploads/INFORME-DEL-PROYECTO-DE-PRESUPUESTO-UNIVERSITARIO-2019.pdf

^[3] https://www.cronista.com/economiapolitica/Presupuesto-La-actividad-caera-05-y-la-inflacion-promedio-sera-de-348-20180917-0032.html

^[4] https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-agosto-fue-del-27-y-llego-casi-19-2020-segun-ferreres-n5129600

^[5] https://www.cin.edu.ar/declaracion-apoyo-a-la-propuesta-de-reestructuracion-de-la-deuda-externa/

^[6] https://www.iprofesional.com/economia/307592-el-pago-de-intereses-de-la-deuda-fue-el-mayor-aumento-del-gasto-publico-del-2019

^[7] Art 59 de la LES: las universidades “Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios…”Ley Nº 24.521

Escribe: Sofía Sforza / SITRADU (Entre Ríos)

El Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria contó con la participación de docentes de la Patagonia hasta Tucumán, con representaciones de diferentes gremios, listas e incluso fue parte COAD, perteneciente a CONADU, sumado a investigadores de la ciencia del país. Mediante un debate fraternal, el intercambio potenció los acuerdos y consensos que dieron como resultado la votación de resoluciones positivas y de conjunto. Desde Alternativa Universitaria entendemos que estamos frente a un paso importante en el camino para reagrupar a la izquierda de la docencia universitaria, preuniversitaria y a les investigadores, para poner en pie un polo alternativo que lleve adelante nuestros reclamos.

Un nuevo mapa en la docencia universitaria y la ciencia.

La situación de les trabajadores de la docencia universitaria y de la ciencia hemos sufrido un gran deterioro de nuestros salarios y condiciones de trabajo. Durante el macrismo los paupérrimos aumentos salariales en cuotas vinieron acompañados de montos no remunerativos, lo que significó un gran retroceso, afectando jubilaciones y obras sociales, sumado a una inflación imparable que deja siempre por detrás a nuestros salarios. El cambio de gobierno no mejoró la situación, ya que sumado a la pandemia, seguimos sin tener una oferta salarial real, es decir, nuestros salarios están congelados, con una paritaria que venció en junio y de la que todavía no tenemos noticias. Las decisiones del gobierno han demostrado que la educación no es una prioridad, frente a la crisis sanitaria y educativa el oficialismo ha optado por el pago de las ATP a las empresas. Con trabajadores estatales bajo la línea de la pobreza, han priorizado el pago de la deuda odiosa y usurera. Sin inversión real en salud, en un contexto de crisis y pandemia, decidieron renegociar con los bonistas e iniciar un nuevo compromiso con el fondo. Es decir, mientras les docentes enfrentamos la virtualización forzada con nuestros bolsillos y hacemos malabares para evitar la deserción de nuestres estudiantes, el gobierno opta por negociar con el sistema financiero y quienes fugaron la plata del país.

Respuestas de contragolpe y oficialismo vergonzante

En este escenario las conducciones gremiales han brillado por su ausencia. FEDUN y CONADU se han transformado en ministerios del oficialismo, firmando cualquier acta que se les ponga enfrente, festejando los acuerdos por la deuda y aplacando cualquier posibilidad de un plan de lucha impulsado por las bases. CONADUH no está exenta de esta situación, ya que su núcleo central está formado por corrientes orgánicas de la coalición de gobierno. La intervención de Luis Tiscornia, Secretario General de CONADUH, en el plenario del CIN afirmando en reiteradas oportunidades “su simpatía con este gobierno”, confirman esa ubicación política. Pero también demuestran la imposibilidad de seguir frenando a las bases, y representan una respuesta al reagrupamiento de la izquierda que se expresó ayer en el Encuentro de contragolpe. Por eso el Encuentro planteó los importantes desafíos a los que nos enfrentamos y dejó tareas para la organización de la docencia universitaria combativa.

Alternativa Universitaria, con identidad propia

La intervención de nuestra corriente nacional Alternativa Universitaria se destacó por la insistencia en la necesidad de construir un frente único de intervención. Coincidimos en la necesidad de impulsar un plan de lucha que enfrente el ajuste que se ha descargado sobre les trabajadores y sectores populares. Para esto es necesario que este Encuentro no sea coyuntural, sino que tenga continuidad y sea el punto de partida para la organización de la docencia universitaria. En ese sentido, propusimos un Encuentro Interclaustros, ya que es indispensable para un verdadero bloque de lucha que el movimiento estudiantil combativo sea parte de las discusiones y acciones que junto a investigadores y docentes estamos desarrollando. Además, desde el MST en la mesa nacional del FIT-U y con nuestra corriente sindical ANCLA en el Plenario del Sindicalismo Combativo, hemos sostenido que es necesario impulsar una gran autoconvocatoria a movimientos sociales, feministas, socioambientales, de derechos humanos, para construir un polo independiente de la derecha anticuarentena y sus banderazos, así como del oficialismo paralizado que no ha parado de ceder a esa agenda, para que los millones sobre les que se está descargando el ajuste tengamos una referencia alternativa para luchar por un programa independiente. Repetimos esta necesidad en nuestras intervenciones en el Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria, respondiendo también a los discursos que quieren imponernos una falsa polarización entre derecha reaccionaria y oficialismo, desde Alternativa Universitaria en ANCLA y el MST sostenemos: esa no es nuestra polarización. La real polarización es entre quienes defienden acuerdos con bonistas y el FMI, y quienes venimos sufriendo en nuestras condiciones de vida las consecuencias de esa política. Es también, entre el modelo extractivista y quienes enfrentamos en las calles la quema de los humedales, desmontes, y queremos parar el modelo asesino de la sojización. Entre quienes callan frente al accionar de Berni y el Estado, y les que acompañamos a la familia de Facundo Castro y todes les desaparecides y asesinades en democracia, exigiendo verdad y justicia. Y por supuesto, entre quienes nos dicen que no hay condiciones para exigir un plan de lucha que priorice nuestras vidas y salarios, y quienes sufrimos hoy la muerte de una compañera docente mientras daba una clase virtual con COVID, porque no le otorgaban las licencias que nos corresponden en una universidad privada.  Desde Alternativa Universitaria en ANCLA y el MST trabajamos para la construcción de este polo y el Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria ha significado un gran paso en esta línea. Para que la crisis no la paguemos les trabajadores y por un plan de lucha real que ponga en pie a los sectores combativos, por un tercer polo de referencia que haga frente a los avances y acuerdos del oficialismo y la derecha.

A continuación, reproducimos las resoluciones votadas en el día de ayer.

Resolución sobre virtualización

Las y los docentes pre y universitarios enfrentamos una virtualización forzosa que impusieron el Ministerio de Educación, los rectores y las gestiones de todos los colores y en todo el país. Tras el primer cuatrimestre, quedó completamente demostrado que teníamos razón en nuestras tempranas denuncias del sentido inmediato de esta imposición, que se manifestó en la precarización de nuestras condiciones de trabajo, en la sobrecarga laboral, en la negativa a suplencias para hacer efectivas las licencias y dispensas, en la falta de equipamiento y conexión de docentes que tuvieron que costear sus herramientas de trabajo, en los miles de estudiantes que quedaron afuera, desconectados y con becas limitadas y devaluadas. Ahora están comenzando las clases del segundo cuatrimestre sin ningún balance de lo ocurrido, sin atender a las demandas y reclamos de estudiantes y docentes. Para las autoridades solo de trata de aparentar que todo sigue como si nada, cuando estamos viviendo una emergencia y una crisis extraordinaria.

