Escribe: Jessi Gentile

La empresa noruega Equinor, asociada con YPF, presentó un proyecto para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades. Este bloque mide 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y, de aprobarse, el mar argentino enfrenta un grave peligro de derrames de petróleo y consecuencias irremediables para el ecosistema marino.

Extractivismo al palo, Oro Negro

En materia ambiental y de soberanía no hay grieta. La exploración está ocurriendo como continuidad de la política del gobierno de Macri que entre 2017 y 2019 entregó permisos para efectuar estudios de relevamiento desde Bs. As. hasta Tierra del Fuego. Sin consulta pública ni evaluación de impacto ambiental. Con esa información se hizo la licitación pública internacional para las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste. A partir de la cual, en el 2019, se otorgó a las petroleras 200.000 km2.

El método de exploración sísmica es conocido mundialmente no por sus virtudes sino por los desastres socio-ambientales. Funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire comprimido que se disparan cada 10 seg, las 24 horas, durante meses, creando ruidos muy fuertes  y que provocan un impacto en más de 300.000 km2, una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires. Las ondas sonoras que van al fondo del mar rebotan y son captadas por sensores que decodifican el fondo del mar.
Es la segunda mayor actividad productora de ruido marino causado por el ser humano después de las explosiones nucleares, militares y las turbinas de los buques inter-oceánicos.

Es el capitalismo, deshumano

Daña la actividad comercial pesquera que emplea a miles de familias trabajadoras en Mar del Plata y afecta la economía regional de todos los pueblos costeros. Los ecosistemas hábitat de una diversa fauna como la ballena franca austral, delfines, una variedad inmensa de pingüinos quienes sufren consecuencias fatales como desorientación, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos. En el último año más de 20 ballenas muertas se han encontrado en nuestra costa.
Evidencias sobran de lo devastadora que es esta actividad, más de 400 exposiciones de activistas, científicos y pescadores manifestaron que las petroleras no tienen licencia social y solo 12 la defendieron. En paralelo, en el Golfo de México, Mar Caspio y el Mar Negro se sucedían explosiones en las plataformas marítimas petroleras anunciando lo que le depara al mar argentino si el gobierno da luz verde a esta práctica.

Ahora la Secretaría de evaluación ambiental tiene 10 días para presentar un informe a la Secretaría de Energía, que finalmente tomará la decisión. Mientras tanto el gobierno avala un estudio de impacto ambiental, funcional a quienes promueven la actividad petrolera. La elección de variables para el EIA está impregnada de un posicionamiento político, por ende es una decisión política. Y no puede quedar en manos de las mismas empresas que se van a ver beneficiadas con dicha actividad, se tiene que abrir a la participación de las comunidades que son las que sufren los efectos directamente de esta actividad. Un estudio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires determinó que, de realizarse la explotación, los derrames en grande cantidades son del 100%

El mar es VITAL, la exploración sísmica no

Somos el único país que regala el petróleo sin guerra mediante y a cambio de nada. No existe ninguna soberanía energética sin un plan real de recambio energético por limpias y renovables, si lo extraído se fuga a los países centrales.

Lo que es de todos no vale nada para una economía adicta a los dólares y subordinada a los organismos internacionales. ¿Qué progreso trajo Vaca Muerta? ¿Dónde está la YPF nacional y popular? La actividad petro-dependiente son un negocio para pocos y enfermedades para muchos. YPF es una S.A controlada por la actividad privada incapaz de llevar adelante ningún plan de desarrollo nacional ni soberano.

¿Cómo vamos a creer que este gobierno puede controlar esta actividad? Cuando, ni siquiera hace valer las leyes y acuerdos internacionales votados por ellos mismos en el marco de la peor crisis climática de la historia.

Los mares son vitales, generan el 85% del oxígeno que respiramos, nos quitan calor y CO2 de la atmósfera, nos proporcionan comida, agua y son el hogar de cientos de miles de especies. Para protegerlos hay que anular todas las concesiones a las petroleras y prohibir esta práctica, no regularla. Donde la planificación democrática de las comunidades y los trabajadores sean el sustento de otro sistema que pondere la vida por encima de las ganancias. Para eso hace falta otra economía y otro Estado, ecosocialista, del 99% soberano que diga basta de falsas soluciones, y combata toda la actividad extractiva del 1%.

