Por exigencia del FMI. Represión para imponer el ajuste

La represión y detención de los trabajadores del Subte en conflicto, es la expresión más nítida de un gobierno que, muy golpeado por la crisis en curso, intenta demostrarle al FMI y al establishment local, que apelará a los palos y la mordaza para imponer el fuerte ajuste que le exigen los usureros.
En estos días se han producido varias acciones represivas en línea con este accionar. El 26/4 la policía desalojó violentamente con gases, balas de goma y palos, a los trabajadores despedidos del INTI. Luego vino la brutal represión a los tercerizados del Sarmiento con la detención de Jorge Núñez y Guillermo Zampini del MST.
La represión a Cresta Roja completa un cuadro en el cual el gobierno ha decidido utilizar la represión para quebrar los conflictos obreros, sin importarle si en el camino se lleva puesto el más elemental derecho a huelga de los trabajadores.
Esta política es acompañada por un importante despliegue mediático, que pretende justificar la represión y deslegitimar la representación genuina de los trabajadores.
Macri prepara incluir en las próximas reformas al Código Penal, distintas penalidades contra el derecho a la protesta, abiertamente inconstitucionales por cierto. Según trascendió en el programa “Terapia de noticias” de La Nación estaría impulsando reformas que castigará con penas de hasta tres años de prisión a quien interrumpa la marcha del transporte público. Quien sea acusado de “arrojar proyectiles desde una marcha” (sic) recibirá penas de dos años y si la “víctima” es un policía serán… 3 años.
La frutilla del postre: Larreta y sus funcionarios plantearon que van a exigir que las manifestaciones solo ocupen dos carriles en la vía pública y, como respuesta al paro del Subte, que van a contratar rompehuelgas. Una joyita.