Con Macri, ¿militares a la calle?

En estos días volvió a circular la noticia de que el gobierno nacional podría asignar efectivos militares a tareas de seguridad interna. “Apoyo logístico”, lo llamó Mauricio Macri en el acto oficial por el día del ejército. Si bien el ajuste del gobierno y el FMI no cierra sin represión, esta medida indica más desesperación que fortaleza política.

Las leyes nacionales que actualmente rigen los temas de defensa, fuerzas armadas y seguridad interior son tres:

• La Ley 23.554 de Defensa Nacional, que señala la “diferencia fundamental” entre las tareas de dicha defensa y la seguridad interior. En el mismo sentido, su Decreto reglamentario 727/06 limita la acción de las Fuerzas Armadas a casos de “agresión externa”.
• La Ley 24.948 de Reestructuración de las FF.AA., de carácter organizativo, que ratifica que las misiones de seguridad interior se encuadran en la ley 24.059.
• La Ley de Seguridad Interior 24.059, que sólo permite la participación interna de FF.AA. en dos situaciones muy excepcionales:

a. Que haya una o más provincias afectadas por graves hechos de inseguridad; que se forme un comité de crisis con el o los gobernadores involucrados, el ministro del Interior y los titulares de Gendarmería, Prefectura y las policías Federal y Aeroportuaria; que ese comité pida al Ministerio de Defensa la participación de militares y que éste lo autorice.

b. Que lo solicite directamente el presidente de la Nación, previa declaración del estado de sitio.

Desde ya, en lenguaje oficial seguridad interior no significa defensa contra las bandas del narcotráfico ni contra el supuesto terrorismo internacional, excusas utilizadas por el gobierno y el imperialismo, sino represión lisa y llana a las protestas sociales.

Pero como vimos más arriba, y aunque es obvio que vivimos en un Estado capitalista y con un régimen democrático burgués más que limitado, las normas jurídicas hoy vigentes restringen en gran medida la intervención militar directa en la seguridad interna.

Esta restricción tiene que ver con el fuerte movimiento democrático y por los derechos humanos que existe en nuestro país, que lleva varias décadas de lucha inclusive bajo la propia dictadura militar y que se volvió a expresar masivamente en las calles, por ejemplo, ante el intento de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del “2×1” a los genocidas.

Macri, debilitado, intenta más mano dura

Si bien con el anterior gobierno K tuvimos las leyes “antiterroristas” para perseguir a luchadores sociales, el Proyecto X para espiar a opositores, el genocida Milani al frente del Ejército y la Gendarmería en tareas de seguridad, a partir de que Macri ocupa la Casa Rosada es evidente que hay un cambio cualitativo en la ofensiva represiva.

Además de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por fuerzas de (In)Seguridad, entre otras medidas antidemocráticas este gobierno ningunea el genocidio y alienta el otorgamiento de prisión domiciliaria a represores, les otorgó prerrogativas a los militares para nombrar docentes en sus institutos de formación, trató de imponer la doctrina Chocobar para habilitar el gatillo fácil policial, dictó el protocolo represivo para personas LGBTI y pretende criminalizar la protesta social, por ejemplo con multas millonarias al MST y otros partidos de izquierda por la marcha del 18 de diciembre contra la reforma previsional.

Más recientemente, con la represión a los ferroviarios de CI5, la militarización del INTI y la detención de 16 delegados y trabajadores del subte el gobierno volvió a mostrar los dientes.

Lo nuevo es que ahora, en forma inédita desde la democracia, el derechista Macri pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones de represión interna. Pero como sabe que por ahora sería intragable para la población el hecho de poner milicos directamente en las calles, en su discurso hoy en el colegio militar de El Palomar señaló: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI con innovación y que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a los desafíos actuales”. ¿Qué es eso de apoyo logístico? ¿Acaso mandará militares a cuidar las fronteras para así poder volcar más gendarmes a los barrios?

Como seguramente se abrirán debates al respecto, cabe aclarar que en nuestra opinión Macri no prepara estas medidas porque goce de fortaleza política, sino justamente porque como está muy debilitado necesita dar algunas señales al establishment de que está dispuesto a controlar la situación como sea.

Lo cierto es que la inflación y los tarifazos alimentan cada vez más la bronca popular. La devaluación y la vuelta al FMI son rechazadas por más del 70% de la población. La imagen presidencial ha caído casi diez puntos en un mes y ya no se habla tan alegremente de Macri 2019. Y pese a todas las divisiones y traiciones de la burocracia sindical, las protestas sociales vuelven a ocupar las calles. Ése es el marco de crisis e incertidumbre en el cual el alicaído gobierno macrista prevé este paso de injerencia militar. El último presidente que declaró el estado de sitio en nuestro país fue Fernando De la Rúa, el mismo que tuvo que abandonar la Rosada en helicóptero…

Unidad anti-represiva

Como ya lo han hecho antes los gobiernos de Colombia, México y otros países, seguramente el gobierno macrista agitará el fantasma del “narcoterrorismo” como argumento para tratar de justificar estas nuevas medidas autoritarias. De todos modos, antes de hacer cualquier cambio tendrá que modificar el Decreto 727/06.

Desde el MST y el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) llamamos a todos los organismos de derechos humanos y a todos los sectores que se reclaman democráticos a que aunemos fuerzas con la mayor amplitud posible para rechazar esta nueva vuelta de tuerca represiva del gobierno nacional. No porque esté acorralada los zarpazos de una fiera son menos peligrosos.

Pablo Vasco, CADHU-MST