El intendente Posse en su carta, plantea una preocupación por la salud y la educación de lxs niñxs. Pese a esas “preocupaciones” el plan que presentó a la Provincia (que no es más que un copiado y pegado del “protocolo” que presento el ministro Trotta hace unos meses) ya fue repudiado y demostrado impracticable, tanto por la docencia como por las provincias donde se puso en práctica y hubo que dar marcha atrás por el impacto negativo que tuvo en contener al CoVid19.^[2]

En su carta, Posse dice “En el protocolo trabajaron pedagogos, especialistas en educación, infectólogos, pediatras, epidemiólogos y los responsables de habilitaciones del municipio.” (1) Ningún docente fue consultado, y no es casual ya que el mismo no tiene en cuenta ningún resguardo pedagógico.

Desde el 16 de Marzo cuando se declaró la suspensión de clases, ni el Gobierno Nacional ni el Provincial, supieron establecer pautas de trabajo o criterios de continuidad pedagógica, fue la docencia espontáneamente la que buscó herramientas para tratar de establecer y sostener dicha continuidad.

En la misma sintonía de improvisación, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia nunca se buscaron resolver las situaciones más acuciantes, como por ejemplo el gran escollo de la “virtualidad” que es la falta de dispositivos y conexión a Internet. En ese mismo sentido Posse continua: “Es una preocupación que tiene que ver con la salud y, como parte de la salud integral, con la educación formal en medio de la pandemia. Es un equilibrio que hay que tener en cuenta: el cuidado de la salud de toda la población y la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos.” En el caso de la salud y la educación a seis meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio San Isidro está lejos de ser un ejemplo. Sin ir más lejos,  es uno de los distritos con mayor cantidad de infectados en la Provincia, desde el inicio de la pandemia^[3] .

Párrafo aparte merece la situación con respecto a la educación, desde el inicio de la suspensión de clases no solo no desarrollo WiFi gratuito en espacios públicos como había anunciado ^[4] sino que por el contrario, dejó de mantener los que estaban en funcionamiento y de esta manera miles de estudiantes se quedaron sin conexión gratuita en plazas y espacios públicos. Con esta movida Posse se alinea con el jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta quien también intento públicamente forzar una vuelta a clases en el peor momento de la pandemia.

Lo que el intendente debe hacer es garantizar conexión y dispositivos a lxs estudiantes para que puedan mantener la continuidad pedagógica. La salud integral de lxs estudiantes no sólo se deteriora por el ASPO, sino por la falta de conexión con sus compañeros y amigos, hay miles de casos de estudiantes que desde el primer día no tienen acceso a internet y por esa vía fueron virtualmente “expulsados” de la escuela por la falta de políticas públicas de acompañamiento a sus trayectorias y sus problemáticas. El Estado que se preocupa por “la vuelta a clases presenciales” no estuvo ni está a la altura de garantizar su continuidad educativa.

Desde Alternativa Docente en la lista multicolor del SUTEBA, repudiamos la declaración del intendente y la intentona de volver a clases presenciales. Creemos que es imposible lograr un retorno sin riesgos a la escuela, sin un debate profundo con la docencia, estableciendo el mejor camino para hacerlo tanto para lxs docentes como para nuestros estudiantes y sus familias. Sin protocolos truchos, donde no se tiene en cuenta la dimensión pedagógica, donde se establecen “distanciamientos” que son físicamente imposibles en las escuelas de nuestro distrito, donde aún muchos edificios no cumplen con los “12 puntos de Seguridad e Higiene” acordados con el gobierno, y ni hablar de no contar con los elementos básicos necesarios para garantizar una escuela correctamente desinfectada y en condiciones.

En ese camino exigimos a las conducciones celestes de SUTEBA y CTERA que convoquen a un plan de lucha para tirar abajo definitivamente el “protocolo” de Trotta, y que replica el intendente Posse, que nada tiene que ver con la educación. Protocolos que fueron establecidos por tecnócratas y políticos que no conocen las necesidades reales de las escuelas, sin consultar a las comunidades educativas, a las que supuestamente van dirigidos.

Además exigimos que se convoque a un congreso pedagógico para debatir un profundo cambio en el modelo educativo que se adapte a las necesidades reales de nuestras comunidades, que tenga instancias realmente democráticas y participativas de todxs los actores de la educación pública.

German Gómez – Alternativa Docente

Delegado y Congresal SUTEBA

^[1] https://www.facebook.com/gustavoposse/posts/4450638648342253

^[2] https://mst.org.ar/2020/09/03/educacion-entre-renuncias-ventiladores-y-fracaso-democratizar-el-rumbo-educativo/

^[3] https://www.sanisidro.gob.ar/coronavirus/informe-diario-del-coronavirus

^[4] https://www.sanisidro.gob.ar/noticia/461

Escribe: Enzo Cuña

Bronca. Es lo que prima en lxs estudiantes, que se plasma en grupos de Facebook, de WhatsApp, en foros, en Instagram, etc. Esto se explica en la profundización de las desigualdades que experimentamos lxs estudiantes durante la cursada virtual, que se agravó a medida que el calendario académico transcurría y las respuestas no llegaban. En ese contexto iniciamos el segundo cuatrimestre.

La respuesta del rectorado: entre contradicciones e improvisación

La respuesta de la universidad en todo lo que respecta al desarrollo de las clases virtuales fue improvisada y contradictoria. En esto tiene que ver la ausencia de consulta a docentes y estudiantes a la hora de tomar decisiones, que deberían ser tomadas en estas condiciones extraordinarias, de manera extraordinaria en comités de estudiantes y docentes. Muy lejos de eso, a cada nueva resolución emitida, se confirmaba que los reclamos de la comunidad educativa eran ignorados.

