Demagogia de derecha. Elecciones y pensamiento autoritario

Escribe: Raúl Ángel Gómez

Vicedecano Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba

Se llamaba Omar Carrasco,  lo mataron a tres días de incorporarse al Servicio Militar Obligatorio en el Grupo de Artillería 161 de Zapala, en marzo de 1994.  Fue en un “baile” ordenado por un subteniente. Hubo tres condenas y un altísimo grado de interferencia para que la causa no creciera y finalmente lograr dejar impune el encubrimiento en la que eran investigados cerca de diez altos jefes del cuartel y del servicio de Inteligencia del Ejército.

El presidente de la Nación era Carlos Menem, quien para cerrar el escándalo le puso fin al servicio militar obligatorio. Terminaban así casi 100 años de “colimba” (Acrónimo de “corre- limpia-barre”, que revelaba los maltratos que sufrían los conscriptos), el servicio que en 1902 había creado el ministro de guerra Pablo Riccheri durante la presidencia de Julio Argentino Roca y que implicaba uno de los mayores dispositivos de poder que las Fuerzas Armadas mantenían sobre la población civil.

El caso puso en el tapete los abusos humillantes y denigrantes a la que eran sometidos los soldados conscriptos y generó el repudio generalizado, ya que se lo unía al desprestigio de las Fuerzas Armadas por el golpe del ’76 y la derrota en la guerra de Malvinas. Estimaciones no oficiales indicaban que desde la caída de la dictadura casi 40 jóvenes habían muerto en los cuarteles producto de los abusos al momento de conocerse el caso Carrasco.

Durante la dictadura militar el número de “colimbas”  que se sumaron a la larga lista de detenidos-desaparecidos, superó los 200. Uno de los casos emblemáticos es el de Alberto Agapito Ledo, por cuya desaparición está indicado como responsable el ex Jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández, César Milani.

Desde la supresión del Servicio Militar Obligatorio han sido muchas las voces del régimen imperante que han intentado reinstalar la conscripción. Uno de los más persistentes abanderados de la ofensiva revanchista es el legislador salteño Alfredo Olmedo que, inclusive, llegó a presentar un proyecto para reactivar el servicio militar obligatorio al que aspira a rebautizar con la denominación de “servicio militar comunitario”.

En los últimos tiempos han recrudecido las presiones desde la derecha con el argumento de que “eso puede hacer disminuir los índices de inseguridad” demostrando que en realidad lo que se pretende es militarizar a los jóvenes pobres.

La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, junto a varios funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, anunció la puesta en vigencia del “Servicio Cívico Voluntario” a cargo de Gendarmería para jóvenes de 16 a 20 años.

Una iniciativa escandalosamente electoralista con la que intentan “fidelizar” a un electorado de derecha, que hace gala de lo que la psicología política denomina Pensamiento Autoritario.     

La psicología considera al pensamiento autoritario como un dimensión compuesta por tres conglomerados actitudinales: sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo.

El primero refiere a la tendencia a someterse a las autoridades percibidas como plenamente legítimas en el gobierno de la sociedad. El segundo evalúa la predisposición a la hostilidad hacia las personas y grupos considerados como potenciales amenazas al orden social. Por último, el tercero, refiere a la aceptación general de las convenciones sociales.

Así, el pensamiento autoritario se entiende como variable predictiva por excelencia de diversas formas del prejuicio, por ejemplo la homofobia, sexismo, racismo en sus diferentes manifestaciones, xenofobia, etc.

Un gobierno que no cesa de obtener récords en incrementar los niveles de pobreza, recurre a una maniobra demagógica fascistoide para reforzar los mecanismos de odio de clase que ha sabido instalar desde los medios hegemónicos, construyendo discursos que apelan al pensamiento autoritario en sus formas más elementales.

En esa línea, se enarbolan argumentos que intenta atribuir la violencia e inseguridad a una supuesta “falta de disciplina” de las nuevas generaciones que no trabajan ni estudian. Como todo enunciado ideológico-discursivo la funcionalidad está puesta en encubrir que miles de jóvenes no trabajan ni estudian como producto de la cada vez mayor desigualdad y exclusión que genera el capitalismo.

Con una estrategia electoral centrada en la polarización y en un intento de empalmar con la ola derechista, tipo Bolsonaro en Brasil, se apela a una medida efectista para justificar muchas otras cosas que no se quieren mostrar, como es el índice de pobreza, la destrucción de la salud pública  y el deterioro de todo el sistema educativo.

De no ser tan peligroso sería patético escuchar a una Ministra de la Nación afirmar que la Gendarmería Nacional puede ‘educar en valores democráticos” a los jóvenes.

La misma Ministra que fomenta la portación de armas, la doctrina de asesinato sumario por las fuerzas represivas (que los medios refieren con el eufemismo “Gatillo fácil”) y la justificación y encubrimiento de cualquier acto de violencia de las fuerzas de seguridad, intenta fundamentar esta medida en que “la Gendarmería hoy es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, más que la educación pública”.  

Como un ejemplo perfecto de profecía autocumplida la afirmación surge de una Ministra de un gobierno que ha desplegado una las mayores ofensivas, de discurso y de acto, contra la educación pública, las universidades nacionales, la ciencia y la técnica.

De manera casi pedagógica este acto de demagogia de derecha evidencia la lógica final de un gobierno que ha decidido ser el mandadero de la usura internacional.