“Compromiso digital”: Hipocresía y control de la información
Las redes sociales han producido grandes cambios en el terreno de la comunicación e incluso en las formas de relacionarse. Con esos cambios, no paran de sucederse los debates en torno a sus ventajas y desventajas y no existe hoy ninguna empresa, organización social, política o incluso instituciones estatales que no las utilicen de forma privilegiada para comunicar. Millones de personas acceden a una serie de contenidos en las distintas redes que, lejos de ser aleatorios, responden a las programaciones que cada una de ellas utilizan, poniendo en primer lugar sus intereses corporativos, retroalimentados cotidianamente por la utilización masiva de estas herramientas. Parece ridículo e innecesario entrar hoy en el debate sobre si las redes son “buenas o malas” por sí mismas, como cualquier desarrollo de la tecnología, lo realmente importante a identificar es que son producto de una sociedad, un modelo de desarrollo y un sistema de producción social que en definitiva batalla permanentemente por ponerlas bajo su dominio y a disposición de su estrategia, mientras que las clases subalternas intentamos batallar también en los resquicios que estas nos abren. Estas respuestas no se encuentran más que distorsionadamente en las redes, pero sí se pueden encontrar en el frío mundo real, donde un puñado de compañías capitalistas embolsan grandes fortunas controlando estas colosales autopistas de información mundial.
Pacto virtual
La justicia y la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales de nuestro país han comenzado un lento pero decidido proceso para regular la actividad en las redes sociales, apuntando, según dicen, a garantizar “la transparencia en el proceso electoral y evitar la difusión de fake news”, al mismo tiempo que sostienen hipócritamente que su preocupación es “garantizar la libertad de expresión y el debate crítico de las ideas por parte del electorado”. Bajo esos conceptos idearon un “compromiso ético digital” que se firmó en el día de ayer por todas las fuerzas políticas con reconocimiento nacional de cara a las elecciones PASO y las generales de agosto y octubre. Es decir, los mismos que controlan las escuchas ilegales, que utilizan los servicios de inteligencia para incidir en la campaña política o contratan gurúes digitales para propagar todo tipo de falsedades inundando las redes, fueron a sacarse una foto que no los compromete de ninguna manera más que “intentar actuar honestamente en las redes”. Si la intención real fuera la que enuncian, lo que deberían hacer es comenzar cerrando los miles de bots o trolls creados fundamentalmente por los partidos tradicionales o las agencias que les venden sus servicios y que actúan como usinas reproductoras de ideología o falsas noticias. Esas cuentas son fácilmente identificables y también lo es el tráfico que generan, como igual de fácil es descubrir quién las dirige. Por otra parte, las empresas, que por ejemplo censuran cuentas de activistas feministas, sociales y políticas, también fueron de la partida. Cuando son las responsables fundamentales de permitir el tráfico “fake” o -como las llaman las empresas de publicidad digital- “campañas negativas”, porque las únicas restricciones que conocen son las del dinero. Es por eso que “ajustan” sus algoritmos para reducir la interconexión entre los usuarios favoreciendo la publicidad por sobre el tráfico orgánico.
El acto de rúbrica del acuerdo fue para los partidos del régimen y la justicia una puesta en escena que no garantiza de ninguna manera que el tráfico fake no se siga multiplicando en las redes. Desde nuestro partido la firma no representa más que una formalidad, nuestras prácticas digitales no se distinguen del resto de nuestras prácticas. No usamos “trolls” sino que somos una fuerza militante que disputa ideas en ese y en todos los terrenos, no lanzamos “fake news” sino que denunciamos al régimen político, sus partidos e instituciones y proponemos alternativas para superarlos.
Rechazamos cualquier tipo de control sobre el derecho a opinar.
Desde el MST no actuamos en las redes sociales de manera diferente a la que actuamos en la realidad, en los conflictos obreros o estudiantiles, en la batalla de ideas. Rechazamos de plano cualquier tipo de censura y control sobre los usuarios reales de las redes y sus opiniones políticas, defendemos el libre intercambio de información, en lo que se refiere a información de carácter público, al tiempo que rechazamos las campañas basura orquestadas por los servicios de espionaje estatal y capitalista, para desviar los ejes de debate político o las que difunden los chimenteros de todo tipo sobre las vidas privadas de las personas, en el marco del negocio mediático.Rechazamos también el intento de regular la actividad de las cuentas partidarias, de candidates o autoridades, nada tiene que hacer la justicia interviniendo en las mismas. Como ya lo decimos más arriba, lo importante es desactivar las cuentas truchas o boots como el “troll center” instalado por Marcos Peña o sus variantes del PJ y los algoritmos restrictivos y al servicio de la acumulación capitalista. La información pública debe ser un derecho y no una mercancía.
Martin Carcione