Producto de esto, se confirmó a medida que avanzaba la cursada cómo la deserción aumentaba en cantidad. Fue una constante ver como distintos compañerxs expresaban su estrés y frustración al abandonar los grupos de las materias, agobiados. En este punto, es evidente cómo influyó la falta de acceso a internet y a una computadora, lo que convierte el hecho de conectarse a las clases y mantener las materias al día una odisea. Por eso consideramos necesario liberar datos y wifi para docentes y estudiantes, invertir en infraestructura digital y repartir computadoras entre los estudiantes y docentes que sea necesario, para defender la permanencia de todxs lxs compañerxs.

Además, para profundizar la defensa de la permanencia y continuidad académica consideramos urgente; dadas las extraordinarias condiciones en las que se desarrolla la cursada, fuera del control de los estudiantes, suspender el régimen de regularidad (como ya se hizo en otras universidades). El mismo, obliga a los alumnos a aprobar, en condiciones normales, dos materias al año y a la vez es condición para el acceso a becas, obras sociales, Progresar, etc. Esta medida adquiere un carácter aún más excluyente del que ya tiene en el contexto actual, puesto que, como ya explicamos anteriormente, muchos alumnos se vieron obligados a dejar materias ya que no contaban con los recursos necesarios para cursar y estudiar.

Ahora bien, sabemos que estas medidas requieren de presupuesto, y se lo exigimos al gobierno nacional. A la hora de pelear por más presupuesto –cosa que no exige al gobierno nacional el rector Martínez-, es necesario mencionar la incompatibilidad de priorizar la educación, multiplicando su presupuesto con el plan del gobierno de pago y entrega al FMI y los bonistas privados. Lo cual va a implicar políticas de austeridad hacia la educación en todos sus niveles.

No es (sólo) la falta de presupuesto

Sin embargo, otras medidas que son necesarias tomar y no se aplican, no se relacionan con la falta de presupuesto e inversión sino con políticas administrativas tomadas por la camarilla universitaria comandada por Daniel Martínez y bancada por la Liga Federal/JUP y Fedun/CGT. Un ejemplo de esto es el régimen de aprobación impuesto por el rectorado le da un carácter persecutorio y “secundarizado” a la educación universitaria. El mismo consta de la entrega de tres trabajos evaluativos mensuales a lo largo del cuatrimestre, que en caso de aprobarse habilitan al estudiante a rendir una convalidación de aprendizajes donde se evalúan los contenidos vistos en el transcurso de la materia. Para promocionar se exige a lxs estudiantes una nota de 7 o más en dicho examen, que de no alcanzarse es enviado a final.

El problema consiste en que este sistema niega el hecho de que muchxs estudiantes somos trabajadores, tenemos que cumplir con tareas domésticas y del cuidado y no prevemos ni acostumbramos cursar bajo un régimen persecutorio de entregas semanales y mensuales que sobre-exige a lxs estudiantes. Además, este modelo es problemático debido a que, en muchos casos, estas convalidaciones actuaron como finales “encubiertos”, en los que lxs estudiantes tuvimos que estudiar y acreditar todos los contenidos vistos en la materia, pero con la dificultad de que para aprobar la materia se nos exigió una nota de igual o superior a 7, a diferencia de los finales en los que alcanza con un 4 para aprobar. Proponemos eliminar las convalidaciones y reemplazarlas por el modelo normal de cursada el cual consiste en dos parciales, uno a mitad del cuatrimestre y otro al final del mismo, promocionando con una nota de 7 o más en ambas instancias evaluativas; contando con la posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de ser necesario. Y para quienes ya rindieron las convalidaciones exigimos que como mínimo se habiliten recuperatorios para las mismas en los que se evalúe a lxs estudiantes con criterio de final, dando por aprobada la materia con una nota superior o igual a 4. Asimismo, de este modelo de convalidaciones se desprende otro inconveniente que creemos fundamental desarrollar. Quienes no lograron alcanzar el 7 en esta instancia evaluativa no saben en qué fechas les corresponde rendir final. A esta incertidumbre se suma la dificultad del comienzo del segundo cuatrimestre, el cual implica, a medida que se desarrolla, mayores responsabilidades y carga de contenidos.

Otro ejemplo son los problemas del comienzo del segundo cuatrimestre. Producto de la improvisación de la universidad ya mencionada, las inscripciones a las materias se habilitaron antes de que todas las notas de las convalidaciones se encuentren cargadas. Como resultado, al momento de realizar la verificación de materias muchos estudiantes se encontraron con que la mayoría de las materias correlativas a las que se habían inscriptos no les fueron reconocidas. Los canales de comunicación de la universidad que, se supone, tenían que dar respuesta a esto, brillaron por su ausencia, ofreciendo respuestas automatizadas sin dar ningún tipo de solución. Ante esto, creemos necesario habilitar una nueva instancia de inscripción, y que las correlatividades no sean un impedimento para regularizar materias. Dentro de los inconvenientes que se experimentaron al comienzo del cuatrimestre, se suma la falta de cupos a la hora de inscribirse a las materias. Esto se explica en la falta de personal docente, puesto que al hallarse suspendida la cursada presencial, no se justifica en la falta de espacio físico en cantidad de aulas. (Es importante mencionar las constantes obras -positivas- que se realizan en el predio de la universidad, pero que no responden a las necesidades actuales y urgentes del estudiantado, que se encuentra cursando de manera virtual). Pero no se trata de solo sumar más docentes sino también de pasar a planta a todxs lxs contratadxs. La pandemia y el tele-trabajo afectaron a los docentes, precarizado aún más sus condiciones de trabajo. Por eso pedimos que se abran las comisiones para que ningún compañerx quede afuera y que se amplíe la planta docente.

