Un reclamo popular que no cede Maldonado: El gobierno es responsable

El miércoles 1º de noviembre, la Plaza de Mayo y las plazas de todo nuestro país desbordaron con un mismo reclamo: justicia por Santiago Maldonado; el gobierno y el Estado son responsables.

A tres meses de la desaparición forzada de Santiago y a quince días de la aparición de su cuerpo sin vida en una orilla del río Chubut, otra vez fuimos miles y miles y miles de personas las que salimos a las calles del país, en unidad, para exigir verdad, justicia y castigo a los culpables. En el caso del acto central, en la Ciudad de Buenos Aires, fue evidente que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integramos el CADHU y el MST junto a decenas de organizaciones populares- movilizó con mucha más fuerza que el espacio de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas vinculadas al gobierno kirchnerista.
Por esos días ya comenzó a circular la versión de que podría haber un cambio importante en la causa judicial con el objetivo de desechar la carátula de desaparición forzada de persona, figura penal que tanto les molesta al gobierno nacional macrista y a su círculo de protección mediática. ¿Por qué dicho cambio? Porque las pericias forenses preliminares indicarían que Santiago murió ahogado…
Pero la causa de muerte no establece las circunstancias de esa muerte. Y más allá de que los resultados definitivos de las pericias recién estarían terminados para el 24 de noviembre, aún no se encuentran su mochila y su celular, no se sabe quién atendió el llamado telefónico de 22 segundos de su amigo Ariel Garzí, no se entiende cómo una ramita pudo mantener hundido un cuerpo tantos días, la justicia no indagó ni investigó el celular de Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich que comandó el operativo represivo, y tampoco hizo careos por las contradicciones entre los gendarmes.
Y lo principal: las dos hipótesis posibles no eliminan en lo más mínimo la responsabilidad directa de la Gendarmería en la muerte de Santiago. Si su cuerpo estuvo alrededor de 60 días en el agua es porque desde el 1º de agosto lo retuvo la Gendarmería, lo asesinó y un par de semanas después “plantó” su cuerpo en el río. Y si en cambio Santiago murió el mismo 1º de agosto, el día del operativo ilegal contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, fue como consecuencia de la violenta represión y persecución posterior.

Ninguna confianza en esta justicia

Al cierre de esta edición, el miércoles 8 de noviembre, el juez federal Gustavo Lleral rechazó el pedido de la querella de la familia Maldonado de que en la causa penal intervengan peritos independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es que, como bien lo planteó la abogada de la familia, Verónica Heredia, “hasta la fecha las investigaciones fueron realizadas por el resto de las fuerzas de seguridad dependientes jerárquicamente” del Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, la misma bajo cuyo mando está la Gendarmería, y que por lo tanto es indispensable que en la causa intervenga “un grupo de expertos independientes del citado ministerio”.
Es más: el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Santiago ya había sido rastrillado anteriormente por la Prefectura Naval y el propio buzo táctico de esa fuerza que lo halló, Rodolfo Altamirano, señaló que en una búsqueda previa el río tenía “una mejor visibilidad, menos corriente y caudal de agua”, de modo que en tales condiciones hubiera sido imposible no ver un cadáver. Mucho más imposible, siendo que el lugar había sido rastrillado al menos tres veces. Y mucho más imposible todavía es que Santiago se hubiera ahogado allí, siendo que el 1º de agosto la profundidad era de apenas 30 centímetros y sin ningún pozo.
Según argumentó Lleral, el “Poder Judicial, a través de los jueces, instituye el ejercicio de un poder jurisdiccional imparcial e independiente”. Aun si este juez terminara recusando a la fiscal Silvina Ávila, quien a la vez es fiscal de la causa por el corte de la ruta 40, o sea que actúa en dos causas penales con intereses contrapuestos, su negativa a aceptar una participación de peritos independientes es una clara (y muy mala) señal en el sentido de la impunidad oficial. La campaña propagandística oficial empuja en el mismo sentido a fin de exculpar a la Gendarmería, la fuerza de seguridad que el gobierno macrista hoy necesita tener disponible para la represión interna a fin de meter su paquete de reformas antipopulares.
Por eso, como lo venimos señalando desde el inicio, las únicas garantías para lograr verdad y justicia por Santiago Maldonado son dos: la continuidad de la movilización social y la formación de una comisión investigadora independiente.

Pablo Vasco,
CADHU – MST