El plenario contó con más de 100 trabajadorxs de diversas provincias, compañerxs estatalxs municipales, provinciales y nacionales del sector salud, educación y judiciales.

La apertura estuvo a cargo de Guillermo Pacagnini, coordinador nacional de ANCLA, que dio un panorama sobre la situación de crisis nacional que se profundizó con la pandemia sobrepasando lo sanitario y la perspectiva de confrontaciones sociales para la que tenemos que prepararnos. La coordinación e informes sobre el sector estatal estuvo a cargo de Ingrid Urrutia, delegada genera del ATE en el INCAA y Pablo Lopardo, trabajador de ANSES y dirigente de Alternativa Estatal de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

La situación nacional de crisis económica y social, agravada cualitativamente por la pandemia evidencia un desgaste político acelerado del gobierno de Alberto Fernández producto de sus medidas de ajuste. Los acuerdos con los bonistas, las negociaciones con el FMI son avalados por la burocracia que avaló rebajas de salarios, despidos y hasta medidas de reforma laboral de hecho. Y las de ATE y UPCN no se quedaron atrás.

En los últimos días el gobierno impuso un nuevo cepo al dólar, medida que tiró por la borda su intento de retomar la iniciativa y el respiro que supuestamente le había brindado el megacanje de la deuda ante las patronales. Lo que demuestra que el país no tiene reservas y nada indica que la fuga de capitales se detenga, ni se evite la devaluación, más bien todo lo contrario. Las repercusiones golpean directamente al pueblo trabajador. El Presupuesto nacional presentado recientemente, que propone achicar el déficit fiscal a la mitad, lo cual se traduce en el recorte del presupuesto social y los salarios. La inflación dibujada es completamente funcional al presionar las paritarias a la baja, existe un menú de subsidios a las patronales y un paquete de impuestos al consumo, al salario y a la vivienda muy contrario a lo que se necesita en tiempos de crisis que es de gravar a los que más tienen.

Ingrid Urrutia

Ese rumbo quedó en los jingles de campaña, allá hace tiempo. Si a esto se le suma la reforma laboral y previsional pendientes, que además componen las históricas recetas del FMI, estamos en condiciones de afirmar que la perspectiva que nos espera a lxs trabajadorxs es de más radicalización y giros bruscos, ligado al limitado margen de acción que tiene el gobierno. Una oportunidad para fortalecer Alternativa Estatal y el MST.

Con este panorama de referencia, la situación de lxs estatales muestra particularidades que ameritan empezar a prepararnos para lo que se viene. Para empezar, el sector se encuentra atravesado por el retraso de las paritarias, situación que no dista mucho del casi 80% de trabajadores bajo convenio en todo el país. Ya la paritaria 2019 había sido 30% a la baja, en cómodas cuotas hasta febrero 2020, cuando se cobró la última.

Pero esta situación lleva una década, lxs estatales perdimos un 50% de nuestro poder adquisitivo desde 2010. El segundo gran eje crítico es la precarización en toda su gama: así lo reflejaron los despidos masivos en el periodo anterior. Actualmente el 50% de lxs estatales estamos precarizadxs bajo diversas modalidades, fundamentalmente los jóvenes. Un elemento nuevo que incorporó la pandemia es el trabajo remoto, que sigue sin reglamentación y fuera de convenio y llegó para quedarse.

Actualmente, casi el 70% de trabajadorxs estatales nacionales se encuentra bajo esta modalidad, soportando los gastos de conectividad, con recursos propios y sin ningún tipo de reconocimiento. Un punto crítico es la ausencia de condiciones estructurales de espacio y recursos, y la incompatibilidad del trabajo con las tareas del cuidado, concentrado en el hogar, lo que afecta de lleno a las mujeres.

En el encuentro tomaron la palabra casi 30 estatales que reflejaron el estadío de acumulacion de bronca por el atraso salarial. Mientras a la bonaerense le dan el 40% de aumento salarial, a los estatales nos tenían aplaudiendo. Si bien hay bronca y esta crece, el rol de la burocracia, además de ser un freno, presenta elementos nuevos.

Las conducciónes de ATE, además de integrar el Frente de Todos, son parte del staff de funcionarios que propagandizan desde el inicio de la cuarentena la ideología de unidad nacional, de ser solidarios, del Estado somos todxs. Pero no, todo ese discurso se desmorona. Esto se suma a que en mayo pasaron la paritaria a un cuarto intermedio de cuatro meses, lo que los ubica hoy ante una nueva negociación con el gobierno, que no tiene oferta hasta el momento. Y la conducción de ATE niega el ajuste y se predispone a aceptar lo que se ponga en la mesa, porque de medidas o plan de lucha cero.

