¿La violencia en las escuelas se resolverá con el código de Faltas?
La gobernadora María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de reforma del código de faltas que incluye penas de cárcel y multas para familiares de alumnos que agredan a docentes y no docentes en el ámbito escolar, que se convirtió en ley desde hace pocos días en la Legislatura bonaerense ¿Es esta la solución ante una creciente violencia del sistema social que tiene expresión en las escuelas…?
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley, en la última sesión del año, el proyecto oficial que agrega el artículo 74 bis al Código de Faltas, mediante el cual -a partir del próximo ciclo lectivo- se podrá penar con multas y hasta arresto a las personas que agredan verbal o físicamente a personal docente y no docente de los establecimientos educativos públicos y privados bonaerenses.
Proyecto aprobado en la provincia de Buenos Aires
Según establece la nueva normativa presentada por el Poder Ejecutivo provincial «sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial de la Policía de la Provincia (valor que ronda entre los 6 mil y 15 mil pesos) a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no». Llegando al máximo de 60 días de arresto y/o $30.000. Contempla esta ley que se castigará con esas penas también si se insulte, ejerza actos de violencia física contra docente o auxiliar, perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa o ingrese al establecimiento sin autorización.
En palabras del ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro: “el objeto es que aquellos que sienten la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepa que le puede costar días de arresto o una multa…». Agregando: “queremos que se sepa que queremos cuidar a los docentes, que si logramos que se paguen dos multas o tres agresores estén tres días presos , lo habremos logrado, vamos a usar esta ley para instar las causas , vamos a jorobar” culminó.
Algunas consideraciones importantes sobre esta problemática
Desde Alternativa Docente creemos que esta es una reforma del código de faltas que no sólo deja al docente más aislado, con penas menores a las que existen en el Código Penal y bajándole el tono al problema, sino que claramente responsabiliza, desde un ideario punitivo, solo a los padres de un discurso y un orden social que trabajan para instalar. Y que además no ataca las causas del problema.
El propio ministro deja en claro que solo buscan “jorobar” aplicándola algunas veces y no resolver las causales que la generan. Apuntan así a sacar a la Dirección de Escuelas (DGCyE), al gobierno y el ajuste que generan del foco de atención y de la responsabilidad que les cabe.
La última estadística institucional sobre violencia hacia los docentes es del 2015, donde se registraron 236 agresiones al personal docente y -siete de ellas- fueron con armas. Sumándole además lo que no es denunciado. Y los casos de violencia contra auxiliares y no docentes.
En este año que transcurrió se ha visto profundizado aunque no se conocen las estadísticas. Desde algunos portales de noticias se calcula que hay una agresión por día a un trabajador de la educación. En la mayoría de los casos los docentes víctimas de la agresión deben ser tratados y contenidos por profesionales, en algunos casos de por vida. Sin contar que es en absoluta soledad, sin el acompañamiento de las instituciones que deberían contenerlo (entre ellas la DGCyE y las autoridades de la institución o de Inspección).
Hay consenso entre los docentes que esta situación no da para más, aunque es necesario que analicemos las causas de esta violencia en aumento. En palabras del propio Finocchiaro: “nos están quemando escuelas, que fueron un lugar sagrado. Antes, al guardapolvo blanco de un docente, al igual que al del médico, se lo respetaba. Pretendemos que se sepa que hay un estado al que le interesa que se juzgue la agresión”.
Desde el gobierno aparece con claridad un ideario punitivo para el control de estas acciones, pero esta reforma no sólo no analiza las raíces del problema: ¿Por qué hace 20 años o más no ocurría? ¿Qué lo ocasiona…? Sino que además establece un sólo responsable: los padres o familiares de los alumnos.
Las agresiones y la violencia hacia los trabajadores de la educación no surgen de la nada. Ni se trata de padres o familiares que han perdido el norte y, en su locura agreden. Es el reflejo de una violencia social, de una sociedad con nuevos formatos de comunicación, que trasmite con violencia su desagrado, enojo y frustraciones. Una sociedad capitalista que genera violencia, en todo sentido y que provoca también actitudes y acciones violentas en los individuos. En especial al no obtener soluciones ni respuestas. Esto se agudiza con la precariedad, la exclusión y marginación de muchos sectores, que ni en el gobierno de los Kirchner y de Scioli ni el de Macri y Vidal han resuelto, sino agravado con su política económico-social al servicio de los capitalistas.