Escribe: Carlos Maradona

En 1992, el gobierno del PJ encabezado por Carlos Menem privatizó YPF y muchas otras empresas del Estado. Se inició así un camino de liquidación de las empresas públicas y entrega a las multinacionales. Con la reforma constitucional de 1994, hija del Pacto de Olivos PJ-UCR, la propiedad nacional de los hidrocarburos pasó a las provincias en un desguace funcional a la privatización.

En 1999, bajo el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, encabezado por Fernando De la Rúa, la corporación española REPSOL compró el 85% del paquete accionario de YPF, valuada en aquel momento en 15.000 millones de dólares.

A fines de 2006, bajo el gobierno peronista de Néstor Kirchner, con la aprobación de la llamada «ley corta» se convalidó la provincialización del petróleo y el gas, a la vez que se otorgaron exenciones impositivas inéditas a la actividad petrolera.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó la llamada «argentinización» de YPF: el Estado recompró acciones hasta el 51%, pero sin reestatizarla y conservando la estructura de sociedad anónima cuya propiedad comparte con el Grupo Petersen-Eskenazi, la española REPSOL y otros accionistas privados. Además, se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron para explotar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

Todas estas medidas fueron siempre anunciadas púbicamente por los sucesivos gobiernos como pasos importantes para lograr el «abastecimiento de hidrocarburos», para «garantizar el desarrollo económico y sustentable de las distintas provincias y regiones del país», y otras veces con el pomposo título de «alcanzar la soberanía energética».

No sólo ninguno de estos objetivos se alcanzó, sino que nos alejamos de ellos y el derrotero de YPF fue de mal en peor. En realidad verdadera soberanía energética nunca hubo porque YPF manejaba menos de la mitad de toda la actividad petrolera del país, o sea que «estatal» era apenas la cuarta parte.

Hoy la empresa está valuada en apenas 1.500 millones de dólares, es decir 13.500 millones de dólares menos que hace 22 años y arrastra una deuda brutal que ya se había refinanciado en 2020. Entramos ahora en semanas claves, en donde el gobierno intentará volver a reestructurarla, con fecha máxima para el 4 de febrero, después de que un importante grupo de inversores rechazara la propuesta de Guillermo Nielsen, presidente de YPF desde que asumió Alberto Fernández. Nielsen tuvo que renunciar y asumió ese cargo Pablo González, un hombre directo del kirchnerismo y sin trayectoria en el área energética.

Mientras tanto, desde agosto de 2020 a la fecha se viene produciendo un aumento permanente de los precios de los combustibles que llegó al 34%. Sólo en enero de este año 2021 hubo tres subas de precios, afectando brutalmente el bolsillo de la población. Encima, se anuncia un nuevo tarifazo para el 12 de marzo.

Sigue la entrega

La crisis de YPF es una expresión de la crisis global del capitalismo y su refracción en la Argentina. Detrás del famoso 51% de las acciones en manos del Estado, la petrolera está tironeada por las empresas multinacionales que han gozado de todo tipo de beneficios impositivos, libertad absoluta para girar sus ganancias al exterior a simple declaración jurada sin control estatal y avances significativos en reformas laborales para atacar derechos históricos de los trabajadores petroleros. El llamado «Acuerdo para la sustentabilidad y el empleo», aprobado para Vaca Muerta entre el gobierno y la burocracia sindical que encabeza Guillermo Pereyra es otra muestra brutal de este retroceso.

Todas las concesiones a las petroleras privadas extranjeras y nacionales no sólo no aseguraron un incremento de las inversiones ni alcanzar la soberanía energética, sino que la crisis actual puede obligarnos a tener que importar más gas en el próximo invierno con un impacto importante en las tarifas. La crisis actual de YPF confirma el fracaso de la entrega de una empresa estratégica y vital para el pueblo argentino a las grandes petroleras multinacionales, que sólo se ordenan por aumentar sus ganancias mientras destruyen el medio ambiente.

Vaca Muerta ha sido un centro recurrente de la agenda política de todos los partidos capitalistas, sin ninguna grieta. La impulsó el gobierno de CFK, Macri continuó y desarrolló esos planes y ahora Alberto Fernández los mantiene. Pero Vaca Muerta esconde destrucción ambiental, saqueo imperialista, precarización laboral, militarización y represión. Allí utilizan el sistema de fractura hidraúlica denominado fracking: una brutal contaminación de las napas de agua para extraer más rápido el petróleo y el gas enquistados en las rocas. Para liberar los hidrocarburos se inyectan millones de litros de agua mezclados con numerosos químicos, entre los cuales ocho tienen efectos cancerígenos comprobados.