¿Y el centro de estudiantes?

El centro de estudiantes se encuentra desde la fundación de la universidad en manos de la Liga Federal Universitaria, que brilló por su ausencia al momento de defender los derechos de lxs estudiantes. El descontento con su accionar quedó expresado en los comentarios de las últimas publicaciones que realizaron en sus distintas redes sociales, en las que buscaban postular los logros que conquistaron para el alumnado durante la pandemia (nada más alejado de la realidad). Entre estos últimos posteos sobresale uno que predica “Un 28% más de estudiantes lograron finalizar su cursada y mejorar su asistencia, bajando la deserción con respecto al primer cuatrimestre de 2019”. Realmente cínico, considerando todxs lxs compañerxs que abandonaran materias y el cuatrimestre por no contar con los medios para cursar y además teniendo en cuenta que quienes lograron finalizar la cursada lo hicieron en su mayoría bajo condiciones de estrés, frustración e incertidumbre. No vemos motivos para celebrar.

Dentro de las cuestionables declaraciones del centro, cabe mencionar también un acuerdo-decreto del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el cual se establecía el libre uso de datos móviles para el acceso a las plataformas educativas de distintas universidades nacionales, en el caso de UNLaM, la plataforma Materias Interactivas en Línea (MIeL). A pesar de la simpatía que generó entre estudiantes en un principio, prontamente le siguió la desilusión al encontrarse con que contrario a lo que daba a entender la publicación que anunciaba el acuerdo, aún era necesario activar los datos móviles para acceder a la plataforma.

Para defender la cursada, sumate a nuestra campaña

Vemos un hilo conductor que recorre muchos de estos reclamos y es la falta de participación de lxs estudiantes y docentes en la toma de decisiones. Esto es de suma importancia ya que somos nosotrxs quienes conocemos y experimentamos día a día virtualidad, no los tecnócratas que se encuentran en las camarillas universitarias.

Es por este motivo que llamamos a poner en pie una campaña común de toda la izquierda, estudiantes, agrupaciones independientes de la gestión y todx aquel que haya sido víctima de esta modalidad de cursada, con la exigencia de que se pongan en pie instancias de participación y decisión democráticas, en las que se escuchen nuestros reclamos. Por lo tanto, en defensa de la participación democrática de lxs estudiantes, exigimos que el Centro de Estudiantes, sus agrupaciones (Liga Federal Universitaria/JUP, Estudiantes Autoconvocados y Unidad Estudiantil) convoquen a una asamblea de estudiantes. Para darle fuerza a estas exigencias, sumate a nuestra campaña.

]]> https://mst.org.ar/2020/08/29/ungs-que-ningun-estudiante-quede-afuera-de-la-cursada/ Sat, 29 Aug 2020 21:45:54 +0000 https://mst.org.ar/?p=26673 El día 22 de agosto, vía Zoom, se realizó una nueva sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En esta nota vamos a enumerar algunos de los debates que se llevaron a cabo entre les consejeres y explicar nuestra postura con respecto a los mismos.

La deserción está expulsando a les estudiantes

En una nota anterior, explicamos lo que sucedió en las inscripciones al segundo semestre. Según el SIU Guaraní, y teniendo en cuenta que se levantó el requisito de correlatividad, en esta oportunidad se inscribieron 10.418 estudiantes, muchos menos que en el segundo semestre del año anterior.

El primer día de la inscripción, el sistema se saturó y según Pablo Daniel Bonaldi, Vicerrector en ejercicio de rectorado y Presidente del Consejo Superior;  les estudiantes se inscribieron en más materias de las que comúnmente se anotan, muchas de las cuales, no han aprobado anteriormente su correlativa.  Aproximadamente, 800 estudiantes se inscribieron a 5 materias o más.

Según los datos que el Vicerrector brindó en la Sesión, en el segundo semestre, hubo 3.322 inscripciones más que en el primero. Hasta el día de hoy, hay 1.200 en lista de espera, sin definición aun de si van o no a ser cursadas.  Por otro lado, del total de las inscripciones, hay 5.000 que no cumplen las correlativas. Las mismas, desde el sistema, van a ser rechazadas y dadas de baja, impidiendo a les estudiantes a cursarlas en este semestre para darle lugar a les de la lista de espera.

Es necesario garantizar el derecho a la educación

Actualmente, se estima que el 30% de les estudiantes que se anotan para cursar, no concurren ni siquiera a la primera clase de la materia. De esta manera, y teniendo en cuenta sobre todo la virtualidad forzada a la que el COVID – 19 nos llevó en todas las universidades, es cuando entendemos que las medidas deben ser pensadas en un marco de crisis económica nacional y mundial. El presupuesto educativo de la universidad, está muy por debajo de lo que se necesita para poder llevar adelante políticas de impacto para que les estudiantes trabajadores o sus hijes, no sean llevades a abandonar la universidad por dificultades en su continuación.

Pero por fuera de la dificultad económica que afrontan les estudiantes, la virtualidad frenó la posibilidad en muchos casos de rendir finales pendientes de otras materias que no se avalaron para ser tomadas en la virtualidad. Un poco más del 25% del total de materias de grado y pregrado, no tomaron finales en la instancia de agosto, retrasando las carreras de muches.