En todo este marco y reflejando las diversas realidades a lo largo y ancho del país, resaltó que la realidad de lxs municipales y provinciales es peor porque la modalidad remota es marginal. El rol de la Verde en ATE ha decepcionado a muchxs trabajadoxs que han roto con ese modelo que a las claras mantiene vínculos orgánicos directamente con los intendentes y gobernadores.

Lxs trabajadores de Chubut vienen enfrentando el ajuste de Arcioni desde el 2018, pero este recrudece mes a mes por el rol de ATE, persecutorio hacia el activismo y los sectores que sostienen la lucha. Por su parte, lxs trabajadorxs de La Plata expresaron la grave situación del IOMA, del IPS y la necesidad de contar con una oposición que tenga como objetivo coordinar y apoyar los sectores que están luchando.

Al cierre del encuentro, se recogieron las propuestas y resolvieron las próximas tareas a impulsar. Tomó fuerza la necesidad de impulsar una nueva orientación para revertir el freno de mano que le pusieron a todos nuestros derechos y demandas el gobierno y la burocracia en completa unidad.

Se resolvió impulsar un boletín que recorra las principales necesidades del sector, una campaña nacional por recomposición salarial, por el pase a planta para terminar con la precarización y para visibilizar las consecuencias del trabajo remoto. También se resolvieron reuniones en cada lugar y construir desde mañana mismo un nuevo encuentro nacional y fortalecer la organización política y sindical desde Alternativa Estatal y el MST que tome en sus manos los desafíos que se vienen y tenga un rol protagónico para que dejemos de pagar la crisis lxs trabajadores.

                                       Ingrid Urrutia y Vanesa López                                               Alternativa Estatal – ANCLA/MST

La excusa dada por el Gobierno de Larreta es la prevención en el contagio de Covid-19, porque funciona en un ala del hogar San Martin que alberga adultxs mayores. Sin embargo, como fue denunciado por las trabajadoras del sector, esto no sería necesario dado que se garantizan las condiciones para brindar un espacio seguro y adaptado a las demandas de las adolescentes y sus hijxs, cumpliendo con los protocolos y controles sanitarios dispuestos, por lo que cae la excusa del gobierno.

Al no haber ninguna justificación para la “mudanza” del hogar, estamos en presencia de un verdadero desalojo y vaciamiento que se lleva puesto los derechos de las adolescentes y sus hijxs que se encuentran desamparadas y sin ningún tipo de protección estatal. Se rompe el trabajo interdisciplinario que venían haciendo las trabajadoras desde hace cinco años, desarrollando un trabajo pormenorizado con cada adolescente, primero como adolescente y luego como madre.

Hay que terminar con la pandemia de la violencia machista

Mientras Larreta pretende cerrar el único Hogar que trabaja específicamente la situación de chicas menores de 18 años (y uno de los cuatro refugios que existen en la Ciudad para mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género), desde el comienzo de la pandemia la curva que no se aplana es la de femicidios y casos de violencia de género, sin que exista una política específica de los gobiernos.

Como denunciaron las trabajadoras del Hogar “La redistribución de población y trabajadoras del Hogar Eva Duarte, trae como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos, ya que ante el recrudecimiento de los casos por violencia de género, los efectores están colapsados y no llegan a cubrir la demanda. Esta decisión implica de hecho, el vaciamiento de esta política pública y la vulneración de los derechos de las adolescentes y sus hijxs».

Asimismo, mientras a nivel nacional y de la Ciudad, los gobiernos destinan millones a los organismos y entidades financieras internacionales, el presupuesto para la Ley 26.485 de violencia de género es de menos de $20 anuales por mujer. Todo mientras la violencia machista sigue en ascenso, siendo que en este contexto se han triplicado las consultas a las líneas telefónicas de asistencia en violencia de género, y el 70% de los femicidios ocurridos durante la cuarentena tuvieron lugar en el hogar de la víctima.

Por esta razón, nuestra compañera Cele Fierro presento el 27 de mayo un proyecto en la Legislatura para que se instale una casa refugio por comuna en los inmuebles vacíos denominadas herencias vacantes en la CABA.

En razón de todo esto hacemos responsable al Gobierno de Larreta del vaciamiento del Hogar Eva Duarte, de la falta refugios para atender situaciones de violencia de género, de las condiciones de precarización bajo las cuales se encuentran las trabajadoras del hogar con salarios de miseria.

