Hoy este accionar de esos altos mandos, con el apoyo del ministro de Defensa, Agustín Rossi, se enmarca en la política del gobierno de Alberto Fernández de “dar vuelta la página”. Intenta fotalecer a las FFAA, de seguridad y policías, pasando un manto de olvido sobre los crímenes atroces de ayer y de hoy.

Esta política pretende tirar por la borda años de heroica lucha de los organismos de derechos humanos y la izquierda por Memoria, Verdad y Justicia, seguir los juicios y lograr cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices.

Rechazamos toda forma de reivindicación de las Fuerzas Armadas, que no han cambiado su esencia burguesa represiva, así como también el aumento salarial y la “amnistía encubierta” a los implicados en sumarios por casos de gatillo fácil en la Policía Bonaerense, mientras reprimen a las enfermeras en el Día de la Sanidad y pretenden desalojar familias sin techo.

En Tucumán sigue pendiente otro juicio por el Operativo Independencia, a la vez que repudiamos a los que en el banderazo del 19S lo reivindicaron.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Memoria, Verdad y Justicia.
Apertura de todos los archivos de la dictadura.
Juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, económicos y eclesiásticos.

MST en el FIT Unidad, Tucumán.

Es perverso que se le exija a los que buscan a Santiago, que antes de preguntar por él pidan por todos los desaparecidos. Sobre todo cuando los que lo plantean son personas o medios que justifican la desaparición de Santiago y que nada hicieron en el pasado por esas otras personas. Se niega la gravedad de esta desaparición intentando licuarla en un mar de casos. El razonamiento no es ingenuo, pretende que naturalicemos el hecho de que en democracia también pueda haber desaparecidos; enarbolan a Julio López para demostrar su tesis de que estamos ante algo habitual que no merece tanta repercusión.

Por otra parte, es falso que nadie se preocupe por Marita Verón, Julio López o Luciano Arruga. Cientos de organizaciones políticas y sociales y decenas de miles en todo el país, nos movilizamos y seguimos haciéndolo cada año exigiendo justicia.

El oportunismo de algunos sectores no invalida la legitimidad del reclamo

Es cierto que hay organizaciones políticas y sindicales que hoy hablan de Santiago y que callaron ante la desaparición de López, que hoy defienden a los mapuches y que mantuvieron silencio ante los atropellos al pueblo Qom durante el gobierno anterior. También hay quienes se movilizaron ante la muerte del fiscal Nisman y no hicieron lo mismo ante la desaparición de López, testigo clave en un juicio de lesa humanidad.

Existen hipocresías y oportunismos de varios colores. También existe coherencia en muchas personas y organizaciones que hemos defendido los derechos humanos siempre, sin importar a qué sector político favorezca o afecte coyunturalmente. Porque hoy vuelve a faltar una persona y eso trasciende -o debería-, cualquier cálculo político o electoral. Es objetivo, como también lo es la responsabilidad política del gobierno nacional que ha intensificado la represión como respuesta a los reclamos populares.

Mejor hablar de ciertas cosas

Los ataques gubernamentales a la docencia y los intentos por responsabilizarla de la profunda crisis que atraviesa la escuela pública, es el caldo de cultivo que dio origen a la campaña “con mis hijos no”, que no sólo ataca la libertad de cátedra, sino que se riñe con preceptos pedagógicos y democráticos básicos de nuestra sociedad, consagrados en la Ley de Educación Nacional.

Se aduce que la educación debe ser apolítica; algo que además de equivocado, es imposible. El acto educativo es un acto esencialmente político. Es político hablar en clase de Santiago, como también lo es decidir no hacerlo. La educación es política porque es una instancia indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía, en la cual se ponen en juego y reproducen valores, ideas y normas. Lo que se prohíbe hacer en las escuelas, es proselitismo o política partidaria.