Desde la Juventud Socialista del MST, creemos que el problema no está en la autonomía de cada estudiante de elegir en cuantas materias desea anotarse, si no, en la debilidad de la conducción de la universidad de no poder garantizarle su cupo a cada une de les inscriptes. Se debe exigir un aumento en el presupuesto educativo para ayudar a quienes necesiten que se le garanticen los materiales correspondientes para la cursada, conjuntamente, con la apertura de nuevas comisiones para que nadie se quede afuera.

Iara Saldungaray – Estudiante de la Licenciatura en Comunicación – MST UNGS en el FEI Unidad

]]> https://mst.org.ar/2020/05/25/educacion-en-crisis-reformas-sin-solucion/ Mon, 25 May 2020 23:02:56 +0000 https://mst.org.ar/?p=23554  

Poder pensar la educación, sus problemas y necesidades desde distintas miradas, nos permite abordar las diferentes aristas de una educación en crisis, pero a la vez en disputa. La mirada desde estudiantes de profesorados y universidades también muestra la preocupación legítima, sobre un modelo educativo colapsado y sin respuesta. Una educación sostenida por docentes y estudiantes, pero de la que otros toman decisiones, con arbitrariedad e impericia. Una reforma de la Ley de Educación que no resuelve y genera dudas. El Congreso Pedagógico Nacional deja de ser una propuesta, para ser una necesidad.

Es claro, a esta altura de la cuarentena y la pandemia, que los docentes trabajamos más, en peores condiciones y sin recursos. Surge una nueva instancia de debate en nuestro colectivo, ante la sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el primer proyecto que amplía los alcances de la Ley de Educación.

Se trata de la modificación del artículo 109, el cual suscribe: “Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”. El mismo tiene por objeto garantizar el derecho a la educación y hoy permite el alcance de esta modalidad a menores de dieciocho años cuando existan razones excepcionales que no permitan realizar el ciclo lectivo en modalidad presencial. Pero su reforma se presenta como el intento de ampliar los alcances de la modalidad a distancia para todo el alumnado, con motivo de la actual coyuntura excepcional.

¿Quién decide y para qué en educación?

Los primeros interrogantes que surgen son: ¿Quiénes participaron en dicha discusión? ¿Participan los trabajadores de la educación, las familias y los propios estudiantes de ese debate? ¿Qué factores fueron tenidos en cuenta para abordar la discusión? ¿Qué políticas educativas complementarias se llevarán a cabo para acompañar la ampliación votada?

Esta situación tan excepcional, resultaba un momento propicio para profundizar la discusión y establecer espacios de debate donde participemos todos los actores vinculados con el ámbito educativo. Esto refiere a trabajadores de la educación, familias, estudiantes y funcionarios públicos. Un momento clave para discutir el método de enseñanza que, en este contexto, es la modalidad virtual, su utilidad y desarrollo, el acceso a los dispositivos digitales y conectividad para estudiantes y trabajadores de la educación.

Por otra parte, dentro de este marco, discutir los contenidos, ya sea los aplicados efectivamente en cada clase como los delineados por los diseños curriculares. Abordar las evaluaciones, sus criterios e instrumentos. Asimismo, y prácticamente de la mano, plantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo actual.

De la misma manera, abordar las consideraciones en torno al estudiante, en qué medida se tienen en cuenta sus realidades particulares, su capacidad decisora y el estrés en el aprendizaje como consecuencia de la improvisación de quienes no voltean siquiera a escucharlos. En este sentido, qué rol se les asigna a los padres y madres, hasta donde es un delegar tareas y hasta donde se considera la capacidad de las familias para llevarlo a cabo.

Lejos de habilitar esos espacios de debate y búsqueda de acuerdos y lejos de los actores reales de la educación, se ensayan políticas educativas de placebo o con otros objetivos, que no terminan de resolver la problemática actual, en algunos casos evadiendo hasta las obligaciones del Estado, y sin analizar la factibilidad de las propuestas.

La reforma del artículo en cuestión, por otro lado, puede abrir la posibilidad de instalar de un modo permanente esta “excepcionalidad”, habilitando la educación a distancia a menores de18 años. Pero desde qué lugar, cómo y para qué, son algunos de los interrogantes que necesitamos abordar.

Factibilidad de la educación virtual

Dado el contexto actual, la modalidad virtual es la aparente única garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación; al respecto surgen como nudos problemáticos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esta modalidad tanto para docentes como para estudiantes. En esta línea el acceso a dispositivos digitales y a conectividad presenta una significativa desigualdad, ya sea por la ubicación geográfica, por la composición familiar numerosa o por el bajo poder adquisitivo. Situación profundizada por el retraso en el pago de las becas Progresar, las cuales aún en la reciente modificación no ha actualizado el importe al proceso inflacionario. Con el recorte de todo tipo de subsidios o recursos económicos a los estudiantes.

Además la jerarquización de carreras provoca que algunas reciban importes mayores a otras en sus presupuestos, lo cual lejos de incentivar al estudio de las carreras mal llamadas “estratégicas” actúa como una desvalorización de las otras.

¿Bajo qué criterio se vota la ampliación del alcance de la modalidad virtual si previamente no se han llevado a cabo políticas educativas que garanticen el acceso a dispositivos digitales y conectividad gratuita de toda la población enseñante y aprendiente?

Es necesario la distribución de dispositivos, la accesibilidad a la electricidad e internet gratis, tanto para estudiantes como docentes.

