Córdoba: no a la suspensión de los Programas de Empleo
Como hemos denunciado en numerosas ocasiones el gobierno de la provincia de Córdoba precariza a jóvenes y mujeres a través de programas de empleo con salarios miserables y sin ninguna garantía laboral. En el día de ayer el Gobierno anunció que suspenderán los pagos de los mismos, aún cuando lxs trabajadorxs han estado prestando servicios desde sus hogares.
El propio gobierno precariza y despide. Una vergüenza. Desde nuestra banca y nuestro partido rechazamos este nuevo ajuste por parte del gobierno que pretende hacer pagar la crisis que generaron con años de endeudamiento al sector más desprotegido. Nos ponemos a entera disposición y vamos a acompañar esta lucha para que se los reincorpore de inmediato.
A continuación compartimos el comunicado emitido por lxs trabajadorxs.
El Gobierno de Córdoba nos deja a la deriva en medio de la pandemia
Ante el comunicado difundido hace horas a través de los medios oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba que indica la suspensión de los programas en ejecución PPP, PIP, XMí y PILA, los y las beneficiarias del PIP repudiamos de manera contundente la decisión tomada y solicitamos:
- Que se rectifique la medida anunciada por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, garantizando que todxs lxs beneficiarixs de los programas de empleo provincial continúen desarrollando sus tareas y percibiendo el sueldo estímulo.
- Que los Colegios Profesionales se expidan en contra de la medida adoptada, ya que se ve afectada no sólo la fracción de profesionales que acceden al Programa de Inserción Profesional (PIP) sino también a pequeñas empresas y estudios de profesionales que, en medio de la crisis, cuentan con menos trabajadorxs.
- Que se arbitren las medidas necesarias para garantizar a los y las beneficiarios/as de programas de empleo garantías laborales como aportes previsionales, obra social, Boleto Obrero Gratuito (BOS), entre otras.
- Que se generen políticas de empleo genuino, en el marco de una economía que priorice el bienestar de los y las trabajadores/as por sobre el oportunismo y la especulación.
Cabe destacar que, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, muchos trabajadores y trabajadoras subsistimos gracias a ese sueldo estímulo. Por ello, como beneficiarios organizados, nos parece pertinente visibilizar algunas situaciones e incongruencias con respecto a esta decisión comunicada oficialmente hace unas pocas horas:
1- Los y las beneficiarias del Programa de Inserción Profesional (PIP) somos trabajadores. Somos jóvenes profesionales, que acudimos a nuestros lugares de trabajo, cumpliendo horarios y realizando tareas para empresas receptoras. Somos profesionales recibidos/as, con estudios de nivel superior, contratados por nuestros servicios especializados. Trabajamos a la par de nuestros compañeros y compañeras de planta permanente, y con las mismas responsabilidades. No nos están entrenando, nos están empleando como a cualquier trabajador/a, y hoy vulneran, nuevamente, nuestros derechos laborales al suspender este programa. Además, realizamos capacitaciones y formaciones de actualización profesional (siendo este un requisito para cobrar mejor sueldo) para desempeñarnos responsablemente en nuestros puestos de trabajo. Para hacerlo comenzamos cursos y carreras de posgrado en facultades y centros de estudios con un costo que ahora no podremos afrontar. El Estado Provincial nos paga una parte, las empresas o particulares para quienes trabajamos,otra. El monto total de nuestro salario es de $6500 a $9500 máximo, si cumplimos con las 100 horas extras que nos exigen de capacitación, además de las 20hs. semanales de trabajo. Cabe aclarar que a pesar de cobrar por debajo del monto exigido para el Boleto Obrero Social (BOS) tampoco tuvimos nunca la posibilidad de acceso a este derecho.
2- Nos parece importante remarcar que bajo este nuevo tratamiento que le deciden dar al programa, quedamos sin ningún amparo ya que no somos considerados ni trabajadores, ni beneficiarios. Repudiamos que ahora cambien la perspectiva del programa para llamarlo un “programa de entrenamiento”. De esta forma, comprobamos una vez más que estos programas no hacen otra cosa que ningunear nuestros estudios y rebajar nuestra capacidad profesional y laboral.
3- La última vez que los medios oficiales del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba se expidieron sobre el tema, fue el día 19 de marzo. Allí comunicaron que lxs beneficiarixs de los programas de empleo no debían concurrir a los lugares designados para realizar la práctica laboral y debían “consensuar con la empresa, la realización de las tareas en el domicilio del beneficiario, de ser posible”. Además, el último punto indicaba “el monto de la asignación estímulo no se verá afectado”. En este sentido, la mayoría de los y las profesionales coordinaron tareas a realizar de manera remota, cumpliendo con horarios y objetivos acordados con la entidad receptora, que se han venido realizando bajo esta metodología hasta la actualidad.