La virtualización forzosa se ha dado en el marco de una triple crisis (sanitaria, económica y social) que se está descargando sobre el conjunto del pueblo trabajador, con pérdida del poder adquisitivo del salario, precarización generalizada del empleo y millones de nuevos desocupados. La pandemia ha agravado todas las desigualdades pre existentes: según la CEPAL nuestro país se encuentra entre los tres países de la región donde la desigualdad más ha crecido desde fines de marzo a la fecha. El acuerdo con los bonistas privados por una deuda ilegal y fraudulenta y el que se viene con el FMI no harán más que agravar esta situación.

En esta crisis se evidenció una vez más la falta de un gobierno democrático de la universidad, la mayoría de las gestiones se negaron a poner en pie comités de crisis para debatir en forma abierta y con el conjunto de actores/actrices, la reorganización del trabajo universitario. Se impusieron condiciones, se bajaron resoluciones inconsultas y sin consenso. Por eso es necesario seguir insistiendo en la democratización del gobierno universitario para que las decisiones no se tomen entre un puñado de gestores y castas profesorales

También tuvimos razón en la denuncia del carácter estratégico de esta virtualización que encontró con la pandemia y la cuarentena la oportunidad para profundizar la línea privatizadora de la educación cuya letra original en nuestro país sigue siendo la Ley de Educación Superior del menemismo, que sostuvieron y aplicaron todos los gobiernos, y los intereses de las grandes corporaciones de entornos educativos. Así lo revela, por un lado, la reciente declaración del Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk cuando afirma: “Hemos garantizado la educación a millones de estudiantes en un breve lapso de tiempo, ahora tenemos que consolidarlo para el futuro. Construir un modelo educativo que sintetice lo presencial y lo virtual y una universidad que se vincule con las demandas del pueblo”. Y, por otro, la noticia del desembarco del monopolio Google en el negocio educativo al ofertar cursos de seis meses con titulaciones universitarias a un costo de 300 dólares. Estos hechos ponen en evidencia los planes de la UNESCO y la OMC de mayor mercantilización y privatización de la educación superior, negocio que las empresas de educación, de telecomunicaciones y tecnología esperan que supere los 30 mil millones de dólares en 2025.

Van por la reedición de un cuatrimestre de mayor precarización, al sumar la toma forzada de exámenes virtuales sin considerar no solo la situación de los docentes y las cátedras sino también la de los estudiantes que no cuentan con el equipamiento y conectividad básica para sostenerlos. Como si algo faltara, van por la imposición de programas de ciberpatrullaje, desde el orwelliano Respondus en la Universidad de Córdoba hasta el policial reconocimiento facial en todas las universidades con acuerdo de los ministerios de Educación e Interior, a través del Renaper.

Frente a esta política que vulnera nuestros derechos laborales conquistados en el CCT que se niegan a aplicar o lo hacen limitadamente en las universidades nacionales, levantamos el programa de reivindicaciones que oportunamente firmaron todas las federaciones docentes para presentar en la paritaria con el Gobierno y que luego la Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA entregaron firmando un acta que no garantiza derechos elementales y que convalida la precarización que denunciamos y contra la cual llevamos adelante una jornada nacional de lucha y paros en las asociaciones de base de la Conadu Histórica.

Contra la precarización y la privatización de la educación superior, exigimos la derogación de la LES menemista que sostuvieron todos los gobiernos y los elencos de las gestiones universitarias, la plena vigencia del CCT, el pleno derecho a las licencias y dispensas con sus suplencias, la voluntariedad y reversibilidad de las tareas de enseñanza docente, la excepcionalidad y optatividad de la toma de exámenes finales virtuales por parte de los equipos de cátedra, la implementación de pausas virtuales para la docencia pre y universitaria, plena vigencia de la paritarias particulares, comités de crisis paritarios en colegios, facultades y universidades para presentar y controlar el cumplimiento de estos reclamos. Asimismo, reclamamos la provisión de equipamiento y acceso a conectividad, provistos por el Estado, tanto para estudiantes como docentes y nos oponemos que los mismos sean pagados con intereses por docentes y estudiantes.

El regreso a la presencialidad debe estar bajo control de estudiantes docentes y no docentes para que las aulas, talleres y laboratorios sean lugares seguros. Plena vigencia de las comisiones de seguridad e higiene del CCT que deben tener en sus manos la elaboración y control del cumplimiento de los protocolos para cuando esté planteado el regreso a las aulas.

Resolución sobre Plan de lucha

A la crisis humanitaria, sanitaria social y económica se la está descargando sobre los trabajadores, la educación y la salud pública. La imposición flexibilizadora de nuestras condiciones de trabajo se agrava con el congelamiento y devaluación del presupuesto universitario y de los salarios docentes.

La crisis presupuestaria.

El presupuesto es el mismo que impuso Macri para 2019 y que fue refrendado por el gobierno y el congreso en la última ampliación votada durante el mes de julio. La inflación desde su presentación (en septiembre de 2018) superó el 70%. En términos comparativos el presupuesto universitario es LA QUINTA PARTE de lo destinado al pago de la deuda externa y UN TERCIO de los montos que los empresarios han evadido al fisco y se les financia a 10 años con una moratoria. El congelamiento es completo y ha sido denunciado incluso por un ala de los rectores que solo reclaman fondos para garantizar su “funcionamiento” pero no para salarios de docentes herramientas de trabajo y conectividad o para aumentar (en cantidad y monto) las becas de los estudiantes, las viandas y albergues. Sin aumento de presupuesto no se garantiza la producción científica y la extensión al servicio de las necesidades populares, se profundizará el deterioro de nuestras obras sociales y será imposible poder poner en pie los protocolos necesarios para el regreso a la presencialidad. El anuncio de fondos destinados a obras de infraestructura, contratado como más deuda externa con la CAF hace indisimulable el hecho de que regresamos al canje de deuda por educación, el viejo sueño privatista que enfrentamos desde hace por lo menos dos décadas. Por un incremento inmediato de nuestros salarios

A las y los docentes pre y universitarios se nos exceptuó de la percepción del bono de principio de año porque íbamos a cobrar la cláusula gatillo de marzo. Pero, con la complicidad de las burocracias sindicales, el Gobierno se negó a aplicar la cláusula que hubiera permitido una recomposición de nuestro salario. Vencida en junio la paritaria, el Ministerio de Educación no abre la paritaria y ratifica que no habrá incremento alguno en este año, en sintonía con el anuncio oficial de congelamiento del salario de los estatales. El resultado de esta política: una rebaja salarial superior a los 12 puntos, solo si tomamos como referencia la inflación desde octubre de 2019 a agosto de 2020 y mayor al 35% desde que asumió el macrismo. Los salarios de ayudantes de primera que apenas alcanzan los 10 mil pesos y el cargo testigo representa la mitad de la canasta  de pobreza. Los más de 20.000 docentes adhonorem o adscriptos directamente pagan por trabajar, los contratados y monotributistas tienen salarios inferiores a los de convenio y ningún derecho.