Desde Alternativa Estatal y Juntas y a la Izquierda nos solidarizamos con las trabajadoras y denunciamos que No es Mudanza, es Desalojo, levantamos bien fuerte: NO AL CIERRE DEL HOGAR EVA DUARTE, reclamamos presupuesto de emergencia para violencia de género, exigimos que se realicen las refacciones correspondientes en el Hogar para garantizar una entrada diferenciada y continuar trabajando en el actual espacio de trabajo, permitiéndose el reingreso de todas las adolescentes con sus hijxs.

Vanesa Lopez, Alternativa Estatal / Juntas y a la Izquierda

Con esos leves retoques intentan contener la bronca, confundir y desarmar a los trabajadores frente a la ofensiva macrista. Su rol es el de siempre: aliados claves del gobierno de turno y sus planes patronales.En la Rural, en la 4ª Conferencia Mundial sobre trabajo infantil, el ministro Triaca y los jefes cegetistas Daer, Schmid y Acuña pactaron una adecuación táctica de la brutal reforma laboral que exigen la burguesía y el FMI. Como la caldera social empezó a subir la temperatura, la burocracia sindical y el gobierno coincidieron en mejorar algunos puntos “sensibles” del proyecto de reforma para lograr que salga este año y les permita un marco jurídico más favorable. Total después pueden seguir la entrega lugar por lugar y así también le permiten a cada jeque sindical negociar su partecita de la entrega de los trabajadores.Las principales “modificaciones” que la burocracia y Triaca pactaron son:

1.  Banco de horas: las compensaciones por horas extras y trabajos en feriados o días no laborables se tratarán más adelante, metiendo así la reforma en cada convenio.
2.  Indemnizaciones: amplía un poco la base salarial pero quedan excluidos los beneficios extraordinarios, así como el uso de auto, cochera, celular o viáticos, entre otros.
3.  Solidaridad: se alcanzó una tregua al establecer que “el tercerizado” no puede percibir menos salario que el de la actividad principal.
4.  Fondo de cese laboral: acordaron que se determinará caso por caso en los convenios colectivos. La intención oficial es replicar el ejemplo UOCRA, que tiene un “fondo de cese” debido a la poca estabilidad del sector. Gastronómicos, el gremio de Luis Barrionuevo, es uno de los que evalúan incluir esta figura en su próxima negociación.

Lo que dejaron intacto

1.  El capítulo sobre blanqueo laboral, quitando multas a los empresarios y limitando a cinco años el pago de contribuciones.
2.  La inclusión de la figura jurídica de prácticas formativas, manera elegante de llamar a las pasantías.
3.  El artículo sobre contribuciones patronales virtualmente se eliminó, pero se lo derivó a lo que determine el proyecto de reforma fiscal.
4.  La creación de un Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud, a fin de reducir el nivel de “litigiosidad” contra las obras sociales.
5.  Dejan casi intacta la modificación del principio de irrenunciabilidad.
6.  Los gremios se comprometieron a “colaborar” para que las provincias adhieran a la nueva ley de ART.

Si esta reforma pasa, lxs trabajadores vamos a estar peor. No hay que comparar el proyecto de reforma y los puntos cambiados, como plantea la burocracia para lavarse la cara. Lo que hay que comparar es el marco jurídico actual al retroceso que pretenden el gobierno, las patronales y la burocracia de la CGT.

Lo que se viene

Triaca planifica las paritarias sobre dos ejes. Uno es el salarial, cuya pauta de referencia será un 15,7%. El otro eje girará en torno a los cambios al convenio. Con aval de la burocracia, hasta hace poco el gobierno exhibía dos acuerdos tipo: el firmado con Petroleros en Vaca Muerta (baja de aportes patronales por viáticos y redistribución de tareas del personal, entre varias cosas) y el de los lecheros de ATILRA, a partir del derrumbe de SanCor (baja de aportes patronales a la obra social).

Ahora sumó al listado el acuerdo alcanzado con la UOM fueguina, que pactó con los empresarios congelar los salarios por dos años a cambio de que no haya despidos. Hubo una salida similar en el gremio de capitanes de ultramar (jerárquicos), cuyo jefe, Marcos Castro, ofreció hasta una reducción de sueldo para “mantener” la actividad.

Si bien la presión de las bases logran que la burocracia tenga que barnizar la reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la reforma laboral es necesario un plan de lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser efectivo si en primer término logra un amplio arco de unidad de todos los sectores que quieran combatirlo, pero simultáneamente, con la construcción de una herramienta sindical que forjada al calor de la lucha sea  fundada sobre bases opuestas al del modelo sindical imperante.

