Despidos: Fernández critica pero no prohíbe y la burocracia avala
La semana pasada, Techint anunció el despido de 1450 trabajadorxs. Vienen a engrosar el festival de destrucción neta de puestos laborales. Van cerca de 240.000 despidos en los últimos años y, junto a una cifra similar de suspensiones, son la expresión más cabal de la recesión en ciernes. Y una constatación fáctica de que a la crisis, además de los sectores populares, la estamos pagando lxs trabajadores.
En su último discurso, Alberto Fernández, debió tomar cuenta de ello. Como para suavizar el anuncio de la prolongación de la cuarentena obligatoria y sus diatribas contra la gente que saca los pies del plato, se quejó de los despidos en tiempo de pandemia y dijo que no dejaría que lo hagan. El periodismo lo reflejó como un simple “reto”. Pero en ningún momento anunció ninguna medida concreta. Tampoco los ministros de trabajo o desarrollo social que viven de gira por los medios de prensa. Es decir, por ahora es chamuyo para la platea. Hubo medidas de contingencia para los empresarios, pero nada para lxs trabajadorxs.
Quien rápidamente salió al ruedo a cubrirse, fue Paolo Rocca, dueño de Techint y tristemente célebre por negrero y explotador. Al tiempo que estaba transando una conciliación obligatoria con el ministerio de trabajo para negociar una salida a la “crisis” de su emporio que, por supuesto no incluye disminuir sus ganancias, justificó los despidos, apelando al conocido argumento que no eran cesantías sino “finalización de contratos” y amparándose en la legalidad de la precarización laboral. Justamente desde su sector informaron que el convenio de la construcción prevé «un régimen de trabajo temporario e interrumpible». Desnudando no solamente el apego patronal a la precarización como política habitual, sino el rol nefasto de la burocracia sindical cómplice de despidos y suspensiones. En este caso del jefe vitalicio de la UOCRA y amigo del presidente, Gerardo Martínez.
Pero quien una vez más cruzó la raya del cinismo y la complicidad con las patronales, fue otro amigo del presidente, el secretario general de la CGT y del gremio de la sanidad, Héctor Daer. Con todo desparpajo salió a justificar los recortes salariales que se vienen sucediendo en las empresas hasta el 75%, con el viejo argumento de evitar los despidos. Fueron tan duras las críticas que recibió que luego intentó relativizar sus dichos aclarando que no era la política “oficial” de la CGT.
¿Quién puede creerle? Si todos los dirigentes de las centrales, con la CGT a la cabeza, han cerrado filas con el gobierno y de hecho con las patronales, renunciando a toda posibilidad de medida de fuerza centralizada. Y están abocados a transar lugar por lugar. Como se destapa cada vez que se anuncian despidos o suspensiones y estos dirigentes en lugar de estar organizando el conflicto del lado de los trabajadores, están transando en la vereda de enfrente con los empresarios.
Aunque ahora la conciliación imponga un impasse de 15 días en Techint, el panorama recesivo es negro. Los empresarios de la construcción advirtieron que en el sector habrá «pérdidas de empleo para 100.000 trabajadores en los próximos dos meses» y recordaron que «la actividad lleva 22 meses de caída continúa, perdiéndose 47.000 puestos de trabajo entre noviembre y febrero».
Si frenar los despidos era una emergencia antes de la pandemia, con el salto en la crisis recesiva, se impone una medida contundente, no declaraciones demagógicas. Como lo venimos planteando, tenemos que reclamar una ley o DNU de emergencia laboral. Que, entre otras medidas, plantee: prohibir los despidos y suspensiones y penalizar a toda empresa que no cumpla con la expropiación con control obrero; abrir los libros contables de toda empresa que aduzca crisis; reincorporar a todxs lxs despedidxs. Y establecer una garantía salarial con pago completo de los sueldos y beneficios sociales de todxs lxs trabajadorxs que están en cuarentena.
Guillermo Pacagnini