El ajuste salarial comprende también a los investigadores y becarios que se han movilizado en las últimas semanas contra los despidos y por el congelamiento salarial. La reciente respuesta de Ana María Franchi, presidenta del Conicet, a los miembros del Directorio, confirma la política salarial del gobierno en todos los frentes: que el reclamo es justo, que no es oportuno en tiempos de pandemia, que el próximo año es probable que se otorgue un incremento.

En defensa del 82% móvil

Así como intentan vulnerar los derechos laborales y salariales, también persisten en el intento de eliminar la conquista jubilatoria de docentes e investigadores: el 82 y 85% móvil, que no es un régimen de privilegio sino que es el derecho histórico a la movilidad jubilatorio del movimiento obrero. En diciembre, el gobierno anuló la movilidad jubilatoria y entre los millones de jubilados afectados, los investigadores ya han perdido más de 10% por la aplicación de los DNU presidenciales. En ese momento, y a pesar de estar ya casi en receso, gracias a una intensa campaña  virtual, logramos que se exceptuara de la resolución que eliminaba la movilidad a nuestros compañeros jubilados docentes universitarios y preuniversitarios Pero la amenaza continúa y es concreta: desde diciembre funciona una comisión bicameral que estudia un nuevo régimen jubilatorio, a lo que se suma el congelamiento salarial, la moratoria impositiva y los bonos con que el Estado paga la deuda pública y vacían al Anses, que preanuncian nuevos recortes. Todo esto es, un ataque a los derechos de todos los jubilados, incluidos los docentes que el gobierno de los Fernández está aplicando siguiendo la agenda de las exigencias del FMI.

La salud de la docencia

La pandemia desnudó a nuestro sistema de salud, su vaciamiento, su inequidad y su privatización. El gobierno denegó la exigencia de partidas para financiar las obras sociales universitarias y en cambio desvió más de 400 millones a los sistemas privados dejando en evidencia que su supuesta propuesta de un comando único de salud no era más que una impostura. Exigimos que nuestras obras sociales cubran todos los costos del COVID-19 y de todos los tratamientos autorizados con el aporte del 3% de los salarios de los trabajadores activos y pasivos como marca la ley y que de no ser suficiente se cubran con fondos estatales las necesidades financieras. Planteamos la democratización de las obras sociales universitarias y la derogación de la menemista Ley Aseñolaza que ha tercerizado, privatizado y mercantilizado la salud de la docencia y sus familias.

En esta coyuntura se ha profundizado la crisis de las Obras Sociales Universitarias. No solo hay que luchar por su recuperación y democratización, sino que tenemos que avanzar en la discusión de un sistema único de salud, en el cual la universidad tiene un papel fundamental. Es necesario discutir la función social del conocimiento para que se utilice con un criterio de salud pública, de producción pública de vacunas e insumos y no guiado por los intereses de las empresas de salud y laboratorios.

Nuestro pliego

Para la docencia y los investigadores, están a la orden del día los reclamos por la apertura de las paritarias y la recomposición salarial, por el aumento de los salarios de investigadores y becarios (de Conicet, Agencia y universidades), por la defensa de las conquistas jubilatorias, por el financiamiento de las vaciadas obras sociales, por el incremento (en monto y cantidad) de becas para estudiantes, por el aumento del presupuesto de las universidades y del sistema científico, por el pase a planta de todos los interinos, contratados y monotributistas, por el salario para todos los ad-honorem y adscriptos, por el pase de los ayudantes de primera a JTP como estipula el CCT, por la aplicación del CCT en todo el país, por la anulación de la LES menemista, no al canje de deuda por educación, no pago de la deuda externa, no al acuerdo con el FMI, por un impuesto a las grandes fortunas y rentas por la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Para imponer tanto los reclamos por nuestras condiciones de trabajo, como presupuestarias y salariales, necesitamos poner en pie un movimiento de lucha de la docencia pre y universitaria de todo el país que sea independiente de todos los gobiernos, el CIN, los rectores y todas las gestiones

Durante el primer cuatrimestre, distintas asociaciones de base llevamos adelante paros y movilizaciones en defensa de este pliego. Necesitamos un movimiento nacional frente a la parálisis y complicidad de las direcciones de las centrales sindicales de la Conadu, Fedun, Fagdut, Uda y Ctera, todas cooptadas por el gobierno, a las que volvemos a exigirles que rompan con esta política que prepara un Pacto Social para avanzar con el ajuste contra la clase obrera. El impulso de este movimiento no vendrá de las direcciones burocráticas de la Conadu, Fedun, Fagdut, Uda y Ctera que han entregado nuestro salario, primero, y nuestros derechos conveniados después, traicionando a las y los docentes. Tampoco surgirá de una medida aislada, como lo resolvió la Conadu Histórica, que no permite despegar en un verdadero plan de lucha en todas las universidades y colegios preuniversitarios.

Llamamos a presentar este programa de reivindicaciones para deliberar en todos los lugares de trabajo, para votarlo en las asambleas y plenarios de nuestras asociaciones de base (estén o no afiliadas a una federación) y pasar a la acción.

El Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria resuelve:

Convocar a una jornada nacional de lucha de 48 horas, con paros, medidas de visibilización y apagones virtuales en todas las universidades del país a realizarse en la segunda quincena del mes de septiembre, como el inicio de un plan de lucha para conquistar todas nuestras reivindicaciones. Llamamos a que esta medida sea discutida y votada en asambleas de todas las asociaciones de base de Conadu y Conadu Histórica

Además consideramos necesario que la Conadu Histórica convoque a la brevedad a un Congreso de la docencia pre y universitaria, abierto a todos aquellos que acuerden con  la necesidad de una lucha común contra esta ofensiva, y donde, en base a los mandatos, se delibere y resuelva un plan de lucha nacional con los trabajadores de la ciencia, la educación, la salud y todos los trabajadores estatales para que la crisis la paguen los capitalistas. En este sentido vemos como un paso importante el paro y movilización de los trabajadores de ciencia y técnica de todo el país realizado el 3 de septiembre

Saludamos y partcipamos de las marchas realizadas en todo el país exigiendo justicia para Facundo Castro planteando que el Estado es responsable y fuera Berni como un punto mojón en la lucha contra el gatillo fácil y la escalada represiva.

Creemos importante coordinar acciones junto al sindicalismo combativo y los distintos sectores del pueblo trabajador (juventud precarizada, estudiantes combativos, movimiento piquetero, movimiento de mujeres, movimientos socioambientales, víctimas de la violencia institucional, etc) para expresar en las calles nuestras demandas. Coordinar con el sindicalismo combativo que convoca a una acción en todo el país para el 17 de septiembre y los distintos sectores del pueblo trabajador como la jornada internacional por el derecho a decidir para el 28 de septiembre, el movimiento socioambiental que convoca a una jornada de lucha para el 25 de septiembre y aquellas a que desarrollen la juventud precarizada, estudiantes combativos, movimiento piquetero, etc. Para que la crisis no sea descargada nuevamente sobre la clase trabajadora.

En defensa de nuestros derechos. En defensa de una universidad estatal, laica, gratuita y científica al servicio de las mayorías populares.