Sumado a lo mencionado se omite discutir la factibilidad de esta modalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que no solo no considera la capacitación en esta modalidad y en tecnologías digitales que posea el docente. Con algunos cuestionamientos, la mayoría de las capacitaciones son pagas por el docente, con oferta insuficiente y muchas sin correspondencia con las demandas actuales; entre otros ejes.

Todas estas cuestiones deberían ser resueltas antes de imponer la modalidad, como así también prever, por lo menos, implementar medidas de acompañamiento que no se limiten solo a enviar cuadernillos con actividades. En línea con lo mencionado, es necesario considerar la adecuación de los contenidos y métodos didácticos, siendo que estos fueron pensados y trabajados en modalidad presencial, y sin la participación de docentes en su elaboración.

Pertinencia y adecuación de los contenidos

Al respecto, entendemos que los contenidos abordados a lo largo de la trayectoria escolar, a través de las instituciones educativas, tienen por propósito la distribución de habilidades instrumentales, conocimientos científicos y pautas de socialización, que respondan al desarrollo y realización de los individuos dentro de una sociedad; enmarcados en un tiempo y espacio determinado; es decir, que suponen corresponder a la realidad que habita.

Asimismo, ésta debería otorgar las herramientas analíticas que le permitan al individuo, no solo realizar lecturas de marcos teóricos ya desarrollados, sino que además debería permitirle producirlos por sí mismo en pos del beneficio y desarrollo de la sociedad y su propia existencia.

Por tanto, en este punto, cobra sentido la vinculación entre la factibilidad de la modalidad y la pertinencia y adecuación de los contenidos; ya que no basta con seleccionar los contenidos si tal selección no considera la forma en la que serán enseñados. Dicho en otras palabras, el propósito de la selección de contenidos depende no solo de su pertinencia, depende también de la congruencia entre éstos y el método de enseñanza.

Entonces, es momento de comenzar a abordar los debates en torno a que los únicos conocimientos válidos no son solo lo plasmados en los manuales y el hecho educativo no es exclusivo de las instituciones educativas. Si consideramos lo antedicho, y ante el contexto excepcional que se atraviesa, es un hecho ineludible la readaptación de la actividad pedagógica a las realidades inmediatas de los estudiantes. De esta manera se lograría saldar la distancia que muestran actualmente los contenidos y las actividades llevadas a cabo para trasmitirlos, es momento de comenzar a considerar los conocimientos que surgen de la vida cotidiana y contexto de los estudiantes. Dicha dimensión no escapa a repensar los criterios de evaluación y recordar que su objetivo no es la selección de los más aptos, catalogarlos o impactar negativamente en su autoestima, sino que es un instrumento para pensar la actividad pedagógica en general. Además de poder re significar los contenidos, en este marco de excepcionalidad.

En correlato, se abre la puerta a poder replantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo. Es aquí donde surge otro punto controversial, el objetivo que tiene la educación en la actualidad y cuál necesitamos, siendo que, hasta el momento, solo ha sido un instrumento para homogeneizar y reproducir las desigualdades sociales y de competencias básicas para la fuerza de trabajo.

Se desvirtúa, en los hechos, el objetivo de este derecho humano; principalmente ante las desigualdades de condiciones. Se puede suponer que esto se da debido a la mala interpretación de la “obligatoriedad”, que se refiere a una obligación del Estado a garantizarla y no a una obligatoriedad para el individuo como condición excluyente. Pero si pensamos a la educación como un derecho y a la obligatoriedad como responsabilidad del Estado, también podremos re pensar a la escuela y sus modalidades, atendiendo a una no gradualidad del sistema educativo y de esta manera, exhibirse diversas propuestas educativas que se ajusten al interés de los estudiantes y a sus contextos particulares. Sin embargo, lo antedicho difícilmente pueda ser posible si quienes ejecutan las decisiones continúan siendo indiferentes a las demandas de los sujetos que aprenden.

Agentes decisores y arbitrariedad

Ahora bien, ¿quiénes participan en las propuestas de políticas educativas y en la toma de decisiones?

Es sabido que en la formulación de políticas públicas participan un conjunto de actores que van desde representantes político-partidarios a representantes sindicales, los cuales son elegidos “democráticamente” y deberían representar los intereses del conjunto social, pero lejos están de ello.

En este sentido, también es sabida la tensión que emerge ante las distintas posiciones que traccionan, en conformidad con sus intereses particulares. Pero resulta que la controversia, en este caso específico, se da porque, en lugar de ser un consenso entre partes por responder a los intereses del conjunto, este hecho se configura como un acto de complicidad donde se omiten voces y condiciones sociales y materiales de los individuos. Y decidiendo sobre una realidad donde los protagonistas tienen numerosas demandas, que tampoco se abordan o intentan resolver.

En lo que respecta a los trabajadores de la educación, la modalidad virtual, sin las garantías de acceso a conectividad gratuita, a dispositivos digitales y a una organización previamente acordada entre familias e instituciones, se les presenta como una problemática en crecimiento. Ya que por un lado tiene un creciente gasto en conectividad, no garantizado por el Estado, y altísimo debido a la inflación y un trabajo de 24 horas por 7, al mismo salario.

Automáticamente entran en escena educativa las familias, quienes no tienen más opción al rol forzosamente delegado, de acompañamiento pedagógico y ante el cual no tienen herramientas para poder sobrellevarlo. No por nada los docentes transitan un período extenso de formación para adquirir las competencias necesarias. Es así que demandan la respuesta de docentes en cualquier momento y día de la semana.

