Grupo católico FASTA: Las escuelas del odio, que pagamos todes

5 junio, 2020

Venimos cuestionado los crecientes y millonarios subsidios a la Iglesia Católica y demás escuelas privadas, planteando su anulación para destinarlos a la pública. Pero esta semana se difundió otro escándalo, el de la selecta Fraternidad FASTA, que ratifica lo urgente de este reclamo.

Se trata de una red educativa de élite que viene creciendo: el grupo católico integrista Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA [1]. Ya tienen 25 colegios en 18 ciudades del país, de nivel inicial, primario, secundario, institutos de formación superior y hasta una universidad. En total declaran 92 Centros Tutoriales, entre ellos el majestuoso castillo del Instituto San Antonio de Paul (ver fotos al final de la nota).

Allí se dedican a formar grupos «milicianos», imponiendo hasta castigos físicos. Fundado por Fray Aníbal Ernesto Fosbery OP, un sacerdote dominico vinculado con la dictadura genocida y con el criminal y ex capitán nazi de las SS, Erich Priebke. A quien Fosbery homenajeó en la inauguración de la Universidad FASTA en Bariloche. «Permítanme que exprese en nombre de Fasta nuestro recuerdo y gratitud al entonces presidente de la Asociación Germano Argentina en Bariloche, señor Erich Priebke», dijo Fosbery, lo que recibió una fuerte ovación [2].

También se vinculó con Domingo Bussi, con Galtieri y grupos derechistas como el de Cecilia Pando, celebrando misas por los detenidos por delitos de lesa humanidad en los colegios de FASTA.

En los campamentos y actividades del “Ruca”, sus estudiantes reciben instrucción militarizada y forma grupos llamados Escuderos, Milicianos, Templarios o Adalides, en competencias que denominan Cruzadas y cosas por el estilo. Un escándalo antidemocrático, pagado con la plata de todes.

Es que en sus instituciones, un 76% de las cuales están subvencionadas por el Estado y la mitad de ellas recibe el 100% de subsidio estatal, se imparten contenidos homofóbicos, anti-feministas, y anti-aborto, profundamente conservadores y casi de secta, pero en medio de lujos. También cuentan con denuncias de abuso de poder, con castigos físicos y hostigamiento a quienes piensan u opinan diferente a sus posturas anti-derechos y antidemocráticos.

Para muestra, basta un botón

Las escuelas e instituciones privadas del país reciben con los brazos abiertos los subsidios de entre un 80% y un 100% de los salarios para llenar los bolsillos de la curia y demás dueños, pero no adhieren a los contenidos curriculares públicos. Incluso hasta se contraponen a los mismos, aun teniendo, gracias a los vínculos políticos entre el Estado y la Iglesia Católica, plena participación a la hora de elaborar los diseños curriculares de los distintos niveles educativos.

Así lo mostró el Congreso Pedagógico en 1984, convocado por Alfonsín y copado por la Iglesia y los sectores privatistas. Lo mismo que la reciente elaboración de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral e incluso implementan sistemas de aprendizaje anti-democráticos, disciplinantes y hasta violentos, que niegan a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho.

En los colegios e instituciones FASTA transmiten a su alumnado contenidos que se contraponen a los que se describen en la Ley de Educación Sexual Integral, vigente desde el 2006. Incluso van un paso más allá y publican sus propios Manuales [3] donde hay una postura única que pensamiento que responde a pensamientos religiosos, no académicos ni pedagógicos ni científicos, negando la postura de género, entre otras falacias que transmiten a su alumnado.

Imponen un único modelo binario, no toman la temática del aborto e instan a su alumnado a participar de las manifestaciones en contra de las campañas por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Plantean incluso una postura en contra del Divorcio y del Matrimonio Igualitario, como supuestos males de la sociedad, que van en contra de su religión. Se oponen así a derechos ganados luego de intensas luchas, yendo al revés de las leyes que los representan y avalan.

Abundan los testimonios de alumnes y ex-alumnes, describiendo el discurso único imperante y las represalias hacia lo que se desvíe de su postura. Discriminación, ridiculización, cambios de escuela, castigos físicos muy familiarizados con prácticas propias de la militarización, todos recursos utilizados para quienes se salgan de la norma. Y lo más grave de todo esto, es que dichas instituciones están subsidiadas por el Estado, es decir, las pagamos entre todes. La indignación se incrementa al ver las fotos, lujos, prácticas y costumbres de este grupo católico.