La ley de educación nacional Nº 26.206 es clara en relación al tratamiento de los derechos humanos. En sus artículos Nº 3, 8, 11, 30, 54 y 92 -por nombrar sólo algunos-, se habla de profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, la diversidad, la justicia y otras libertades fundamentales. También se plantean como ejes necesarios “contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”.  Lo cual es pertinente abordar ahora, dado que el contexto en el que ocurre la desaparición de Santiago, es el reclamo legítimo del pueblo originario mapuche en contra del gobierno que defiende el interés de una empresa extranjera en detrimento de sus derechos sociales.

Ya dijimos nunca más

La desaparición de Santiago Maldonado ha interpelado a toda la sociedad, las calles, las redes sociales y también a las escuelas. Sólo alguien que no convive en un aula con adolescentes, puede creer que un tema de esta magnitud puede esquivarse o que los estudiantes son presa fácil del adoctrinamiento. Este tema se discute en las aulas, galerías, salas de profesores. Y es un auspicioso síntoma que así sea, ya que la escuela tiene entre sus principales objetivos, formar ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad de la sociedad en la que están insertos.

No podemos justificar ni naturalizar las violaciones, las injusticias y los atropellos a los derechos humanos. No puede haber espacio para un nuevo “algo habrá hecho”, no podemos mirar para otro lado.

Luciana Echevarría

Docente, delegada departamental de UEPC

Candidata a diputada nacional por Izquierda al Frente

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Abajo el 2 x 1 de impunidad a los genocidas

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcha hoy contra el 2×1 de impunidad a los genocidas. El rechazo popular a ese fallo de la Corte es tan masivo, que el gobierno macrista tuvo que recular en chancletas y ayer en Diputados se aprobó la ley que impide ese beneficio a culpables de delitos de lesa humanidad. Más allá de cómo la interprete esta Corte pro-genocidas, esta ley es una primera victoria de la lucha del pueblo. No confiamos en éstos jueces y ésta justicia sino en la movilización. Así fue como derrotamos el Punto Final y la Obediencia Debida, como también vamos a derrotar para siempre este 2×1 aberrante.

El 3 de mayo, por mayoría, la Corte benefició con el 2×1 al torturador Muiña. Aplicó una ley ya derogada, que sólo rigió de 1994 al 2001 para paliar la situación de presos comunes con largas prisiones preventivas sin sentencia. Ni Muiña ni los demás genocidas hoy condenados o procesados cumplieron prisión preventiva en esos años. Antes de 2001 ni siquiera estaban procesados, ya que se amparaban en las leyes de impunidad.

El 2×1 dictado por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton es parte de la política de impunidad que pretende imponer el gobierno macrista. Aunque ahora quieren lavarse la cara, sus funcionarios negaron a los 30.000 desaparecidos y Macri mismo negó el terrorismo de Estado al hablar de “guerra sucia”. La reconciliación con los genocidas que impulsa la cúpula de la Iglesia va en el mismo sentido. Y esa política, hay que decirlo, la inició el gobierno de Cristina Kirchner al designar al genocida Milani como jefe del Ejército.

Quieren reinsertar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna para cuando las necesiten para imponer los despidos, el ajuste y la entrega. Es que esos planes no pasan sin represión. Y después de un marzo lleno de paros y movilizaciones masivas, Macri y los gobernadores desplegaron una contraofensiva represiva, como lo vimos en Capital y Gran Buenos Aires contra los piquetes del paro general del 6 de abril y otras luchas, y también en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy y Chubut.

Para los genocidas que torturaron, secuestraron, robaron bebés y desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras exigimos cárcel común y efectiva. No queremos sueltos a los Muiña y los Etchecolatz. El 2×1 vergonzoso fue posible por los dos nuevos jueces que puso Macri en la Corte. Aun siendo el macrismo minoría en el Senado, a Rosatti y Rosenkrantz los aprobó la mayoría de los senadores de los partidos de oposición, que cargan con su parte de responsabilidad. Pero gobierne quien gobierne, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto a la inmensa mayoría de nuestro pueblo seguiremos luchando sin tregua, en unidad y en las calles, contra la impunidad de ayer y de hoy.

• Para los genocidas, ni 2×1 ni reconciliación: cárcel ya!
• Apertura de todos los archivos de la dictadura
• No a la represión de Macri y los gobernadores

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA