Un Plan Maestr@ contra la docencia
El lunes 24, el gobierno de Macri anunció el lanzamiento de la llamada “plataforma plan maestro” (ver aquí). La misma pretende presentarse como una herramienta de consulta ciudadana sobre el proyecto de ley oficial. En un escenario marcado por un conflicto que atraviesa a todos los niveles de la educación, el gobierno busca darle un maquillaje “democrático” a un nuevo asalto contra la educación pública.
Una farsa de “consulta”
La plataforma de “dialogo ciudadano” sobre el Plan Maestr@ (descargar aquí) consiste en un foro virtual donde se invita a expresar opiniones y sugerencias sobre las 53 “metas” que contienen los 8 capítulos del proyecto de ley. La “participación” se limita así a unos cuantos caracteres perdidos en el espacio virtual. Nada de lo sugerido es vinculante. La última palabra siempre queda en manos de los “equipos técnicos”. Más que consulta, se trata de una caja de sugerencias virtual.
El proyecto no ha sido elaborado a partir del debate en las escuelas ni se propone realizar ahora una consulta donde los trabajadores de la educación seamos los protagonistas. El diálogo “ciudadano” omite a los educadores en tanto sujeto colectivo de la educación pública. Con una lógica tecnocrática, abundan las referencias a especialistas y expertos. Elaboran leyes de espaldas a la docencia, porque son leyes contra la docencia.
Las “metas”
De las 53 “metas” que propone el proyecto, 13 son consideradas como prioritarias. Entre varias generalidades, encontramos la reiteración de algunas promesas incumplidas de campaña como la “cobertura universal del nivel inicial desde los 3 años”. Aparecen también la jornada extendida -como la entiende el gobierno macrista- y la reducción del abandono escolar. Lo que no aparece, sin embargo, es cómo y, fundamentalmente, con qué presupuesto se propone lograrlo.
Un análisis más detenido de otras “metas”, contrastándolas con lo actuado por el macrismo en el área respectiva, revelan el avance en procesos de mercantilización. Se propone, por ejemplo, lograr “universalizar el acceso a las tecnologías de la información”. En este plano son conocidos los vínculos con multinacionales como Microsoft (a quien el PRO abrió las puertas de las escuelas porteñas en 2013) y Google, con cuyos CEO´s se entrevistó el presidente en el Foro de Davos en 2016, además de Facebook.
En su capítulo de Educación Superior, el proyecto recupera elementos claves de la ofensiva neoliberal sobre la universidad pública, expresada en nuestro país en la Ley de Educación Superior. Resuena entre las “metas” para este nivel la evaluación externa, el desarrallo de planes institucionales con criterios “medibles” y “evaluables” y el cumplimiento con los procesos de “acreditación” de la calidad.
También se expanden las oportunidades de negocios, ensanchando el camino de la mercantilización. Se propone, por ejemplo, que la totalidad de las universidades desarrollen planes de “formación a distancia”, plataformas virtuales que han resultado ser un vehículo para el avance de la mercantilización, de la transformación de la educación en un producto empaquetado. También la infaltable “articulación” con “sectores productivos”. Es decir, poner la educación y la producción de conocimientos al servicio de empresas y corporaciones.
La expansión de la mercantilización aparece también con fuerza en el capítulo sexto, titulado “Educación y Trabajo”. Por citar un ejemplo, la meta Nº 51 busca “Promover el compromiso empresarial en la Formación Profesional a través de convenios mediante los cuales las empresas financien o implementen acciones de excelencia destinadas a actualizar competencias técnicas de los docentes del área de Formación Profesional”. Es decir, financiamiento empresarial de la formación profesional. Se propone también que al menos 50 mil estudiantes entre 2018 y 2026 acrediten cursos de “capacitación laboral”.
Apunten al docente
El macrismo construye un diagnóstico sobre la crisis de la educación pública que responsabiliza a lxs docentes. Así, entre generalidades, mucha pompa, promesas incumplidas, y prometedores negocios a futuro, sobresalen dos “metas prioritarias” que apuntan directamente a flexibilizar el trabajo docente.
En primer lugar, la creación por ley del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad. Su antecedente más inmediato es el operativo Aprender, pero no se trata de una idea original del PRO. Obedece a los lineamientos educativos de los organismos financieros internacionales.
Poner al docente en el centro del debate en torno a la crisis de la educación, y negarle simultáneamente la voz, es un paso indispensable para generar consenso en torno a las políticas de contrarreforma educativa. Tendencialmente, además, apunta a crear un sistema de premios y castigos que impacte sobre la remuneración de los trabajadores, generando así un sistema de competencia, individualista y meritocrático.