Los subsidios a la educación privada tienen larga data en nuestro país, aunque durante la primera mitad del siglo XX eran más esporádicos y no sistemáticos. En 1947 con la ley 13047, Perón los institucionaliza en su primera presidencia. Durante la segunda mitad del siglo XX, la asignación de recursos al sector privado irá creciendo progresivamente, y con ella la expansión del mismo.

Con la dictadura de Videla comienza además el proceso de transferencia de las escuelas a las provincias, que se profundiza en los ’90 bajo otro gobierno del PJ, el de Menem. Una década nefasta en la que no sólo aumenta la desigualdad, sino que se torna más difícil el seguimiento y control del sistema de subsidio estatal a la educación privada.

Venimos de décadas de altísimas inversiones al sector privado, y nada ha cambiado hoy. Al contrario, bancar los subsidios a la Iglesia, sus colegios, sectas como FASTA y demás instituciones privadas se lo volverá a garantizar otro gobierno del PJ, con la Ley de Filmus-Kirchner en 2006.

Además y a pesar de que esta Ley de Educación fija que lo destinado a educación no debería ser inferior al 6% del PBI, este porcentaje no se viene cumpliendo por los recortes macristas, y aunque el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta los denunciaba mediáticamente siendo oposición, ahora que es gobierno no ha cambiado, y el presupuesto continúa congelado en esa miseria. Mientras, el porcentaje de ese presupuesto que se destina a las privadas, aumenta año tras año.

Con todos estos antecedentes, podíamos intuir que nada iba a cambiar con el gobierno de los Fernández. Y no nos equivocamos, ya que Trotta ha expresado que no hay tensión entre el ámbito público y privado, y que incluso se complementan. Además sostiene y aumenta el porcentaje de todas las subvenciones al ámbito privado y, en contexto de pandemia, incluso los refuerza ya que las escuelas aducen no poder cubrir los salarios de sus docentes.

Este pedido de mayor aporte estatal desde el ámbito privado no siempre responde a la realidad interna de sus gastos, como ya lo hemos explicitado en varios análisis de esta problemática en los distintos niveles educativos. Porque hasta las instituciones subvencionadas con el 80% al 100%, igual solicitan esta ayuda. Con todas estas posturas y medidas se pone de manifiesto cuáles son las políticas educativas de este gobierno, complacientes para dicho sector.

Eliminar subsidios y nacionalizar el sistema educativo

Por ello, una vez más decimos que se tiene que nacionalizar todo el sistema educativo, bajo una única ala estatal, para dejar de dar espacio y poder en la formación, la definición de contenidos y currículos a la Iglesia y a estos grupos anti-derechos como FASTA.

En la escuela se deben desarrollar experiencias educativas científicas, inclusivas y laicas, que promuevan el pensamiento crítico, independientes de cualquier organización o confesión religiosa. No como plantea la actual Ley de Educación 26.206 promovida por el Kirchnerismo que asegura el “derecho a prestar servicios educativos a… la iglesia y confesiones religiosas” y a las considera como “responsables de las acciones educativas”, en sus Art. 63º y 6º respectivamente.

Para que no se sigan garantizando estas y otras desigualdades y avalando la violencia institucional y el desarrollo de contenidos sexistas, patriarcales y homo-lesbo-transodiantes en las escuelas, sostenemos como propuesta transicional, la eliminación de todos los subsidios a la totalidad de las escuelas privadas, como plasmamos en distintos proyectos de ley que hemos presentado con Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Cele Fierro y el MST.

Para sostener esta medida, proponemos que el Estado absorba aquellas instituciones cuyos dueños o la curia planteen no querer o no poder sostenerlas, tarea que podría iniciarse en esta coyuntura en que muchas patronales lo están manifestando. Y garantizar así la matrícula y los cargos docentes de cada institución. Una medida a exigir al gobierno de Alberto, Trotta y el PJ, a Larreta, Kicillof y los demás gobernadores.

También permitiría que todo ese presupuesto -de más de 58.000 millones en subsidios al año-, sumado al no pago de la deuda, se destine entonces a la educación estatal para garantizar el pago a la totalidad de docentes que no están cobrando; a reincorporar a cada docente que sufriera despido por parte de la Iglesia y las patronales privadas y a crear los cargos necesarios.

A la creación también de nuevas escuelas; al reacondicionamiento edilicio de las existentes; a la formación permanente y en servicio de la docencia, y a garantizar salarios iguales a la canasta básica. Este es el único camino para conquistar la Escuela que necesitamos, hacia una sociedad más justa.