A su vez, este colapso de las familias acontece al mismo tiempo que los estudiantes atraviesan un profundo estrés en el aprendizaje, una falta de esquema organizador que le permitan abordar la cantidad de documentos con actividades y la falta de disponibilidad de conectividad y dispositivos digitales, al igual que los docentes. Ni los docentes ni las familias y menos los estudiantes somos consultados.

Cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los criterios considerados por los funcionarios públicos al votar la extensión del alcance de la modalidad virtual? Se torna una suerte de improvisación permanente que afecta en diversos aspectos a familias, trabajadores de la educación y estudiantes. No solo no fueron consideradas la voz de los estudiantes, siendo ellos los más afectados, sino que además no fueron consideradas las familias y sus particularidades económicas y sociales; así como fueron ignorados los trabajadores de la educación. Y a la vez el planteo sobre objetivos a futuro, sobre la virtualidad y la educación que tampoco queda tan esclarecido.

Urge establecer espacios de debate, donde todos los actores puedan opinar sobre esta continuidad pedagógica, su factilidad y cuándo y cómo se dará el retorno a la presencialidad. La reforma de la ley de Educación y las políticas de placebo requieren ser debatidas profundamente. Es necesario que todos los actores intervinientes puedan, en un congreso pedagógico a nivel nacional, discutir qué políticas educativas acompañarán, qué normativa, las condiciones laborales de los docentes y las condiciones materiales y sociales de las familias y estudiantes.

Rocío Agüero

Estudiante Lic. en Educación

Clases suspendidas y plataformas virtuales activadas. Familias, estudiantes y docentes rehenes de medidas educativas que tienen poco norte. Mientras Microsoft promete aulas virtuales “gratuitas” para salir a competir con Google. Les docentes nos debemos el debate: ¿Las aulas virtuales sustituyen la escuela? ¿Qué hacer en este tiempo y quiénes deciden? 

Desde que se conocieron los primeros casos en el país, comenzaron los rumores sobre la suspensión de clases. Sin embargo, la discusión de si la escuela debía o no cerrarse se sometía a la necesidad de las empresas y corporaciones de sostener la producción y renta capitalista y no dar días a sus trabajadores para cuidar a sus hijes.

Otra vez la escuela “de contención”

Ante la situación acuciante y la denuncia de miles de docentes de que no había ni la más mínima condición de salubridad en las escuelas, el domingo 15 y por cadena nacional, Alberto Fernández sale a suspender las clases, pero “aclarando” que las escuelas deberían “estar abiertas”. Quedó poco clara la situación.

Cada conducción educativa y cada jurisdicción, tomó la medida como quiso o le pareció mejor. En algunos distritos, la docencia debía cumplir su horario habitual; en otros, horarios acotados; “guardias mínimas” o solo ir el equipo de dirección.

Ante esto, los gobiernos nacionales y provinciales salieron a decirle dos cosas a la docencia: que debían asistir a las escuelas para ser contención social y repartir viandas, blanqueando cuál es la creencia de este gobierno sobre las escuelas, Y realizar un acompañamiento pedagógico online de menores y adolescentes.

La presión era creciente, pero sin ninguna propuesta clara. Así, cada escuela y cada docente debía utilizar la herramienta que pudiera: mail, whatsapp, classroom, edmodo, padlet… Pero no había ninguna respuesta a las problemáticas que planteábamos: ¿Qué hacemos con niñes y adolescentes que no tienen los medios básicos para la vida o incluso para conectarse? Porque resultaba como mínimo contradictorio, que debiéramos hacer de contención social para familias que no tienen para comer y, a la vez, que llenáramos a esas familias de trabajos y clases online.

Por supuesto, no estamos en desacuerdo con utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. De hecho, creemos que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que, con un uso adecuado, pueden ser un soporte y auxiliar extraordinario para cada docente. Sin embargo, hay que poner en debate en qué condiciones deben usarse, ver también con qué intercambio y discusión se definieron y subieron los contenidos centralizados por los gobiernos, qué presupuesto se destinó, qué carencias surgen y qué plata se está pensando destinar para asegurar esta virtualidad educativa.

Brecha educativa, estatal y privada o entre provincias

El primer problema que genera este tipo de implementación, es la profundización en la brecha entre escuelas privadas y escuelas públicas. Es notorio cómo las privadas, al contar con los recursos del Estado más las cuotas que les cobran a las familias, pudieron armar (o ya tenían armadas) plataformas virtuales, siguiendo los lineamientos institucionales.

Pero también se nota esta diferenciación a lo largo del país. El mal llamado proceso de “federalización” o transferencia educativa hecha por la dictadura del ’76 y el neoliberalismo de los ‘90, deja a las provincias libradas a su propia suerte. Y con una diferenciación enorme de la inversión en los presupuestos educativos, los salarios y la infraestructura.

En este sentido, un informe de 2018 del CIPPEC^[1] plantea: “Las diferencias en los indicadores de gasto tienen su origen más profundo en las desigualdades en el desarrollo inter provincial y en las inequidades que presenta el sistema de reparto de recursos fiscales a lo largo del país, la coparticipación federal”.

Para graficar esto, entre otras variables, el estudio señala: “Es importante notar que, al comparar el ranking de ambos indicadores (gasto educativo por alumno estatal y esfuerzo educativo), el orden difiere de gran manera. Es decir, no son las provincias que mayor esfuerzo por la educación realizan las que logran tener un gasto por alumno estatal más elevado”.

Se comprueba también “la heterogeneidad interprovincial en materia de gasto por alumno estatal (datos para el año 2015), en el extremo superior se ubican Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén, con niveles que superan los $75.000 por alumno en la primera, los $65.000 en la segunda y los $56.000 en la tercera. En el extremo inferior se encuentran Santiago del Estero, Salta y Corrientes, con $16.000 en la primera y apenas superando los $20.000 en las otras dos”.

