Paro del campo: intereses patronales y caja para el FMI

Desde el lunes se está desarrollando el paro convocado por las entidades agrarias que conforman la llamada Mesa de Enlace. Tras idas y vueltas y negociaciones de varias semanas con los representantes del gobierno de Fernández, decidieron salir con esta medida en forma conjunta, aunque en el caso de la Federación Agraria que representa a productores más pequeños y medios, hay distintas opiniones y tuvieron que dar libertad de acción ante esta medida de cese de comercialización de granos y hacienda, que es en los hechos un lockout patronal. El paro del campo de esta semana, que durará hasta el jueves, es una acción regresiva en beneficio de los intereses de los grandes productores y comercializadores sojeros y de los sectores más acomodados y concentrados del campo, por lo cual la rechazamos.

A la vez la medida que tomó el gobierno de aumentar un 3% las retenciones a la soja, pasando del 30% al 33% como le permitía hacer la Ley de Emergencia votada a fines de diciembre por el Congreso, no tiene tampoco ningún objetivo correcto ni en beneficio de las mayorías populares. No estamos ante un ataque global a los poderosos del campo ya que hablamos de un aumento muy parcial a las retenciones, ni se las está aumentando para poner esos recursos en función de las necesidades sociales. Como el propio gobierno reconoce necesitan subir un poco más las retenciones para mejorar la recaudación de cara a la negociación con el FMI y los bonistas. En concreto, urgido de tener más fondos para cumplir con el robo inmoral de la deuda externa, el gobierno decidió sacarle un poco más a sectores del campo. Ese es el objetivo único del aumento decidido.

El campo no es de “todos”

La propaganda muchas veces difundida desde los sectores más concentrados del campo habla de un intento de convencer a las mayorías populares de que un ataque al campo es un ataque a todo el país, porque se supone que “de todos” serían las riquezas del campo. Nada más lejos de la realidad. El campo es uno de los sectores sociales y territoriales más concentrados, donde muy pocas manos concentran la mayor cantidad de las tierras fértiles de nuestro extenso país, e incluso pequeños productores se ven muchas veces obligados por la crisis a venderles su producción a grandes exportadores que luego comercializan y se quedan con la mayoría de las ganancias. Son esos grandes dueños de la tierra, en muchos casos extranjeros y en otros nacionales, quienes deciden, en asociación con fondos financieros –pooles de siembra– dónde y cómo producir de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a lo que necesita la población para vivir y alimentarse. El negocio mundial de la soja que elevo sus precios internacionales fue provocando hace años la proliferación y extensión de la frontera sojera, en detrimento de otros cultivos y siembras como maíz, trigo, la agricultura en general y la ganadería, todos sectores perjudicados por la sojización.

La recaudación tampoco es nuestra

A la vez el aumento de las retenciones en este caso no se lo utiliza en nuestro favor. Como decíamos, la decisión del gobierno tiene centralmente que ver con su desesperación por agrandar su caja para afrontar los próximos meses vencimientos de deuda externa. Así como  el campo no es de “todos” los impuestos salidos de su producción tampoco lo son, ya que pasarán directamente del campo a las arcas de fondos buitres y el FMI. No por casualidad en este caso, los enviados del Fondo que estaban en Argentina no se opusieron en lo más mínimo a la suba de las retenciones, al contrario, la defendieron en función de sus propios intereses. Esto muestra la necesidad política, económica y social de avanzar tanto a un nuevo modelo productivo y social en el campo como a un cambio radical de la política tributaria y su relación con las necesidades sociales.

Nuestras propuestas

Desde el MST en el FIT Unidad creemos que hay que cambiar de raíz la política tributaria, tanto en el campo como en las ciudades. Lo que debe regir la política recaudatoria es un fuerte régimen de impuestos y retenciones sobre los sectores más grandes, es decir cumplir claramente la máxima; “que paguen más, los que más tienen”. Esta política va de frente contra los grandes sectores del campo a quienes se les podría poner todavía más fuertes impuestos. Y también contra las grandes corporaciones mineras y petroleras a quienes se les cobra muy poco e incluso en algunos casos el gobierno les redujo retenciones. Lo mismo poniéndoles fuertes impuestos a la renta financiera y a todo el sistema bancario, ya que “la banca” es de los sectores que más han ganado todos estos años.

Esta política que proponemos es opuesta a la del gobierno de Fernández y el PJ, que plantea detrás de este aumento parcial de retenciones que todos tienen que poner por igual, pero no es así. Le han  perdonado impuestos a grandes corporaciones y a la vez han ajustado a los jubilados liquidando su movilidad y dando aumentos miserables, además de volver a ponerle el IVA a los productos de primera necesidad popular. Además no restituyen los aportes patronales que aumentarían mucho la recaudación, salvan a los grandes empresarios de este impuesto pero nos piden a los trabajadores que no pidamos muchos aumentos y renunciemos a la cláusula gatillo. Esta política no tiene nada de justa y profundiza la desigualdad tributaria y social, aunque se la disfrace con el término “solidaridad”.

En relación al campo en particular, estamos por un aumento todavía mayor al actual de las retenciones, pero diferenciando claramente lo que tienen que tributar los grandes productores y grandes exportadoras, de los medianos productores y todavía más de los pequeños que tienen que tener una carga menor. También se debe tomar en cuenta la regionalización, para considerar distancias y otras realidades específicas. Esta clara distinción, necesaria a la hora de cobrar impuestos y retenciones, fue el gran problema de la famosa 125 que arrancó igualando a todos y por esa vía alentaba la liquidación de miles de pequeños chacareros, que no puede ser que sean siempre los que paguen la crisis, mientras los grandes amasan enormes fortunas.

A la vez en el campo se necesita encarar una política estratégica sobre la tierra y la producción. Por un lado un profundo plan de nacionalización de la tierra y reforma agraria que liquide la gran concentración terrateniente y otorgue tierras a las comunidades, a los trabajadores rurales, a la producción familiar y a los pequeños chacareros golpeados por la crisis. Sin esa medida inicial no hay cambio de fondo posible. Por otro lado, en forma combinada e integral, hay que tener un plan nacional de producción de alimentos, diversificada de acuerdo a las necesidades sociales de las mayorías populares y no de acuerdo a las ganancias según los precios de los commodities, ayudando a este plan con planes de créditos accesibles para que los sectores más pequeños del campo puedan producir.

Además hay dos medidas urgentes y necesarias; la prohibición de los agrotóxicos y de toda política de producción que dañe y perjudique el ambiente, la tierra y la vida humana en las zonas productivas ligadas a ciudades y pueblos. Y la prohibición del trabajo en negro y el trabajo precario en el campo y en todas las zonas rurales, otorgando derechos salariales y laborales dignos a toda y todo trabajador rural.

Junto con esto y para cambiar de verdad toda la situación, se debería avanzar en reconstituir la Junta Nacional de Granos y en la nacionalización del comercio exterior y la banca para conducir y controlar todo el proceso de comercialización desde el Estado, liquidando las especulaciones y maniobras del negocio capitalista. Estas medidas, acompañadas por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, nos darían de verdad soberanía para llevar adelante un plan que priorice a las y los trabajadores del campo y la ciudad, a las poblaciones ligadas al trabajo en el campo y a los sectores medios hoy también castigados por esta crisis.

Sergio García