]]> https://mst.org.ar/2020/08/27/alternativa-universitaria-ancla/ Fri, 28 Aug 2020 00:50:57 +0000 https://mst.org.ar/?p=26603 Un conjunto de agrupaciones de la docencia universitaria y pre-universitaria de todo el país, acordamos impulsar un Encuentro Nacional el próximo 4 de septiembre. Esta iniciativa es un paso importante en reagrupamiento de la izquierda docentes y el activismo independiente de las burocracias, camarillas y el gobierno nacional. Nuestro Agrupación Nacional, Alternativa Universitaria de docentes e investigadores de las principales universidades del país, es convocante del evento. A continuación, reproducimos la declaración consensuada y las primeras firmas.

 ENCUENTRO NACIONAL DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PREUNIVERSITARIA

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE, 18 HS.

Defendamos la universidad pública de su destrucción

Pongamos en pie un movimiento de lucha en los colegios y facultades de todas las universidades nacionales

Los abajo firmantes, docentes e investigadores universitarios, delegados, activistas, agremiados a distintos sindicatos hacemos pública esta declaración y llamamiento a docentes, investigadores, creadores, estudiantes y no docentes.

Como nunca antes en la historia de la universidad, se demostró que el sistema educativo quedó librado a la suerte de estudiantes, docentes, investigadores, creadores extensionistas y trabajadores universitarios.

Desde el 20 de marzo hasta hoy, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN y todas las gestiones de los rectores y decanatos, siguen dictando resoluciones, recomendaciones o protocolos, que vulneran nuestros derechos. Lo hacen amparados en la excepcionalidad de la pandemia que ha reforzado –no, inventado- el poder centralizado de las camarillas universitarias.

Al demos universitario lo mantienen muteado y en sus casas.

Nos han forzado a una relación pedagógica bajo la modalidad de la virtualización forzosa sin presupuesto, sin recomposición salarial, sin equipamiento ni conectividad, sin un tiempo para convertir los dictados presenciales, sin capacitación en servicio, sin atender a las situaciones ambientales por completo trastornadas.

Convirtieron el acceso y la enseñanza en la universidad en algo virtual, aparente antes que real, con docentes sobrecargados de trabajo y con estudiantes más desiguales y desconectados.

La precarización generalizada con la virtualización forzosa de nuestras condiciones de trabajo no es una excepción sino parte de la que están sufriendo millones de trabajadores de otras actividades. Las patronales y los gobiernos están imponiendo reformas laborales regresivas de hecho utilizando la emergencia generada por la pandemia. Los salarios se han deteriorado con paritarias congeladas y millones han caído en situación de pobreza al haber perdido todo ingreso. El IFE solo ha llegado a una parte de quienes lo solicitaron y es una cifra mínima en relación a lo perdido en los ingresos familiares. La violencia institucional y el gatillo fácil se han multiplicado. La aprobación de la ley de legalización del derecho al aborto legal, seguro y gratuito se ha postergado sin fecha.

Ahora no solo pretenden convertir la excepción en regla, profundizando la política de virtualidad con programas de ciberpatrullaje para vigilar estudiantes, sospechados culpables antes que la cámara diga lo contrario. En un cuadro donde el mandato de las patronales exige a los gritos la vuelta al trabajo y la circulación de las familias trabajadoras en el momento de mayor contagio, el ministerio presenta un protocolo que pretenden imponer una presencialidad sin haber hecho en estos meses una sola inversión para que, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se produzca un retorno, necesario, a las aulas, talleres y laboratorios. Sin estas condiciones será una “nueva normalidad” basada en una presencialidad forzosa en la que no existirán las más elementales condiciones de seguridad y protección en la mayoría de las universidades.

No llegamos a esta situación por la pandemia y la cuarentena. Es el resultado de una persistente política de desvalorización de la educación y la universidad pública cuyas manifestaciones están sobre expuestas.

Se cumplen veinticinco años de la Ley de Educación Superior menemista, la que estudiantes y docentes enfrentamos en las calles y en las aulas para denunciar un plan de destrucción de una conquista histórica de nuestro pueblo: la universidad laica, estatal, gratuita, científica. La sostuvieron sobre la base del reconocimiento y pago serial de una deuda pública canjeada por educación.

La sostuvieron todos los gobiernos desde entonces, aplicando una progresiva caída de nuestros salarios que habían alcanzado la media canasta familiar para el cargo testigo que hoy solo alcanza a un tercio de la misma. Lo sostuvieron con falsos cogobiernos y estatutos universitarios que nada tienen que ver con el espíritu de la reforma del 18. Lo hicieron con la reducción presupuestaria que solo alcanza para cubrir los salarios y algunos gastos de funcionamiento. Con la permanente y ahora actualizada amenaza contra nuestros derechos jubilatorios. Lo hicieron con la carencia de becas, albergues, comedores y transportes que llevan la deserción masiva de los estudiantes, más del 70% de los ingresantes no se gradúa. La infraestructura es obsoleta y escasa, se trata de paliar tomando deuda externa desde hace 10 años, y se mantiene entonces el concepto de deuda por educación. La falta de inversión en equipamiento tecnológico se puso de evidencia en la pandemia, cuando la carencia de equipamiento, conectividad y software por parte de estudiantes docentes, investigadores creadores son parte del fracaso de la virtualización. Ahora se pretende que los docentes nos endeudemos para acceder al equipamiento cuando la ley y el CCT obligan al Estado a proveerlos.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) vigila y castiga cada currícula y si algo se escapa simples actos administrativos del Ministerio de Educación como la resolución 1254/18 descalifica las titulaciones e incumbencias profesionales vigentes. Se impuso el arancelamiento masivo en las carreras de posgrado e incluso en tecnicaturas y carreras de grado

El mentado cogobierno dio un salto cualitativo antidemocrático fortaleciendo las camarillas que ejercen su poder feudal en las universidades. La autonomía es una caricatura en manos de rectores y decanos. El crecimiento exponencial de los negociados privados a través de la “generación de recursos propios” en cada universidad es la base material del sostenimiento y dominación de las camarillas. Llegaron al extremo de paralizar sus órganos de cogobierno y pasaron a gobernar por decretos ad referendum.

La otra cara de la moneda es el crecimiento de la matrícula en las universidades e institutos privados; y una mayor integración de los sistemas estatales y privados que dio otro salto en 2017 con la creación del Sistema de Nacional de Reconocimiento Académico (SRNA) que habilita el “trasvase” de estudiantes entre universidades y sistemas “estandarizando” los programas como otra comoditie. Un claro ejemplo de mercantilización y privatización

Todo esto es el andamiaje institucional para la injerencia directa en los planes de estudio y en los proyectos de investigación científica de las corporaciones empresariales. Los fondos de la empresa (mega) Minera Alumbrera aceptados por la enorme mayoría de los gobiernos universitarios, las becas y pasantías para estudiantes de grado de Monsanto y Techint o la gravitación del Banco Santander, son algunos ejemplos que muestran la intervención de las multinacionales en la universidad pública argentina. Hoy en plena pandemia a causa del Covid-19, a través de la virtualización forzosa y el teletrabajo docente, la UNESCO, la OIT las multinacionales tecnológicas y de telecomunicaciones junto a los gobiernos, los tecnócratas y las burocracias sindicales pretenden imponernos el “paraíso flexibilizador” de quienes promueven el ajuste del FMI y la lógica mercantilista de la LES.

