Diputados se apresta a votar el antiobrero proyecto de ART

El miércoles 15, cuando esta edición esté en la calle, la Cámara de Diputados se apresta a aprobar el proyecto anti obrero y flexibilizador del macrismo y las patronales.

Contará con el apoyo de dirigentes de la CGT, gran parte del bloque de Massa, el bloque pejotista de Diego Bossio, más los diputados propios, con los que estima llegar al quorum mínimo. Las modificaciones al funcionamiento de la ART tienen como punto fundamental la restitución de las Comisiones Médicas (CCMM), como instancia previa obligatoria para solicitar las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo u homologar acuerdos con la ART. Las comisiones son un paso obligado para el trabajador accidentado antes de acceder a la Justicia. Definen el monto de la indemnización y el porcentaje de incapacidad.
El nuevo ordenamiento legal establece un máximo de 60 días para que las Comisiones Médicas se pronuncien. Pero este plazo “improrrogable” puede extenderse por cuestiones relacionadas con el accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. O sea, cuando a estos médicos financiados por la ART se les ocurra.
Si el fallo resulta negativo para los reclamos del trabajador, tiene que apelar a una comisión médica central en Buenos Aires y recién luego puede acudir a la Justicia. O sea, para las “calendas griegas”. Por eso, la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA) ha denunciando estas modificaciones por inconstitucionales, ya que privan al trabajador de poder concurrir a la Justicia en reclamo de sus derechos.
Finalmente el accidentado llegará a los Tribunales, pero ahora lo hará con un fallo negativo previo, y encima solo podrá litigar en el domicilio de la comisión que intervino. Esta última modificación pretende evitar que los trabajadores demandantes puedan litigar en los tribunales del trabajo de la Capital, en donde se encuentran los domicilios de la mayoría de las ART y 80 Juzgados y 10 salas del fuero laboral y donde los fallos tienden a considerar los intereses de los trabajadores, al contrario de los juzgados de provincia (la mayoría de los accidentes se producen actualmente en la provincia de Bs. As.)

Ninguna prevención

Todos los argumentos del gobierno: “terminar con la industria del juicio”, “acelerar los trámites de los trabajadores”, “beneficiar a las Pymes”, etc. son puro verso. “En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica 660.000 siniestros anuales, a los que se les debe sumar otro 35% del sector informal. No se computan: el infraregistro de enfermedades laborales; la falta de denuncias de empleadoras de siniestros leves para evitar aumentos de alícuotas; y la ausencia de registro de accidentes mortales.” (Clarín 09/02/2017)
Si el gobierno quisiera disminuir las demandas laborales por accidente, lo que tendría que hacer es desarrollar un plan de prevención de accidentes de trabajo, que incluya comisiones de control de los propios trabajadores en cada empresa.
Nada de eso está en el interés del macrismo y los empresarios de este país. Lo único que les interesa es achicar los costos laborales, aunque para esto tengan que liquidar los más elementales derechos constitucionales de los trabajadores y pasar por encima de cuatro fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia.

Un proyecto muy resistido

En diciembre el Senado votó la media sanción de este proyecto con el inestimable apoyo del bloque PJ-FpV. Solo tres senadores votaron en contra. El 20 de enero, con la excusa de frenar una avalancha de juicios el 1º de febrero, el gobierno de Macri apura sus modificaciones a la ley, sin esperar a que Diputados trate la media sanción del Senado. Como respuesta al decretazo de Macri, la Justicia Nacional del Trabajo recibió 800 demandas por accidentes de trabajo, más del doble del nivel habitual, el primer día hábil del mes en curso. Y un gran malestar frente a la jugada del gobierno colocó al DNU al borde de ser rechazado por la bicameral que trata los decretos del Poder Ejecutivo.
Por eso el gobierno tuvo que recular con el decreto y llamar a sesiones extraordinarias. Ahora la Cámara de Diputados, con un quorum que se adelanta ajustado daría sanción a la iniciativa macrista. Es tan frágil la situación que si no fuera por el rol cómplice de la CGT y gran parte de la “oposición” parlamentaria el proyecto podría caer. Es vergonzoso el rol de los dipusindicales, algunos de los cuales votan a favor, como el integrante del triunvirato de la CGT, el massista Héctor Daer, mientras otros se ausentan o se hacen los distraídos.
Frente al rol nefasto de la burocracia, es necesario que los trabajadores exijamos que el reclamo contra estas modificaciones en el funcionamiento de la ART sea uno de los puntos importantes del paro nacional y plan de lucha que necesitamos para enfrentar el ajuste antiobrero del gobierno de Macri.

Gustavo Gimenez