Escribe: Emilse Saavedra, MST Chubut

Con su frase, que infiere que los victimarios en realidad son víctimas de un padecimiento que los “ahoga”, Rivarola exculpa de sus actos a los violadores. El fiscal, que es quien debe acusar, justifica. Como si fuera poco, ese mismo 3 de junio el Ministerio Público Fiscal provincial salió a defender esos dichos y alegar que fueron sacados de contexto y se “cambió el sentido de los términos”.

Al otro día, Rivarola emitió un comunicado autojustificatorio, hablando de estereotipos machistas (!). Según dice, se limitó a “describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad”. Es al revés: sus palabras también implican degradar a las víctimas de violación. Y nadie tergiversó nada. No existe legislación alguna que ampare sus expresiones ni tampoco desahogo sexual es una figura jurídica. Es más simple: son un reflejo del machismo tan arraigado en el sistema judicial.

Si bien la víctima tiene derecho a aceptar un juicio abreviado (que inculpa a otros violadores pero rebaja la acusación y la hace excarcelable) en busca de “sanar” y “cerrar el caso”, la trascendencia excede claramente el ámbito individual y por eso repudiamos las barbaridades dichas por Rivarola y el MPF.
El juez Nieto di Biase rechazó el acuerdo confidencial de reparación monetaria, que de hecho era canjear plata por impunidad.

No es un fiscal, es la justicia patriarcal

Rivarola es conocido en Chubut por haber investigado a compañeres mapuches que realizaban una recuperación territorial en 2015 y por haber sido partícipe del espionaje ilegal a activistas anti-megaminería en la cordillera. Luego fue premiado por la justicia patriarcal y clasista con un sobreseimiento en esa causa y más tarde ascendido a jefe de fiscales, demostrando reiteradas veces la impunidad de la que goza.

En ese marco, no nos olvidamos de la defensora Leyba, que ante un caso de violación dijo que a una persona obesa no se la podía violar. Tampoco del juez Donnet y sus expresiones misóginas y racistas, como que la mujer se debe dedicar a los hijos y a la familia como mandato de vida. Es decir, no se trata de un fiscal o un juez sino de toda una justicia patriarcal, que, amparada en sus privilegios, tiene impunidad para dictar fallos vergonzosos y predicar prejuicios machistas medievales.

Arcioni y Alcorta, oportunismo recargado

A la vez, repudiamos el cinismo con el que el hambreador Arcioni sale ahora a decir que está “analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune”. Es un intento ultra oportunista de lavarse la cara. En otro comunicado plantea un “pedido de jury por mal desempeño de sus funciones”. Pero la (in)justicia de Chubut está diseñada a imagen y semejanza de quien la gobierna. El mal desempeño de las funciones lo encabeza el gobernador, que adeuda dos meses de salario a los trabajadores estatales y que mientras fue vicegobernador vetó la emergencia en violencia de género en la provincia.

En la misma sintonía oportunista, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, viajó hasta aquí para montarse sobre nuestra lucha. Llamó “deuda histórica” al hecho de que el Poder Judicial no tiene perspectiva de género, cuando es su propio ministerio el que no garantiza que la Ley Micaela se cumpla en las provincias. Y habló de la violencia de género, cuando es también su ministerio el que no exige el presupuesto necesario y urgente para combatirla, abrir más casas-refugio y bajar la tasa de femicidios.

En síntesis, en los hechos no hay contradicción entre fiscales, defensores, jueces patriarcales y un Poder Ejecutivo que no garantiza la aplicación efectiva de la ILE, ni la Ley Micaela ni la Ley 26.485 anti-violencia, entre otras falencias.

La salida es por izquierda

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST repudiamos rotundamente la expresión del fiscal Rivarola. Una violación en grupo no es desahogo: es un crimen y aberrante por contar con cómplices y encubridores. A la vez, denunciamos que la calificación de desahogo sexual a una violación podría sentar un precedente para otros casos, atenuando su gravedad. Por eso exigimos la destitución del fiscal, por estos dichos y por todo su prontuario de espionaje.