No podemos dejar pasar el bochornoso “festejo” de algunos rectores frente a la renegociación de la deuda con los bonistas. Un acuerdo que significará la transferencia millonaria al capital financiero de recursos que deberían estar destinados a salud, educación e inversión frente a la crisis que ha profundizado la pandemia. Este acuerdo ha sido votado por ambos bloques mayoritarios, tanto del gobierno actual como del bloque Juntos por el Cambio. Y ha sido saludado por rectores que, además, firman en nombre de algunas Universidades, en una decisión de camarilla que obviamente, no expresa a la mayoría de la comunidad universitaria, que claro, nunca fue consultada.

Es evidente, por lo tanto, que no somos los docentes, los investigadores, los creadores, ni los estudiantes, ni los trabajadores universitarios, los responsables de esta crisis que ahora nos tiran para que “salvemos el año”.

Las direcciones de las burocracias sindicales de CONADU, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT son las que pusieron sus firmas a una y otra acta de entrega salarial, de las condiciones de trabajo y pedagógicas a todos los gobiernos desde la Alianza hasta hoy pasando por el Macrismo. Son socias privilegiadas en desmovilizar y entregara las luchas para que la mercantilización y la privatización continúen. La organización independiente de todos los gobiernos, rectores y gestiones es un requisito para defender una universidad al servicio de la mayoría popular.

Como si faltara, las burocráticas Fedun y Conadu lanzan un pronunciamiento en nombre de “los trabajadores universitarios” para apoyar el pago de la deuda externa, que implicará ir más a fondo con el plan de ajuste del FMI, que condiciona nuestras condiciones de trabajo y de vida, y profundiza la precarización educativa.

Tampoco surgirá de una medida aislada, como lo resolvió la Conadu Histórica, que no permite despegar en un verdadero plan de lucha en todas las universidades y colegios preuniversitarios No se ha tenido el protagonismo, la orientación e iniciativas para colocar en el centro de la agenda el conjunto de nuestros reclamos.

La organización independiente de todos los gobiernos, rectores y gestiones es un requisito para defender una universidad al servicio de la mayoría popular. Por eso nos pronunciamos por la defensa de todos los derechos de estudiantes y docentes y no docentes, con más razón en este cuadro de extrema vulnerabilidad de las y los trabajadores. Aumento de salario y paritarias libres. Reconocimiento y aplicación del CCT en todas las universidades. Más designaciones docentes. Ningún docente interino, monotributista o sin convenio. Basta de trabajo gratuito como ad honorem o adscripto. Implementación de las recomendaciones elaboradas por las asambleas de base y el Plenario de la Conadu Histórica. Incremento de becas, sus montos, y provisión de equipamiento y de conectividad para estudiantes y docentes, costeado por los fondos públicos. Actualización del presupuesto universitario.

Acompañamos la lucha que becarixs e investigadorxs de CONICET llevan adelante en el reconocimiento de su trabajo, por la actualización salarial de los estipendios y salarios y por la elaboración y aplicación del convenio colectivo de trabajo.

Por eso nos pronunciamos por un encuentro de la docencia para deliberar y resolver un plan de lucha de la docencia pre y universitaria de todo el país.

En este sentido, nos pronunciamos por impulsar un polo de apoyo de todas las luchas del sindicalismo combativo y los distintos sectores del pueblo trabajador (juventud precarizada, estudiantes combativos, movimiento piquetero, movimiento de mujeres, víctimas de la violencia institucional, etc.) para expresar en las calles nuestras demandas. Para que la crisis no sea descargada nuevamente sobre la clase trabajadora.

Compañeras y compañeros, están amenazadas nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública que defendemos. Necesitamos poner en pie un movimiento por una universidad sobre nuevas bases.

Antonio Rosselló (secretario de Organización de Conadu Histórica)

Arturo Gómez (secretario de Acción Social Conadu Histórica; Secretaría Gremial ADU San Luis)

Ileana Cellotto (secretaria general de AGD UBA)

Nahuel Toledo (comisión directiva ADUNM, asociación de trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Moreno)

Sofía Cáceres Sforza (Sitradu, UNER)

Christian Castillo (docente UBA/UNLP)

Malena Lenta (comisión directiva AGD-psicología, UBA)

Patricio Grande (secretario Adjunto, Adunlu, Luján)

Jorgelina Matusevisius. (secretaría de Acción Social Conadu Histórica suplente; secretaría Gremial AGD-UBA Suplente)

Juan Balusi (comisión directiva de ADIUC Córdoba)

José Mini (Directivo ADICUS, UNSJ)

Germán Noguera (cuerpo de delegados de ADULP)

Marcelo Hernández (secretario de DDHH Adunlu, Luján)

Natalia Álvarez (delegada preuniversitaria ADU, Patagonia San Juan Bosco)

Lucía Hellin (comisión directiva AGD-FFyL, UBA)

Gladys Perri (secretaria de Organización Adunlu, Luján)

Gastón Remy (UNJU, Jujuy)

Escribe: Jeanette Cisneros

Los tan esperados anuncios del presidente sobre el presupuesto universitario fueron otra estafa. El programa sólo estaría destinado a “infraestructura”, y es una inversión del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 128 millones de dólares. Primer mentira, es más deuda, un buitre de la educación, no una nueva partida presupuestaria del Estado. A través del CIN, la designación de este ingreso queda nuevamente en la decisión antidemocrática de los Rectorados. De las pocas certezas que dejó la presentación, una de ellas fué la afirmación de Barbieri, el rector de la UBA. Aseguró que la “inversión” se va a destinar en el hospital de clínica y a la producción de la futura vacuna, en alianza con universidades privadas de EEUU. Suena más a la continuidad de los negocios de Barbieri con Larreta y las multinacionales como Bayer,que un real avance en infraestructura.

Este pomposo anuncio forma parte de los discursos para volver a la “normalidad” ,levantando la cuarentena, mientras los casos covid positivo. Mientras, en las Universidades los edificios no están en condiciones para la cursada habitual, sería imposible pensar que se puede volver en esos espacios con distanciamiento social. Mención aparte para la infraestructura virtual que debe garantizar la normalidad forzosa, donde estudiantes y docentes padecemos una crisis cotidiana con cada campus virtual del país caído del sistema operativo. .

Qué universidad para qué futuro

La continuidad pedagógica fué otra gran mentira de la cuarentena. Millones de estudiantes quedamos afuera del sistema y nuestres docentes super explotades. Con el  déficit presupuestario en el centro de la escena, llegaron los finales para potenciar la bronca y la incertidumbre. Sabemos, además, que la Universidad no es una isla y que nuestra comunidad está atravesada por la crisis sanitaria, social y económica que vivimos a causa de la pandemia y los gobiernos capitalistas.

Pero en su discurso, Alberto polemizó con Macri sobre la caída en la educación pública, para dejar en claro cuál es para el gobierno el rol del saber y el conocimiento del futuro: “No son países ricos los que tiene petróleo, sino quienes tienen la técnica, no son países ricos los que tiene oro sino quienes tienen la técnica”. Es claro, fortalecer una universidad al servicio del fracking y la megaminería. ¿Cómo? Fortalecer la técnica dándole valor agregado a los recursos propios para consolidar el saqueo, la extranjerización y la contaminación. Nada más alejado de la idea que defiende nuestro pueblo cuando hablamos de educación y futuro.