El paso siguiente es la meta de “crear un nuevo sistema nacional de carrera docente”. Es decir, reformar los Estatutos del Docente. Se busca reemplazar los convenios colectivos de trabajo por convenios con ingresos y ascenso en la carrera individuales, por criterios de supuesto “mérito”. La flexibilización de la carrera docente es el horizonte detrás de estos puntos del “Plan Maestr@”.
La dirigencia docente no da respuesta a esta ofensiva
En este camino que nos propone el gobierno nacional y, también los gobiernos provinciales, cuyos ministros de Educación han rubricado el proyecto desde el Consejo Federal de Educación, profundizará la crisis educativa.
La combinación del ajuste presupuestario con la implementación de políticas como las que hemos analizado, profundizarán la fragmentación del sistema educativo, creando aún más desigualdad. Porque es precisamente ese camino el que quieren profundizar, para adecuar el sistema educativo a las necesidades de un modelo de acumulación basado en el despojo de los pueblos.
Lamentablemente, frente a esta ofensiva global del gobierno de Macri, su ministro Bullrich y los gobernadores, las conducciones sindicales de CTERA y los gremios docentes de la CGT no dan respuesta o son parciales y muy por detrás de lo necesario.
No solamente intentan contener y frenar el conflicto salarial, sino que además no dan respuesta a una disputa de fondo sobre el modelo educativo. El colmo de esto es que desde el mes de diciembre, las dirigencias gremiales como la Celeste de la CTERA, han tenido en sus manos el proyecto del Plan Maestr@, pero no han abierto ningún debate con los docentes, no plantean ningún alerta ni han generado las instancias para dar una respuesta a esta nueva ofensiva.
Nuestra salida a la crisis educativa
Por eso, como trabajadores de la educación y también como socialistas, tenemos la tarea de construir otra salida. Un primer elemento clave es la democratización del debate y la toma de decisiones. Nos quieren imponer un plan sin debate, que profundiza la verticalidad en la toma de decisiones en materia educativa. Se trata precisamente de un gobierno cuyo ministro de educación dijo abiertamente que los sindicatos y los docentes no pueden discutir la política educativa.
Frente a esto urge convocar un Congreso Pedagógico para que docentes, estudiantes y la comunidad debatamos qué plan educativo necesitamos para salir de la crisis en la que nos han metido los sucesivos gobiernos.
¿Quién mejor que los que sostenemos día a día a nuestras escuelas, para identificar sus problemas y pensar posibles soluciones? No podemos dejar la decisión en manos de funcionarios y tecnócratas que sólo pisan la escuela pública para algún acto de campaña.
En el mismo sentido, proponemos la evaluación social de las políticas educativas. Proponemos que sean los docentes, estudiantes y la comunidad quienes evaluemos las políticas educativas y los gobiernos que las aplican. Convencidos que es allí -y no en alumnos y docentes-, donde está el problema y origen de los déficits de la educación pública.
Esa evaluación social incluye que la comunidad educativa evalúe puntos como: la infraestructura y mantenimiento escolar; el presupuesto y subsidios estatales al sector privado; comedores y becas; sobre el personal y una evaluación docente acorde al Estatuto; capacitación en servicio; política salarial y condiciones de trabajo. También la política curricular, planificación; la matrícula estatal/privada; los índices de promoción, repitencia, sobreedad o la formación docente. Más otras cuestiones como la Educación Sexual Integral, Centros de Estudiantes y Convivencia.
Para salir de la crisis, es clave incrementar el presupuesto educativo. Como mínimo debe ser el 10% del PBI y de manera inmediata, no gradual como promueve la conducción de CTERA con su proyecto de nueva “Ley de Financiamiento Educativo”.
Hay que dejar de alimentar con recursos públicos el negociado de la educación privada, eliminando los millonarios subsidios, con la absorción de los docentes y matrícula por parte del Estado de toda aquella institución que no desee o no pueda seguir prestando el servicio. A la fragmentación y mercantilización que han impulsado los distintos gobiernos, le oponemos la necesidad de un sistema educativo único, nacional, público y estatal; obligatorio, gratuito, laico y científico. Que forme en el pensamiento crítico, aportando a la lucha por una sociedad justa e igualitaria.
Descargar aquí el Proyecto de Ley Plan Maestr@
Luis Meiners
Alternativa Docente, Entre Ríos
MST en Izquierda al Frente