Por ende, la infraestructura, el material didáctico escolar y la inversión por estudiante quedan también librados a las políticas económicas y sociales provinciales. Es decir, no será lo mismo aplicar las políticas y el seguimiento “online” en los distritos que menos presupuesto pueden destinar de aquellas provincias con mayores ingresos y presupuesto.

¿Seguimos educando o la negación de la realidad?

El ministro de educación Trotta salió a anunciar que se darían dos programas educativos en la TV Pública y Pakapaka y en la plataforma “Seguimos educando”, aclarando que la navegación en dicho portal sería gratuita y no implicaría consumo de los datos del celular, sin importar si es prepago o si tiene plan. Más allá del equivocado agradecimiento que Trotta le hace a las multinacionales Movistar, Claro y Personal por un supuesto “compromiso educativo y social” de patronales que amasan fortunas multimillonarias, caben algunas preguntas.

¿Qué sucede con las familias que no tienen línea, no la pagaron, se les cayó o tienen estudiantes sin un teléfono en condiciones para ingresar, navegar, interactuar, descargar material y poder procesarlo por ser de baja gama? ¿Cómo hacer en familias con múltiples pibes y con pocos dispositivos? Si bien una gran parte de estudiantes podrían ser “nativo digitales” como repiten los gobiernos, ¿cómo van a acompañar las familias si no tienen ciertos conocimientos para hacer operaciones necesarias que, incluso, nos cuestan a buena parte de la docencia por falta de capacitación?

Como por ejemplo, contar con aplicaciones en el celular que regularmente niñes y adolescentes no usan para trabajar, con archivos PDF, Word, Excel u otros programas. No solo imágenes o textos híper cortos como suele hacer la juventud. También cómo hacer para pasar esa información y actividades del teléfono a una computadora o notebook ya que es complejo leer, analizar y realizar ejercicios, operaciones, análisis, reflexiones que son inabordables en dispositivos de menor dimensión como un celular. Incluso muchos tienen teléfonos, pero no con los requisitos o aplicaciones necesarias.

Sobre quienes no tienen conectividad, que son cientos de miles, tampoco hay una línea clara, más allá de plantear que estarían repartiendo materiales impresos. Así de abstracto, sin fecha ni más precisión. Pero esto, nos lleva a otro debate. ¿Qué dicen esos materiales? ¿Con quién consultaron cómo se arman y cuáles los contenidos? ¿Cómo ayudan esos materiales estandarizados a las particularidades de cada zona?

Ya es muy difícil correrse de proponer en las redes o la web cuestiones estrictamente básicas para que les estudiantes lo puedan hacer con la menor interferencia posible. O ver que son contadísimas las familias que tienen posibilidades de imprimir lo que les llega. Y todo esto sin considerar que hay cuestiones de las prácticas áulicas y didácticas de determinadas materias que son imposibles de transitar a la virtualidad, sin un debate e intercambio de criterios. Sin una adecuación concreta, real. Mientras hay prácticas imposibles de transpolar a lo virtual, otras requieren de cierta discusión en cuanto a su enfoque. ¿Dónde se está pensando esto? Con la docencia, seguro que no.

Si pensamos en otros niveles, por ejemplo en Superior, la plataforma es obsoleta. Utilizándola una cantidad de profes ya se saturó. La virtualidad desnuda terriblemente la desigualdad y los circuitos educativos diferenciados. Es la plataforma del INFOD. Cuando en la universidad cuentan con conferencias y plataformas más eficientes, en el nivel terciario nos encontramos sin poder cargar un archivo.

Claro, podrán aducir que en este momento de pandemia “es lo mejor que se puede hacer”. Pero no estamos ante hechos aislados. Los sucesivos gobiernos han armado y desarmado planes de estudio sin ninguna consulta democrática a la docencia y las comunidades educativas, que somos quienes hacemos la escuela todos los días.

De hecho y sólo mencionando el caso de las escuelas secundarias, en el año 2015, en la 84º edición del Consejo Federal de Educación con todos los ministros de educación del país, se aprobó la Secundaria 2030. Bajo un lenguaje de preparar a nuestres estudiantes para las “habilidades del futuro”, evitar la deserción, garantizar la equidad, resolución de problemas y una larga lista de etc., se votó un cambio radical en la organización de contenidos, de formas de evaluación, perfil de egresades…

Secundaria 2030 y la secundaria del (no) futuro

La Ciudad de Buenos Aires, CABA, fue el primer lugar en el que intentaron aplicar a fondo esta propuesta, que fue resistida desde las escuelas que el gobierno llamó la “Secundaria del (no) Futuro”. Entre muchos cambios que proponía, como por ejemplo que en 5to año hubiera un 50% del tiempo en pasantías y el otro 50% en emprendedurismo, había uno que en este momento queremos volver a poner en debate: se proponía que del total de clases el 30% fuera introducción de contenidos por parte del docente y un 70% fuera trabajo autónomo del estudiante mediado por la tecnología. ¿Les estudiantes podrían resolver ese trabajo desde su casa sin asistir a la escuela? ¿Cada docente pasaría a ser “acompañantes pedagógicos a distancia”?

Círculo de habilidades. Secundaria 2030

Así, en el proyecto de reforma Secundaria, el trabajo del docente quedaba nuevamente desjerarquizado, siendo relegado a la mera introducción de contenidos. Pero aún más, ¿podía avanzarse hacia docentes “multicursos” bajo una misma plataforma y en los mismos horarios? Todas respuestas en clave de ajuste. Pero si no pudieron avanzar, fue por la organización por abajo.