Este repudio lo llevamos a las calles. En Buenos Aires, ante la Casa del Chubut, nuestra dirigente Cele Fierro encabezó un escrache. También nos movilizamos en las ciudades de toda la provincia: en Esquel se convocó a una concentración en la puerta de Tribunales, en Puerto Madryn se concentró en el monumento a la Mujer Galesa, en Trelew por la cuarentena más restringida se hizo una iniciativa virtual y en Comodoro Rivadavia marchamos hasta las oficinas del MPF junto a otras fuerzas del FIT Unidad.

También acompañamos la petición virtual que se encuentra en change.org1 dirigida al juez de la causa Marcelo Nieto di Biase, al presidente del Consejo de la Magistratura Enrique Miglione y al gobernador Arcioni con el pedido de juicio político al fiscal. Ya se han reunido más de 800.000 firmas, lo que confirma el gran repudio nacional y la necesidad de una justicia con perspectiva de género.

Para liquidar esta justicia machista, clasista y adicta al poder de turno hace falta democratizarla a fondo, mediante la elección de lxs jueces y fiscales por voto popular (en fecha separada de las elecciones políticas), sin salarios de privilegio, con mandatos limitados en vez de vitalicios y que sean revocables en caso de mal desempeño, con formación en género e implementando los juicios por jurados populares. Ése es el camino para lograr una justicia digna de llamarse como tal e independiente del poder político.

1. No fue desahogo sexual: Juicio político para el fiscal Rivarola. Change.org/NoFueDesahogo.

El denominador común de estos repudiables hechos fue el ataque sexual en patota, en manada. Según varias especialistas, es un intento de demostrar poder y virilidad entre varones, disciplinar a las mujeres y reaccionar -conscientemente o no- frente al avance de la lucha feminista. En tiempos en el que el movimiento de mujeres cuestiona los lugares tradicionalmente asignados a los géneros, la masculinidad hegemónica, representante del poder patriarcal, reacciona con actos de extrema violencia.
Esto también invita a cuestionar el modo en que los medios presentan tales noticias. El artículo de Clarín con su prejuicio (“una chica que no debió estar allí”) confirma la falta de protocolos y de perspectiva de género en el periodismo. Las notas con todo detalle y la reiteración a toda hora propenden más a difundir la violencia sexual que a prevenirla. Sobre una estructura subyacente de violencia fundada en la asimetría del poder patriarcal, los medios ofrecen modelos de violencia que habilitan su propagación.
También es cierto que, al calor de la nueva ola feminista y tras la denuncia de Thelma Fardín, que puso énfasis en la violencia sexual, muchas mujeres denuncian abusos y violaciones que antes estaban naturalizadas o silenciadas por la cultura de la culpabilización femenina, que supone como consentimiento entrar a una carpa con varones o tomar alcohol. Muchas cosas están cambiando y las denuncias pasan a ser más inmediatas y escuchadas.
Esta situación no está exenta de debates y también de campañas equivocadas que replican algunos grandes medios. Un argumento típico es el de presunción de inocencia de todo acusado: es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero es errado aplicar mecánicamente ese criterio a los casos de violencia de género, que no se limitan a aspectos jurídicos sino que expresan una realidad social muy concreta. Es que antes de presumir inocencia se debe tomar en cuenta que hay una estructura preexistente de desigualdad y violencia machista. Es un problema social extendido, en general desatendido por el Estado y desoído por la justicia.

