Cuarentena y derechos laborales
Con la llegada del coronavirus a la Argentina, y ante la posibilidad de contagios masivos, el gobierno dispuso una serie de medidas para limitar la circulación de personas: la cuarentena vigente.
Mediante su Resolución 207/2020, el 16 de marzo el Ministerio de Trabajo determinó que ciertos sectores de trabajadores serán exceptuados de prestar tareas, pero cobrando sus sueldos íntegramente. Estos son los considerados grupos de riesgo: mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal crónica, y agrega a la persona a cargo de menores ya que estos no asistirán a clases. Quedan exceptuados les trabajadores de la salud, cuyas tareas resultan esenciales ante la pandemia.
Luego, el 19 de marzo mediante el decreto 297/2020, se dispuso el aislamiento social obligatorio con la prohibición a las personas de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Se establecen también excepciones a esta prohibición general: la producción y comercialización de alimentos, medicamentos y otros enseres, trasporte público, fuerzas de seguridad, periodistas y servicios públicos entre otros.
Si bien el decreto señala que les trabajadores “del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”, la realidad nos muestra que amplios sectores de trabajadorxs privados no sólo no perciben sus sueldos completos sino que muches están siendo suspendides y hasta despedides por las patronales. Esto ya afecta al sector gastronómico, pero amenaza extenderse a otros rubros.
No es el coronavirus, es el capitalismo
Con las crisis es cuando más saltan a la luz las desigualdades del sistema. Cuando los capitalistas se llenan los bolsillos y cuentas bancarias, nunca reparten sus ganancias con su personal. Pero ahora, con la complicidad de la burocracia sindical, quieren que los costos de la inactividad por la pandemia los paguen les laburantes con rebajas de salario o directamente dejando gente en la calle. Como siempre, quien más expuesto está es el sector contratado, tercerizado o precarizado bajo distintas modalidades.
En sus decretos, el gobierno no dispuso qué castigo tendrán las patronales que incumplan con el pago de sueldos y/o despidan. De esta forma, deja a la voluntad de los empresarios si pagan o no los salarios. No hay ninguna pena impuesta, más allá de las que determina la legislación laboral para tiempos normales: el derecho de les trabajadores a reclamar judicialmente o considerarse despedido. ¿Pero quién, con semejante incertidumbre y un pronóstico de recesión, se daría por echado?
Prohibir los despidos por ley
Es sabido hasta por un niñe que, si no hay un castigo genuino, difícilmente se cumpla un mandato que afecte el bolsillo de un capitalista, cuyo único interés es su ganancia. Tampoco sirve la doble indemnización, que encima muchos empresarios buscarán eludir con la excusa de que despiden por “causas de fuerza mayor”. Lo que hoy se necesita urgente es una ley que realmente prohíba despedir y que, en caso de incumplir, la empresa sea nacionalizada bajo el control de su personal. Es la única forma efectiva de preservar los puestos de trabajo.
Otra medida oficial contra los derechos laborales es la Resolución 238/2020 del Ministerio de Trabajo, que suspende por 30 días el ejercicio de derechos sindicales como la realización de elecciones gremiales, asambleas o movilizaciones. En este escenario, con les trabajadores sin protección real ni eficiente de sus fuentes de ingreso, en aislamiento y con menos derechos sindicales, el gobierno desprotege a la clase trabajadora.
A les abogades que defendemos a les trabajadores, cuando se reabran los juzgados nos tocará enfrentar numerosos litigios para exigir indemnizaciones y reinstalaciones. Pero la magnitud del problema que se viene excede largamente a un tema de justicia laboral. Hay que unir fuerzas, desde cada lugar de trabajo, por las redes sociales, como sea, para motorizar la exigencia de prohibir los despidos. Se trata de cada trabajador o trabajadora y sus familias. Que la crisis la paguen los que más tienen, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.
Mariana Chiacchio, CADHU