Ahora, el gobierno del Frente de Todos, muy lejos de defender la soberanía nacional y con la excusa de evitar el default, sale al mercado a rifar la empresa energética más estratégica de nuestro país.

Desde la izquierda tenemos otra propuesta

Todos estos años han demostrado el fracaso absoluto de las políticas de privatizaciones o de sociedades mixtas con 51% en manos del Estado. No hay pactos ni negociaciones posibles con las multinacionales, que solamente cuidan su propio bolsillo mientras saquean y contaminan. Sin soberanía energética, seguimos presos de tarifazos y constantes aumentos parciales y vivimos amenazados de una disparada brutal de los precios de los combustibles.

Los socialistas proponemos recuperar YPF para los trabajadores y el pueblo. Necesitamos un petrolera 100% estatal, a través de su reestatización. Queremos una empresa estatal única, nacionalizando toda la cadena de producción y comercialización del petróleo y el gas y poniéndolos bajo control social. No podemos seguir dejando recursos fundamentales para nuestras vidas en manos de empresas imperialistas cuya razón de ser es la rapiña. Proponemos un plan energético nacional con control social que garantice gas natural y luz a todos los hogares del país.

A la vez, proponemos anular los tarifazos y parar ya mismo esta cadena de aumentos que viene de años. Precios congelados para los combustibles, la luz y el gas en los hogares e impuestos crecientes a las petroleras, anulando la rebaja de las retenciones a sus exportaciones que les concedió este gobierno.

Volvemos a decir una vez más No al fracking. Obligar a las empresas que lo utilizan a que reparen los daños ocasionados, garantizando el empleo e igual salario a sus trabajadores. Es necesario también construir una nueva matriz energética, para producir de forma planificada, que no contamine y sea ecosocialista: un circuito que asegure energía como derecho social y desarrolle energías limpias y renovables.

Surgirán voces que nos van a decir que esto no es fácil de hacer. ¡Seguro! ¡Nada fácil! No subestimamos a las corporaciones ni a los grandes poderes. Pero hay que decidirse a enfrentarlos. Nuestras vidas y las de las futuras generaciones dependen de que avancemos en ese camino.

A mediados de noviembre, como marcándole la cancha al futuro gobierno, las operadoras que actúan en el yacimiento Vaca Muerta despidieron a más de 600 trabajadores y suspendieron a 1.200. La burocracia sindical de Petroleros Privados se involucró, intentando no terminar el año con un conflicto enorme. Se dictó la conciliación obligatoria y luego una «conciliación voluntaria» que vence el próximo 28 y tiene al principal yacimiento petrolero del país en estado de máxima alerta.

Empresarios, burócratas sindicales y funcionarios del gobierno van de reunión en reunión para tratar de llegar a acuerdos y evitar el conflicto. El panorama complejo, ya que más allá de las promesas electorales y los reiterados intentos de mostrar a Vaca Muerta como el «motor económico» del proyecto de Fernández, todavía no hay nada claro sobre cómo será ese supuesto «desarrollo».

Buscan avanzar en el saqueo

Mientras miles de trabajadores viven día a día con la incertidumbre de no saber cuál será su futuro laboral, la producción de crudo en las distintas áreas que popularmente se conocen como Vaca Muerta (Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y otras) logró niveles de producción que permitieron a Neuquén desplazar a Chubut como principal productora de petróleo del país. En promedio, se extraen 160.000 barriles diarios.

No es entonces que las petroleras estén teniendo problemas económicos, sino que pretenden imponer condiciones laborales aún más beneficiosas. Es decir, en el marco del debate sobre el nuevo proyecto legislativo, presionan para ganar todavía más.
Tampoco la pérdida de derechos laborales es una novedad. En Petroleros ya hace unos años se aprobó una adenda al convenio, que recorta beneficios que tenían los trabajadores. Los empresarios, burócratas y funcionarios macristas lo festejaron, poniéndolo como modelo de reforma laboral parcial. Por esa precarización, nueve obreros murieron el año pasado y unos cien desde que funciona Vaca Muerta.

En resumen, las empresas avanzan en la producción de gas y petróleo, los trabajadores pierden derechos, los territorios se contaminan y dañan con el fracking, y el gobierno, lejos de intervenir para defender a «los que menos tienen», prepara una nueva ley de hidrocarburos para fomentar aún más el saqueo.

