Vicentín: ¿estatización o rescate de estafadores?

Alberto Fernández anunció la intervención del grupo cerealero Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de expropiación. Esta medida llega luego de que la empresa declaró hace meses “estress financiero” y la deuda fraudulenta por $18.700 millones con el Banco Nación, además de la acumulada por 1.350 millones de dólares.

A través de un DNU todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, y se designa a Gabriel Delgado, hombre ligado a la Federación Agraria y los grandes pooles de siembra que se nuclean en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). En el discurso mencionó que el proyecto de Ley busca declarar a Vicentín de utilidad pública y sujeta a expropiación. Por ahora, no es más que un anuncio.

En diciembre del año pasado Vicentín presentó estrés financiero siendo que en el 2018 facturó $101 mil millones en exportación y $15 mil millones en el mercado interno. Hasta el momento el monto de deuda es enorme y por eso la sola mención de “rescate” es lo es lo más parecido a una gran estafa de película.

Vicentin es un enorme grupo empresarial que controla puertos a través de la conducción de la Terminal Puerto Rosario (TPR), es fabricante de acopiadoras y procesadoras de granos, posee una planta de biodiesel y es socia de la multinacional suiza Glencore, dedicada a la explotación de commodities en todo el mundo. La mayoría de sus emprendimientos vinculados al agro emplean alrededor de 7000 trabajadores de manera directa.

La realidad es que Vicentin nunca estuvo en crisis, sino que siempre ganó de la mano del PJ y del Frente Progresista (PS-UCR) ya que fueron los responsables políticos de que pagara un monto irrisorio de impuestos, y no se avanzara con la apertura de los libros contables al momento que se declaró en cesación de pagos a mediados del 2019. La impunidad le permitió favorecerse con las políticas de devaluación del macrismo, y con el silencio de las fuerzas políticas provinciales ante la suspensión de pagos a pequeños productores y los sueldos de trabajadores en todas las plantas.

La gran estafa tiene dos detalles claves. El primero es que en noviembre del 2019, ya en cesación de pagos, el Grupo Vicentin obtuvo de parte del Banco Nación, administrado en ese entonces por el macrista de Javier González Fraga, un préstamo por 18.700 millones de pesos que equivalen a la cuarta parte de los activos. El segundo es que accedió al programa Ayuda al Trabajo y la Producción con el que abona parte de los sueldos del personal jerárquico, entre ellos al CEO Gustavo Nardelli, un macrista rotundamente declarado y que está siendo investigado en la estafa al Banco Nación y detenido por salir en a dar un paseo en su yate al inicio de la cuarentena obligatoria.

Mientras los trabajadores llevan meses suspendidos sin recibir ningún aumento salarial y vivir con la incertidumbre de sus puestos. Frente a la entrega del sindicato en la defensa de sus condiciones laborales y salariales, las y los trabajadores han luchado por el 7% adeudado y el pago del bono anual.

La política que hace falta

Desde el MST-Nueva Izquierda en el FIT-U desde inicio del conflicto venimos señalando que el Grupo Vicentin no se encuentra en crisis y eso lo reflejan las enormes fortunas que ganó en los últimos años. A través del ex presidente de la compañia, Alberto Padoán, controlaron la Bolsa de Comercio de Rosario y desde ahí operaron enormes negociados y fuga de capitales.

Semejante robo no pude permanecer impune. Es necesario que se investigue a fondo a todos los responsables de la estafa y que paguen con sus bienes hasta el último peso que robaron. Es por eso que la expropiación debe ser total y no de una parte del paquete accionario. Además debe ser sin indemnización y bajo el control de sus trabajadores. Sumado a que consideramos que es necesario que las organizaciones ambientales formen parte de un comité de seguimiento sobre el impacto ambiental y para avanzar en una política agroecológica y soberana, que diseñe un Plan Alimentario Nacional al servicio de las mayorías trabajadoras.

Jime Sosa y Gastón Baldomir