La huelga de los trabajadores de UTA Córdoba. Claves de un conflicto histórico.

A cinco días del paro general de transporte en la ciudad de Córdoba la heroica lucha de las y los trabajadores se ha convertido en un hecho político sindical de alcance nacional que ha suscitado la más amplia simpatía y apoyo en las y los trabajadores (sobre todo del  transporte) de todo el país, y por ende ha producido el temor de los gobiernos, la patronales y la burocracia sindical.

En estas horas en que el conflicto parece entrar en la fase decisiva es importante analizar a fondo el proceso al que estamos asistiendo.

Las características y antecedentes de conflicto son la clave para entender la magnitud y los alcances de una lucha que ya podemos calificar como histórica.

 

La crisis y cuestionamiento a la burocracia sindical.

 

El desborde y la rebelión desde abajo, que marcan al conflicto actual, es el remate de un proceso que viene desde hace más de seis años en la seccional Córdoba de la UTA, donde una burocracia decadente y acorralada no ha podido recomponerse ante la bronca y la organización que viene de abajo.

Esta bronca hizo que en el año 2011 la burocracia se dividiera en las elecciones y el sector triunfante encabezado por Alfredo Peñaloza se impusiera a la conducción histórica.

Esta ala de la burocracia, con el objetivo contener los cuestionamientos crecientes,  consiguió un acuerdo con las patronales locales para poner en práctica otra modalidad de pago, que arrojaba un plus salarial para Córdoba en comparación con la paritaria nacional.

En ese convenio local el porcentaje de aumento salarial se imponía primero al básico y al presentismo, y esa mejora resultante recién después se trasladaba a los ítems de laudo y tareas previas, lo que arrojaba una cifra mayor de aumento en comparación al convenio nacional.

Pero la crisis era muy profunda y la burocracia acumuló roces, divisiones y enfrentamientos y en 2015, Ricardo Salerno le arrebató a Peñaloza la conducción de UTA en Córdoba.

Los enfrentamientos entre las fracciones de la burocracia, reflejando el cuestionamiento de creciente de las bases, continuaron precipitando la crisis. Un conflicto con choferes de la empresa Ersa (una de las cuatro que tienen la concesión del transporte en la ciudad) por la reubicación de la punta de línea en Toledo y el futuro incierto de los choferes de Autobuses Santa Fe (Hoy Aucor-Grupo Ersa) en 2016, se llevaron puesta la conducción de Salerno.

Ante esto y con el objetivo de encauzar la crisis la burocracia de UTA Nacional puso al interventor Luis Arcando en Córdoba, destituyendo a Salerno por “incumplimientos del estatuto”. La intervención negoció el traspaso de los choferes de Autobuses Santa Fe a Aucor (Ersa).

En marzo de este año las elecciones de delegados de todas las empresas marcaron el punto más alto del proceso. Fueron elegidos (y reelegidos) mayoritariamente delegados y delegadas que pertenecen a distintas agrupaciones opositoras. Pero fundamentalmente surgió un cuerpo de delegado/as combativos que tienen como método excluyente la asamblea de base, la consulta permanente y la democracia obrera.

Lo más representativo de este fenómeno lo constituyen las combativas delegadas de la empresa estatal de Trolebuses (TAMSE), quienes desde su doble condición de mujeres y trabajadoras son el componente más dinámico y representativo de la conducción del conflicto. Hecho inédito en un gremio mayoritariamente “masculino”, y por ende con un arrastre de prejuicios y prácticas machistas.

 

La coyuntura nacional y el techo salarial.

 

A tono con la traición del conjunto de burocracia sindical nacional, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) llegó a un acuerdo salarial, a principios de mayo de este año, con las empresas del sector de un aumento del 21% en tres tramos. El acuerdo fue anunciado el jueves 1 de junio por el burócrata de la UTA nacional, Roberto Fernández, quien justificándose explicó  que el aumento sería retroactivo a enero, no remunerativo.

Al no ser homologado al convenio particular de Córdoba, el aumento real en el bolsillo de los y las trabajadoras significa un 8% de aumento hasta diciembre de este año. Lo cual fue rechazado unánimemente por las y los trabajadores y así planteado por las y los delegados ante la intervención del sindicato que se lo quería imponer.

Semejante ataque al bolsillo y a las subsistencia misma de las y los trabajadores se da en el marco de la feroz ofensiva ajustadora del gobierno nacional intenta desplegar contra el pueblo y los trabajadores, con la complicidad de la burocracia sindical.

Por eso las y los trabajadores de UTA Córdoba son claros y contundentes: reclaman que el 21% que se dio en paritarias en Buenos Aires no se pague desglosado en 3 cuotas. Se pague de una sola vez trasladado al básico de Córdoba, en forma retroactiva al mes de enero para evitar que se incremente el deterioro del poder adquisitivo de su salario.

