Burocracia-patronales-gobierno. Pacto contra lxs trabajadorxs

La pandemia aceleró una crisis recesiva e inflacionaria que nos quieren hacer pagar. Las patronales presionan y el gobierno acuerda en una suerte de pacto social exprés. La nota de color (negro) es que la burocracia avala formalmente y sin tapujos rebajas salariales, suspensiones y despidos. Los trabajadores ya reclaman. Urge una respuesta del sindicalismo combativo.

Escribe: Guillermo Pacagnini

Al término del gobierno macrista-radical, quedó un tendal de pobres, la destrucción neta de más de 250.000 puestos de trabajo en el sector privado, más de 100.000 despidos en el estado y los salarios devaluados a más del 40% en términos reales. La estanflación y el ajuste fueron las herramientas capitalistas utilizadas. Pese a que con la lucha logramos que la hoja de ruta del macrismo se quedara a mitad de camino, el registro de daños es notable. Sin embargo, la llegada del Frente de Todos, más que poner plata en los bolsillos de los de abajo, lo hizo en los de las corporaciones, el FMI y los bonistas. Más allá de las diferencias de estilo, Alberto F. administró la crisis capitalista socorriendo a las empresas, ajustando a los jubilados, barnizando los despidos con planes repro y procedimientos de crisis y dejando que las burocracias, adscriptas al oficialismo en su totalidad, pacten a la baja. El «acuerdo económico social» iba a ser el broche de oro con el fin de legalizar y abaratar despidos, amortiguar los reclamos, acotar paritarias y aumentos, evitar cláusulas gatillo y ver cómo se aplican las reformas estructurales reaccionarias que dejó pendiente Macri, con la previsional y la laboral como prioridades en su agenda.

El virus del ajuste

La llegada del Covid-19 y la bancarrota del capitalismo en la economía mundo, aceleró los tiempos… del ajuste. La decisión del gobierno de adoptar la cuarentena obligatoria como medida aislada, casi sin malla social y con medidas de rescate solo para los empresarios, aceleró y profundizó la crisis en la economía obrera y popular. Las medidas de contingencia para lxs trabajadorxs, se quedaron en la frontera del doble discurso. La prohibición de despidos acotada, sin penalizar empresas, no solo no los frenó, sino que desató una oleada de suspensiones. Desde la General Motors hasta Techint, la industria metalmecánica se paró y trasladó los costos a sus trabajadores. La recesión consolidada por la cuarentena y la crisis mundial hizo lo mismo en las demás ramas. Según CEPA, entre el 15 de marzo y el 15 de abril hubo 231.483 trabajadores suspendidos por acuerdos con reducción salarial negociados por los dirigentes y otros 8.480 que hicieron lo mismo a través de acuerdos con los patrones. Los pioneros, como el SMATA de Pignanelli (con reducciones salariales del 30% al 40%), los petroleros (40%), textiles, calzado, comidas rápidas, aerolíneas low cost, autopistas porteñas, electrodomésticos y negocios de venta de productos deportivos. Una vergüenza. Los dirigentes sindicales felpudos avalaron estos acuerdos espurios pero han llegado al límite con el acuerdo que han cerrado con la UIA. Porque le dan un marco de aval gremial de conjunto a los acuerdos por lugar.

Un acuerdo escandaloso

En los anales de las traiciones, donde los dirigentes de las centrales y principales sindicatos, cuentan con varios tomos por cierto, habrá que inscribir el pacto que acaban de firmar. Una suerte de adelantamiento del pacto social, una suerte de versión exprés, apurada por las urgencias de las patronales. Ver a popes de la CGT como Daer o Gerardo Martínez, que tienen los sillones incorporados a sus anatomías, pactando un recorte salarial base de 25%, podría no sorprendernos, pero es un salto que oficializa una pauta testigo. Desde la CGT, oscurecieron al pretender aclarar que «no es una baja salarial». Lo que sí quedó claro: que se trata de un piso y se ueden pactar rebajas mayores ligadas a las suspensiones.

Larreta no se queda atrás: además de plantear recortes de salarios, congela contrataciones y pases a planta, suspende bonificaciones y establecerá «cronogramas de pago escalonado o diferido de haberes» a los estatales de la ciudad.
Las consecuencias fueron tan exprés como el pacto: una nueva oleada de suspensiones con más de 1.200.000 trabajadores suspendidos que tendrán un descuento salarial del 25% durante 60 días. Se aceleraron los acuerdos tras el pacto UIA-CGT. La UOM de Caló, pese al ruido en sus filas, pactó salarios al 70%, seguida por los mercantiles de Cavalieri y los gastronómicos de Barrionuevo.