No al aparato de descreimiento de la violencia sexual

Nos referimos con este término al conjunto concatenado de frases y argumentos que se despliegan ante una denuncia de violencia sexual, sea a nivel social, mediático o judicial. Además, nadie desconfía tanto de una denuncia de otra naturaleza: por ejemplo, cuando se denuncia un robo, a nadie se le ocurre preguntar por la conducta de la persona que fue robada, ni mucho menos se supone a priori que sea una mentira. Esta diferencia de actitud demuestra la naturalización de la violencia y el pacto social que sostiene al patriarcado.
Si bien en la Argentina no hay estadísticas sobre denuncias falsas, la cifra oficial de un país similar, como lo es el Estado español, indica que son un porcentaje ínfimo: apenas un 0,01% . Otro ejemplo diferente es el de los EE.UU., donde las falsas denuncias serían del 2% al 8% del total . De todos modos, en ambos casos es un porcentaje muy bajo comparado con la estimación de que no se denuncia un 65% de los abusos, que en su mayoría son intrafamiliares.
A ello se suma que las falsas acusaciones rara vez conducen a condenas indebidas y que en la mayoría de casos la justicia no encontró respuestas ni dictó resoluciones. En síntesis, todo indica que el número de abusos sexuales no denunciados supera con creces el número de hombres falsamente acusados.
Por esta realidad de injusticia, el primer paso que proponemos es creerle a la denunciante, ya que partimos del hecho demostrado -no meramente supuesto- de que la violencia de género es una realidad extendida, naturalizada y silenciada; y que gracias a la lucha feminista se denuncia con más frecuencia. La respuesta a ese primer paso es apoyar a la denunciante, acompañarla y separar de inmediato al denunciado del espacio que compartan, sea cual fuere. Es una restricción perimetral social, protectiva de la denunciante.
A su vez la investigación debe ser rápida y esta es otra de las banderas a levantar en la lucha anti-violencia. En realidad, la investigación más rápida conocida fue la que terminó con la condena a Nahir Galarza por haber matado a su novio. En cambio para la mayoría de las mujeres violentadas la justicia llega tarde o nunca llega. Por eso nuestra acción de movilización, incluido el escrache si lo hay, es a fin de presionar para lograr justicia. Y apuntamos al poder judicial porque con la condena social no alcanza: las instituciones del sistema, que suelen encubrir al violento, necesitan ser puestas en cuestión y transformadas profundamente.
Al mismo tiempo, el proceso judicial incluye el derecho a defensa de todo acusado, porque la denuncia no equivale a condena automática. Se trata de una garantía básica de procedimiento, donde además las penas deben ser acorde al grado del delito cometido y si mayor es la desigualdad de poder, si más asimétrica es la relación, más dura debe ser la condena. La lucha por justicia debe integrar medidas de cambio en el sistema judicial, que junto a su carácter de clase tiene uno de género: es burgués y patriarcal.

¿Punitivismo o no? Nuestra propuesta

Tal como lo reflejamos en notas previas, la respuesta punitivista que se centra en la pena individual del acusado, confiando en que las instituciones del sistema resuelvan el problema, es limitada y a menudo errada. Desde ya, es indispensable que ante cada abuso sexual se imparta una condena concreta. Pero desde nuestra perspectiva revolucionaria, el problema no se limita a una cuestión moral e individual. Y además, las cárceles argentinas están lejos de ser una solución a cualquier problema, no sólo a los de género.
A ello se suman dos errores opuestos pero simétricos: por un lado, hay sectores que descontextualizan y usan a su conveniencia oportunista algunas frases de Rita Segato para criticar todo escrache o denuncia social; por otro lado, hay un sector del feminismo centralmente punitivista que plantea el escrache como principal y a veces única medida de acción.
Es preciso superar ese falso dilema y apuntar a elaborar métodos colectivos de lucha y transformación social. A nuestro entender, el debate debe escapar al simplismo escrache sí o no, sino en cómo proponer denuncias que sean efectivas. Una denuncia social, pública, puede ser útil para el primer punto, separar al denunciado , y debe ir acompañada de la exigencia de justicia, a través de la acción colectiva. Así sucedió con el caso de Cristian Aldana, el cantante de una banda de rock, cuyo escrache ayudó a acelerar las denuncias cajoneadas por la justicia y animó a otras mujeres a denunciar, evidenciando una conducta sistemática y sostenida por parte del abusador.
Por eso, tal como sostuvimos en notas anteriores, el escrache puede servir para la búsqueda de justicia, no para reemplazarla ni sustituirla. La conquista de justicia tiene un mayor impacto social, simbólico y político, porque significa un quiebre al interior de las instituciones del sistema, acostumbradas a proceder de otra manera. Es un golpe al poder patriarcal porque lograr justicia es una forma de decir nunca más.
Pero la respuesta punitiva no es la única ni la misma para todos los casos, como si todo diera igual. Es central poder leer bien la diferencia entre las relaciones entre casi pares y las grandes asimetrías de poder. Saber diferenciar dónde se puso en juego un poder o si son escenas sintomáticas entre niñes o adolescentes (cuya complejidad exige otros modos de abordaje y requiere de acompañamiento para cambiar la conducta sexual).
A ello se suma la campaña punitivista del gobierno nacional, que busca bajar la edad de imputabilidad, legalizar el gatillo fácil y la mano dura como única respuesta del aparato represivo del Estado. Esa política ya fracasó. Vivimos en una cultura donde los varones fueron criados para disciplinar a las mujeres, existiendo a veces poca distancia entre un abuso y un micromachismo o entre una conducta abusiva a ser erradicada y la consolidación de modos sistemáticos de violencia. Ante ello la respuesta punitiva no es transformadora de la sociedad, no propone una educación que cuestione lo establecido ni lleva al varón a reconocer su machismo como paso necesario para deconstruirse, cuestionar sus privilegios y proponer herramientas con conciencia crítica.