Nueva ley, mismos ganadores y perdedores

Así como le dedicó buena parte de la campaña electoral a promocionar Vaca Muerta, ahora el equipo económico de AF viene trabajando en un proyecto de nueva ley de hidrocarburos. Quieren mejorar las condiciones y la «seguridad jurídica» para las empresas en Vaca Muerta y demás cuencas activas del país. Si bien el proyecto concreto no está terminado, ya trascendió que la propuesta incluiría la ratificación de la baja de retenciones (Alberto ya se las bajó del 12% al 8%), exenciones de impuestos, liberación total del envío de divisas al exterior por utilidades y la posibilidad de exportar una cuota importante de la producción, a cobrar en dólares, a cambio de sostener un precio interno algo más bajo.

Es decir, con la promesa de «atraer inversiones» y contener un poco el precio acá, el gobierno mandaría al Congreso un engendro que sería un salto tremendo en el saqueo y la entrega. Nada para envidiarle al macrismo. Y recordemos que en 2013 CFK firmó el pacto YPF-Chevron, que le entregó el principal yacimiento de petróleo no convencional y con múltiples beneficios a esa multinacional yanqui(1).

El Ejecutivo trabaja a contra reloj para contener en su propuesta a los múltiples jugadores que existen en el negocio. Sobre todo, apuesta a garantizar las mejores condiciones para las empresas y sostener la «paz social», o sea evitando que los trabajadores defiendan sus derechos. Ah… y si entra algún dólar, será para pagar la deuda externa.

Despojo, contaminación, precarización

Aparte del aspecto económico, Vaca Muerta representa un salto en la contaminación y la degradación de zonas enteras de territorio, profundiza la dependencia de los combustibles fósiles (lo que está cuestionado en todo el mundo), extranjeriza nuestra economía y sigue concentrando en pocas manos uno de los principales recursos del país, lo que va en contra de diversificar la matriz energética y productiva.

Si quienes justifican a AF por el desastre económico de Macri revisaran los últimos 20 años de política energética en el país, verían que sigue el mismo modelo. Las petroleras se llenan de guita, los trabajadores son superexplotados, los pueblos originarios pierden territorios y la naturaleza se degrada a límites irrecuperables. ¿Beneficio para el país y el pueblo? Ninguno.

La salida no es Vaca Muerta. Es transformar por completo la estructura económica y productiva, reestatizar todo el complejo petrogasífero y energético, sin pago y con una investigación que determine los pasivos económicos y ambientales que dejan las corporaciones, prohibir el fracking y garantizar la continuidad laboral para los miles de trabajadores mientras se da la reconversión hacia energías limpias y renovables.

Martín Carcione

1 En ese momento, Alejandro Bodart presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación en grado de tentativa.

]]> https://mst.org.ar/2019/09/29/chubut-emilse-saavedra-mst-fit-unidad-sigue-bloqueo-docente-en-playa-de-tanques-arcioni-es-responsable/ Sun, 29 Sep 2019 23:25:44 +0000 https://mst.org.ar/?p=20041  

Ante el desabastecimiento de combustible, el llamado a intendentes de la zona costera y el bloqueo a YPF, la candidata a diputada nacional por el MST en el FIT Unidad, Emilse Saavedra, que acompaña esta lucha (fotos adj.), señaló: «La docencia sigue el bloqueo en playa de tanques y el responsable es Arcioni. Hoy, después de llamarlos intensamente, los intendentes se dignaron a aparecer. Esperaron más de diez semanas de conflicto para prometer la ‘gestión’ de algún llamado. Es inadmisible. Estos intendentes, junto a todo el PJ y Kirchnerismo, son parte del pacto de gobernabilidad para sostener a Arcioni y el ajuste. Por eso ninguno ofrece soluciones ni quieren que Arcioni se vaya, como reclama el pueblo».

Emilse Saavedra y Francisco Torres, MST en la olla docente en playa de tanques de YPF

Saavedra agregó «Plata hay. Chubut es una provincia rica, pero quienes gobiernan no defienden los intereses de las mayorías. Pagan una deuda usuraria en dólares, cuando la única deuda a pagar es con el pueblo. En vez de amenazar con sumarios o descuentos a docentes, el ‘gesto de convivencia’ que pide el diputado García, debe ponerlo el gobierno. Arcioni ganó prometiendo algo que no cumplió, desde el MST planteamos que todo político que no cumple, se tiene que ir. Hay que acabar con los privilegios, los funcionarios tienen que usar lo público y ganar como una docente».