Hoy, los recursos para educación son la extensión del presupuesto 2018, devaluado en un 70%. Mientras Guzmán, en la “última” negociación con los buitres duplicó su primer propuesta aumentandola en 15000 millones de dólares, lo que equivale 12 veces al presupuesto destinado al ministerio de educación. La plata está, el problema es dónde. Por todos los derechos que están siendo vulnerados a estudiantes, docentes, no docentes, exigimos la triplicación del presupuesto universitario, para que através de comités de emergencia la comunidad universitaria puede decidir en cada facultad como responder a la emergencia social y educativa.

]]> https://mst.org.ar/2020/05/24/unco-pandemia-improvisacion-y-practicas-profesionales/ Sun, 24 May 2020 23:27:26 +0000 https://mst.org.ar/?p=23521 En otro artículo ya mencionamos la improvisación reinante en la Universidad Nacional del Comahue con respecto a las medidas que viene tomando en el marco de la crisis sanitaria que estamos atravesando. Toma de decisiones de manera inconsulta por parte del rector Crisafulli, forzaron el cursado virtual dejando a miles de estudiantes afuera, entregaron módulos de alimentos que no cubren los demandados y con un criterio poco claro, el comité de crisis es solo consultivo y sin participación de todos los centros de estudiantes.

Pero esta forma de conducir la universidad no es nueva y no se da solo a nivel de rectorado.  Un caso particular se da en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología con cede en Cipolletti,  Río Negro, actualmente conducida por la agrupación ECU (PCR + independientes). Así lo dejan en claro estudiantes de la carrera de Psicología en un comunicado* que publicaron el viernes 22 con respecto al cursado de las PSO (Prácticas supervisadas Orientadas). En el mismo señalan “Durante el paso por las instituciones no teníamos programado nuestro desarrollo, ni los días que debíamos concurrir al Servicio, como así tampoco las horas que debíamos asistir. Cada Servicio interpreta a su manera la Práctica en relación a las horas que se deben cumplir, que por Reglamento de Prácticas Profesionales Supervisadas deberían ser 256 hs (Resolución CD N° 047/15). De más está decir que ninguno de los estudiantes llegamos a cumplir esa cantidad de horas, sólo como un «favor» algunos efectores ofrecen pasajes por la guardia, dispositivos grupales, o Interconsultas. Este año no realizamos, ninguno de los 25 pasantes, ni una sola visita domiciliaria”.

Puertas cerradas

Otro problema que vienen teniendo es la disponibilidad de lugares para poder realizar sus prácticas profesionales, al respecto el comunicado indica “el más notorio es el Servicio Psicosocial del Hospital Castro Rendón (y su Internación), cuyo Coordinador manifestó que «no podía recibir alumnos de Psicología porque tenía muchos rotantes de medicina», lo que consideramos el colmo de quien se queja del modelo «médico hegemónico».

En este sentido creemos sumamente necesario sentarse a conversar en serio con las Autoridades de Salud, para llegar a un acuerdo donde se encuentren estipuladas las horas y las actividades mínimas que realicen los practicantes y de tal manera cumplimentar las 256 horas que estipula el reglamento. De lo contrario seguiremos mendigando el favor de las Instituciones”.

En ese sentido, es que hace falta discutir seriamente los convenios con las instituciones para garantizar las prácticas de la mejor manera posible y al servicio del desarrollo profesional y personal de todes les estudiantes.

Otro modelo de universidad, para otro modelo de país

Desde la Juventud Socialista del MST acompañamos los reclamos impulsados por les estudiantes de psicología así como impulsamos otro modelo de universidad, donde los planes de estudio sean discutidos de forma democrática por estudiantes y docentes. Peleamos por una universidad al servicio de la formación de profesionales críticos y reflexivos al servicio de la transformación social, con perspectiva de género y no meros reproductores del status quo. Para eso es fundamental democratizar la UNCo con mayoría estudiantil en los órganos de co-gobierno, elección directa de las autoridades y revocabilidad de mandatos.

*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3254431574568103&id=100000038789248

Nico Mc Namara

]]> https://mst.org.ar/2019/03/09/unlam-trasfondo-de-resolucion-xenofoba/ Sat, 09 Mar 2019 18:40:50 +0000 https://mst.org.ar/?p=17348 El Consejo Superior de la UNLaM emitió -a puertas cerradas- una resolución (224/18) el 15/11 que impone un curso obligatorio de español a estudiantes “no hispanoparlantes”, por encima del CELU, el curso reconocido por el Ministerio de Educación y por todas las delegaciones del estado nacional. El costo: $60.000 en un pago. Ajuste, xenofobia y las reglas del FMI. Los gobiernos “anti-educativos” y los 100 años de la reforma del 18. El movimiento estudiantil amenazante, al acecho de todos los derechos, los que nos quieren quitar y los prontos a conquistar.

Los efectos del FMI en la región: migración obligada. En toda Latinoamerica el pueblo, les estudiantes, les trabajadores (ocupades, desocupades y jubilades) estamos sufriendo las consecuencias de los planes de ajuste del Fondo o bien, resistiendo su aplicación. Las medidas son casi calcadas: reforma previsional, reforma laboral, reforma fiscal, reforma educativa. La combinación de crisis capitalista en Latinoamérica y la gran conquista que se mantiene de universidad pública, gratuita y de calidad en Argentina, promueve la llegada de miles de estudiantes de otros países de la región, que no pueden acceder al derecho a la educación (entre otros) en sus países.

Martínez argumenta que el problema que da origen a la resolución sería la “ola de 500 brasileros” que llegó a UNLaM, que le quitan la vacante al estudiante argentino. Nosotres sabemos perfectamente que quienes “nos quitan” las vacantes son Macri, con el FMI y los cómplices, como Martinez (PJ), que promueven y dejan avanzar el ajuste y la privatización sobre nuestras universidades. Martínez ya votó la reforma macrista (Sistema de Reconocimiento Académico) en el Consejo Superior junto con LFU (JUP/PJ) y ahora pretende echarle la culpa a los estudiantes migrantes de las consecuencias.

Martínez, privatizador hecho y derecho-so

El rector se jacta en reivindicar que su gestión tiene el presupuesto más bajo y gran cantidad de egresades. No cuenta que en el medio, el presupuesto que no le exige al gobierno nos lo cobra a les estudiantes. Así es. En la universidad cuna del actual ministro de educación Finocchiaro –pre candidato a intendente del PRO- pagamos ingreso, reincorporación, y todo tipo de trámites. No cuenta tampoco que presentó un amparo contra la gratuidad y el ingreso irrestricto durante el gobierno del FPV -el cual no dio respuesta- ante el cual la justicia macrista falló a su favor.

Es que Martínez, en su cargo hace más de 20 años, reelegido a puertas cerradas, es un hijo sano del modelo capitalista neoliberal menemista y de la LES, que representa un retroceso respecto de la reforma del ´18. Además, tiene formado un gran aparato burocrático para manejar la UNLaM como si fuera su empresa. A este aparato pertenecen el Centro de Estudiantes (LFU/PJ) y el sindicato docente (FEDUN/CGT), ambos organismos que hay que recuperar. No podemos descontextualizar la lucha actual: es un intento más de Martínez y el gobierno de avanzar sobre la universidad pública.