Actualmente esa Secundaria del (no) Futuro, se implementó en muy pocas escuelas, con un híbrido, que incorpora plataformas del gobierno donde docentes deben subir sus planificaciones, unidades didácticas, llenar las nuevas rúbricas evaluativas… Por supuesto, todo trabajo que no es reconocido dentro del salario.

Así mismo, nos parece importante señalar este punto. Si bien les docentes desde las escuelas, armamos formatos para seguir en contacto con nuestres pibes y adolescentes como pudimos, con lo que conocíamos y teníamos más “a mano”, las plataformas que brindan los gobiernos nacional y provinciales presentan muchas aristas desconocidas.

Plataformas y mercantilización

Corporaciones multinacionales como Microsoft^[2], que salen ahora oportunistamente a ofrecer sus servicios, ¿no buscan detrás de eso negociados con el Estado para quedarse con el mercado de plataformas educativas? ¿No lo hacen acaso las grandes telefónicas a las que Trotta les agradece su “compromiso”? Nada es gratis para esta gente. Dijera la abuela, no dan puntada sin hilo… Los contenidos que allí se vuelcan, ¿no están articulados y conectados comercialmente con otras plataformas y editoriales para favorecer el tráfico y publicidad en sus páginas o la compra de sus manuales? Casualmente Microsoft responde solo aquellos comentarios de quienes aprueban su plataforma y no dice nada de quienes desmienten la supuesta “gratuidad” y libre acceso que pregonan.

No será la primera vez ni la última en este sistema regido por la lógica perversa del lucro capitalista. Recordemos el escándalo de las pruebas PISA, que todos los gobiernos insisten en mantener y pagar, y su relación con la editorial Pearson, que utilizaba los resultados de las mismas para sus propios negocios. En una nota del diciembre del 2019 denunciábamos que “(la editorial Pearson) aspira a tener el monopolio en pruebas estandarizadas para medir la “eficacia” del sistema educativo. Para eso acelera su penetración en aprendizajes por medios digitales, en servicios educativos y mercados emergentes. Al controlar los mercados de evaluación, elaborar guías de estudio, plataformas digitales y la producción de libros de texto, busca ser quien defina qué se considera una `educación de calidad`, y vela porque sus productos y servicio aseguren lograrla.”^[3]. Así que, bien podrían intentar avanzar en este camino.

Lo decíamos más arriba, pero volvemos a insistir: por supuesto que es importante utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Y claro que debemos usarlas para mantenernos en contacto con las familias y nuestres estudiantes.

Nuestra propuesta

Pero, debemos alertar que estas herramientas, puestas al servicio de la lógica del sistema educativo capitalista, son un arma no de un “doble filo”, sino de un filo cortante y acerado que pende sobre la docencia y la escuela estatal. Por eso, mientras vamos atravesando esta pandemia, nos organizamos para exigir:

• Aumento del presupuesto educativo al 10% del PBI. Esto permitiría no sólo aumentar los salarios, sino también mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas, entre ellas, la conectividad que apenas llega al 40% de establecimientos del país, además de la provisión de los dispositivos y redes informáticas.
• Eliminación de los subsidios a las escuelas privadas y confesionales. Hoy más que nunca se evidencia que todos los fondos estatales que ahí se derivan son fundamentales para las escuelas públicas, entendidas como estatales. Las que no tienen ni jabón ni papel ni agua, no ya alcohol en gel o repelentes y desinfectantes para garantizar las condiciones mínimas ante esta pandemia.
• Renacionalización del sistema educativo: que permita unificar los contenidos y que no deje libradas a la lógica de la producción y la coparticipación federal los presupuestos educativos.
• Congreso Pedagógico Nacional resolutivo. Si somos quienes hacemos la educación pública, nosotres debemos debatirla y resolver las transformaciones que requiere la escuela estatal. Debemos definir los contenidos, la organización escolar, el perfil de egresades. Es decir, un modelo educativo que esté puesto al servicio del desarrollo del país y la población, no de la ganancia capitalista ni el precario lugar en la distribución internacional del trabajo al que nos condena el imperialismo.
• Que podamos ser nosotres quienes definamos qué contenidos y en qué formato de plataforma necesitamos para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, con mecanismos democráticos en la elaboración y toma de decisiones pedagógicas, didácticas, procedimentales.
• No al pago de la deuda externa: Esta pandemia está dejando de manifiesto problemas cotidianos de los sectores públicos. Necesitamos plata para resolver los problemas educativos, pero también para acompañar a las familias más golpeadas por esta crisis. Y por supuesto, para la realización de testeos masivos, que permitan detectar tempranamente la enfermedad, en el marco de una inversión urgente en les profesionales y la salud pública, entre otras demandas que plantean gremios como la CICOP o la UTS, entre otros.

Vanesa Gagliardi, Comisión Directiva de Ademys

Francisco Torres, Sec. Gremial de la FND

Alternativa Docente, ANCLA

Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

[1] CIPECC, Buenos Aires, febrero de 2108. ¿Qué cambió en el financiamiento educativo en Argentina? [https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/02/DT-162-EDU-Financiamiento-educativo_2018-01-VF-2.pdf]

[2] https://twitter.com/MSFTEducacion/status/1239930064634085378

[3] https://mst.org.ar/2019/12/03/pisa-al-horno-evaluacion-social-de-politicas-educativas/