Ante la falta de respuesta del gobierno de Chubut, desde la permanencia en el ingreso a la playa de tanques de combustible en Comodoro, la candidata a diputada nacional del MST – FIT Unidad, Emilse Saavedra, que está acompañando a la docencia, señaló: “Al no encontrar solución ni convocatoria de parte de Arcioni, una acalorada asamblea docente votó extender hasta mañana el bloqueo a la planta de YPF”.

Saavedra agregó: “Mañana habrá una nueva asamblea al mediodía para definir cómo siguen las acciones. El gobierno debe suspender los pagos de la usuraria y dolarizada deuda externa para poner esos recursos en saldar la deuda con el pueblo. Para garantizar así los salarios y jubilaciones en tiempo y forma, junto a los aumentos comprometidos en paritarias. Arcioni se tiene que ir. Rechazamos cualquier intento represivo”.

El bloqueo docente a la playa de tanques de YPF, antes de la asamblea

En la presentación de su libro en Misiones, Cristina sintetizó de manera contundente la política impulsada bajo su gobierno en esta materia. Allí dijo: “Esta expresidenta, luego de recuperar YPF, firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá adentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hizo el contrato entre YPF y Chevron.” Así reivindicaba el acuerdo para explotar Vaca Muerta. Un pacto con una multinacional condenada en Ecuador por la destrucción del Amazonas, que contaba con cláusulas secretas, sociedades offshore para la fuga de ganancias y la evasión impositiva, y finalmente fue ratificado en medio de una feroz represión en la puerta de la legislatura neuquina. Toda una declaración de principios.

Macri, por su parte, decía orgulloso en el año 2017 que “Vaca Muerta va a generar una revolución del empleo en la Argentina”. Si el pacto YPF – Chevron fue el primer acto de esta obra del saqueo, Macri celebraba con esa frase el segundo: el acuerdo firmado por el gobierno nacional, la provincia de Neuquén, empresas petroleras y la burocracia sindical del sector para impulsar la producción en Vaca Muerta. Además de garantizar un precio mínimo a las empresas y comprometer obras de infraestructura financiadas por el Estado, sentenciaban la flexibilización laboral a medida de las patronales y con el acuerdo de la burocracia sindical.

¿Qué prepara Alberto Fernández en esta materia? Hace días se conoció un proyecto de ley en el que trabaja Guillermo Nielsen, parte del equipo del candidato del Frente de Todos, para “blindar” Vaca Muerta. En él se busca igualar las condiciones de inversión a las vigentes en EE.UU., incorporando la libre disponibilidad de divisas, ventajas impositivas y una garantía de estabilidad tributaria. Para ello se daría fuerza de ley a los contratos con las petroleras, por lo que para modificarlos se necesitará de una ley en el Congreso y el acuerdo de las partes involucradas. Al dar la noticia Clarín no ocultaba su regocijo y decía, “Fernández está tan convencido como Mauricio Macri que hay que hacer una apuesta fuerte a los no convencionales”. Como se ve, para unxs y otrxs, toda una política de Estado.

Las penas son de nosotrxs: contaminación y explotación

Las consecuencias de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la técnica de fractura hidráulica – fracking – están a la vista. En un informe de finales de agosto el Observatorio Petrolero Sur señalaba que en lo que va de 2019 se han registrado 124 sismos en las zonas cercanas a Vaca Muerta. Pueblos como Sauzal Bonito, en Neuquén, dan muestra de esto con daños en sus viviendas.

Hace unas semanas una fuga de gas e incendio en un pozo en las cercanías de Loma La Lata llegó a las noticias nacionales. No es un hecho aislado. Solo en 2018 se registraron alrededor de mil “incidentes ambientales”, y la propia provincia de Neuquén reconoce que se producen un promedio de 2 derrames por día. Los habitantes de localidades como Allen han registrado incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de frutales, aguas tóxicas derramadas sobre terrenos de cultivo.

A esto debemos sumarle la recurrencia de los accidentes laborales. Según registra OPSur, durante 2018 se murieron 5 obreros de Vaca Muerta. Explosiones en los pozos, aplastamiento, golpes, quemaduras por incendios. Todos tienen un denominador común: el incremento en la intensidad de la explotación laboral, particularmente luego del acuerdo de flexibilización laboral.