Plata para educación, no para la deuda

Las medidas económicas impactan fuerte sobre la UNLaM. En 2017 dimos una lucha contra despidos en medicina. En 2018 fuimos parte activa junto a les docentes de la lucha estudiantil nacional más importante desde la caída de la dictadura por salario y presupuesto. En 2019 el ingreso se redujo en UNLaM un 30%: de 17 mil aspirantes a 1 1 mil. Nosotres queremos una universidad masiva, con todes adentro. Para eso, no es solución la medida arbitraria y expulsiva de cobrarle a extranjeres $60.000. Ese monto significa unos cuatro salarios mensuales de cualquier joven precarizade. En cambio, representan ¡3 segundos de deuda externa!

En el presupuesto 2019, el aumento nominal es del orden del 23 % para educación superior – 144 mil millones en total-, y siendo el 90 % del mismo destinado a salarios, presupone ya un ajuste para una inflación prevista no menor al 40 %, y que se llega a calcular en un 50%. Pero no hay ajuste en el presupuesto para la deuda externa, para eso, se destinan $600.000 millones: 4 presupuestos de educación, 6 de salud, 16 de Ciencia y Tecnología. Es cuestión de prioridades. La nuestra es clara: el presupuesto que falta tiene que salir de la deuda.

Aportes de la JS del MST para ganar la lucha

Estamos frente a una lucha dura, que no es fácil y requiere sumar relación de fuerzas, masa crítica a favor. Eso implica un amplio frente único de lucha con todos los sectores dispuestos a rechazar el arancel de Martínez, como lo venimos impulsando junto con les compañeres brasileres.

La movilización de compañeres migrantes es nacional, no sólo en la UNLaM. Por eso, proponemos desde UNLaM, el epicentro del ataque reaccionario, desplegar un arco de solidaridad activa, latinoamericanista y militante a otras universidades. La respuesta de la Vice del CECiM y la Secretaría de la FUBA, marca el camino.

Estratégicamente, también, tenemos que plantearnos un desafío: desmantelar el aparato clientelar y privatista de Martínez, su camarilla docente y su punto de apoyo estudiantil, la burocracia de La Liga. Eso implica plantear a gran escala un programa democratizador –reforma estatuyente- y recuperar el Centro para otra orientación social –universidad de masas, abierta, pública,  gratuita, laica, masiva, de calidad- y para luchar. Insistimos con una propuesta a toda la izquierda  estudiantil y docente de UNLaM: tenemos que vetebrar una confluencia, un bloque político de unidad que luche por este objetivo estratégico.

Por último, en ese camino, para contribuir y fortalecer todos esos propósitos, construimos en la UNLaM nuestra juventud militante, internacionalista, feminista / disidente, socialista, de lucha. Fortalecerla con nueves compañeres, es clave para esas perspectivas que planteamos.

Ana Paredes Landman – JS del MST en UNLaM

]]> https://mst.org.ar/2019/02/08/no-privatizacion-hospital-de-clinicas-unlar/ Fri, 08 Feb 2019 20:01:21 +0000 https://mst.org.ar/?p=16958 El rector de la UNLaR, Fabián Calderón, advirtió que analizan cobrar la atención en el Hospital Universitario. Majo González (MST Nueva Izquierda) le salió al cruce.

Majo González (MST Nueva Izquierda)

El rector Fabián Calderón haciendo campaña a favor de la senaduría de Carlos Menem

Siendo jueves 13 S, en el marco de un paro docente y la marcha en repudio al secuestro y tortura de Corina (docente de Moreno en lucha), se realizó una Asamblea Extraordinaria autoconvocada en nuestra universidad.

Como MST junto a otras organizaciones y compañeres independientes fuimos parte de la convocatoria, así como lo somos de todas las instancias democráticas promovidas dentro de la UNM. En la asamblea, se votó la toma de la UNM contra el ajuste en la educación y en solidaridad con la compañera Corina.

No nos representan

Lamentablemente, el Centro de Estudiantes (100, Unid@s, Sur), boicotearon explícitamente la asamblea: se presentaron a decir que era una instancia ilegítima porque ellos no estaban. Luego, se fueron de la asamblea y nos dieron así la espalda a lxs estudiantes que sí queríamos discutir ante un hecho tan grave como son las torturas en democracia a una docente de nuestra comunidad educativa.

Rector Hugo Andrade ¿de qué lado estás?

Una vez votada la medida de toma, entre otras, pasamos por las cursadas a comunicar al resto de lxs estudiantes lo resuelto.

Luego de la recorrida, comenzamos la toma del Edificio Histórico, y nos anoticiamos en ese momento de que el Rector, Hugo Andrade, había dado la directiva a les docentes de levantar las cursadas. ¿Los motivos? Un grupo ajeno a la UNM quería tomarla; una clara línea de impulsar el miedo y la incertidumbre en lxs estudiantes y docentes. Además, una mentira.

El rector que se supone debe velar por todxs nosotrxs y nuestra seguridad, acusa de terroristas a un sector de estudiantes, promoviendo la violencia y utilizando métodos patoteriles para impedir la medida.

Por otro lado, también queremos denunciar que, en el Centenario de la Reforma del ’18, el Rector violó la autonomía universitaria llamando a la policía para amedrentar a estudiantes de la Institución.

Lamentablemente, la gestión tuvo su eco en las organizaciones políticas que dirigen el Centro de Estudiantes: la 100, Unid@s (dos sectores del PJ) y Sur. Este sector no sólo avaló la actitud violenta de Andrade, sino que además montó una escena con sus 20 militantes para «demostrar» que había estudiantes que no estaban de acuerdo con la toma.

Campaña de deslegitimación: autojustificación del inmovilismo

En este mismo momento, realizan una campaña especialmente dirigida contra el MST. Nos calumnian de no ser estudiantes.
Ellxs que deberían representar a todxs y no a su fuerza política.
Ellxs que deberían no mentirle a lxs estudiantes, subestimandolxs.
Ellxs que tendrían que ponerse a la cabeza de las medidas votadas en asamblea, y no boicotearlas.
El Centro de Estudiantes está caduco: quedó del lado del gobierno, de los Macri, las Vidal, quienes sostienen el mismo discurso con su brazo en el movimiento estudiantil, la Franja Morada,
quienes a nivel nacional tienen un discurso anti político (cuando son de partidos políticos), anti toma y anti educación pública.

Pero no es todo: El centro de Estudiantes (PJ/Sur) no sólo se dedicó a mentir, sino a empujar, golpear e insultar compañeras, ejerciendo violencia de género física y verbal dentro de nuestra institución. Volvemos a repetir que las pibas no nos callamos más.

Repudiemos, y vamos todxs a la asamblea

Llamamos a repudiar estos hechos graves de violencia que parten desde el Rector para abajo.
Llamamos a solidarizarse contra estos hechos que intentan acallar el reclamo genuino.
Llamamos a participar masivamente el Lunes de la Asamblea.

Es la única garantía para que estos hechos no se repitan, porque la unidad en la lucha no se logra con violencia frente a quienes pensamos distinto.

Mejor, luchemos para ganar, no hay tiempo que perder.

