Ni en Chubut ni en Mendoza: Para la megaminería no hay licencia social

 

A 17 años de la victoria anti-megaminera en Esquel, de la mano de la Rosada hoy el gobierno chubutense vuelve a la carga en favor del extractivismo. Con la fuerza del reciente triunfo en Mendoza, reafirmamos que la megaminería no tiene licencia social.

 

Junto a la efervescencia política post Argentinazo, desde fines de 2002 se desarrolla en la cordillera de Chubut un proceso que hace historia: surge la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina en nuestra ciudad de Esquel. Ante la inminencia de la instalación de una explotación metalífera, de oro y plata, a sólo 7 km de la ciudad en el Cordón Esquel, se desarrolla una pueblada que impedirá la instalación de la mina. Fue un triunfo categórico de la movilización popular, asentado en el método asambleario.

Pasaron ya más de 17 años. Varias generaciones se hicieron a la vida de los asuntos públicos en estas asambleas y masivas movilizaciones callejeras, que han impedido la instalación del saqueo y la destrucción ambiental. En Esquel la bautizamos como megaminería, para diferenciarla de otras modalidades de explotación que supone la minería como rubro general. A partir de la experiencia de Esquel, por megaminería se entiende a la minería trasnacional, que opera a gran escala cuando los minerales no se hallan concentrados sino diseminados y para su extracción se hacen gigantescos hoyos de varios km a cielo abierto y se emplean métodos mecánicos y químicos de destrucción ambiental irreversibles. Este saqueo, resguardado por el Estado, lo llevan adelante sobre todo las corporaciones canadienses, chinas y estadounidenses.

El triunfo de Esquel abre un antes y un después en materia de explotación minera, no sólo en Chubut sino en el país. Luego de Esquel, esta modalidad particular de la minería no será percibida en términos sociopolíticos como desarrollo y progreso económico según la cantinela burguesa del Estado, las empresas y la partidocracia patronal. La movilización se desarrolló en todo el territorio chubutense, con asambleas socio-territoriales al frente, y viene resistiendo a lo largo de lustros la instalación megaminera.

 

Alberto Fernández encabeza la nueva ofensiva megaminera

 

La suerte de la ley provincial 5001, de 2003, que prohíbe en el territorio provincial la explotación minera a cielo abierto, y el proyecto de ley anti-megaminería por iniciativa popular, de 2013, dan cuenta de dos realidades en pugna en Chubut. Por un lado, son la expresión elocuente del extendido rechazo social en toda la provincia a este tipo de desarrollo destructivo del capital. A la vez, expresan la tozudez con que el Estado provincial y nacional y su casta de funcionarios políticos cierran filas para impulsar el saqueo y despojo de las corporaciones mineras por el oro, la plata y el uranio. Es el caso del “Proyecto Navidad”, que apunta a instalar a la canadiense Pan American Silver en el corazón de la meseta central de Chubut.

Uno a uno los gobiernos provinciales, desde el radical Lizurume, pasando por todas las administraciones dasnevistas y peronistas, incluido el mismo Mario Das Neves, Buzi y Arcioni, han intentado una y otra vez arremeter contra la oposición a la megaminería  en el territorio. Pero no han podido derrotar la movilización, sino que tuvieron que recular una y otra vez y guardar violín en bolsa en los tramos electorales, aludiendo que en sus administraciones “no es prioridad el tema minero”. Otra variante flagrante de demagogia es el caso de Das Neves en 2015 y su sucesor Arcioni, que se presentaron como los “garantes del cuidado del medio ambiente” en la provincia.

Hoy el jefe de la ofensiva megaminera en el país y en particular en Chubut es el mismísimo Alberto Fernández, el flamante presidente, como antes también lo fueron Néstor y Cristina Fernández. La pelea sigue abierta, como hace ya casi dos décadas. Un primer revés categórico a esta intentona minera del Frente de Todos lo acaba de dar el pueblo mendocino, que desarrolló una masiva y profunda movilización política que obligó al gobierno provincial a derogar la modificatoria de la Ley 7.722 y al improvisado ministro nacional de Ambiente, Cabandié, a afirmar tras la pueblada mendocina que “en Mendoza no hay condiciones para la minería”… ¡Lo que no hay es licencia social!

 

Chubut resiste

 

El pueblo trabajador de nuestra provincia viene resistiendo no sólo la ofensiva minera desde hace tiempo, sino también la política de ajuste sistemático del poder económico y político en materia de infraestructura social, educación, salud y trabajo. Las luchas sociales se entretejen en esos espacios. Los socialistas del MST, en todos nuestros ámbitos de intervención, bregamos por la más amplia unidad de acción para derrotar esta ofensiva minera, que no es más que otra cara de la política del ajuste, la entrega y la destrucción ambiental en la que descansa el modelo de acumulación capitalista extractivista.

Aquí en Chubut está claro que no hay licencia ni permiso social para la megaminería. Así lo manifiestan las masivas movilizaciones callejeras y asambleas en el sur, en Comodoro Rivadavia, en la Costa, en Madryn, el Valle, en Trelew, en la meseta, en Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre, en la Cordillera, en Esquel, Corcovado, Lago Puelo y demás.

El gobernador Arcioni es fraude, él y sus funcionarios mienten y mienten: cada momento que sigan ocupando ilegítimamente el gobierno, seguirán siendo un azote para el pueblo de Chubut y para la sustentabilidad de nuestro medioambiente. Que se vayan y que se convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana, para debatir democráticamente cómo refundar nuestra provincia sin megaminería y sin las corporaciones que saquean nuestros recursos estratégicos y bienes comunes.

 

Maxi Masquijo, desde Esquel