En este marco la patronales y gobierno del Radical Mestre se envalentonaron y pensaron que la burocracia de la intervención disciplinaría a los trabajadores e hicieron oídos sordos a las señales (asambleas de base, suspensiones del servicio y evidente voluntad de lucha), que indicaban que semejante acuerdo a la baja sería más que rechazado y repudiado como cualquier acuerdo perpetrado por la intervención a espalda de los trabajadores.

Como un hecho anunciado las  y los trabajadores de las cuatro empresas paralizaron el lunes 5 de junio el servicio de transporte urbano en rechazo al acuerdo en la paritaria nacional.  Durante el fin de semana anterior habían realizado asambleas en las puntas de línea que ya habían afectado el servicio. Allí discutieron y votaron las medidas de fuerza, lo que explica la contundencia de la medida que están llevando a cabo.

A la par del reclamo salarial se expresa el componente democrático que surge de las bases, y por eso levantan la exigencia del fin de la intervención a la seccional Córdoba por parte de la burocracia de Roberto Fernández y el llamado imediato a elecciones de la seccional.

Como un intento de sofocar la rebelión los empresarios amparados en el decreto de ilegalidad de la huelga, hecho por el gobierno provincial y la complicidad del gobierno municipal, han comenzado a enviar telegramas de despidos como un intento brutal de quebrar la determinación de lucha de las y los trabajadores.

 

Las y los trabajadores de UTA Córdoba marcan el camino.

 

La atención y simpatía que el conflicto está provocando a nivel nacional dan cuenta de que se trata de un conflicto casi testigo y señero para el conjunto del pueblo y los trabajadores.

Ya es más que claro que para el conjunto los y las trabajadoras del país una victoria de las y los trabajadores de UTA de Córdoba sería un gran golpe a la política de ajuste de los gobiernos municipal, nacional y provincial.

Consecuentemente, para el intendente Mestre, el gobernador Schiaretti, Macri, la patronal y la burocracia interventora derrotar el reclamo de los trabajadores del transporte de Córdoba es un objetivo de carácter estratégico.

Es evidente que esta lucha, encabezada por mujeres combativas que ponen por delante las prácticas democráticas, marca el camino y el método eficaz para que las y los trabajadores de todo el país podamos enfrentar y derrotar al ajuste y el techo salarial, que en el año electoral los gobiernos y las patronales nos quieren aplicar.

Las claves de la contundencia y combatividad de la huelga están en la definición que las delegadas remarcan en cada intervención en el acampe: “tienen que saber, que esto lo resuelven las bases”. Repiten como una sentencia, que sacude de temor a la burocracia, al gobierno y la patronal.

A pesar de la determinación de las y los trabajadores la pelea no es fácil. En las últimas horas el conjunto la burocracia sindical de la provincia ha desembarcado en el conflicto, con un gesto de supuesta solidaridad, que sólo tiene como objetivo  “poner el conflicto en caja” y evitar un precedente que sabe letal para el modelo sindical que la sostiene: no pueden admitir que delegados votados por la base y que tienen el método de consulta permanente a los trabajadores se sienten a negociar en una paritaria y sean legitimados.

 

La salida de fondo: Un transporte estatal bajo el control de los usuarios y las y los trabajadores.

 

El gobierno, la patronal y la burocracia mediante sus medios de comunicación a sueldo intentan aislar a las y los trabajadores reproduciendo mentiras y azuzando prejuicios, acusándolos de tomar de “rehenes” a los cordobeses.

Es cierto que los cordobeses, que estamos pagando el boleto de transporte más caro del país, somos rehenes. Pero no de las y los trabajadores que reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales y de servicio, sino del Intedente Mestre y de los empresarios que sólo buscan aumentar sus ganancias. Las empresas de transporte recibieron -sólo el año pasado- 7 mil millones de pesos en subsidios.

Las desorbitantes ganancias de las patronales jamás redituaron en mejora alguna de un pésimo de servicio de transporte que los cordobeses sufrimos desde hace décadas.

Lo cierto es que si Mestre y los concejales viajaran en colectivo, el conflicto ya se hubiese resuelto. El servicio de transporte en Córdoba es pésimo y carísimo, porque el intendente prioriza los negocios con los empresarios del transporte y no le importan los miles que cotidianamente dependen de un colectivo para trasladarse. Deciden sobre el precio del boleto, las unidades y los salarios de las y los trabajadores, los que se trasladan en auto con chofer.

Ninguna salida real a este conflicto puede venir de una lógica que hace de un servicio público un negocio capitalista. La única salida de fondo al problema estructural del transporte, crónico en la ciudad de Córdoba, es la estatización de todo el servicio público de transporte bajo el control de los usuarios y los trabajadores.

La primera condición para avanzar en ese objetivo es lograr el triunfo la lucha de las y los  trabajadores del transporte. Desde la Corriente Sindical del MST  estamos convencidos: sí ganan ellos, ganamos todos. Por eso debemos imponer a las direcciones sindicales un paro provincial en solidaridad con las y los trabajadores de UTA, que defina la pelea a su favor.

 

Raúl Gómez

Secretario General Adjunto CTA Autónoma de Córdoba

Dirigente de la Corriente Sindical del MST