Entre Ríos. Ante los saqueos y las medidas de fuerza de la policía: El gobierno es responsable

Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores – Nueva Izquierda sostenemos que los hechos acontecidos en distintas ciudades de nuestra provincia, con epicentro en Concordia a partir de la noche del domingo 8 donde hubo decenas de heridos e incluso muertos, son expresión de una profunda crisis social, económica y política cuyos principales responsables son el gobierno provincial encabezado por el gobernador Sergio Urribarri y el gobierno nacional.

La realidad de los trabajadores y el pueblo de nuestra provincia se encuentra lejos del discurso de la “década ganada” o el “sueño entrerriano”. Los salarios de docentes, estatales y trabajadores de la salud se encuentran entre los más bajos del país. El ritmo cada vez más acelerado de la inflación, los subsidios millonarios a las grandes empresas, la entrega de nuestros bienes comunes y la creciente desigualdad social son elementos centrales de nuestra realidad cotidiana. Creemos que no es casualidad que la crisis se haya manifestado con mayor fuerza en Concordia, ciudad que encabeza el ranking nacional del trabajo en negro, con el 40% de los trabajadores en esta situación de acuerdo a las cifras del propio INDEK del año 2013 y el ranking nacional de pobreza, nuevamente de acuerdos a las cifras del INDEK del año 2012. La ciudad de Paraná, por su parte, se encuentra en el segundo puesto nacional de desempleo, según admite el propio organismo de estadísticas oficial. Estas cifras dan testimonio de que el “sueño entrerriano” de Urribarri es una verdadera pesadilla para los trabajadores y los sectores populares.

Las reivindicaciones impulsadas por sectores de la policía que desarrollaron medidas de protesta en Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay, La Paz, Colon, Federal, etc., que incluyen el aumento salarial y el blanqueo de los códigos en negro, tienen su raíz en esta situación de crisis económica que atraviesa nuestra provincia y el país. En este sentido, entendemos que dichas reivindicaciones son justas y es fundamental que la policía debe tener derecho a sindicalizarse. Al mismo tiempo, creemos que es necesario encarar una profunda democratización de la fuerza: que se depure de los sectores corruptos y ligados al gatillo fácil y la represión, y que se elijan los comisarios por voto popular.

Frente a la crisis: basta de represión y por un plan económico de emergencia

Las políticas de ajuste y entrega de los gobiernos se encuentran en la raíz de la presente situación. En este sentido, entendemos que los saqueos son una expresión de la crisis social que venimos describiendo. Por ello la respuesta del estado no debe ser la represión y la criminalización de la pobreza.

Ante esta situación se hace necesario organizar y unificar las luchas de los trabajadores y el pueblo para resistir estos planes antipopulares que planean profundizar. Además, debemos batallar por un cambio de fondo e imponer medidas de emergencia que resuelvan los problemas que padecemos los de abajo.

Hay que aumentar la ayuda social y entregar urgentemente comida y asistencia en los barrios más castigados por la crisis. Prohibir los despidos, garantizar trabajo digno para todos y frenar cualquier aumento de tarifas para los sectores populares.

Se debe frenar la inflación, anular el IVA de los productos de primera necesidad e instalar el control popular sobre los precios, con precios máximos para los productos de la canasta familiar. Se necesita un aumento de emergencia para todos los trabajadores y la eliminación del impuesto al salario y el 82 % móvil para los jubilados.

Hay que suspender los pagos de la deuda externa y lograr una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen.

Estas medidas deben ser parte de un plan de emergencia, completamente distinto a este capitalismo extractivista, saqueador y contaminante que defienden el oficialismo y la oposición para seguir beneficiando a los grandes capitalistas.