Las medidas que hacen falta

Hasta hace poco, la relación género-derecho sólo estaba a debate en agrupaciones feministas. El efecto dominó después de la denuncia de Thelma instaló el tema en la sociedad y dio consenso para la votación casi unánime de la “Ley Micaela”, que prevé la necesaria formación en perspectiva de género para todos los estamentos del Estado. Sin embargo, dicha ley es insuficiente porque se da dentro del mismo aparato estatal de una sociedad que sigue siendo patriarcal y capitalista y, por ende, así lo son todas sus instituciones.
Gracias a la larga lucha feminista, la normativa argentina de género es avanzada y rica. Pero la aplicación suele fallar. La educación sexual integral es ley. La ley anti-violencia machista es bastante completa e incluye un artículo pionero sobre violencia laboral. El término femicidio se incorporó en 2012 y reemplazó al perimido crimen pasional en el inciso 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal. Y desde fines de 2016 existe una ley porteña contra el acoso sexual en espacios públicos (acoso callejero). Sin embargo, la violencia machista está lejos de resolverse y la justicia habitualmente sigue jugando en contra.
En lo inmediato, es necesario exigir el cumplimiento efectivo de cuatro leyes nacionales vigentes:
• Ley 26.150 de educación sexual integral. La ESI es insustituible para formar en el autocuidado y la prevención de los abusos desde la primera infancia. No se aplica.
• Ley 26.485 anti-violencia machista, que contempla casi todos los dispositivos necesarios para la asistencia integral. No se aplica por falta de presupuesto.
• Ley 27.210 de patrocinio jurídico gratuito, para que ninguna mujer víctima de violencia de género desista de denunciar o litigar por carencias económicas. Aún no se implementa por falta de fondos.
• Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para dar prioridad a la escucha judicial a las propias víctimas.
La interpretación de dichas leyes merece un nuevo paradigma social, que cambie rápidamente las formas de entender las cosas. Eso se dificulta en una institución como la justicia, que fue creada para mantener el statu quo. En el fuero penal, el 80% de los jueces designados son hombres. En la Corte Suprema nacional hay una sola mujer. De los 12 juzgados federales de Comodoro Py sólo uno está a cargo de una jueza. Y las mujeres también somos minoría en las instancias revisoras.
• Queremos tribunales con paridad de género. Que se designen más juezas, fiscales y defensoras mujeres es un requisito sine qua non si realmente se quiere cambiar y dotar de perspectiva de género a la justicia.
• La democratización es vital para poner fin a esta justicia adicta y dependiente del poder político. Queremos que los jueces y fiscales sean electos por voto popular, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño.
• Implementar los juicios por jurados populares en todas las provincias, con paridad de vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Este mecanismo participativo figura en la Constitución nacional desde 1853, pero se aplica poco y nada.
• Los jueces se deben considerar servidores públicos, sin privilegios: que ganen como una directora de escuela y estén obligados a utilizar la escuela y el hospital públicos. Equidad tarea-salario en todos los escalafones, transparencia en el desarrollo de la carrera judicial y formación en género y derechos humanos.
Al calor de las luchas por justicia, la movilización feminista y popular puede y debe imponer estos avances en la perspectiva estratégica de un cambio social e institucional de raíz contra este sistema capitalista y patriarcal.

Caro Dome