La aceleración de los ritmos de trabajo y la reducción de los “costos” laborales está en el núcleo del acuerdo de 2017 firmado por el burócrata Guillermo Pereyra de Petroleros. Agrega un anexo al Convenio Colectivo de Trabajo, específico para los trabajadores de los no convencionales. Allí se establecen metas de productividad, disminuyen la cantidad de trabajadores por pozo, reducen las medidas de seguridad, incrementan los controles de ausentismo e implementan la rotación de funciones. Además, eliminan el pago de horas de traslado hacia los pozos (en muchos casos llegan a ser 2 o 3hs), reduciendo así los salarios. Toda una reforma laboral a escala de Vaca Muerta.

Las vaquitas son ajenas (y custodiadas)

El 17 de septiembre se conoció la resolución del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que se amplía la zona de actuación de la Gendarmería Nacional para incluir a Vaca Muerta, considerada como “recurso estratégico”. La militarización de la zona con la presencia de Gendarmería actúa como resguardo de los intereses de las corporaciones.

La medida se da en el mismo momento en que se conoce la suspensión de 1000 trabajadores de distintas empresas que operan en la zona. La represión y la militarización han estado íntimamente vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta desde sus inicios. El Estado ha puesto su aparato represivo al servicio de garantizar el negocio de las multinacionales. La represión a la comunidad mapuche, cuyas tierras han sido arrebatadas por las petroleras, es una clara muestra de esto, como pudo verse en el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Se busca disciplinar a los trabajadores y a los pueblos de los territorios considerados como “zonas de sacrificio”. Todo el andamiaje legal y represivo del Estado garantiza la soberanía de las multinacionales sobre esos territorios. La militarización viene a sellar lo que los pactos, leyes y convenios laborales establecían: un estado de excepción a medida del saqueo imperialista.

Enfrentar el consenso de Vaca Muerta

En “El Capital” Marx decía que la producción capitalista no avanza “sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador”. Vaca Muerta es una síntesis explosiva de esto. Se combinan allí la flexibilización laboral y la depredación ambiental, todo en función de sostener las ganancias del capital imperialista.
Es precisamente por ello que existe un consenso en torno a Vaca Muerta entre todas las expresiones políticas del régimen. Y no se trata solo de expresiones de deseo. La explotación de hidrocarburos no convencionales ha sido uno de los aspectos de más marcada continuidad entre el gobierno de CFK y el de Macri. Cada uno dio pasos fundamentales para su consolidación. Y Alberto Fernandez promete avanzar en el mismo sentido.

Frente a esto, sólo desde la izquierda nos posicionamos claramente contra el modelo Vaca Muerta en todas sus dimensiones. Sostenemos que las multinacionales se tienen que ir, que hay prohibir el fracking garantizando la reconversión laboral de todos los trabajadores, nos oponemos a la reforma laboral, defendemos los derechos de los pueblos originarios y enfrentamos la represión de Bullrich y su Gendarmería.Para fortalecer esta perspectiva en las calles y en el Congreso, sumate a construir el MST en el Frente de Izquierda – Unidad.

Luis Meiners

El 24 de junio la Corte Suprema de EEUU determinó que la demanda por más de u$s1600 millones se lleve adelante en los tribunales de Nueva York y no en nuestro país, lo que preanuncia un fallo desfavorable, que se suma a otros anteriores del CIADI. Por otro lado el apagón el 16 de junio mostró el fracaso de la política energética de las últimas décadas. ¿Qué hacer frente a los tribunales internacionales? ¿Qué política energética necesitamos? Este artículo es un aporte para responder a esas preguntas.

El juicio lo lleva adelante el estudio de abogados británicoBurford Capital que compró los derechos de litigar contra el Estado Argentino al Grupo Eskenazi: compró la demanda por 15 millones en 2015, reclama más de u$s1600 millones y con la expectativa de una sentencia favorable ya logró vender partes por 235 millones de dólares, negocio redondo que muestra cómo actúan estos «buitres». Reclama que durante la reestatización de YPF no se le hizo al grupo Eskenazi una oferta por el 25% de las acciones que tenía en la compañía tal como se le hizo a Repsol, a quien a pesar de los discursos épicos, el kirchnerismo le terminó pagando u$s 5800 millones.

