Un DNU para reciclar la AFI (ex SIDE)

Años atrás llamada Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE), nombre de triste memoria bajo la represión de la dictadura, la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ha sido reciclada por un flamante DNU de Alberto Fernández. ¿Qué cambia y qué no en esa cueva de espionaje secreto? Habría que disolverla, así como a todos los demás “servicios” militares y policiales.

Pablo Vasco, CADHU-MST

Tal como lo había anunciado el 1º en su discurso ante el Congreso, el presidente firmó hoy 5 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 214 sobre la AFI. Apenas asumió en la Rosada, AF intervino dicho organismo y “transparentó” una parte de su presupuesto. Dicho sea de paso, más que blanquear todos esos fondos secretos, AF dispuso que la Agencia informe sobre el uso de una parte de los mismos a una comisión bicameral de seguimiento, que desde que se formó nunca hizo nada, y a la Sindicatura General de la Nación, o sea a él mismo. Por supuesto, el pueblo no se va a enterar en qué operaciones utiliza la AFI los fondos del Estado que salen de nuestros impuestos.

El flamante DNU de Alberto Fernández modifica el artículo 4º de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, de modo que en adelante los agentes de la AFI no podrán “cumplir funciones de investigación criminal”. Es decir, no podrán espiar a pedido de tal o cual juez como lo venían haciendo antes. Pero ese aparato secreto sí seguirá espiando a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, ahora con la excusa del “terrorismo” o de una “alteración del orden constitucional”. Ambas son figuras peligrosas, que el Estado utiliza para perseguir la protesta social.

Bajo el gobierno de los Kirchner y a pedido del imperialismo yanqui, en 2007 se aprobó la Ley 26.268 y en 2011 la Ley 26.734: son las leyes llamadas “antiterroristas”, que disponen penas de hasta 20 años de prisión por cometer algún delito para “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Así, quien cometa el “delito” de cortar una calle por aumento salarial o una ruta para que no se instale una megaminera contaminante podría ser acusado de terrorismo. Esas leyes represivas se han utilizado para criminalizar a asambleas ambientalistas en Catamarca, La Rioja y Tucumán, y a comunidades mapuches en Neuquén.

En síntesis, Alberto Fernández autoriza a que la AFI espíe a esas organizaciones sociales o, como sucedió en el Argentinazo del 2001, a otras que sean acusadas de “alterar el orden constitucional” por pedir la renuncia de un presidente.

Los sótanos de la democracia

“Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional. Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, dijo AF con tono firme ante el Congreso.

Quien escucha esas palabras se puede llegar a confundir. Porque en el doble discurso presidencial, “terminar para siempre” no es terminar para siempre. Si para cualquier persona terminar significa concluir, poner fin, clausurar o finalizar, para AF no es así: reducir una función de la AFI está muy lejos de “terminar para siempre”. Más que “terminar con los sótanos”, lo que ha hecho el gobierno es apenas pasarle una leve mano de pintura a ese aparato represivo secreto llamado AFI para que siga funcionando.

La AFI tiene más de 2.000 agentes, 600 de los cuales se dedican a tareas directas de infiltración en partidos políticos y otras organizaciones populares. Con la información que obtienen arman luego causas judiciales persecutorias, operaciones políticas o “carpetazos” según la conveniencia del poder de turno.

Además, la AFI no es el único servicio secreto en funcionamiento: también los tienen la Policía Federal (1.000 “plumas”), la Bonaerense (400 “patas negras”), la Metropolitana (50), la Gendarmería (200 “sapitos”), la Prefectura (350 “orejas de goma”), la Policía Aeroportuaria (100) y el Servicio Penitenciario Federal (250), así como el Ejército (2.000 “solapas”), la Fuerza Aérea (450 “sifones”) y la Armada (800). ¡Todo ese aparato secreto de infiltración y espionaje antidemocrático es el que hay que disolver!

Los archivos del atentado a la AMIA

Alberto prometió: “La calidad institucional que pregonamos sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”.

Según su Decreto 213, AF ordenó desclasificar con carácter público (art. 16 bis inciso c de la Ley 25.520) toda información que desde el Estado se haya brindado en los juicios sobre el atentado a la AMIA que ya tienen sentencia. Suena bien al oído, pero…

• Ese supuesto carácter público no lo es tanto, ya que el artículo dice “sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga”. O sea, nada saldrá del ámbito oficial si alguna autoridad no lo dispone.
• El decreto de AF excluye de la desclasificación a toda información y documentación que hayan brindado representantes extranjeros, un tema fundamental en este caso que como mínimo involucró a funcionarios públicos y agentes secretos de EE.UU., Irán e Israel.
• Como denuncia APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento por la Masacre Impune de la MIA), esta medida “es lo que viene sucediendo desde hace 17 años a través de una decena de decretos presidenciales que ya ordenaron desclasificar documentación y autorizar a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo diciendo que ello iba ayudar a investigar y esclarecer el atentado y se repitió hasta el cansancio. Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Fue puesta en manos de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, porque toda su energía está puesta en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer los intereses geopolíticos internacionales. Lo que se presentó como ‘desclasificación’ de los archivos secretos resultó lo opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación judicial del atentado ni al estudio, conocimiento y esclarecimiento político integral del mismo. ¿Por qué sería distinto ahora?”

Ni “democracia profunda” ni “calidad institucional”

• Por las razones que expusimos, a ese sótano negro llamado AFI no hay que reciclarlo sino disolverlo para siempre porque es parte del aparato represivo que este sistema capitalista monta contra los reclamos populares.
• A las leyes “antiterroristas” no hay que mantenerlas en vigencia, sino anularlas como venimos exigiendo desde el CADHU junto a todas las demás agrupaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
• Y no sólo hay que abrir un poquito algún archivo sobre la AMIA, sino abrir por completo todos los archivos de la dictadura militar. Sólo así habrá datos sobre el destino de las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y los cientos de jóvenes apropiados bajo el terrorismo de Estado.

Más allá de sus discursos, y de las expectativas de amplios sectores, Alberto Fernández no está dispuesto a cumplir ninguna de estas tres tareas democráticas elementales que aún siguen pendientes.