Juventud Socialista del MST – UNM/(sin 11)2374030005

Como explicamos en otro artículo de esta edición, la defección política de las federaciones docentes enroladas en el kirchnerismo y el PJ bloquea el triunfo categórico de este movimiento. FEDUN (CGT) y CONADU (CTA Yasky), firmaron un acuerdo salarial que con sumas en negro ronda el 25 %. Esa cifra supera el 10 % ofrecido inicialmente por el gobierno nacional, pero está por detrás de la inflación prevista del 42 %. El caso es que la potencia del proceso de lucha en su punto más alto nacional daba una relación de fuerzas para acorralar totalmente al macrismo. Y si de posibilidades económicas hablamos, baste calcular que la duplicación del presupuesto universitario equivale a 13 días de intereses y capital de deuda externa. Vale decir: el destino de los recursos públicos se podía definir en las calles dominadas por el movimiento educativo. En ese mismo momento las cúpulas dirigentes de las federaciones mencionadas resolvieron renunciar a la pelea. CONADUH continúa la huelga hasta el próximo viernes, pero el sector mayoritario de la misma nunca preparó activamente este previsible escenario de claudicación y por lo tanto, abonó el terreno para justificar su propio repliegue.

Los quinta-columna: las fuerzas del Vaticano, garantes de la gobernabilidad de Macri y el FMI

En la jerga de la lucha de clases, “quinta columna” es la forma de designar a quienes desde la propia trinchera trabajan para el campo rival. La línea de las conducciones docentes que firmaron el acuerdo con el macrismo se expresa en el movimiento estudiantil a través de sus agrupaciones. Patria Grande – La Mella; todas las que orbitan en el espectro kirchnerista y el PCR (CEPA, ALDE en Santa Fe), militaron activamente desde el principio, por una rápida salida negociada. Desde el arranque insistieron con un frente único comandado por los rectores y decanos (con la bandera de la “unidad”); después opusieron a las tomas efectivas, “vigilias simbólicas”; a las inter-facultades, “festivales” y a la coordinación nacional real para luchar, el acuerdo burocrático de superestructura. La fuerza de la movilización y radicalidad estudiantil los fue obligando a ir más allá de su programa, método y perspectiva. Pero, hay que asumir que son la expresión estudiantil del bloque político que, por estrategia reformista y consejo papal, actúan como contención por izquierda y garantes en el movimiento estudiantil de la gobernabilidad de Macri y el FMI. Hay que denunciar y combatir esta orientación y las organizaciones que las respaldan. Son quinta-columna en nuestra trinchera. Son el eslogan “hay 2019” y la propuesta de renunciar ahora a luchar, para “votar bien” el año que viene.

El FIT no pasó la prueba

En la izquierda estudiantil no hay ninguna corriente hegemónica nacionalmente. El retroceso de PO en la FUBA, incluso, tiende a consolidar ese panorama. Por lo tanto, el frente único en la izquierda es obligatorio. La previsible claudicación de las conducciones enroladas en el PJ y el kirchnerismo y sus satélites estudiantiles, exigía desde el comienzo una inteligencia común entre las fuerzas nacionales de izquierda y el activismo independiente dispuesto a todo, para asegurar que el movimiento de lucha desenvuelva todo su potencial. Sin embargo, el balance de lo actuado hasta ahora deja un saldo distinto. El PO penduló todo el proceso entre la inacción política y la unidad acrítica con Patria Grande – La Mella. Dos momentos fueron clave: en el acto de la Marcha Educativa gigantesca del 30 de agosto, fue la única corriente de izquierda que tuvo orador en un evento copado por el kirchnerismo. Su intervención fue de total adaptación “por izquierda” a un escenario en el que hasta ¡la Franja Morada habló! El PO no denunció ese hecho, ni la claudicación que preparaban CONADU y FEDUN, ni dio ninguna orientación de lucha al movimiento. Una semana después –tardíamente- ante la insistencia del activismo y corrientes como la nuestra, se convocó en Plaza de Mayo una Asamblea Inter-estudiantil. Todo el evento fue –o intentó- ser maniatado por un acuerdo del PO con Nuevo Encuentro y Patria Grande. Una especie de “acto de lucha” y no una real instancia de coordinación. Ya sobre el final de la semana pasada, el desvelo de PO recayó en el poroteo electoral de FUBA y la contabilidad de delegados para recuperar esa membresía hoy en disputa.
El PTS, por su parte, basculó todo el conflicto entre el propagandismo abstracto, sin línea concreta para la lucha y la obsesión electoralera de marketing propio. Nunca planteó ninguna medida pensando en el conflicto de conjunto y la perspectiva de ganar. Todas las acciones propuestas tuvieron que ver siempre con acciones mediáticas, de autopromoción de sus candidatos, sin incidencia en las relaciones de fuerza del proceso de lucha. Las acciones descolgadas en el Obelisco, o las forzadas votaciones para validar sus propias campañas de partido, nunca contribuyeron al movimiento de lucha. Y ya para completar la performance, mocionaron con PO en la asamblea de Filo (UBA), su Centro “emblema”, levantar la toma –lo cual fue derrotado por la acción de nuestra corriente y el activismo independiente. En UNLaM (Matanza), también rivalizaron –en tándem con PO- contra nuestro planteo de toma. En resumen: el FIT bloqueó cualquier posibilidad de hacer surgir un polo de conducción del proceso, consecuente y alternativo.

Otra izquierda para otra estrategia de universidad (y de país)

A lo largo de estas seis semanas de lucha, el MST propuso una política para masificar, coordinar y radicalizar las tendencias más positivas del movimiento de lucha. Planteamos toda clase de iniciativas al FIT y el activismo independiente:

• Desde el inicio, interclaustros
• Interfacultades para coordinar
• Tomar por tiempo indefinido las facultades
• Convocar y preparar un Congreso Nacional de Lucha de estudiantes y docentes.

Lo hicimos partiendo de una definición política práctica: para ganar el presupuesto que hace falta, hay que echar a Macri y el FMI. Esto significa que el modelo que prioriza pagar deuda externa es antagónico al derecho a estudiar, a la universidad pública y gratuita y al salario docente que empate la inflación real. Entonces era clave –y lo seguirá siendo- el frente único y darle perspectiva de unidad obrero – estudiantil a la disputa. En las crisis capitalistas ninguna lucha es parcial, todas son políticas y de fondo, porque cualquier derecho está en riesgo y pelear por asegurarlo, cuestiona el poder capitalista de turno. Más concreto todavía: el Presupuesto 2019 que materializa el acuerdo con el FMI y el PJ ya acordó, incluye un ajuste de 550.000 millones de pesos. La defensa de la universidad pública y el salario, requiere recursos. Es decir, implica una orientación en sentido contrario al de Macri, el FMI y el PJ. Triplicar el presupuesto cuestiona el acuerdo con el FMI y, por lo tanto, impugna políticamente todo el modelo. Por eso, el MST eleva el reclamo educativo al plano estratégico de luchar porque Macri y el FMI se vayan de la educación, y el país. Para la transición también levantamos una salida de fondo: convocar a elecciones, pero no para cambiar personas eligiendo un presidente (o presidenta). Elecciones para una Asamblea Constituyente que reorganice el país –incluyendo la educación- sobre nuevas bases. Estas causas presuponen una organización militante que las multiplique y respalde. El MST con su Juventud Socialista en toda la Argentina activa por esas banderas de cambios sistémicos. En estos términos decimos: construir otra izquierda para refundar el movimiento estudiantil y luchar por otra perspectiva para el país. Por una educación feminista, laica y (eco) socialista en una Argentina sin curas, capitalistas y casta política.

Mariano Rosa