A esto se suma el fallo del CIADI (organismo dependiente del Banco Mundial) que obligó a pagar u$s 320 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas. En total, de 2003 a la actualidad, por fallos del CIADI o de tribunales extranjeros, Argentina lleva pagados u$s 17000 millones (6 mil bajo el kirchnerismo y el resto durante el gobierno de Macri) y quedan aún pendientes litigios por u$s 4500 millones. Esto sucede porque todas las privatizaciones de la década del 90 y los acuerdos de inversiones posteriores dispusieron que las posibles controversias se resolvieran en tribunales de EEUU o el CIADI. Es decir, se renunció a cualquier tipo de soberanía en favor de instituciones imperialistas que no es difícil saber de antemano a quién van a favorecer.

Una primera conclusión, entonces, es que sin romper con el CIADI y desconocer los tribunales extranjeros no hay posibilidad de tener una política soberana que nos permita decidir sobre la propiedad y utilización de nuestro patrimonio de acuerdo a nuestras necesidades.

YPF: privatización menemista y continuidad kirchnerista

Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la principal empresa del Estado argentino entre 1922 y 1992 y puntal del desarrollo económico, social e industrial de nuestro país al ser el principal productor de energía y al mismo tiempo generar alrededor de su industria pueblos enteros, infraestructura, caminos, rutas, etc. Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que se deshizo de su petrolera estatal cediendo a capitales extranjeros el control de una actividad estratégica. La privatización llevada adelante por Carlos Menem entre 1992 y 1998 cuando la española Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario. No está de más recordar que Néstor y Cristina, además del lobby en favor de la privatización, pusieron a disposición el avión de la provincia para que los senadores santacruceños llegaran a tiempo a la votación.

La petrolera española Repsol sobreexplotó los yacimientos descubiertos por la empresa estatal sin realizar nuevas exploraciones. Así, la caída de las reservas entre 1998 y 2011 fue del 54% en petróleo y del 97% en gas. Junto a la entrega de YPF fueron privatizados entre distintas empresas el transporte y la comercialización de la energía.

La recuperación que no fue

La llegada a YPF del grupo Eskenazi en 2007 fue presentada por el kirchnerismo como un proceso de «argentinización» de la empresa. Eskenazi, de grandes relaciones con Néstor Kirchner que ya le había obsequiado el Banco de Santa Cruz, se hizo del 15% de acciones sin poner un solo dólar. La cesión de su porcentaje se hizo a cuenta de pagos que hacía con el reparto de dividendos de la compañía, que siguió sin invertir en nuevas exploraciones, perdiendo las reservas existentes. En el 2011 Eskenazi compró un 10% más de acciones, quedándose con el 25% que es la fuente de la demanda contra el Estado argentino.

La recuperación de parte de YPF en 2012 fue anunciada como una medida épica de soberanía que permitiría «lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos» para «garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo… y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones» (art. 1º ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF). En su momento señalamos que era una reestatización trucha por varios motivos. 1) Sólo se expropiaba el 51% de las acciones dejando en manos privadas el resto. 2) YPF solo explota el 30% del petróleo en el país y se continuaba así, con el 70% en manos privadas, lo que en realidad significaba que el Estado sólo controlaría apenas la mitad de ese 30%. 3) Lejos de volver a transformar a YPF en Sociedad del Estado se mantenía como Sociedad Anónima, lo que iba a significar que seguiría actuando como una empresa capitalista más y sin los controles que rigen para las empresas estatales.

La Vaca de la leche de oro

El tiempo confirmó lo que dijimos en su momento. En lugar de ser una palanca para el desarrollo nacional y encabezar la necesaria transformación energética YPF, continuó actuando como una empresa capitalista al servicio de la obtención de ganancias. A pocos meses de la recuperación, se evidenció el verdadero objetivo: la firma de un acuerdo secreto con la norteamericana Chevrón, condenada en Ecuador por crímenes ambientales. Ese acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta a través del fracking, avanzó contra derechos ambientales y territoriales de las comunidades al tiempo que dio garantía de ganancias extraordinarias y libre disponibilidad de divisas a la empresa norteamericana; y nuevamente dispuso tribunales norteamericanos en caso de controversias. Todo muy lejos de la soberanía declamada.

Hoy tanto el macrismo como el kirchnerismo vuelven a poner Vaca Muerta como la llave del futuro del país, mostrando que tampoco hay grieta en la política energética. El propio programa del FDT plantea «Generar un régimen especial de inversiones en petróleo y gas, particularmente en Vaca Muerta, dando previsibilidad e incentivos a la actividad privada.» Es decir, seguir poniendo en manos privadas el futuro territorial, energético y ambiental del país con beneficios impositivos y laborales.

