DISTRIBON S.R.L. despide trabajadores de grupo de riesgo bajo pandemia

En la mañana de este 4 de mayo trabajadoras y trabajadores de Distribon S.R.L., empresa de limpieza contratada por el Estado provincial, convocaron a una asamblea ante despidos comunicados por whatsapp.

 

Por Leonel Acosta.

 

Despedir en una crisis es un acto canalla. Hacerlo bajo pandemia es perverso. Pero, ¿cómo se llama despedir a trabajadores en uso de licencia por ser grupo de riesgo ante el COVID-19?

Esto fue lo que realizó la empresa Distribon S.R.L. con once trabajadores/as del servicio de limpieza de las Torres I y II del estado bonaerense.

 

¿Quién está detrás de Distribon S.R.L.?

La empresa Distribon S.R.L. fija domicilio en calle Thames N° 153 en CABA y está bajo la gerencia de Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leiva[1], quienes a su vez están al frente de Codyela S.A.[2].

Con la firma Distribon S.R.L. adjudicaron en 2017[3] la elaboración y distribución de raciones de comida para siete hospitales bonaerenses por casi $174 millones. En el mismo Decreto se adjudica a la otra empresa del mismo titular, Codyela S.A., un contrato de $ 207 millones para otros siete hospitales.

Durante pocos meses de 2019 Distribon S.R.L. brindó servicios de limpieza en el hospital zonal “Simplemente Evita” de González Catan por $4.350.000[4], y del hospital Ramón Carrillo de Ciudadela por otros $4.311.000[5].

Actualmente, posee la adjudicación 2020-21 de servicios de limpieza del Ministerio Público Fiscal de la Provincia por un valor de $35.562.480 que incluye a las localidades de San justo, Laferrere, Banfield, Mercedes y San Martín[6].

Siguiendo con la empresa Codyela S.A., ésta firmó acuerdos con el Ministerio de Justicia de la Nación en 2011 por $341.543,60 y en 2012 por $ 1.742.194,20[7]. Con el Servicio Penitenciario Federal en 2019 por $37.685.621[8], y, en este año por $1.839.600 y $ 1.764.000[9].

Los millonarios negocios de Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leiva se entablaron con el macrismo cuando éste gobernaba la provincia, en las gestiones de la Ciudad de Buenos Aires[10], con el gobierno kirchnerista hasta 2015, y, ahora con Alberto Fernández y Axel Kicillof, demostrando que para la corrupción y precarización laboral tampoco hay grietas.

Resulta difícil creer que con transferencias de las arcas públicas que superan los $470 millones en los últimos 9 años, o sea más de $52 millones al año y más de $4 millones mensuales; estos “vivos” de Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leiva no tengan espalda financiera para pagarles los sueldos a los trabajadores en licencia de grupo de riesgo durante la cuarentena. Pero el problema no se resuelve sólo con el pago de sueldos completos y la reincorporación. Hay que terminar con la fuga de fondos públicos hacia los empresarios amigos del poder.

Basta de tercerizadas. Pase a planta permanente

Las empresas proveedoras y licitarias de servicios del Estado son popularmente conocidas por su estrecha relación patrimonial con los funcionarios públicos de turno. Así, podemos recordar el emblemático caso de la compra de gas licuado y la liberación del precio de combustibles bajo el ministerio de energía del accionista de Shell, Juan José Aranguren; o los vínculos entre Julio De Vido y la empresa TBA, responsables de la Tragedia de Once.

Estas empresas tercerizan la prestación de servicios públicos o reemplazan funciones dentro del aparato estatal, que antes realizaban trabajadores públicos. Crecen a la par de la privatización y el cierre de dependencias estatales. ¿Con qué excusa? El supuesto ahorro fiscal. Pero al costo de la cadena de corrupción que las vincula con el Estado, hay que sumarle el costo humano, ya que los antiguos trabajadores estatales de planta permanente son reemplazados por personal altamente precarizado, sin estabilidad, imposibilitados de acumular antigüedad por los contratos temporarios y percibiendo salarios mucho más bajos. Esta situación de vulnerabilidad se ve agravada en tiempos de pandemia con la falta de provisión de elementos de protección.

Junto con la primordial reincorporación de los despedidos/as, hay que exigir el pase a planta permanente de todo el personal tercerizado de las Torres y de todo el Estado. Necesitamos una comisión investigadora independiente que avance sin ataduras para desmantelar todo el aparato de contrataciones espurias, para que paguen las consecuencias los funcionarios y empresarios cómplices.

 

• Reincorporación de los despedidos/as
• Pago de los sueldos mal liquidados
• Pase a Planta Permanente
• Comisión investigadora independiente para la anulación de los contratos con tercerizadas
• Prohibición de despidos y rebajas salariales, bajo apercibimiento de confiscar la empresa que no cumpla, con control de sus trabajadores

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bW9PclZscW9YNFYreFpJZ1U0d1UwZz09

[2] https://www.dateas.com/es/bora/2018/03/19/codyela-sa-1136770

[3] http://www.gob.gba.gov.ar/Bole/pdfs/2017-07-07/SUCESION2017-07-071499364831.pdf

[4] https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2019/529/207154

[5] http://estudiosciudadanos.com.ar/wp-content/uploads/2019/08/BOLETINOFICIAL26.pdf

[6] Resolución PG N° 898/19 del 20 de diciembre de 2019. Disponible en www.cijur.mpba.gov.ar

[7] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/69476/20120514

[8] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2246684/20190717

[9] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2256226/20200213

[10] https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20110418ax.pdf