A este marco general hay que agregarle que desde los discursos del poder como los de Cristina Kirchner al macrismo, los gobernadores, empresarios y la prensa hegemónica ser docente es sinónimo de: vago, ignorante, faltan sin parar, trabajan poco, tienen muchas vacaciones, no enseñan, hacen paro sin contemplar a los niños, etc. Este discurso ha sido instalado desde el gobierno de turno que sistemáticamente ataca al docente haciéndolo responsable de los problemas estructurales de la educación. Sin dejar de mencionar como este discurso es instalado masivamente por los medios cada comienzo de ciclo lectivo, criticando las medidas gremiales y los derechos laborales que los docentes hacemos valer cada paritaria ante un contexto inflacionario brutal. Ni hablar del operativo aprender desplegado este año para formalizar la responsabilidad en el docente, de los resultados estadísticos conocidos de la educación.
Además muchos especialistas consideran que las instituciones públicas de salud y educación han sufrido un gran proceso de desvalorización, relacionado con la política de fortalecer “lo privado” y desfavorecer lo público. Pensando “lo público” como destinado a los pobres que deben conformarse con un servicio sin recursos y de baja calidad. Y es por ello que la mayoría de las agresiones se dan en instituciones públicas.
Más sanciones, multas y penas pero…
Es necesario aclarar, que ya el Código Penal establece sanciones para quienes agredan a otra persona, a partir del art, 89 del mismo, conllevando un proceso judicial. El código de faltas es aplicable al dejar a un costado el proceso judicial y, de iniciar éste, quedaría anulado cualquier proceso iniciado por el código de faltas.
En segundo lugar esta reforma del art. 74 pone el eje en culpabilizar solamente a los padres que llevan a cabo dentro del ámbito escolar estas acciones. ¿No cabría, acaso, preguntarse si estas sanciones no le corresponderían a los responsables de la crisis social y la violencia que el capitalismo engendra? Quienes además menosprecian diariamente nuestra tarea.
Ya que desde el ámbito judicial, como trabajadores de la educación víctimas de una agresión, podemos iniciar acciones contra el agresor y hasta contra la DGCyE, quien es la primera entidad responsable de garantizar un espacio digno y seguro de trabajo. Con el operativo aprender la responsabilidad de los grandes problemas educativos está puesto en el docente, con esta reforma, la responsabilidad de las agresiones sufridas por docentes y auxiliares está puesta en los padres o familiares. ¿Y el Estado… ¿Y el gobierno…?
Nuestra propuesta
Esta reforma distractora, puede dar la sensación de dar mayor seguridad a los docentes, pero intenta esconder la responsabilidad del Estado y gobiernos. Y no ataca las causas primarias de la violencia.
Desde Alternativa Docente planteamos que así no resolveremos los problemas de fondo educativos. Esta reforma sólo pretende lavar la cara a los mismos que descalifican el trabajo docente en cada oportunidad que tienen. Intenta lavar la cara a los mismos que critican ferozmente cada paro docente o que atacan nuestro salario, o nuestra caja jubilatoria y nos roban el aguinaldo.
Y lamentamos la posición de la FEB, que no solo levanta esta reforma, sino que se la adjudica. Tomando como gremio una posición parcial, sin salir a reclamar soluciones más integrales.
Discutamos en serio las causas de la violencia que el sistema genera y del vaciamiento de la educación y el menosprecio por la labor docente. Es necesario discutir las partidas presupuestarias a educación, los subsidios a la educación privada, los sueldos, las mejoras edilicias, los programas, las capacitaciones docentes de verdad y en servicio, las políticas públicas educativas y los funcionarios que las aplican.
Proponemos espacios de debate en donde se de la construcción de acuerdos transitorios con toda la comunidad educativa, Intentando que estos espacios sean hasta regionales, que unan las problemáticas de varios establecimientos. Organicemos el reclamo ante cada hecho, que no es individual sino social, con movilizaciones y paros, incluso nacional si la gravedad lo requiere como hacen los docentes y gremios en Uruguay y otros países. Exigir a las autoridades que preserven y acompañen al docente agredido. Que se debata en la escuela, con la comunidad y otros establecimientos del distrito. Avanzar en un verdadero código o protocolo ante la violencia creciente que se cuela en las escuelas.
Y aún así, si no se discute en serio la inclusión, la distribución de la riqueza y las políticas públicas sociales y las redes institucionales que acompañen la tarea docente, no habrá multa que frene la violencia. Porque si no se ataca la violencia social y el sistema económico-social capitalista que la genera, esta seguirá atravesando la realidad de todas las escuelas.
Andrea Lanzette
Alternativa Docente