Soberanía, democracia energética y gobierno de trabajadorxs

A 7 años de la «estatización», las naftas no paran de aumentar y la crisis energética continúa al punto que los cortes de luz ya son cotidianos en varias zonas del país y además sufrimos un tremendo apagón nacional el 16 de junio. La política energética implementada en las últimas décadas mostró su total fracaso para los sectores populares al tiempo que significó fabulosas ganancias para las empresas privadas, ya sea en forma de subsidios estatales o de tarifazos. De lo que se trata es de debatir otra política energética, que defina la energía como un bien social imprescindible y por lo tanto un derecho, no una mercancía más puesta al servicio de generar ganancias. Puesto así, es necesario estatizar todo el sistema energético, desde la generación, el transporte y la comercialización con el control y gestión democrática de lxs trabajadorxs y usuarixs. Y emprender una reconversión urgente hacia energías limpias y renovables como la eólica, solar, mareomotriz o geotérmica.

La clase trabajadora tiene la tarea de encabezar esta pelea para construir fuerza social que permita terminar con el robo de las privatizadas (las mismas empresas que precarizan el trabajo, despiden y ahora reclaman una nueva reforma esclavista). Para eso, la izquierda y los sectores del sindicalismo combativo debemos levantar un programa que junto a la estatización de las empresas energéticas con control obrero y social plantee una transición eco- socialista sin repetir argumentos de la burguesía que extorsiona, a partir de la necesidad de trabajo, para seguir reproduciendo el extractivismo con fracking, megaminería, o mega represas. No van a ser los partidos patronales quienes encabecen esa pelea, aunque se pinten de progresistas. Sus programas, su historia y su rol como gerenciadores de las corporaciones capitalistas lo confirman. La izquierda es la única que puede construir una fuerza política que en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y el pueblo ponga los bienes comunes al servicio de las necesidades sociales y ambientales mayoritarias y no de las ganancias capitalistas.

Emilio Poliak

Vilma Ripoll: “No al #Naftazo: del surtidor a la góndola, otro golpe al pueblo”

Ante la nueva suba de las naftas y el gasoil, Vilma Ripoll (MST), que encabeza en la Provincia como precandidata a Senadora por Izquierda al Frente, señaló: “Rechazamos el #Naftazo que supera el 40% desde que gobierna Macri. Genera indignación ya que llenar un tanque supera los $ 1000. Arrancan un domingo, pero va del surtidor a la góndola y llega a la mesa familiar. Otro durísimo golpe al bolsillo, dispuesto por Macri y las petroleras, con aval de los gobernadores del PJ-FPV”.

Ripoll agregó: “Aranguren lo hace para que lucren a precio dólar, cuando tienen costos en pesos. En lugar de priorizar la rentabilidad empresaria, YPF y demás petroleras deben ser 100% estatal. A la vez, para cuidar el bolsillo de jóvenes, mujeres y trabajadores, eliminar el IVA de la canasta familiar y aumentar salarios y jubilaciones, con pleno empleo, 6hs de trabajo y salario de $ 25.000 para todxs”.

Torres señaló: “Las naftas siguen siendo más caras en La Plata que en Capital y más aún en la periferia, cuando hay una refinería en la región. Es necesario acabar con los tarifazos y establecer un precio único que no puede estar atado a la especulación y al dólar paralelo, con las destilerías que pagan los barriles en pesos, pero el precio se lo calcula en dólares”.

Guanciarossa agregó: “Las privatizaciones del menemismo las sostienen los Kirchner al mantener recursos estratégicos como el petróleo en manos extranjeras y negarnos solución a los ex trabajadores. Demandamos la deuda que mantienen REPSOL/YPF por la venta de acciones litigiosas sin mandato de los trabajadores despedidos (Causa Penal 8568/99 y sus Incidentes 15.875). YPF debe volver a ser 100% estatal, bajo control social y el combustible debe estar al servicio de las necesidades del pueblo, no de las multinacionales petroleras”.

Al respecto Raúl Gómez agregó “Esto no es un error del modelo, es parte central de su matriz energética, la cual comparte con toda la oposición de derecha. Por eso ni UNEN, ni  el viejo PJ proponen algo diferente. La única garantía de soberanía energética que tenemos es la nacionalización real de todo el petróleo y que sean los mismos trabajadores y usuarios quienes decidan cómo y porqué se utiliza, mientras ponemos en pie otro modelo energético”.