Estamos transitando un momento político en donde el ataque hacia los trabajadores requerirá de esta nueva herramienta y por ello mismo será posible empezarla a poner en pie.
Si bien la presión de las bases logran que la burocracia tenga que barnizar la reforma, esto no quita su función estratégica. Es por ello que para poder derrotar la reforma laboral es necesario un plan de lucha. Dicho plan de lucha solo puede ser efectivo si en primer término logra un amplio arco de unidad de todos los sectores que quieran combatirlo, pero simultáneamente, con la construcción de una herramienta sindical que forjada al calor de la lucha sea  fundada sobre bases opuestas al del modelo sindical imperante.
Estamos transitando un momento político en donde el ataque hacia los trabajadores requerirá de esta nueva herramienta y por ello mismo será posible empezarla a poner en pie.
En resumen, la reforma sigue siendo una porquería. Ahora la tarea es la unidad para enfrentarla, mientras seguimos construyendo una alternativa sindical democrática, antiburocrática y combativa.

Vanesa López y César Latorre

El fallo avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5%. Esa conquista lograda por los bancarios rompió el techo miserable del 18 % que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri. El gobierno se negó a reconocer esa paritaria para no sentar un precedente de acuerdos salariales por encima de su cifra, pero ante la amenaza de un paro bancario, y como le pasa con muchas de las medidas que viene tomando, tuvo que recular y terminar homologando el acuerdo.

Los trabajadores bancarios también acudieron a la Justicia cuando se demoró la homologación. La Cámara de Apelaciones del Trabajo instó a las cámaras que nuclean a los bancos a pagar el acuerdo paritario y al Poder Ejecutivo a no intervenir. No obstante, Triaca y el vicejefe de gabinete Mario Quintana se reunieron en la Casa Rosada con directivos de los bancos agrupados en la cámara ABAPPRA y del Banco Central para ordenar que no se liquidaran los sueldos de enero con el aumento pactado. Esto confirma que su única intención es beneficiar a los banqueros y perjudicar a los trabajadores.

Aunque parecía que el conflicto se había resuelto la semana pasada cuando los bancarios y las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo salarial y se levantó el paro de 72 horas previsto, el gobierno, aun vencido en su intento flexibilizador, terminó acusando a Arias Gibert y Marino por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional”.

“Hay una policía de pensamiento”

Arias Gibert

Así definió Arias Gibert al pedido de juicio político presentado en su contra, en función de que lisa y llanamente propone sancionar a las personas por opinar sobre temas dentro de su esfera de competencia. En una entrevista radial, aseguró que piden juicio político porque “no les gustó la sentencia. El Estado puede intervenir, pero con razonabilidad. No puede hacerlo sin dar razones. No debe interferir en lo que es la negociación entre las partes, en un derecho reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. Consideró “grave” que “exista una amenaza de juicio político porque uno falla lo que no le gusta a una de las partes. No se puede judicializar la política, ni politizar las decisiones judiciales fundadas en las normas… Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos…”

Con la decisión del Poder Ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial, “se le estaba sacando” a los trabajadores “el derecho de tener paritarias”, algo que “no es un derecho de la Justicia ni del Poder Ejecutivo”. Según el juez, detrás del pedido de juicio político en su contra hay un mensaje a los magistrados que fallan contra una decisión del Poder Ejecutivo: “Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’. Está complicado creer en el derecho en Argentina hoy.”

Repudios en masa al gobierno macrista

Distintos sectores repudiaron la actitud persecutoria del gobierno:

• Los trabajadores judiciales advirtieron que “se busca disciplinar” a la justicia “detrás de los objetivos políticos” de la administración macrista. La comisión interna del fuero laboral manifestó su “más enérgico repudio” ante un hecho “más tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del gobierno nacional y que se repite la misma forma con que desde el poder político se teledirige a la justicia federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires”.
• El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, declaró que “se intenta intimidar a los jueces para luego instaurar una justicia macrista desfavorable para los trabajadores”.
• La Asociación de Abogados Laboralistas manifestó que se trata de “uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, fundado en el contenido de sus sentencias. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”.
• La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional señaló: “La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”.

Desde el MST en Izquierda al Frente repudiamos la presentación del ministro Triaca y el gobierno macrista y defendemos el derecho de los trabajadores a negociar en paritarias libres. La organización y la lucha del movimiento obrero es la herramienta para frenar los intentos de ajuste, despidos y todo tipo de flexibilización laboral.

Vanesa Paola López,

Equipo de Abogadxs del MST