4- La situación de suspensión de este programa, deja a la vista una realidad muy difícil: los profesionales nos vemos obligados a aceptar las condiciones de trabajo informal por parte del Estado, trabajando por muchísimo menos de la mínima, sin aportes, a lo que ahora se le suman los riesgos de ser suspendidos y suspendidas sin goce de sueldo, además de la incertidumbre acerca de cuándo se retomarán nuestras tareas laborales. Decimos que trabajamos por menos de la mínima porque esos $7500 que nos pagan por la media jornada laboral están muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil que hoy establece que por jornada completa el trabajador debe cobrar $16875 de bolsillo, descontando las cargas sociales.
5- La medida tomada por el Gobierno de la Provincia, afecta a todos los trabajadores de esta modalidad, incluyendo a trabajadores de la Salud. Dentro de este colectivo de trabajadores y trabajadoras organizadas, encontramos casos de compañeros y compañeras que son enfermeros, médicos, o empleados del sistema de Salud, quienes como ya sabemos son los que están poniendo el cuerpo en la primera línea de combate a la pandemia, ante la Emergencia Sanitaria en curso.
6- Esta medida, además, resulta incoherente con las decisiones del gobierno nacional, comunicadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, que prohíbe despidos y suspensiones hasta fines de mayo. El DNU dictado por el presidente de la Nación, plantea:
“ARTÍCULO 2°.- Prohíbanse los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Prohíbanse las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL.”
8- El argumento de suspensión de asistencia al trabajo por el aislamiento de parte del Gobierno Provincial, carece de lógica dado que hasta el día 20 de Abril inclusive, los y las trabajadoras seguimos cumpliendo nuestras tareas.
9- La suspensión del trabajo y el pago de sueldos de los trabajadores y trabajadoras del PIP, no solo nos perjudica a nosotrxs, sino también a las empresas que realizan sus aportes, y que en muchos casos dependen de sus trabajadores para garantizar el funcionamiento. Consideramos que ante una crisis sanitaria y económica mundial, la respuesta NO es recorte a los presupuestos para los y las trabajadoras de ningún área, y tampoco a las empresas o emprendimientos empleadores.
10- Las vías de comunicación de la decisión de suspender el PIP, fueron irregulares considerando que nunca se nos aviso por vías oficiales, sino por un confuso mensaje de texto firmado como “Gobierno Cba.” que, en algunos casos, no llegaron a los trabajadores ni tampoco a los y las empleadoras. En dicho MENSAJE DE TEXTO, se notifica la suspensión del Programa desde el día 1 de Abril, desestimando los 15 días trabajados a la fecha, en la que cada trabajadxr cumplió con sus tareas.
10- Denunciamos la irregularidad de la toma de esta decisión y la forma de comunicación. Días anteriores a la llegada de esta noticia, los mismos números que nos informaron sobre nuestras suspensiones y/o despidos, nos solicitaba que nos inscribiéramos en Anses para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto nos da la pauta de una decisión premeditada, que deja en la última de las instancias al cuidado del empleo y la seguridad laboral de nosotrxs como empleadxs. Mientras se le exige al Gobierno Nacional que haga los esfuerzos correspondientes para abonar las ayudas sociales, el Gobierno Provincial da marcha atrás con el pago de sueldos, incluso sobre horas ya trabajadas.
Solicitamos a los medios de prensa se dé la máxima difusión a esta flagrante injusticia. Y a todas aquellas beneficiarias, beneficiarios y empleadores, que se cuentan por miles a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba, sus Colegios y Asociaciones Profesionales, sectoriales, representaciones políticas y civiles y todo aquel establecimiento u organización donde hubiéramos prestado funciones, a toda la ciudadanía en general, en suma, arbitren las medidas necesarias para hacer llegar y organizar en sus comunidades el alto grado de repudio que este recorte produce en el medio de la pandemia global que atravesamos.
Nos han dejado a la deriva, sin saber qué hacer ni a quién recurrir. Por suerte ya hay miles de mensajes que nos alientan a no bajar los brazos, a ratificarnos lo que valemos para todas aquellas personas y organizaciones donde trabajamos y prestamos algún servicio. Por nosotras y nosotros y porque nuestro trabajo hace a una comunidad mejor, decimos:
¡No al recorte del PIP!
¡Por políticas de trabajo genuinas!