Se calcula que son unos 800.000 trabajadores mercantiles (el 85% del total) van a estar comprendidos en los acuerdos espurios. Eso sí, les «garantizan» los empleos por dos meses… después no se sabe.Barrionuevo confesó que de 45.000 empresas del sector, «hay 20.000 que van a la lona». Lo que no dijo es que van a avalar que los platos rotos no los paguen los empresarios.

La frutilla del postre es que el gobierno además le dará un subsidio a los empresarios con plata del Estado, de la ANSES, que es dinero de los aportes obreros. Con esa plata pagarán los empresarios una parte del salario. Que, ni siquiera van a usar una parte de las fabulosas ganancias que acumularon.
Subsidiados por el gobierno de Fernández terminarán pagando en realidad alrededor del 30% del salario de sus trabajadores.
Estamos ante un verdadero triángulo de las bermudas entre el gobierno que avala y la burocracia y los patrones que pactan, que se chupa no barcos y aviones, sino la dignidad y la subsistencia de miles de familias obreras.

Los dirigentes de la fragmentada CTA que ahora insinúan oponerse a este acuerdo, vienen bregando por un pacto de este tipo, rechazando las clausulas gatillo y avalando las medidas de un gobierno al que adscriben.

Apoyar los reclamos y plantear otra salida

Este pacto de tres también busca evitar que surjan conflictos sociales. Sin embargo, a los trabajadores de la salud que vienen reclamando por bioseguridad desde la primera trinchera, se han sumado diversos sectores y seguramente se sumarán nuevos contingentes en la medida que habiliten nuevas ramas de actividad.

Como ya están haciendo obreros de los frigoríficos como Penta que cortaron el Puente Pueyrredón, los metalúrgicos, los textiles como los de Bed Time en Pacheco o los de la Iberoamericana en La Matanza, los jóvenes precarizados de cadenas de comida rápida que realizaron una jornada de lucha, los docentes de Neuquén que se movilizaron y ahora soportan persecuciones y los portuarios de Santa Fe. Al cierre de esta edición se movilizaban los textiles de Trelew, rechazando el 50% de recorte salarial y repudiando a la burocracia de la AOT. Son los primeros y potentes síntomas de los conflictos que vendrán y que desde el sindicalismo combativo y la izquierda vamos a apoyar e impulsar con todas nuestras fuerzas contra las nuevas medidas de ajuste.

Como venimos diciendo desde el MST en el FIT Unidad, las medidas que se deben tomar en medio de la pandemia y la crisis económica son opuestas a las que vienen implementando: prohibición de despidos, suspensiones y recortes salariales. Apertura de los libros de las empresas. Si no cumplen, que sean estatizadas y puestas a funcionar bajo control obrero. Garantías sanitarias totales para los sectores esenciales. Reconversión productiva para que se produzcan los insumos necesarios para enfrentar la pandemia y, de paso, dinamizar la economía.

Se necesita pelear también por el no pago de la deuda y fuertes impuestos a los que más tienen para garantizar aumentos de salarios y presupuesto para la salud pública. Todo eso puede hacerse si de verdad se quiere solucionar los problemas sociales de las grandes mayorías. El gobierno no lo hace ni lo hará porque prioriza los intereses de las grandes empresas, usando cómo felpudo a la burocracia sindical. La pandemia pone frente a los ojos de millones dos tareas imprescindibles: fortalecer una nueva dirección sindical clasista y antiburocrática y hacer más grande una alternativa política socialista y anticapitalista. Frente a la crisis capitalista y sus medidas, es necesario dar vuelta todo. En ese camino además de convocar a la participación de nuestros eventos del 1º de Mayo, necesitamos que el sindicalismo clasista se ponga de pie. Desde nuestra corriente ANCLA proponemos una plan de acción del Plenario del Sindicalismo Combativo. Estamos organizando una reunión urgente de la mesa nacional del plenario para debatir esta situación, las propuestas programáticas y una declaración conjunta. Nuestra propuesta es que en esa reunión se convoque a los sectores en lucha y a todos los dirigentes, delegados, sindicatos y agrupaciones antiburocráticos a vertebrar una gran acción de debate y reclamo. Con una acción callejera, manteniendo los recaudos sanitarios correspondientes y la reproducción de la misma al país a través de las redes sociales. Como primer eslabón de un plan de acción. Pondremos nuestra mayor energía para avanzar en ello.