Violencia social que se expresa en las escuelas / El 21: Paro en Quilmes ante brutal golpiza a una docente

 

 

El martes 21, desde SUTEBA Quilmes, convocamos a un paro distrital docente junto a la FEB y otros gremios para repudiar la brutal agresión sufrida por Cintia Sampedro, docente de la Escuela N° 22 «Tomás Liberti». Días atrás, al salir de su escuela y a unas 10 cuadras, se le cruzó un auto negro frente a su propio automóvil. Uno de los dos hombres bajó, la golpeó, le fisuró una costilla y lastimó el rostro. Al irse la amenazó: «La próxima vez te arranco las vísceras…».

El hecho es gravísimo y pasa luego de que Cintia denunciara -en la comisaría 3ra- al padre de un alumno por amenazas que recibe hace meses. Lamentablemente, cuando fue a hacer la denuncia, las autoridades la dejaron sola. Hoy está de licencia tras ser atendida y recibió la solidaridad de padres, madres y docentes, así como de SUTEBA Quilmes.

Si se confirma que el ataque fue un “encargo”, adquiere una gravedad no vista antes. Los responsables deben responder por la atrocidad de sus actos. Si bien la tónica de otras agresiones no es tal, en 2016 y 2017 la situación se agravó, pese a la política punitiva de Vidal y el macrismo, al aprobar la reforma del Código de Faltas (Art. 74 bis) para penar con multas y hasta arresto a quien agreda verbal o físicamente al personal de establecimientos educativos.

Las propias fuentes gubernamentales señalan que el ciclo lectivo 2017 va a culminar con una cantidad alarmante de hechos que tuvieron como víctimas a docentes de inicial, primaria y secundaria. “Registramos cuatro casos semanales, en promedio. Es muy preocupante. Pasamos de 2 o 3 por semana, que incluyen amenazas y golpes, a no bajar de 4 episodios. En muchos casos, este año además sumó a docentes hospitalizadas”, informaron (Diario Popular, 18/11).

Pese al gravísimo caso, la Celeste de SUTEBA no se pronunció, cuando deberían llamar a paro provincial ante la violencia en aumento. El paro lo llama sólo SUTEBA Multicolor. Por su parte la FEB dice que “han dejado de ser hechos aislados. Lamentablemente, son frecuentes y diarios”. Y se preguntan: ¿quién nos protege? Pero tampoco toman una medida provincial, sino solo en el distrito. Cuestión que debemos exigir hasta poner fin al aumento de expresiones de violencia en las escuelas.

La responsabilidad del gobierno y el Estado

 

En su mayoría las víctimas deben ser tratadas y contenidas por profesionales, en algunos casos de por vida. Esto suele darse en absoluta soledad, sin el acompañamiento de las instituciones que deberían contenerla como la DGCyE y las autoridades de la escuela o de Inspección.

Por eso el gobierno fomenta un ideario punitivo, sin analizar ni resolver las causales que generan la violencia social que tiene expresión en las escuelas. Sino ¿por qué hace 20 años o más no ocurría…? Establecen así un sólo responsable: los padres o familiares de los alumnos. Para sacar del foco a la Dirección de Escuelas, al Estado, gobierno y su ajuste de la responsabilidad que les cabe.

La violencia hacia los educadores no surge de la nada. Es reflejo de una violencia social, de una sociedad que trasmite con violencia su desagrado, enojo y frustraciones. Una sociedad capitalista que genera violencia en todo sentido y provoca también acciones violentas en los individuos. En especial al no obtener soluciones ni respuestas. Eso se agudiza con la exclusión y marginación de amplios sectores, cuestión que ni los Kirchner y Scioli ni Macri y Vidal han resuelto, sino agravado con su política económico-social al servicio del capital.

Además, desde los discursos del poder, desde Menem a De la Rúa, Cristina o Macri, gobernadores, empresarios y grandes medios, ser docente es sinónimo de vago, ignorante, de trabajar poco y tener largas vacaciones o parar sin contemplar a los niños, etc. Discurso que ataca al docente para hacerlo responsable de los problemas estructurales de la educación. Y fomenta las expresiones violentas.

 

Violencia social que se expresa en las escuelas: 10 medidas para abordarla

 

Ante esta problemática, desde Alternativa Docente y el MST en Izquierda al Frente ponemos en debate 10 medidas para abordarla (descarga aquí para imprimir: Violencia Escuela 22 Quilmes):

1. Como luego de ocurrido en el caso de Cintia y días antes pasó en Tigre, es preciso organizar el reclamo en la institución ante cada hecho, ya que no se debe considerar un problema individual sino social. Convocar a movilizar, al cese de tareas y a paro distrital e incluso provincial o nacional si la gravedad lo requiere. Así lo hacen docentes en Uruguay y otros países. Exigir esto a la conducción provincial de SUTEBA y al Frente de Unidad Docente, así como a la CTERA que no dan la respuesta adecuada. Es que, en una postura funcional al sistema, las conducciones no denuncian el carácter social de este problema ni apuntan a las causas de fondo que debemos buscar en la estructura económica, social y política imperante que degrada a amplios sectores de la sociedad, sus relaciones y a la educación misma.
2. Exigir a las autoridades que preserven, resguarden y acompañen al trabajador de la educación afectado/a por hechos de violencia física, psicológica o simbólica. Eso implica atención personal, profesional y asesoramiento legal, donde la patronal asuma y se ocupe de la salud física y psicológica ya que esto se produce en el ámbito laboral. Que las autoridades adopten las medidas necesarias para que la o el docente aspire a reintegrarse a la tarea educativa, dentro del sistema, según la gravedad del caso.
3. Independientemente de la particularidad que podría derivar de este caso si se comprueba el “encargo”, creemos necesario preservar también a la familia o el alumno/a afectado, rechazando la idea de que con criminalizar a la madre, padre, familiar o el alumno involucrado, se resuelve el problema. Más allá de que los responsables de la agresión asuman las consecuencias de sus actos, consideramos que, antes que una política de penalización que derive en más violencia, las autoridades deben actuar en la prevención ya que éste, como otros casos, tienen su historia y se podrían evitar si las autoridades intervienen adecuadamente y si se destinan los recursos humanos y materiales necesarios. Además de reclamar que se atienda la situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes y sus familias, a fin de garantizar igualdad y oportunidades.
4. Garantizar que se debata libre y democráticamente lo ocurrido en la escuela, con la comunidad y en otros establecimientos del distrito. Asegurar espacios donde construir acuerdos de convivencia y reflexión, intentando que sean incluso regionales o provinciales para unir las problemáticas de varios establecimientos.
5. Exigir el nombramiento de los cargos necesarios para atender las problemáticas de las escuelas como los EOE (Equipos de Orientación Escolar) de Secundaria, bibliotecarios, horas de estímulos para doble jornada y otros. Revertir las condiciones en que trabajan los docentes, fijando un límite de 20 alumnos por aula para aspirar a una educación de calidad y evitar docentes sometidos al estrés laboral, con bajos salarios y malos ambientes de trabajo.
6. Que el gobierno ponga fin a las descalificaciones hacia la docencia, reproducidas por los grandes medios y grupos de poder de una sociedad injusta y violenta como la capitalista. Sólo buscan cubrir la responsabilidad del Estado, el gobierno y el sistema que genera privilegios, desigualdad y marginación.
7. No será enfrentando a lxs educadores con las familias y alumnxs como encontraremos solución. Los mismos que critican cada reclamo, paro o movilización docente o atacan la escuela pública, son los que plantean medidas punitivas para resolver todo; con “premios y castigos”; introduciendo criterios de “productividad” en la educación, la diferenciación, competencia y el individualismo como supuesto elemento de progreso. Aspiramos a una escuela abierta y un sistema educativo democrático, participativo y plural, revirtiendo el autoritarismo en el gobierno de la educación.
8. Avanzar en un Protocolo de Actuación ante la violencia creciente que se cuela en las escuelas, pero elaborado con la participación democrática de las y los educadores, estudiantes y la comunidad educativa.
9. Debatir las causas de la violencia y aumentar ya el Presupuesto educativo al 10% del PBI y eliminar los $ 60.000 millones que subsidian a la educación privada para aumentar salarios, mejorar la infraestructura, los programas, una capacitación docente de calidad, gratuita y en servicio, además de evaluar las políticas educativas y a los funcionarios que las aplican, así como las redes institucionales que deberían acompañar al docente.
10. Exigir al gobierno medidas de emergencia que aborden la inclusión y una justa distribución de la riqueza para avanzar antes las familias y alumnos que no tienen trabajo o tienen empleo precario y lo que ganan no alcanza para mantener al grupo familiar, menos para estimular su desarrollo. No habrá multa o prisión que resuelva esta violencia que se cuela en las escuelas, si no se avanza sobre la violencia social y el sistema capitalista que la genera.

 

Diana Thom y Olga Villarreal, Comisión Directiva de SUTEBA Quilmes

Francisco Torres, Sec. Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma

Alternativa Docente / MST en Izquierda al Frente